La violencia feminicida en la región de la Montaña de Guerrero se recrudece año con año sin que ninguna autoridad pueda intervenir, denuncia Neil Arias Vitinio, abogada del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan. En entrevista, la defensora desnuda la situación de las mujeres en el estado, que se agrava por su marginación y la presencia del crimen organizado, que las toma como botín de guerra. “Un comando puede entrar a la casa o al trabajo de una mujer, raptarla, asesinarla y no hay castigo”, expone.
Guerrero se conmocionó el sábado 10 con la divulgación de una alerta en redes sociales para localizar a Alma “M”, una pobladora de Huamuxtitlán, región de la Montaña, que en la víspera fue secuestrada de su domicilio por hombres armados que la subieron a un automóvil negro.
La joven de 26 años vivía con sus dos hijos (de 10 y cuatro años) y su familia supo del violento rapto por el menor de los niños.
Cuatro días después las redes sociales difundieron las imágenes de un cuerpo desnudo, envuelto en bolsas negras de basura… Era Alma; fue reconocida por su familia por las uñas esmaltadas de color verde que se observaban en las fotografías publicadas.
La noticia sobre el hallazgo del cuerpo en estado de putrefacción, tirado en la carretera Huamuxtitlán-Xochihuehuetlán, conmocionó a la familia.
La denuncia de Alma “M” fue registrada por las autoridades de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, sin que se realizaran diligencias para su localización. Ni siquiera acudieron al lugar de los hechos para registrar cómo se la llevaron ni determinar cómo es que su cuerpo sin vida apareció a 30 minutos de su domicilio.
“En la Montaña las mujeres son desaparecidas, violentadas sexualmente y asesinadas… y no pasa nada. Las autoridades no actúan con debida diligencia; la indolencia que vemos en el caso de Alma no es distinto a lo que ocurre día a día en esta región”, lamenta Neil Arias Vitinio, abogada del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan.
Con más de 20 años en la organización, a Arias le ha tocado registrar la evolución de la violencia feminicida en la Montaña, región que abarca 19 de los 81 municipios que tiene Guerrero, entre ellos los más pobres del país, como Cochoapa el Grande y Metlatónoc.
“Este último caso (Alma) se parece mucho a uno ocurrido en mayo de 2018, a 10 metros de las oficinas de Tlachinollan: una joven que trabajaba en una estética fue sacada del establecimiento por hombres armados, se la llevaron en una camioneta con vidrios polarizados. Al tercer día apareció amarrada, sin ropa y estrangulada.
“Me impactó muchísimo porque es una prueba de que en la Montaña y en Tlapa una como mujer no es nada, nadie tiene garantías de nada. Cerca de Tlachinollan está la Policía Preventiva y nadie pudo hacer nada por esa chica; los criminales pueden operar de manera impune”, reflexiona conmovida la abogada.
De 2006 a abril de este año Tlachinollan ha registrado 72 feminicidios en 16 de los 19 municipios de la Montaña; 47% de las víctimas tenía entre 20 y 29 años de edad.
Arias aclara que, si bien en el primer reporte que tiene la organización no está clasificado como feminicidio, porque el tipo penal empezó a operar en el estado a partir de 2014, sí comparte las características de ese delito y da pie para analizar la evolución de la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes.
“En 2006 a Tlachinollan llegó un caso que me impactó porque nunca había visto tanta violencia contra una niña indígena nahua de 15 años, originaria de San Lázaro, una comunidad de Olinalá; ella tenía que caminar un largo tramo a Temalacatzingo, otra comunidad, para ir al Colegio de Bachilleres. Una tarde de regreso a su casa fue agredida por cuatro personas, la violaron y la mataron; le causaron siete lesiones en su cuerpo, le tiraron siete dientes, le fracturaron las piernas y le destrozaron la cara con piedras.
“Nueve años después, en 2015, documentamos casos con una mayor saña, en uno de ellos la víctima, también violentada sexualmente, tenía 19 lesiones en su cuerpo. ¿Por qué tanto odio? ¿Por qué tanta crueldad?”, cuestiona Arias Vitinio.
Indolencia judicial
La abogada sostiene que la presencia del crimen organizado en la región, con mayor fuerza a partir de 2015, ha marcado la diferencia en el grado de violencia hacia las mujeres, quienes también han sido víctimas de desaparición en la región y donde innumerables casos se mantienen en silencio por el temor a los grupos delincuenciales y a la impunidad con la cual operan.
De los 35 casos de personas desaparecidas en la región que Tlachinollan da seguimiento desde 2007, 10 son mujeres.
