A cambio de un asiento en el Acuerdo de Asociación Transpacífico, trato establecido en secreto, Felipe Calderón le abrió las puertas a la papa estadunidense –cuyos productores vienen pugnando por introducir a México desde hace décadas, en un caso que aún tiene la SCJN–, a despecho de la producción nacional y a pesar del riesgo fitosanitario advertido por el Senasica: el producto de Estados Unidos contiene plagas que afectarían al campo mexicano.
Los productores de papa de Estados Unidos se aprestan a inundar con su tubérculo, con todo y plagas, el mercado mexicano, si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) les da el aval.
Lo que desde el sexenio de Vicente Fox ha buscado la industria estadunidense de la papa podría concretarse en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador; y tiene como uno de sus principales protagonistas a John Tony Salazar, agricultor y comercializador del tubérculo y hermano de Ken Salazar, a quien la prensa de Estados Unidos ha mencionado como candidato del gobierno de John Biden para ser el próximo embajador de ese país en México.
Se trata de una batalla de casi dos décadas en las que los gobiernos panistas de Fox y Felipe Calderón, y el priista de Enrique Peña Nieto, se empeñaron en permitir la entrada de la papa estadunidense, al margen de la producción nacional y de los riesgos fitosanitarios advertidos por las propias autoridades agrícolas de México.
El mayor impulso para esa incursión se dio durante el gobierno de Calderón, quien de forma secreta pretendió abrir la puerta a los estadunidenses a cambio de que México ocupara una silla en el entonces Acuerdo de Asociación Transpacífico (ATP), hoy llamado Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT).
Los términos y condiciones del ingreso se publicaron en un acuerdo de confidencialidad suscrito en junio de 2012 y firmado por la Secretaría de Economía (SE), entonces a cargo de Bruno Ferrari García de Alba; la entonces Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), encabezada por Francisco Mayorga Castañeda; así como por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos y su oficina de Comercio.
En ese acuerdo, clasificado como reservado durante 12 años y del cual este semanario tuvo acceso a una copia, se indica que el gobierno mexicano estableció los mecanismos favorables a los productores estadunidenses.
El acuerdo señala que México “establecerá y pondrá en funcionamiento, previo a la conclusión del ATP, los mecanismos y reglas necesarios para la importación al territorio de México de papa fresca para el consumo proveniente de los EUA. Esta apertura de mercado estará basada exclusivamente en un esquema sujeto a las medidas de mitigación de riesgo descritas más adelante”.
Además señala que “México iniciará de forma inmediata el proceso regulatorio para expedir una medida fitosanitaria, a través del cual se busca autorizar el acceso de papa fresca para consumo, proveniente de EUA a todo el territorio nacional, más allá de la actual franja fronteriza de 26 kilómetros”.
Las medidas de mitigación acordadas por ambos gobiernos consistieron en que los envíos de papa se producirán a partir de semillas certificadas que serán lavadas y tratadas con inhibidores de germinación; los embarques serán inspeccionados y certificados por el Servicio de Inspección de Salud Animal y Vegetal del Departamento de Agricultura de Estados Unidos.
Asimismo se estableció que las papas estarán sujetas a trazabilidad hasta la planta de empaque, y del estado del cual son originarias, entrarán a territorio mexicano empaquetadas y etiquetadas, serán embarcadas en contenedores sellados en el punto de inspección de Estados Unidos con las medidas de seguridad apropiadas hasta su destino final.
Mientras que las papas frescas para consumo humano se limitarán a ciertas poblaciones de México, el acceso de papas frescas destinadas a la industria será permitido para todas las instalaciones de procesamiento en México.
Esos fueron los acuerdos suscritos por los gobiernos, pero también Estados Unidos condicionó que “antes de rubricar el ATP por parte de México, las partes discutirán la creación de un plan de acción para transitar hacia un acceso al mercado pleno de las papas estadunidenses a México”.
Riesgo fitosanitario
Juan Carlos Baker Pineda, entonces director general de Evaluación y Seguimiento de Negociaciones de la SE, declaró que la carta de intención “es información reservada en virtud de que su difusión puede menoscabar las relaciones internacionales entre México y Estados Unidos por haber sido presentada por este último con carácter de confidencial”.
