Jesús Bravo Paredes es un personaje clave en la trama de corrupción que tejió Gerardo Sosa Castelán. Constructor de edificios para la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, el arquitecto de profesión obtuvo de ésta el dinero para financiar los proyectos personales del jefe de La Sosa Nostra. Implicado por Óscar Pacheco Medina, testigo colaborador de la FGR, Bravo Paredes logró contratos por al menos 168.8 millones de pesos gracias a su alianza con el poderoso cacique universitario que hoy está preso en el Altiplano.
Conseguía terrenos y era el proyectista personal de Gerardo Sosa Castelán. A cambio, el arquitecto Jesús Bravo Paredes recibía contratos de obra pública en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), de cuyas cuentas también salía el dinero que financiaba los proyectos personales del líder de La Sosa Nostra.
A dos frentes, el arquitecto Bravo Paredes ganaba con sus empresas dinero directamente de la casa de estudios por construir edificios, tras obtener licitaciones presuntamente pactadas con Sosa; al mismo tiempo, le presentaba proyectos a éste que, por el control patrimonial que ejercía en la UAEH, costeaba con el erario universitario.
Aunque hasta el cierre de esta edición no existe orden de aprehensión en contra de Jesús Bravo, éste es mencionado por el testigo colaborador de la Fiscalía General de la República (FGR), Óscar Pacheco Medina, porque entre 2004 y 2005 se alió con Sosa Castelán.
Intervino, además, como receptor de dinero que salía de la universidad, a través de la cuenta de Gerardo y de la Fundación Hidalguense, una asociación civil creada en 1997, que pertenece a la UAEH y ha recurrido a amparos ante la posibilidad de que sus cuentas sean congeladas debido a la investigación por lavado de dinero que realiza la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
A partir de la declaración de Pacheco Medina, Proceso buscó en los Registros Públicos del Comercio las empresas en las que Jesús Bravo Paredes aparece como accionista o representante legal. De ahí, siguió el rastro a otras firmas con las que está vinculado. El resultado es al menos 168 millones 894 mil 735 pesos obtenidos mediante contratos por la universidad, de acuerdo con la base de datos de Compranet.
Obra pactada y conflicto
de intereses
En la trama, Óscar Pacheco Medina ubica a este arquitecto como la persona que conseguía terrenos para Sosa; por este motivo, asegura, recibía dinero de la universidad.
También afirma que intervino en la extensión patrimonial de Inmobiliaria, Constructora y Arrendadora Yolo, empresa dispersora clave en el presunto esquema de lavado que, según la imputación de la FGR, utilizó La Sosa Nostra para sustraer recursos de la UAEH, y que fue financiada con bienes de la casa de estudios.
Al referirse a la construcción de la nave industrial de Inmobiliaria, Constructora y Arrendadora Yolo en Minatitlán, Veracruz, en 2008, Pacheco Medina declaró a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Falsificación o Alteración de Moneda: “Lo único que puedo decir es que salían muchos cheques de la cuenta del licenciado Gerardo y también salieron otros de lo que es la Fundación Hidalguense, destinado directamente a Jesús Bravo Paredes”.
Además, añade: “el arquitecto Jesús Bravo estableció convenios con Gerardo Sosa Castelán en los que acordó que las construcciones realizadas en los terrenos se las iba a dar a Jesús Bravo, pagando una parte Inmobiliaria, Constructora y Arrendadora Yolo y otra otorgándole obras de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo”.
Con esto, el testigo asegura que la asignación de contratos en la casa de estudios era una compensación a cambio de los servicios personales de construcción que prestaba a Gerardo Sosa para su patrimonio personal.
Los tiempos de movimientos ilícitos y de extensión del patrimonio de Sosa coinciden con los contratos ganados por este arquitecto en la UAEH.
