Desde hace 20 años Nuevo Laredo es escenario de una cruda lucha entre narcotraficantes, militares y policías, que el gobierno de López Obrador no ha podido poner fin. Una de las caras de esta zona de guerra son los asesinatos arbitrarios: apenas el 10 de marzo un grupo de soldados atacó el vehículo en el que viajaban una embarazada y su marido; sólo ella sobrevivió. La familia de la víctima, lejos de recibir justicia, ha padecido intimidaciones y el abandono de las autoridades. Este caso es uno de los al menos 40 denunciados que permanecen impunes desde 2011.
Durante minutos que se tornaron eternos, la zona centro de Nuevo Laredo, Tamaulipas, se llenó de los gritos de María Elena González, joven de 21 años con un embarazo de seis meses que suplicaba por ayuda para su esposo, Jacob Rodríguez, abatido por disparos de integrantes del 24 Regimiento de Caballería. Pasaban las 17:00 horas del 10 de marzo último.
María Elena y Jacob, de 20 años, se dirigían a la Cruz Roja para que a ella le hicieran un ultrasonido. Se transportaban en la camioneta de la madre de Jacob, una Yukon 2003 blanca, cuando escucharon detonaciones que obligaron al joven a estacionar su camioneta en una purificadora de agua.
De repente la joven escuchó un ruido ensordecedor y el estallido de los cristales de la camioneta mientras Jacob la empujaba al piso del vehículo para protegerla.
“Cuando me enderecé, Jacob ya traía un disparo en el cachete, salí gritando de la troca y los soldados me estaban apuntando. Les decía que no éramos gente mala, que íbamos a la Cruz Roja por un ultrasonido. Me seguían apuntando, caminé al otro lado de la troca y vi a Jacob en el suelo, un soldado le apuntaba y yo me aventé sobre su cuerpo para que no le dispararan.
Jacob, que esperaba su tercer hijo, recibió dos impactos de bala de alto calibre; una entró por la nuca y salió por la mejilla derecha y la otra le destruyó el hombro del mismo lado.
“Yo gritaba: ‘¡Ayúdenme, por favor! ¡No somos gente mala!’ Y ellos sólo me miraban y me apuntaban con sus armas. Mi esposo se quejaba y le gritaron ‘no te muevas’, él dijo que no se movería, pero que le ayudaran porque le dolía mucho. Yo seguía gritando que lo ayudaran…
“Un militar se acercó a uno de los que nos apuntaban y le dijo: ‘No dejes de grabar’. Se siente una gran impotencia pedir ayuda y que sólo te miren, que no te digan nada”, relata entre sollozos María Elena.
Aquel día, pese a su estado, intentó subir a su pareja a la camioneta para buscar un hospital donde lo atendieran.
Antes de mover el vehículo, al lugar llegó una ambulancia del Cuerpo de Bomberos de Nuevo Laredo, cuyos ocupantes le dieron los primeros auxilios.
Casi al mismo tiempo los familiares de Jacob llegaron al lugar del atentado. Uno de sus hermanos vio cuando un soldado le daba a otro un fajo de billetes ensangrentados. Eran 800 dólares que Jacob había ganado con la venta de un auto y que su hermano prácticamente arrebató de las manos del soldado.
Pese a que se encontraban a tres minutos del hospital de la Cruz Roja, el joven de 20 años fue trasladado al otro lado de la ciudad, al Hospital General, donde murió dos horas y media después de ser trasladado.
El homicidio de Jacob Rodríguez se convirtió en la ejecución arbitraria número nueve atribuida a miembros del Ejército, cometidas entre el 19 de noviembre de 2019 y el 10 de marzo de 2021, según el registro del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL).
En general, de 2011 a la fecha los elementos castrenses en esta urbe fronteriza han acumulado 40 denuncias por ese tipo de ejecuciones. La impunidad es la constante.
A las nueve ejecuciones atribuidas a miembros del Ejército se suman ocho más ocurridas en septiembre de 2019 en la colonia Valle de Anáhuac, en las que participaron policías estatales mientras eran custodiados por militares (Proceso 2237)
Pago por homiciodio
Sobre el homicidio de Jacob, su madre, Paulina González Torres, dice que “por órdenes de los militares” el joven fue enviado al Hospital General y que ahí fue abandonado por el personal médico cuando llegaron dos elementos de la Guardia Nacional al área de Urgencias.