La defensora explica que, más allá del abandono institucional por la falta de personal especializado para atender a mujeres violentadas –sólo hay una mujer agente del Ministerio Público–, hay dos asesores jurídicos de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas y dos defensores de oficio para los 19 municipios de la Montaña, no hay mujeres médicos legistas y lo que prevalece es la indiferencia e indolencia hacia las violentadas y sus familiares. La falta de debida diligencia es una constante.
Tlachinollan asesora jurídicamente a familiares de siete víctimas de feminicidio; en tres de los casos la organización ha logrado que los jueces liberen órdenes de aprehensión que esperan ser ejecutadas desde 2015.
“No se han hecho operativos para detener a los agresores y en los otros casos no se hacen indagaciones; nosotros proponemos actos de investigación, pero los agentes del Ministerio Público nos dicen que tienen mucha carga laboral; con la pandemia y la suspensión de plazos las investigaciones están estancadas”, lamenta Arias.
Las historias de los casos que lleva la organización y de los que ha tenido información son recurrentes: si se reporta la desaparición de una mujer, es que “seguramente se fue con el novio” o “anda borracha”; si ocurre un asesinato, sobre todo en comunidades indígenas, las autoridades ministeriales no acuden a la escena del crimen, dejando expuestos los cuerpos a la intemperie hasta que sus familiares los recogen para velarlos.
Si las mujeres acuden a denunciar violencia de sus parejas o exparejas, se minimizan las agresiones si no llevan lesiones en el cuerpo. “Después, esas mismas mujeres son asesinadas”.
Si las víctimas logran una orden de protección, “los policías ministeriales les piden dinero para la gasolina, para imprimir la documentación o simplemente para ir a sus pueblos a entregar la orden al agresor; si la mujer no tiene dinero, está condenada a seguir sufriendo violencia”.
Colusión
En el caso de la violencia contra las mujeres indígenas la situación suele empeorar por las barreras del idioma, la pobreza que limita la movilidad de las comunidades incomunicadas hacia Tlapa, donde se concentran los órganos de procuración y administración de justicia.
Por si fuera poco, en la Montaña algunas mujeres se han topado con la colusión de las autoridades con los delincuentes, aumentando la vulnerabilidad en la que se encuentran.
“Ha habido casos de mujeres que denuncian a violadores, o familiares que denuncian desapariciones y después reciben llamadas de los agresores para amenazarlos si no retiran las denuncias”, cuenta Arias.
La presencia del crimen organizado en la región también ha aumentado el riesgo para los defensores de los derechos humanos, peligro que se hizo evidente tras la desaparición en octubre de 2019 de Arnulfo Cerón Soriano, hallado sin vida el 20 de noviembre de ese mismo año en una fosa clandestina de cuatro metros de profundidad.
“Nunca íbamos a encontrar a Arnulfo si no hubiéramos emprendido una movilización ante organismos internacionales que obligaron al Estado mexicano a actuar; así se destapó la vinculación que hay entre la delincuencia organizada, policías y autoridades municipales; desde entonces nos sentimos con mayor riesgo”, expone la defensora.
En la desaparición y muerte del integrante del Frente Popular de la Montaña y excolaborador de Tlachinollan, la organización ha denunciado que hay evidencias de la connivencia entre criminales y el ayuntamiento de Tlapa, encabezado por Dionicio Merced Pichardo García, quien fue postulado por Morena.
Ante el incremento de la violencia contra las mujeres y la impronta del crimen organizado, Tlachinollan ha decidido emprender la campaña “Mar de agravios, Montaña de quebrantos”, para visibilizar la tragedia en la que viven los pobladores de la Montaña.
Con una trayectoria reconocida en México y en el extranjero por su labor de defensa de los derechos de los indígenas, Abel Barrera Hernández, director de Tlachinollan, alerta que “los actores violentos en Guerrero se han multiplicado, siguen estando los actores estatales, que siguen violando derechos humanos, como el Ejército y las policías, mientras que la presencia de la Guardia Nacional no ha logrado desarticular la violencia de los grupos del crimen organizado, pero, además, se ha dejado que estos grupos criminales tomen el control territorial y son ellos los que hacen el trabajo de generar terror”.
Hasta 2018 en Guerrero operaban al menos 13 grupos criminales. En ese contexto, Barrera Hernández atribuye a esos grupos la violencia hacia “las comunidades indígenas, campesinas, mujeres y niños”.
El director de Tlachinollan lamenta que la “macrocriminalidad” que impera en la Montaña, donde todavía la gente muere por enfermedades curables, se ha ensañado con las mujeres, convertidas en “botín de guerra”, víctimas no sólo de violación sexual, sino “privadas de la vida para generar terror, hacer del crimen un espectáculo atroz al amparo de estructuras hechas que generan impunidad”.