Meses antes, un mediodía de marzo de 2012, en las instalaciones de la SE, Ferrari negó a los productores mexicanos de papa, encabezados por Hugo Gómez Arroyo, y ante Juan Carlos Cortés, líder en ese entonces del Consejo Nacional Agropecuario, que hubiera presiones políticas de integrantes del congreso estadunidense a Calderón para la importación de la raíz a México.
Y aseguró que “de llegarse a presentar dichas presiones, el gobierno federal no negociará temas fitosanitarios ni cederá a presiones de ningún tipo, ya que no hay manera de presionar a México si no tienen un fundamento jurídico, en virtud de que la fitosanidad para México es una prioridad”.
En sólo cuatro meses México cedió, entregando como moneda de cambio al sector de la papa, y en cinco años, en marzo de 2017, Estados Unidos decidió retirarse del TIPAT por órdenes de Donald Trump.
“Al final, nos cambiaron por nada y nos metieron en un problema… El gobierno de México nos intercambia como sector por una silla y un asiento, para ser parte de los países del Tratado Transpacífico”, lamenta Gerardo García Menaut, presidente de la Confederación Nacional de Productores de Papa de la República Mexicana (Conpapa).
Y advierte: “Una vez que fuimos prácticamente cambiados, agredidos por los dos gobiernos anteriores”, porque también el gobierno de Enrique Peña Nieto le dio continuidad a ese acuerdo que hizo el presidente Calderón, “hay temor de que la resolución de la Suprema Corte de Justicia sea a favor de los productores americanos, porque eso reflejaría una presión comercial y política y no el punto de vista técnico-científico de la definición de las plagas y enfermedades que significa la importación de papa desde Estados Unidos”.
De acuerdo con el Análisis de Riesgo de Plagas para la Importación de Tubérculos de Papa a México, elaborado por el mismo gobierno a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), existen 83 plagas cuarentenarias no presentes en México, de las cuales 63 son de alto riesgo, 18 de mediano riesgo y dos de bajo riesgo. De las 83 plagas, 63 están presentes en la Unión Americana.
El estudio es contundente: “La importación de tubérculos de papa tiene altas probabilidades de ser el vehículo de introducción y dispersión de plagas cuarentenarias que pongan en peligro alrededor de 55 mil 645.63 hectáreas, que anualmente se siembran con este producto en territorio nacional y que tiene una producción aproximada de 1 millón 536 mil 617 toneladas al año, que generan un valor de 11.6 mil millones de pesos”.
Eso no es todo, también ponen en riesgo la superficie sembrada en México con jitomate, berenjena y tabaco, principalmente.
Eso tampoco le importó al gobierno de Peña Nieto, ya que en 2014 el Consejo Nacional Consultivo Fitosanitario (Conacofi) concluyó la ausencia de sustento técnico-científico en la mayoría de las medidas de mitigación de riesgo propuestas en el proyecto derivado del acuerdo de confidencialidad y recomendó aplicar las medidas estipuladas en el Análisis de Riesgo de Plagas desarrollado por México.
Pero la Sagarpa emitió posteriormente, como consta en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el acuerdo por el que se establecieron las medidas de mitigación de riesgo, en el que se ignora lo recomendado por el Conacofi y se retoman las medidas establecidas en la carta de intención.
Protestas locales
Posteriormente, los productores de diversos estados interpusieron 10 demandas pidiendo la suspensión del acuerdo de mitigación. Plantearon la violación de derechos fundamentales de carácter general: derecho al medio ambiente, a la alimentación y a la salud.
Ya en 2016 el Senasica publicó en el DOF la abrogación del acuerdo de medidas de mitigación, lo cual se interpreta como una medida del gobierno de Peña Nieto por intentar eliminar la materia de los juicios de amparo y poder volver a emitir el Acuerdo de Mitigación con las mismas o menos medidas en favor de Estados Unidos.
En ese año, los productores lograron la primera sentencia a su favor, la cual reconoce que hubo violaciones del Senasica y la Sagarpa en la suscripción del Acuerdo de Mitigación.
La sentencia establece que las medidas se tomaron con base en intereses comerciales y no fitosanitarios, lo cual conlleva una violación a derechos fundamentales. En consecuencia, ordenó que se respeten las bases científicas y el Análisis de Riesgo de Plagas hecho por el Senasica.