“Mi hijo estaba siendo atendido por varios médicos y enfermeros; me dejaban entrar a verlo mientras lo atendían e incluso me hicieron firmar unos papeles porque me dijeron que casi estaba estable y que lo iban a llevar al quirófano.
“Entonces llegaron dos personas de la Guardia Nacional: una de ellas era una mujer que hizo señas a los doctores y a la enfermera que, hasta entonces, se había portado muy bien conmigo, pero después me sacó pushándome (empujándome) de los hombros, diciéndome que yo no debía estar ahí.
“A partir de ese momento dejaron de atender a mi hijo. Los doctores y enfermeros se fueron… Después salió una enfermera y me dijo que a mi hijo le había dado un paro cardiaco y que lo habían reanimado; no pasaron ni tres minutos cuando volvió a salir para decirme que le había dado otra vez un paro cardiaco, pero que ya no pudieron salvarlo”, cuenta la señora en entrevista.
Madre de cinco hijos, con quienes ha construido un negocio de compra y venta de autos usados, Paulina explica que una vez que su hijo murió, agentes de la Fiscalía de Tamaulipas y de la Fiscalía General de la República (FGR) acosaron a su nuera, perturbada por el homicidio, para que rindiera su declaración.
Agrega que al día siguiente, cuando acudieron a las oficinas de la FGR en Nuevo Laredo, ahí le ofrecieron dinero a cambio de su silencio.
“En la fiscalía me dijeron: ‘¿Quieres que meta a la cárcel al responsable o te doy 300 mil pesos? No es mucho, pero de algo te han de servir para que pagues los funerales. Si dices que sí, hoy mismo llegarán los representantes de los militares a tu casa’.
“Yo les respondí: ‘Tráeme al militar que le disparó a mi hijo, le mato a su hijo, te doy 300 mil pesos y no me metes a la cárcel’. El (agente del) Ministerio Público me respondió: ‘Eso es un asesinato’. Y yo le dije que, efectivamente, eso habían hecho con mi hijo, y que si los militares pagaban una muerte a 300 mil pesos, pues se los doy y mató a algún hijo de un militar a ver qué siente el militar.”
Profundamente dolida, Paulina cuenta que hasta ahora no ha recibido la necropsia de ley ni ha visto que las autoridades hagan algo para castigar a los responsables del homicidio de su hijo; por el contrario, su familia se siente amenazada.
Recuerda que la tarde del ataque, mientras hablaba con su nuera, un militar le arrebató el celular y le pidió sus datos personales, supuestamente como requisito para trasladar a su hijo a un hospital; Paulina refiere que el 28 de marzo, alrededor de las cinco de la tarde, tres vehículos militares rondaron su domicilio de manera intimidante.
“Lo único que pido es justicia, que se castigue a los culpables, que esto no se repita, porque es muy común en Nuevo Laredo.
“Invitaría al presidente Andrés Manuel López Obrador a que transite por las calles sin seguridad, y que se cuide de no toparse con soldados que disparan a matar a cualquiera.”
El parte militar firmado por el subteniente de Caballería Carlos Alfredo Ramírez Nolasco, perteneciente al 24 Regimiento de Caballería Motorizada, sostiene que con 20 soldados bajo su mando circulaba por la colonia Centro de Nuevo Laredo, a las 17:05 horas del 10 de marzo de 2021, cuando fueron blanco de una “agresión con arma de fuego de parte de civiles armados, los cuales estaban a bordo de una camioneta pick up y una segunda tipo suv, ambas de color blanco”.
El reporte detalla que ambos vehículos estaban estacionados y que desde esa posición los tripulantes les dispararon, por lo que el convoy de 21 militares procedió a “repeler la agresión”, sin que pudieran dar alcance a los agresores, evento en el que resultó lesionado de la pierna derecha el soldado de caballería Adán Uriel Huerta.
Según el documento, el cual conoce Proceso, después del intercambio de tiros los soldados escucharon los gritos de “una civil” que descendió de un vehículo Yukón, “solicitando los primeros auxilios porque su acompañante, de nombre José Jacob González Rodríguez (sic), de 20 años, contaba con lesiones”.
Al señalar que el civil fue atendido por personal del cuerpo de bomberos, el reporte señala que el área fue asegurada y entregada a personal de la FGR a las 19:50 horas.
Pasividad oficial
El caso de Jacob Rodríguez fue dado a conocer el 24 de marzo pasado, luego de que el presidente López Obrador denostara la labor de las organizaciones civiles y de la oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONUDH).
