Para los representantes de organizaciones defensoras de migrantes, como el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova y Amnistía Internacional, el discurso humanitario del presidente López Obrador no se refleja en los hechos. En vez de tratarlos como a personas desplazadas de sus lugares de origen, se les criminaliza a fin de deportarlos o, peor aún, dejarlos a merced de la delincuencia organizada. Para esas y otras organizaciones civiles, los recientes asesinatos de migrantes demuestran que el muro militar no detendrá el flujo de personas y, en cambio, seguirá cobrando vidas.
Los asesinatos de centroamericanos ocurridos recientemente en México, uno en Tulum y otro en Chiapas, provocaron que organismos de la sociedad civil acusen de nuevo al Estado mexicano y al gobierno federal de invisibilizar a los migrantes, de no respetar los derechos humanos y de responder a la política de Estados Unidos en la materia.
En entrevista con Proceso, Pedro Faro, del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba,), explica: “Hemos denunciando que no hay una clara política de respeto a los derechos humanos de los migrantes, como discursivamente se dice, desde la imposición de Donald Trump del famoso muro. Aunque el muro real ha sido Chiapas, donde hay más de 4 mil efectivos de la Guardia Nacional, además del Ejército y policía estatal, deteniendo a quien quiera pasar hacia México; y a quienes lo logran los colocan en lugares infrahumanos”.
Desde el punto de vista del Frayba, señala Faro, a las autoridades les falta diseño operativo y estrategia, porque en el afán de controlar que no pase nadie se hacen una serie de acciones como la ejecución extrajudicial que cometió el Ejército contra el guatemalteco Elvin Mazariegos el pasado 29 de marzo.
Agrega: “Vimos que con la pandemia, en los lugares donde trabajamos bajó el tránsito de migrantes. Ahora que se supone hay una baja en la pandemia se está reactivando la entrada de grupos que pretenden cruzar hacia Estados Unidos. En San Cristóbal, un lugar que está muy cerca de todas las comunidades indígenas tzotziles y tzeltales, hay viajes directos a Tijuana y Sonora para que puedan pasar a Estados Unidos. Anuncian públicamente que hay salidas a diario. También entran camiones que enganchan a la gente para llevarla. La autoridad lo sabe y lo permite.
“El sistema no está respondiendo y por lo tanto está generando una crisis que rebasa al Estado mexicano. Entonces su única forma de actuación, desde nuestro punto de vista incorrecta, es la represión. El Ejército, la Guardia Nacional y la Policía Estatal de Chiapas hacen redadas para reprimir a los migrantes y para inhibir su paso a México”.
Sin embargo, esto no se admite oficialmente: “Hay un doble discurso del presidente. Dijo que se respetaría el flujo migratorio, pero lo que se está viendo es un vacío de derechos humanos desde la Presidencia, lo vemos en todos los temas, en el tema de tortura, en el tema de desapariciones, en el tema migratorio”.
Por ello, Faro considera que el flujo de migrantes va a seguir creciendo conforme se vaya controlando la pandemia hasta llegar a una medida similar a la de las caravanas de 2018 y 2019, pues se juntan personas de diferentes países para pasar la frontera. De esa manera intentan protegerse del crimen organizado, “porque entrando a Chiapas empieza el infierno”, señala el activista.
Es más, añade, en Chiapas las autoridades parecen permisivas frente a los criminales que agredan a los migrantes. En las entrevistas con víctimas, éstas mencionas al Cártel de Jalisco Nueva Generación y a las maras, que operan en la frontera, por donde transita el tren conocido como La Bestia.
“Del lado de la selva, el cártel que se maneja es el de Los Zetas. Aunque han ido perdiendo control territorial, se ubican sobre todo en la parte de Benemérito de las Américas y los Altos. Por San Cristóbal, el más visible para los migrantes es el Chamula, que en complicidad con las autoridades comete violaciones, robos, torturas y extorsiones a las familias de los migrantes en el país de origen.
