El gobierno de Andrés Manuel López Obrador entregó al Departamento de Justicia de Estados Unidos información para respaldar las imputaciones por narcotráfico contra el exsecretario de Seguridad Genaro García Luna. Ese material documental engrosa el alud de evidencias –el expediente consta de más de 189 mil páginas, así como miles de videos y audios– con el que cuentan los fiscales estadunidenses para incriminarlo y forzarlo a ser un “testigo cooperante” que delate a sus cómplices en su “asociación delictiva” con el Cártel de Sinaloa.
WASHINGTON.– El Departamento de Justicia de Estados Unidos actualizó las acusaciones por narcotráfico que imputa a Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública durante la administración de Felipe Calderón. Se apoyó para ello en un alud de evidencias que engrosan un expediente de más de 189 mil páginas y que incluye registros financieros, videos y comunicaciones que le fueron interceptadas.
Una parte de esas evidencias las entregó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en virtud del Tratado de Asistencia Legal Mutua (TALM). Apoyados en dichas evidencias, los fiscales pretenden forzar una negociación con García Luna para que acepte ser un “testigo cooperante” que a su vez incrimine a sus cómplices coludidos con el Cártel de Sinaloa.
De hecho, la declaración de “no culpable” que hizo García Luna en relación con los cinco cargos que le imputa el gobierno de Estados Unidos –que lo acusa de narcotráfico y de mentir a una agencia federal migratoria– es un trámite formal y parte de la negociación de un acuerdo jurídico.
En la audiencia virtual del miércoles 7 en la Corte Federal del Distrito Este en Brooklyn, Nueva York, el exsecretario de Seguridad Pública de México se acogió al derecho de presunción de inocencia que el gobierno estadunidense estaría dispuesto a rebatir.
La sesión preparatoria del juicio a García Luna, presidida por el juez federal Brian Cogan, actualizó los delitos que le imputa Estados Unidos al amigo, asesor y mano derecha de Felipe Calderón en la lucha militarizada contra el narcotráfico
Cogan leyó a García Luna los cinco cargos que enfrenta, ya estipulados y actualizados en el expediente criminal develado el 30 de julio pasado con el que el Departamento de Justicia reemplazó al encausamiento original por el cual fue detenido el pasado 9 de diciembre.
La actualización de los cargos colude a García Luna en asociación delictiva de narcotráfico con otros dos alfiles del gobierno calderonista: Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño García.
Debido a las restricciones sanitarias generadas por la pandemia de covid-19, César de Castro, abogado de oficio de García Luna, no ha podido revisar el expediente físicamente al lado de su cliente.
En una carta del viernes 2 enviada a la Corte por parte de los fiscales a cargo del caso, el Departamento de Justicia informa que tan sólo entre el 19 de agosto y el 29 de septiembre de este año recopilaron más de 35 mil páginas de evidencias nuevas.
Varios de esos folios fueron entregados a los fiscales por el gobierno de México a través del Tratado de Asistencia Legal Mutua (TALM).
En cumplimiento al respeto de los derechos legales de García Luna, los fiscales federales Michael Robotti, Ryan Harris y Erin Reid han estado enviando a De Castro y a su cliente evidencias, “que no están selladas”, para que las revisen y puedan preparar la defensa en caso de que haya juicio.
“La defensa ha hecho saber que recibió la producción más reciente del descubrimiento de evidencias que constituyen por lo menos 12 mil páginas y aproximadamente mil 500 comunicaciones interceptadas”, informaron los fiscales a la Corte federal en Brooklyn.
Una empresa criminal
En la audiencia virtual preparatoria del juicio del miércoles 7, el juez dio a conocer que ahora ya se podrán reunir físicamente García Luna y su abogado en el Centro de Detención Metropolitana, por lo que les dio dos meses adicionales para revisar las evidencias.
De aquí a la celebración de la próxima audiencia de preparación de juicio que se realizaría también de forma virtual el próximo 7 de diciembre, el gobierno de Estados Unidos está dispuesto a presentar más pruebas para sustentar los cargos que le imputan a García Luna.
“El gobierno espera respuesta de otras solicitudes excepcionales, como las pedidas al acusado y a sus compañías, además de que por medio del TALM se solicitaron evidencias en posesión de varios gobiernos extranjeros, por lo que estamos pendientes de las respuestas”, informan los fiscales a la Corte federal.
Los cinco cargos que le atribuyen a García Luna, a Cárdenas Palomino y a Pequeño García definen al primero como el cabecilla de una empresa criminal ligada y supeditada a pagos del Cártel de Sinaloa para conspirar en el trasiego de cocaína a Estados Unidos.