En 2017 el Departamento de Agricultura de Estados Unidos rechazó la entrada de 100 toneladas de aguacate jalisciense destinado al consumo en el Super Bowl LI, entre los Halcones de Atlanta y los Patriotas de Nueva Inglaterra, como represalia por prohibir la importación de papa a México.
En octubre de ese año la Dirección General de Sanidad Vegetal del Senasica emite el nuevo Análisis de Riesgo de Plagas en el que, sin justificación técnica, cambia todas las plagas de la papa de la categoría de riesgo alto a riesgo medio.
El desdén por este sector no se limita a los últimos sexenios; se remonta a 2002, bajo el gobierno de Fox, que ante la presión de Estados Unidos, en el gobierno de George W. Bush, se intercambia al sector mexicano de la papa por la exportación de carne de cerdo, firmando un Protocolo de Importación entre los dos países.
Se acordó la importación en tres etapas: el primer año el acceso al mercado mexicano estaría limitado al kilómetro 26, como lo estableció de inicio la NOM-012-FITO-1996 de la línea fronteriza norte; el segundo año se ampliaría el acceso a los estados del norte, y –asumiendo que este programa tuviera éxito durante el primer y el segundo años– México y Estados Unidos se reunirían en el tercer año para analizar el riesgo de expansión de este programa al resto del país.
México iniciaría el proceso de cambio de la norma con la finalidad de expandir el acceso de la papa para consumo al resto del territorio mexicano; también se establecía la aplicación de tolerancia cero a la presencia de plagas cuarentenarias.
Quejas en Estados Unidos
Así el panorama, los vientos en contra para los productores de papa no parecen cambiar mucho ante las presiones de sus contrapartes estadunidenses.
En una misiva firmada apenas el 22 de marzo pasado, 27 organizaciones agrícolas y ganaderas estadunidenses se dirigieron a Thomas Vilsack, encargado del Departamento de Agricultura, y a la representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai,para manifestarles sus preocupaciones sobre diversos temas del sector relacionados con México, entre ellos el asunto de la papa.
“Hoy en día, Estados Unidos importa aguacates mexicanos por valor de 2 mil millones de dólares, mientras que México permanece casi completamente cerrado a las papas frescas estadunidenses”, alertaron.
Advirtieron que un resultado negativo por parte de la SCJN en el tema de la importación de papas para los productores estadunidenses podría tener impactos de largo alcance para el comercio agrícola entre Estados Unidos y México.
“Si la Suprema Corte falla a favor de la Conpapa, el acceso de cualquier importador de productos agrícolas sería cuestionado y potencialmente bloqueado”, dijeron.
Los productores recordaron a los funcionarios estadunidenses que en 2014, después de perder las resoluciones fitosanitarias ante organismos internacionales, el gobierno mexicano acordó permitir el acceso completo de papas frescas estadunidenses a los mercados. Sin embargo, “inmediatamente el cártel mexicano de la papa, Conpapa, presentó una serie de medidas cautelares legales contra su propio gobierno para bloquear ese acceso”.
Entre los productores estadunidenses de papa está John Tony Salazar, quien fue diputado local del Partido Demócrata y comisionado del Departamento de Agricultura de Colorado, Estados Unidos, uno de los principales estados productores del tubérculo. Agricultor, ganadero y comercializador de papa, Salazar es hermano de Ken Salazar, exsecretario del Interior del gobierno de Barak Obama, y mencionado como probable embajador del gobierno de Biden en México.
–¿Han tenido contacto o diálogo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y cómo ha sido el diálogo? –se le pregunta a García Menaut.
–No hemos tenido contacto con ellos en forma personal o virtual. Hemos tenido alguna comunicación por vía chat, donde ellos dicen que está fuera de su alcance la resolución “porque está en el Poder Judicial. Hay que esperar a que pase el proceso; una vez que esté listo, a quien le corresponda, nos sentaremos y veremos lo que sigue”.
“Respetuosos ellos con el Poder Judicial al decir ‘para qué nos sentamos, si no tenemos ahorita la capacidad de definición’, aunque el secretario Víctor Villalobos tiene el apoyo en este caso del presidente López Obrador; él podría desistirse de este proceso, eso sí podría”, matiza el líder del sector.
Proceso solicitó a la Sader su posición sobre el tema, pero esa institución se ha abstenido de expresarse sobre un asunto que está en una instancia de resolución, a fin de que se procure un buen proceso.
