Además de los morenistas Félix Salgado Macedonio, aspirante a la gubernatura de Guerrero y acusado de violación, y del diputado federal Benjamín Saúl Huerta Corona, señalado como agresor sexual de un menor de edad, 76 políticos más de todos los partidos buscan un cargo de elección popular y al mismo tiempo enfrentan denuncias que van de la violación, pasando por la violencia de género, hasta los deudores alimentarios, de acuerdo con un registro realizado por 154 organizaciones civiles que integran La Observatoria Ciudadana Todas MX. Del total de señalados sólo 10 han renunciado a sus aspiraciones.
“Imagínese, usted me dice ‘no me destruya’ y usted quería destruir a mi hijo”, se escucha decir a una madre indignada, en un audio de la conversación que sostuvo con el diputado federal de Morena Benjamín Saúl Huerta Corona, quien le ofreció dinero a cambio de su silencio sobre el presunto abuso sexual contra su hijo de 15 años.
“Pero llegamos a un acuerdo económico. Se lo suplico, se lo voy a pagar con creces, no, no me destruya”, dijo el diputado en el audio que fue obtenido por la reportera Yohali Reséndiz y presentado la noche del miércoles 21 en Imagen Televisión, con el periodista Ciro Gómez Leyva.
El legislador, que buscaba la reelección el próximo 6 de junio fue detenido ese día por la mañana en un hotel de la colonia Juárez de la Ciudad de México, luego que un adolescente denunció que lo agredió sexualmente.
En unas cuantas horas Huerta fue liberado por tener fuero constitucional y ya estaba participando en la sesión legislativa de ese día.
En un mensaje a los medios, desde San Lázaro, Huerta intentó deslindarse de los hechos, negó conocer al menor de edad y se dijo víctima de un intento de extorsión; pero al día siguiente, tras la difusión de los audios, el diputado renunció a la candidatura como diputado federal por el distrito 11.
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México mantiene abierta la investigación por el delito de abuso sexual. En una ficha informativa señaló que, de encontrar elementos suficientes, solicitará un juicio de procedencia para buscar su desafuero y así poder ejercer una orden de aprehensión en su contra.
Por el contrario, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier –emanado de las filas del priismo poblano–, descartó que su grupo parlamentario solicite el proceso de desafuero, pues consideró que se trata de un asunto de “la vida personal”, la cual, dijo, “respeta”.
El registro
La denuncia por pedofilia contra el aspirante a un cargo de elección popular para el próximo 6 de junio se suma a una larga lista de precandidatos y candidatos de todos los partidos, señalados públicamente como agresores físicos y sexuales, así como deudores de pensión alimenticia.
Los delitos fueron incluidos en 2020 en un mecanismo llamado “3 de 3 contra la violencia de género”, impulsado por organizaciones de la sociedad civil, que obliga a los aspirantes a entregar un formato, bajo protesta de decir verdad, de que no cuentan con antecedentes de denuncia, investigación, procesamiento o haber sido condenados o sentenciados por violencia familiar o doméstica, delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal, así como no estar inscrito o tener registro vigente como persona deudora alimentaria morosa.
Lo anterior, según el acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2020.
Sin embargo, la iniciativa “3 de 3 contra la violencia” implica que solamente las personas que fueron condenadas o sancionadas son las que no podrán ser registradas a un cargo de elección popular, con el criterio de que bajo ese supuesto el principio de presunción de inocencia ya no resulta aplicable.
La consejera electoral Carla Humphrey, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No discriminación del INE, reconoce en entrevista que la “3 de 3” tiene un gran obstáculo, el de la falta de acceso a la justicia. Asegura que en lo que va del actual proceso electoral se han dado cuenta de que la mayoría de los casos no cuentan con sentencias firmes, “dadas las condiciones de impunidad en nuestro país, que obviamente datan de muchos años atrás”.
“Las mujeres no tienen acceso a justicia pronta y expedita, y esa es otra de las violencias que sufrimos las mujeres, porque claramente hay denuncias que se congelan por tiempo indeterminado, juicios que se alargan y se alargan y se alargan”, afirma.
Problema estructural
Al menos 78 presuntos violadores, abusadores, acosadores, pedófilos, proxenetas, golpeadores y deudores alimentarios que buscan un cargo público han sido registrados en una lista llamada “antiboleta”, en la que 154 organizaciones de la sociedad civil y organizaciones feministas, que integran La Observatoria Ciudadana Todas MX, verifican acusaciones contra actores políticos.