El primer cargo que contiene seis subdivisiones dice: “de entre 2001 a la fecha, Genaro García Luna junto con otros, con conocimiento de causa y de manera intencionada se involucró en una empresa criminal” para importar a Estados Unidos sustancias controladas como cocaína.
De las seis subdivisiones del cargo se deriva que García Luna y sus socios, en colusión con el Cártel de Sinaloa, distribuyeron cocaína en entidades estadunidenses como Nueva York e Illinois.
“García Luna, Cárdenas Palomino y Pequeño García, junto con otros, conspiraron para distribuir sustancias controladas que de manera ilegal importaron a los Estados Unidos”, se lee en el segundo cargo del expediente actualizado que le leyó Cogan al acusado.
Las imputaciones tres y cuatro enfatizan la asociación delictiva de los tres con el Cártel de Sinaloa para el trasiego y distribución de cocaína en Estados Unidos.
El quinto cargo indica: el 1 de junio de 2018 el acusado, de manera intencional, “hizo y representó una o más declaraciones materialmente falsas, fraudulentas y ficticias” ante el Buro de Servicios de Aduanas e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés).
“Falsamente el acusado estipuló que nunca atentó, cometió ni participó en un crimen u ofensa por el cual no había sido detenido cuando en realidad sabía que lo había hecho”, según se desprende del expediente.
La causa penal contra el extitular de la Secretaría de Seguridad Pública destaca que el gobierno estadunidense confiscó propiedades y cuentas bancarias a García Luna, por proceder de los millones de dólares que recibió en pagos del Cártel de Sinaloa.
“A cambio de sobornos, entre 2001 y la fecha presente los acusados (García Luna, Cárdenas Palomino y Pequeño García) abusaron de su posición como funcionarios para permitir que el Cártel de Sinaloa obtuviera pasajes seguros para enviar cargamentos de drogas, y dieron información sensible sobre la aplicación de la ley relacionada con investigaciones sobre el cártel y cárteles rivales que facilitó la importación de múltiples toneladas de cocaína y otras drogas a Estados Unidos”, matiza el expediente actualizado y fechado el 30 de julio pasado.
Recolección de testimonios
La voluminosa acumulación de evidencias por parte del gobierno de Estados Unidos para probar los delitos que imputa a García a Luna son parte de una estrategia jurídica de presión para arrinconarlo y forzarlo a que acepte el acuerdo de convertirse en testigo cooperante.
La misiva que los fiscales entregaron a la Corte en Brooklyn el viernes 2 apunta que por las restricciones derivadas de la pandemia y por dificultades técnicas, García Luna no pudo revisar en dos ocasiones las evidencias “no protegidas” que le han entregado.
Técnicos de diferentes agencias de inteligencia de Estados Unidos se encuentran extrayendo información electrónica archivada en computadoras y teléfonos celulares que le fueron confiscados a García Luna como consecuencia de su arresto y los cateos realizados a sus casas y empresas; para integrarlas al archivo de evidencias.
Desde el pasado 22 de febrero el abogado defensor se quejó de que el formato electrónico de la información sacada de los aparatos de comunicación electrónica de su cliente no les permitía revisarla.
Los fiscales especificaron al juez Cogan que antes del 7 de diciembre el abogado y su defensa tendrán acceso a esa información porque ya trabajan con una empresa privada para codificarla en otro formato.
“Enseguida de la próxima producción –de evidencias– el gobierno producirá la mayoría del material en su posesión, que se espera se haga en entregas pequeñas y conforme a descubrimientos adicionales”, suscriben los fiscales federales en la misiva.
Amén de la información que esperan por parte de otros gobiernos extranjeros, incluido el mexicano, los abogados del Departamento de Justicia recolectan testimonios incriminatorios de “testigos potenciales de la parte acusatoria para este caso”.
Conocido es por la defensa de García Luna y el juez, que en caso de que haya juicio, el gobierno de Estados Unidos presentará como testigos acusatorios a varios narcotraficantes mexicanos encarcelados en prisiones federales del país, sentenciados o en vías de serlo.
Es factible que Jesús Reynaldo Zambada García, El Rey, y Jesús Vicente Zambada Niebla, El Vicentillo, dos narcotraficantes que integraron la cúpula de mando del Cártel de Sinaloa, testifiquen en un juicio contra García Luna, como lo hicieron en el proceso contra Joaquín El Chapo Guzmán Loera.
