Con base en la información proporcionada por familiares de víctimas y organizaciones civiles, el Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU cuestionará a los gobiernos de México y de Morelos por las fosas clandestinas creadas por la administración de Graco Ramírez y las omisiones del gobierno del exfutbolista Cuauhtémoc Blanco, que no ha avanzado en la identificación de decenas de cuerpos.
CUERNAVACA, Mor.– El Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas o Involuntarias, del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH), cuestionará al Estado mexicano por las fosas clandestinas de Tetelcingo y Jojutla y por la inacción de las autoridades, que se ha convertido en reiteradas violaciones a los derechos humanos de las víctimas.
De acuerdo con organizaciones civiles, el gobierno de Morelos, ahora encabezado por el exfutbolista Cuauhtémoc Blanco, “ha sido actor y cómplice de una doble desaparición de personas”.
Siete años después de que el gobierno de Graco Ramírez inhumara ilegalmente casi 200 cuerpos en Tetelcingo y Jojutla, varias ONG y colectivos de víctimas consiguieron que el caso sea revisado por el ACNUDH, que afina un borrador con el cual se realizará un “llamamiento urgente” al Estado mexicano para que resuelva la trágica situación.
La comunicación que sirvió de base al grupo de trabajo fue firmada por las organizaciones IDHEAS Litigio Estratégico y la Federación Internacional de Derechos Humanos, por el Colectivo de Búsqueda de Familiares Regresando a Casa Morelos, por el abogado Santiago Corcuera, la activista Ina Zoon y por Angélica Rodríguez Monroy y Edith Hernández Torres, familiares de víctimas.
En el documento –del cual Proceso posee copia– los afectados denunciaron que el gobierno de Morelos, tanto el de la época de Graco Ramírez como el actual, y la Fiscalía General del Estado de Morelos han incurrido en la “doble desaparición” de las víctimas: la primera se cometió cuando la autoridad inhumó ilegalmente los cuerpos sin identificar y la segunda, cuando dejaron pasar cinco años sin avances en la revisión de los restos exhumados entre mayo y junio de 2016 en Tetelcingo y por mantener suspendidas desde mayo de 2017 las diligencias en Jojutla.
Los familiares de las víctimas y las organizaciones defensoras de derechos humanos solicitan a la oficina de la ONU que pida a la fiscalía estatal demostrar las acciones para la identificación de los 100 cuerpos recuperados en Tetelcingo, los 93 recuperados en Jojutla y los 500 que están en los Servicios Médicos Forenses de Morelos.
Los denunciantes también requieren que la autoridad dé a conocer el plan de exhumaciones a fin de saber cuántas fosas comunes irregulares hay actualmente en Morelos, dónde están localizadas y cuál ha sido la participación de las autoridades en su operación.
También se exige a la autoridad estatal la construcción de un Centro de Identificación Humana para realizar los peritajes sobre los 700 cuerpos que permanecen en calidad de desconocidos y de los que se recuperarán de las fosas clandestinas. Hasta ahora, oficialmente sólo se sabe de dos cementerios ilegales: los de Tetelcingo y Jojutla. Sin embargo, Proceso dio a conocer cuatro más en 2016 en zonas aledañas a Cuautla.
En entrevista, el director de IDHEAS Litigio Estratégico, Juan Carlos Gutiérrez, explicó que la comunicación enviada ya fue tratada en una sesión del grupo de trabajo de la ONU, se le dio entrada, se acusó de recibido y ahora se ha solicitado un informe a las autoridades mexicanas.
Lo que sigue es que una vez que los gobiernos de México y Morelos respondan se establezca una mesa de trabajo para conseguir que se avance en los puntos que las víctimas están demandando.
El procedimiento, según el abogado, es que el grupo de trabajo informe al embajador de México en la ONU, Juan Ramón de la Fuente, y éste sea el conducto para solicitar la información, vía la Cancillería, a la Unidad de Derechos Humanos de la subsecretaría del ramo en la Secretaría de Gobernación, con Alejandro Encinas, para que solicite la información al gobierno de Morelos y a su fiscalía.
Pese a que suena burocrático, las familias involucradas tienen la esperanza de que esto reactive los trabajos pendientes desde 2016-2017, dice en entrevista Angélica Rodríguez, madre de Viridiana Anaíd Morales, una estudiante de psicología desaparecida en agosto de 2012.
Las fosas de Graco
El 28 de marzo de 2014, tres años después del crimen que dio origen al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, la entonces procuraduría de Morelos, que estaba encabezada por Rodrigo Dorantes Salgado, inhumó ilegalmente más de un centenar de cuerpos en un panteón irregular del poblado de Tetelcingo, al norte de Cuautla.
La situación se hizo pública porque entre los cuerpos se encontraban dos víctimas que sí fueron identificadas por sus familiares.
Una de esas dos víctimas es Oliver Wenceslao Navarrete Hernández, joven tablajero de Cuautla. Su madre, María Hernández, y su tía Amalia se enteraron de que su familiar había sido inhumado “en una fosa común” hasta diciembre de ese mismo año.
Gracias a la filtración de un policía, la familia supo de la situación y exigió la entrega del cuerpo. El responsable de la procuraduría en la zona oriente les pidió que “mejor ya dejaran descansar a su familiar”.
La solicitud de la autoridad desató la ira de la familia, que amenazó con hacer pública la situación. Días después la familia de Oliver presenció una dantesca exhumación de decenas de cuerpos que quedó grabada en diversos videos hasta que por fin les entregaron el cuerpo.
Sin embargo, Amalia Hernández, tía del joven desaparecido, comenzó a recolectar documentos para entender la dimensión de las irregularidades.