La lista crece y ningún partido se salva. De los 78, sólo 10 han sido bajados de la contienda por sus partidos, según La Observatoria. Entre ellos, Gamaliel Ochoa, a quien el PRD le retiró la nominación para diputado federal por Durango, tras las acusaciones de hostigamiento y abuso sexual.
También figuran José Elías Medel Galindo, quien aspiraba a una diputación por Movimiento Ciudadano, pero fue vinculado a proceso acusado de los delitos de violación equiparada, corrupción de menores y trata de personas en su modalidad de otras formas de explotación, luego de que tenía almacenada pornografía infantil, y Jesús Alberto Camacho Carranza, precandidato a la diputación local por el distrito 15 de Veracruz –igual por MC–, con una denuncia penal por acoso sexual e intento de violación.
De igual manera, Hugo Carballo Hernández, candidato a diputado federal por el sexto distrito (MC), tiene un proceso interno abierto por acusaciones de agresión sexual.
Humberto Santos Ramírez, quien fue aspirante a una diputación local por Morena, renunció tras ser denunciado como el creador del chat “Sierra XXX”, donde se compartía pornografía de mujeres indígenas de la sierra Mixe.
Isaac Ferez Esparza dimitió como candidato del Partido Verde Ecologista de México a la diputación de Coatzacoalcos; tiene al menos cinco denuncias por intento de abuso sexual y violación en la página del MeToo Anáhuac.
Luis Puente Pérez fue precandidato de Morena para la alcaldía de Ahome, Sinaloa; su descarte ocurrió tras difundirse que tiene denuncias por violencia familiar y por no pagar la pensión alimenticia de su hijo, pese a una sentencia ejecutoria.
Una de las integrantes del MeToo Anáhuac dice en entrevista, bajo acuerdo de resguardar su identidad, que en el caso de Ferez Esparza identificaron un mismo modus operandi, pues luego de la primera denuncia en su contra, cuando no era candidato en marzo de 2020, comenzaron a llegar más denuncias de presunto abuso sexual narrando situaciones similares y amenazas posteriores.
Al darse cuenta que se estaba postulando para un cargo público revivieron las cinco denuncias para evitar que “pueda seguir agrediendo a más mujeres, ahora desde posiciones de poder”.
“Es un problema estructural, no es contra una persona, no es contra él como individuo, es un caso que refleja todo lo que está mal con este sistema patriarcal en el que los hombres pueden ir por la vida con comportamientos misóginos, machistas, agrediendo a muchas mujeres sin una repercusión”, dice la estudiante.
Impunidad
En los casos donde los señalados gozan de más influencia y poder dentro de sus partidos las acusaciones no les han costado la candidatura.
Ejemplo de lo anterior es el senador con licencia Félix Salgado Macedonio, de Morena, quien pese a tener dos denuncias de violación ante la Fiscalía General del Estado de Guerrero, es respaldado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido desechó las denuncias con el argumento de “que los agravios fincados a Félix Salgado Macedonio son improcedentes e infundados, por lo que no pierde sus derechos políticos”.
Su candidatura fue anulada por el INE por no presentar su reporte de gastos de precampaña y depende de la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
El panista Édgar Salomón Escorza fue acusado en 2014 por violación y privación de la libertad contra una mujer de 26 años, cuando era diputado local del PRI. Sin embargo, la carpeta de investigación fue archivada porque no aceptaron las pruebas periciales que presentó la familia de la víctima.
El político, allegado al fallecido exgobernador Rafael Moreno Valle, ahora es el candidato a presidente municipal de San Martín Texmelucan, Puebla, por Acción Nacional.
Dos candidatas a regidoras de ese partido renunciaron a participar en la planilla de Salomón Escorza tras ser palomeado por el dirigente nacional, Marko Cortés. La presidenta estatal, Genoveva Huerta Villegas, defiende la nominación e, incluso, ha acusado que detrás de los señalamientos hay una campaña orquestada por Morena.
El caso más reciente es el de David Monreal, candidato de Morena a la gubernatura de Zacatecas, quien, durante un recorrido en el municipio de Juchipila tocó un glúteo de su correligionaria, la candidata a presidenta municipal Rocío Moreno.
Aunque las imágenes que circularon en redes son muy claras, el tema fue minimizado por el partido y la misma Moreno Sánchez. En su defensa, Monreal aseguró que el video fue manipulado y es producto de “la magia de la tecnología”.