Propiedad de Jesús Bravo, Constructora MB del Norte, SA de CV, recibió un contrato por 41 millones 802 mil 238 pesos en 2018 para construir el Módulo de Residencias Universitarias en el Instituto de Ciencias Agropecuarias (ICAP), en Tulancingo.
Esta obra tuvo relevancia pública cuando la coordinadora de Administración y Finanzas de la UAEH, Gabriela Mejía Valencia, fue detenida el 15 de junio de 2018 tras un choque por alcance cuando se dirigía a Tulancingo. En el asiento trasero de su camioneta Toyota Hilux, la directiva llevaba cajas en las que, reconoció días después el propio Sosa Castelán en una conferencia de prensa, había dinero: 1.4 millones de pesos, según dijo, que eran para pagar a los albañiles que trabajaban en la obra del ICAP.
Al sitio donde ocurrieron los hechos llegó el secretario general de la universidad, Agustín Sosa Castelán, el equipo de comunicación social de la institución y 50 personas para realizar una valla humana y no permitir que la unidad fuera remolcada al corralón.
Mejía Valencia fue detenida por ultrajes a la autoridad, aunque después se le procesó por presunto financiamiento ilícito a campañas de Morena. En ese momento convergían las elecciones a presidente de la República con las de diputados locales y legisladores federales. En las dos últimas contendía el Grupo Universidad a través del Movimiento de Regeneración Nacional. En agosto de aquel año, la contadora quedó libre bajo medidas cautelares.
Aunque Sosa Castelán insistió en que el dinero trasladado en cajas era para cumplir con el pago de los albañiles, el contrato de obra DGJ/PROPIOS/LPNO-02/020-17 refiere que la empresa Constructora MB del Norte era la única responsable de ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, por lo que las obligaciones patronales, incluidos los salarios, recaían en ella.
Entre el 10 de enero y el 12 de marzo de 2018, la UAEH también pagó a esta empresa 766 mil 330 pesos por impermeabilización del Salón Universitario.
Constructora MB del Norte, SA de CV, tiene el número de registro 4003-14 en el Padrón de Contratistas del Gobierno de Hidalgo, en el cual aparecen como accionistas Jesús Bravo Paredes y María del Consuelo Muñoz Atilano. Además, en el apartado “datos de personal técnico”, incluye tanto a Bravo como a Carlos Román Chávez García.
Incluso, en un contrato por 871 mil 425 pesos para la creación de andadores seguros que la constructora obtuvo del municipio de Tulancingo el 16 de junio de 2015, Chávez García firmó como representante legal.
Esta persona conecta con otra de las firmas más favorecidas con obra pública en la universidad: Construpam de Hgo, SA de CV, de la que Chávez también es representante legal y, tras consultar el registro estatal de contratistas, Jesús Bravo Paredes aparece como uno de los dos accionistas. El otro es Felipe García Quiroz, un contador egresado en 1991 de la UAEH.
El 13 de noviembre de 2019, esta otra empresa de Bravo obtuvo un contrato por 47 millones 999 mil 490 pesos para la construcción del Módulo II de Residencias Universitarias, en Tulancingo.
El procedimiento lo validó el presidente de la Comisión Gasto-Financiamiento de la UAEH, Saúl Agustín Sosa Castelán, quien busca protección federal, mediante amparos, para evitar una posible detención por el caso que la Fiscalía General de la República sigue contra su hermano Gerardo por lavado de dinero.
Construpam de Hgo también fue responsable del marco de acceso y la fachada principal de Ciudad del Conocimiento, que tuvo un costo de 11 millones 298 mil 225 pesos. De nueva cuenta, el proyecto lo validó Agustín Sosa, el 13 de diciembre de 2017.
Construpam fue constituida ante la fe del notario 3 de Tulancingo, Jaime de Jesús Moreno Castro, con base en la escritura pública 7,302. Su domicilio legal está en Cuauhtémoc Norte 104-13, colonia Centro, en Tulancingo.