Tras ser cuestionado en su conferencia matutina por la situación que guardan los familiares de uno de los tres jóvenes ejecutados por el Ejército en Nuevo Laredo, el 3 de julio de 2020, hechos que fueron difundidos en un video (Proceso 2287), el mandatario federal acusó a la ONUDH y a la sociedad civil de callar ante las ejecuciones cometidas por el Ejército en los sexenios pasados.
Pese a que los familiares de Damián Genovez Tercero, una de las víctimas de los militares, se manifestaron en el Zócalo capitalino desde hace un mes, no fue sino hasta el 25 de marzo que el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, se reunió con ellos en las oficinas centrales de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
Además de exigir justicia por el asesinato de Damián, los familiares encabezados por Raúl Tercero exigían la búsqueda de Alejandro, quien acompañaba a Damián, pero se desconoce su paradero.
De acuerdo con la minuta de la reunión, la cual Proceso conoce, Encinas se comprometió a que la FGR “atraerá las investigaciones tanto del homicidio de Damián como de la desaparición de Alejandro, situación que comentará con el presidente a la brevedad posible”.
Se informó que Encinas instruyó a la Comisión Nacional de Búsqueda para que interviniera en el caso y a la CEAV para atender a los familiares “en todos los ámbitos, incluyendo el médico y psicológico”, así como para exhumar el cuerpo de Damián y trasladarlo de Nuevo Laredo a Tapachula, Chiapas.
En el encuentro, el titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos, de la Secretaría de Gobernación, Enrique Irazoque, informó la existencia de cuatro videos sobre la ejecución cometida por los militares el 3 de julio. El representante legal Martín Alvarado solicitó su intervención para que la Secretaría de la Defensa Nacional y la FGR le entreguen el material. Asimismo denunció que por las omisiones de la FGR no se ha judicializado el asunto y que en el caso de la desaparición de Alejandro hay una “fallida atracción” por parte de esa institución.
Como parte de los acuerdos, Encinas se comprometió a solicitar a la Sedena “que se arraigue o encuartele al personal de dicha dependencia involucrado en los hechos, a fin de evitar la evasión o sustracción de la acción de las autoridades a cargo de la investigación o de la acción de la justicia”. Para el próximo lunes 5 fue programada una reunión de seguimiento de los casos.
El presidente del CDHNL, Raymundo Ramos Vázquez, lamenta que Nuevo Laredo sea una zona de guerra desde hace 20 años, donde prevalece la violencia del crimen organizado, las Fuerzas Armadas y las corporaciones estatales al amparo de la impunidad.
Ramos, quien el 25 de marzo pasado subió a sus redes sociales un video para respaldar el trabajo de la ONUDH y de la sociedad civil, advierte que la FGR tiene archivadas 40 averiguaciones previas y carpetas de investigación por distintas atrocidades cometidas por el Ejército y la Marina, así como por las corporaciones policiacas estatales, sin contar con las denuncias de 39 desapariciones forzadas atribuidas a marinos, realizadas entre febrero y mayo de 2018.
“Lo que prevalece es un protocolo de impunidad: no se consignan ni se judicializan los casos; los miembros de las Fuerzas Armadas ya saben que van a ir a declarar, presentan un parte informativo en el que siempre aparecen como víctimas y después los agentes del Ministerio Público, ante una ejecución arbitraria, presionan a los familiares de la víctima para recibir dinero de la Sedena o de la Marina, y una vez que ello ocurre cierran los casos con un no ejercicio de la acción penal”, explica.
El defensor de derechos humanos reprocha el abandono de Encinas, quien se había comprometido, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en diciembre de 2018, a dar seguimiento al esclarecimiento de las desapariciones forzadas atribuibles a la Secretaría de Marina, de las cuales sólo uno de 39 casos se ha judicializado.
Ante la imparable violencia en la ciudad fronteriza, Ramos Vázquez dice que ha solicitado en al menos tres ocasiones a la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, “que declare medidas cautelares para toda la población de Nuevo Laredo”.
“La presidenta de la CNDH no se ha dignado a cumplir su trabajo, que es emitir medidas cautelares, pese a que ha habido persecuciones y balaceras en centros comerciales, hospitales y escuelas, en las que han muerto civiles, entre ellos embarazadas y niños.
“Las Fuerzas Armadas, la autoridad local y los criminales han convertido a Nuevo Laredo en un escenario permanente de guerra, una situación que tendría que ser abordada en el Gabinete de Seguridad Nacional, impulsada por la presidenta de la CNDH y el subsecretario Encinas”, denuncia Raymundo Ramos.