Para Yndira Sandoval, de Las Constituyentes, quienes fueron impulsoras de la “3 de 3” en materia de género y forman parte de La Observatoria, no sólo se les tienen que retirar las candidaturas a los presuntos agresores, sino que tienen que ser
investigados.
Su propuesta original de “3 de 3” planteaba que bastaría con un antecedente de denuncia, investigación o procesamiento para que alguien quedara fuera de la contienda, pero el INE eliminó ese requisito para exigir una sentencia firme.
“La política en este país había venido diciéndole a las mujeres que bastaba con que un político no tuviera un conflicto de interés, un nexo con el crimen organizado, un escándalo de corrupción. El gran mensaje es: no importa que violes, no importa que abandones a tus hijos o hijas, o que seas un golpeador. Es el mismo país en el que una mujer que aborta pueda ir a la cárcel y un violador a la boleta electoral”, reclama Sandoval en entrevista.
“Imagínate qué valientes son las que denuncian, sabiendo que esos hombres tienen poder, porque si ya es difícil denunciar a cualquier hijo de vecino agresor y violento, y es complejo, ahora imagínate cuando el agresor es el gobernador, es el senador, es el alcalde, es el diputado”, añade.
“3 de 3” sin dientes
El 15 de enero de 2021 el pleno del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero desechó por unanimidad una petición del movimiento feminista de México para que se le negara el registro a Salgado Macedonio por las denuncias penales en su contra, pues resolvió que carecía de facultades para investigar y señaló que se limitaría a recibir la “3 de 3” firmada por el candidato de buena fe y bajo protesta de decir verdad.
Carla Humphrey cuenta que al principio buscaban que los partidos estuvieran obligados a revisar los antecedentes de las personas a las que estaban postulando para que cumplieran la “3 de 3”, pero que se presentaron quejas en el sentido de que no era un requisito legal; entonces lo tuvieron que dejar como una declaración bajo protesta de decir verdad y de buena fe.
“¿Por qué en esos términos? Porque cualquier persona que mienta bajo protesta de decir verdad, ante cualquier autoridad, está cometiendo un delito y por tanto las autoridades tenemos la obligación de dar a conocer, de denunciar, el posible o la presunta comisión de delitos a las autoridades correspondientes”, explicó en entrevista.
Sin embargo, la consejera reconoce que se tendrá que repensar la “3 de 3”, para que, sin violentar el principio de presunción de inocencia, se pueda contar con elementos sólidos o con interpretaciones más amplias sobre los contextos de violencia y discriminación histórica que sufren las mujeres, y este mecanismo garantice realmente que ningún agresor pueda llegar a un cargo de elección popular.
“Porque incluso el gobierno mexicano ha sido cuestionado y ha sido condenado por violaciones a derechos de las mujeres, por ejemplo, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Campo Algodonero, caso Atenco.
“Entonces, mientras tengamos estos niveles de impunidad y que las mujeres por cuestiones económicas, sociales, patriarcales, no puedan tener el mismo acceso a la justicia, claramente veremos casos que siguen impunes”, comentó la doctora en gobierno y administración pública.
En las comisiones unidas de Igualdad de Género y No Discriminación, que preside Humphrey, y la de Prerrogativas y Partidos Políticos se aprobó un acuerdo para revisar que todas las declaraciones “3 de 3” fueran verdaderas. El INE tendría que revisar 8 mil 500 candidaturas en casi dos meses por ser organizador de las elecciones a diputaciones federales, pues en los estados son los Organismos Públicos Locales los encargados de implementar la medida. Sin embargo, en el Consejo General los consejeros votaron porque la revisión fuera “muestral”, argumentando la enorme carga de trabajo.
“Tampoco era una labor titánica ni que no pudiera realizarse. Aprobamos este procedimiento y casualmente en el Consejo General aparece esta propuesta a partir de cuestionamientos de cuatro hombres, cuatro consejeros, que hablaban de que tenía que ser sólo una muestra porque con eso era suficiente”, dice la consejera.
“Como lo dije en la sesión de consejo, yo creo que la vida de las mujeres no es muestral, y la violencia política no es estadística”, reitera. “Se les olvida a mis compañeros, a los seis que votaron esto, que es una obligación de la autoridad electoral prevenir, sancionar, erradicar y reparar la violencia en razón de género”, añade.
La revisión muestral fue impugnada por las organizaciones de la sociedad civil y las colectivas feministas que exigen una revisión total. En tanto, el INE tiene hasta el 31 de mayo para pedir a las autoridades judiciales y competentes la información que corrobore las declaraciones “3 de 3”.