Este municipio, pegado a Acaxochitlán –de donde son originarios los Sosa Castelán– tiene alta injerencia política del Grupo Universidad, desde que era un brazo político al servicio del PRI. Actualmente, Damián Sosa es candidato a alcalde por Morena, pero en el proceso electoral pasado (2016) contendió por Movimiento Ciudadano. Antes, fue diputado local en dos ocasiones, primero por el PRI y después por Acción Nacional.
Jesús Bravo Paredes, el ejecutor de proyectos de Sosa Castelán, también es representante de Promotora Integral Innova, SA de CV, que recibió cinco contratos de la UAEH por 67 millones 18 mil 452 pesos entre 2010 y 2013, parte del periodo en el que la FGR imputa lavado de dinero (2011-2018) por 58.2 millones de pesos al presidente del Patronato Universitario, motivo por el cual está recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano desde el pasado 31 de agosto.
La principal obra de esta tercera empresa de Bravo Paredes fue un edificio para la licenciatura en Gastronomía, en el Instituto de Ciencias Económico Administrativas (ICEA), en septiembre de 2013, por 27 millones 839 mil 61 pesos.
También en ICEA, esta empresa construyó el edificio de la licenciatura en Comercio Exterior, por el cual cobró 25 millones 69 mil 175 pesos, en diciembre de 2011.
Asimismo, estuvo a cargo de las obras en el Pabellón de Servicios Universitarios, en marzo de 2013, cuyo costo ascendió a 9 millones 119 mil 803 pesos.
Por material de construcción y arrendamiento de maquinaria también percibió, a través de dos contratos firmados el 8 de septiembre de 2010, 4 millones 990 mil 412 pesos.
Los tres Sosa
El testigo colaborador de la FGR sitúa entre 2004 y 2005 el inicio de la relación entre Bravo Paredes y Gerardo Sosa, después de la construcción de la quinta bodega de Inmobiliaria, Constructora y Arrendadora Yolo, una empresa que Óscar Pacheco aceptó haber constituido por órdenes del también exrector y con dinero de la universidad.
“Es ahí cuando aparece por primera vez Jesús Bravo Paredes, quien es un arquitecto de Tulancingo, y le empieza a presentar proyectos (a Gerardo Sosa) y más adelante tiene una participación mucho más directa en este negocio.”
A decir del delator, quien obtuvo un criterio de oportunidad por parte de la fiscalía para aportar pruebas de lavado y no ir a prisión, “con el tiempo, Jesús Bravo empezó a buscar los terrenos y los contactos con Bimbo –empresa con la que los Sosa tenían relación comercial– y entonces empezó a construir”.
Lo que construyó fue una súper nave en San Antonio, Ciudad de México, de 10 mil metros, cuyo terreno costó 45 millones de pesos y, según el testigo colaborador, fue pagado con dinero de la Universidad Autónoma de Hidalgo.
No fue la única obra: el terreno de una nueva nave en Tezihuatlán, Puebla, cuyos trabajos iniciaron en 2009, costó 4 millones, y Sosa se los dio directamente, también está la de Minatitlán, patrimonio de los Sosa a costa de la UAEH.
Con base en la modificación al acta constitutiva de Yolo inscrita en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio de Pachuca, con el folio mercantil electrónico 1954-II, Damián Sosa Castelán obtuvo mil 400 acciones de esta empresa tras otorgar un supuesto préstamo por 7 millones (Proceso 2289), 180 más pertenecen a Adriana del Carmen Cravioto Torres, esposa de Gerardo Sosa, y 10 al prestanombres Óscar Pacheco.
En esta posible hebra de corrupción que involucra al proyectista personal del exrector intervienen los tres hermanos Sosa: Damián, como accionista mayoritario de Yolo; Gerardo, por la asignación de obras en la UAEH a cambio de proyectos personales, además de la extensión patrimonial de la empresa de su hermano, pero que, según el testigo de la FGR, él controla, y Agustín como el encargado de validar las obras otorgadas en la UAEH.