Otros narcotraficantes dispuestos a corroborar con su palabra y bajo juramento la asociación de García Luna con el narcotráfico serían: Édgar Valdez Villarreal, La Barbie; los hermanos Benjamín y Francisco Javier Arellano Félix, y Dámaso López Núñez, El Licenciado, entre otros criminales mexicanos y colombianos.
Los fiscales se quejan ante el juez en la carta de que el atraso en la preparación del juicio por las restricciones de salud decretadas por el gobierno federal y el de los estados a causa de la pandemia, les impide reunirse en las cárceles federales con los posibles y eventuales testigos.
Como es el caso de procesos federales por narcotráfico, el Departamento de Justicia adelantó que, de llevarse a cabo el juicio, el proceso duraría de entre dos a tres meses; algo normal en los procedimientos judiciales de esta naturaleza y similar al del Chapo Guzmán, que requirió de 11 semanas.
Una vez concluidas las audiencias de preparación y antes de la celebración de audiencias con testigos por parte de la defensa y de la parte acusadora, tendrían que pasar varios meses o hasta un año o más para alistar el proceso y seleccionar a los integrantes del jurado.
Los fiscales y la defensa bajo la supervisión de Cogan entrevistarían uno a uno a todos los posibles integrantes del jurado, ciudadanos comunes y corrientes de Nueva York, para escoger a los más adecuados y sin ningún conflicto de interés y totalmente ajenos a la causa penal.
Este proceso es minucioso y lento porque de entre los potenciales jurados que por ley no pueden eludir su selección para estar en el juicio, pueden ser descalificados si están enfermos o por temor a repercusiones por parte del acusado si lo declaran culpable.
Por ejemplo, para el juicio contra El Chapo se contó con un jurado y con otro de reemplazo dispuesto a tomar el puesto de alguno que estuviera impedido de seguir asistiendo a las audiencias, por conflicto de interés, salud, o por padecer estrés generado de su miedo a la venganza del acusado.
Escenarios jurídicos
Los cientos de miles de páginas e información documental, grabaciones, videos y folios financieros en poder de los fiscales pueden ser la fórmula para que, en la audiencia de diciembre, en las siguientes e incluso ya durante proceso formal de un juicio, García Luna acepte un acuerdo.
En un juicio –y en caso de que se atreva a desafiar las pruebas del Departamento de Justicia– es factible que García Luna sea declarado culpable; de ser así, se le aplicaría una sentencia máxima de cadena perpetua o una mínima de 20 años de cárcel.
Un acuerdo de entendimiento con el Departamento de Justicia en el que se declarara culpable de algunos de los cargos los transformaría en testigo cooperante, no testigo protegido.
Bajo ese estatuto jurídico –de testigo cooperante–, García Luna deberá delatar a todos sus cómplices de la asociación delictiva con el Cártel de Sinaloa durante su carrera como funcionario público en el gobierno de México; es decir, de 2001 a la fecha, como lo indica el encausamiento.
En otras palabras, tendría que estar a disponibilidad del Departamento de Justicia para que, a la hora y fecha que sea requerido, pueda trasladarse a diferentes estados de la Unión Americana y testificar contra personas acusadas de narcotráfico en asociación con el Cártel de Sinaloa.
A cambio de estos servicios y pese a que no hay ninguna garantía por escrito de ello –todo depende de la prerrogativa de un juez federal–, el testigo cooperante recibiría una condena máxima de cinco a 10 años de cárcel, que comenzarían a contar desde que fue detenido (el 9 de diciembre de 2019).
Tras cumplir su sentencia, García Luna sería deportado a México, donde enfrentaría una causa penal, según han informado la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Hacienda.
García Luna está consciente de que sus antiguos lugartenientes en Seguridad Pública –Cárdenas Palomino y Pequeño García–, en caso de caer en manos de la justicia estadunidense; pueden convertirse en sus enemigos y declarar contra él para salvarse.
Si Cárdenas Palomino y Pequeño García fueran capturados y sujetos a juicio en Estados Unidos y resultaran culpables de los delitos que se le imputan a García Luna, serían castigados con cadena perpetua como pena máxima o purgarían 10 años de prisión como mínimo.
En caso de que estos dos alfiles de Calderón caigan en manos de Estados Unidos y recibieran una oferta similar a la que busca su exjefe, se transformarían en testigos cooperantes, e incluso podrían testificar contra él, si García Luna se aferra a su declaración de inocencia de los cinco delitos en su causa penal.