En septiembre de 2015, ya con todos los documentos en la mano, iniciaron una denuncia ante la propia procuraduría contra todos los funcionarios involucrados. No contentas, hicieron público su viacrucis.
El gobierno de Ramírez había cavado una fosa ilegal donde había depositado más de un centenar de cuerpos sin identificar.
“El estado tenía sus propias fosas para desaparecer personas. Ya luego, en 2016, pudimos comprobar que las fosas de Graco eran peores que las de los Zetas; los cuerpos habían sido depositados en ese lugar como basura. Los habían basurizado”, recuerda el poeta Javier Sicilia.
Hecha pública la denuncia, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y otras organizaciones obligaron a las autoridades federales a involucrarse en el caso.
Se realizó una mesa de trabajo en la cual la fiscalía estatal informó que “todo estaba en orden”, exhibió algunas carpetas de investigación y dijo que abriría las fosas para comprobarlo, aunque intentó excluir de la acción a los colectivos, quienes designaron a la UAEM como sus representantes técnicos en las diligencias.
El grupo de trabajo –con personal de la fiscalía local, la UAEM, la Policía Federal y la entonces Procuraduría General de la República– abrió en 2016 las fosas y se exhumaron 119 cuerpos.
Pese a que el gobernador Ramírez se había cansado de declarar públicamente que “todo estaba en orden”, en la fosa se encontró una decena de cuerpos sin carpeta de investigación y otro tanto sin necropsia; algunas de las víctimas tenían huellas de tortura e incluso había algunas víctimas que aún tenían las manos atadas a la espalda, entre otras irregularidades.
Entonces se supo que había al menos otra fosa de similares características en Jojutla, donde un acta de cabildo de 2014 había autorizado a la fiscalía la inhumación de 35 cuerpos.
Bajo presión, las autoridades debieron realizar también un proceso de exhumación que dio como resultado la extracción de restos de al menos 93 personas entre marzo y abril de 2017. Sin embargo, las diligencias fueron suspendidas sin que haya concluido la exhumación de todos los restos.
Mientras que en Tetelcingo se obtuvieron perfiles genéticos que han permitido la identificación de casi dos decenas de cuerpos y la entrega de esos restos a sus familias, en Jojutla no se ha conseguido su identificación por “negligencia de las autoridades”, ha denunciado Edith Hernández, cuyo hermano fue secuestrado y luego encontrado en las fosas de Tetelcingo.
Convertida en activa buscadora de restos humanos en Morelos, Edith Hernández dice que las autoridades se han negado a realizar la confronta de los perfiles que obtuvieron con las muestras que tienen la UAEM, la PGR y la Policía Federal.
Fundador de la Red de Derechos Digitales, y quien desde 2018 ha sido regidor independiente de su natal Jojutla, Carlos Brito dijo a Proceso que antes de que se iniciara el confinamiento por la pandemia ya se había obligado a las autoridades a establecer una ruta para reiniciar las diligencias en el panteón de la colonia Pedro Amaro, donde se encuentra la fosa irregular.
Explicó que incluso había un plan para construir un panteón forense en Jojutla para que sirviera a todo el estado. El terreno estaba siendo gestionado por el ayuntamiento.
Sin embargo, la pandemia en 2020 dio “el pretexto perfecto a las autoridades para suspender todo”, dice Angélica Rodríguez, también fundadora del colectivo Regresan a Casa Morelos, una de los firmantes de la comunicación para la ONU.
Lucha sin cuartel
El documento de la ONU, basado en el informe de la relatora especial del Consejo de Derechos Humanos sobre las Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias, Agnès Callamard, denuncia que la fiscalía y el gobierno de Morelos han atentado “contra la prohibición de las desapariciones forzadas, la obligación de investigar las ejecuciones extrajudiciales y el derecho a la verdad”.
Agrega que al no tener información certera del número de cuerpos inhumados en Tetelcingo y Jojutla, violó los derechos humanos de las víctimas, así como sus “derechos póstumos”.
Sobre el retraso en el reinicio de las diligencias en Jojutla, el reporte insiste que “está violando el derecho de cada víctima a una identidad en la muerte”.
También establece que la fiscalía “no ha investigado las circunstancias de las muertes; muchos de los cuerpos hallados no tenían evidencias de necropsias y su tratamiento reforzó la práctica de la basurización” de las personas.
Además, el documento de la ONU pide una investigación independiente “que pueda determinar la participación de funcionarios activos de la fiscalía tanto en las inhumaciones como en las demoras excesivas para la identificación de los hallazgos”.
Estas investigaciones tendrían que alcanzar a la administración de Graco Ramírez (2012-2018), autora de las inhumaciones ilegales, y al actual gobierno de Morelos, porque no ha hecho nada.
Ina Zoon, quien forma parte del Consejo Ciudadano de la Comisión de Búsqueda de Morelos, recordó cómo durante varios meses las familias acudieron a la Plaza de Armas de Cuernavaca a demandar diálogo público para continuar con los procesos de identificación pendientes. Sin embargo, nunca hubo respuesta.
“No podemos esperar más, nos tomó mucho tiempo y trabajo obligar a las autoridades a que abrieran las fosas y los expedientes, que se tomaran los perfiles genéticos como debe ser, como para que ahora simplemente por negligencia, desinterés o complicidad suspendan los trabajos durante tres o cuatro años y no sean capaces de dar la cara.
“Somos víctimas, el estado no hace nada por encontrar a nuestras hijas, esposos, familiares, y, al parecer, sólo obstaculiza nuestra lucha, viola nuestros derechos y mantiene la injusticia. No vamos a parar hasta encontrarlos, hasta que se abran las fosas y se identifique a todas las personas que fueron puestas ahí”, expone Angélica Rodríguez.