“Más adelante, adentrándose en el país, los enganchan para hacer trabajos del crimen organizado o llevan a las mujeres a centros de prostitución. Hay asesinatos y desaparición forzada. Es allí en donde está la complicidad del Estado. Incluso agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) han sido parte del mismo negocio”, señala el representante de Frayba.
Criminalización y discriminación
Brenda Ochoa Ortiz, directora del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, en Tapachula, apunta:
“Fray Matías y otras organizaciones monitoreamos el despliegue de la Guardia Nacional y de los cuerpos de seguridad por el tema migratorio. Desde hace dos años, con la llegada del presidente López Obrador, vemos que la política aplicada y los discursos son contradictorios. Dice que son operativos de rescate humanitario, mientras pasan cosas lamentables, como estas muertes (de Victoria Salazar y Elvin Mazariegos)”.
Observa que ese trato es de criminalización y no de protección internacional. Los migrantes llegan por un desplazamiento forzado desde sus países y con el discurso oficial eso se vuelve invisible, lo que hace retroceder varios años el respeto a los derechos humanos de esos grupos de personas.
“En marzo –prosigue Faro– hemos estado monitoreando la frontera sur, en el puente Rodolfo Robles. Acompañamos a 12 familias de diversas nacionalidades. La primera vez que llegaron a presentar su solicitud de refugio, en el puente se les rechazó a todas. Tuvieron que regresar y esperar para que nosotros los pudiéramos acompañar en su presentación e ingresaran al territorio presentando una solicitud.”
Señala que el asesinato de dos migrantes por cuerpos de seguridad hace reflexionar que no es un hecho aislado, sino parte de la criminalización hacia los migrantes, mezclada con discriminación y xenofobia muy arraigada.
Define la postura del actual gobierno “como una política de invisibilización de las causas del desplazamiento forzado, de represión, de criminalización y de retención de migrantes y refugiados”.
El Informe de Hallazgos de la Misión de Observación de Derechos Humanos en la frontera sur de México, elaborado por más de una docena de organizaciones civiles, recoge múltiples historias que muestran el uso desproporcionado de la fuerza por las corporaciones mexicanas de seguridad.
En el contexto de los éxodos migratorios recientes, policías y militares utilizaban toletes, balas de gomas, barras metálicas, gases lacrimógenos, escudos antimotines e incluso armas largas. Los resultados: tras las confrontaciones con los cuerpos de seguridad de cada país, los migrantes sufrieron desde crisis nerviosas hasta golpes y lesiones físicas.
Concretamente, el gobierno mexicano desplegó agentes del INM, la Guardia Nacional (GN), el Ejército y la Marina en las orillas del río Suchiate, y difundió diversas fotografías y videos en redes sociales en las que mostraba esa fuerte presencia militar.
En el último año, las organizaciones civiles también documentaron el incremento de redadas y operativos migratorios en espacios públicos y privados de algunos municipios. En el caso de Tapachula, se realizaron redadas en hoteles y otros espacios de alojamiento en el centro de la ciudad; en San Cristóbal de las Casas y otras localidades se observaron situaciones similares.
En todos los corredores de la frontera sur, en retenes y operativos de identificación de personas migrantes, se comprobó la presencia constante de la GN junto a los agentes migratorios.
En respuesta a solicitudes de acceso a la información, la GN reporta 43 puestos de control migratorio en colaboración con el INM, pero es frecuente que también participen en ellos policías estatales, municipales o federales.
Las organizaciones también observaron que algunas autoridades les quitan a las personas los documentos migratorios y los rompen, e incluso que los venden a las redes de tráfico de personas. En Comitán se realizaron operativos de la GN con las autoridades locales de vialidad a fin de identificar vehículos robados y detectar tráfico de drogas y armas, pero terminaron en la revisión de documentos de migrantes.
Asimismo se documentó la detención de personas que ya cuentan con la residencia permanente, pero que por motivos de seguridad no portan los documentos migratorios. Y aunque muestran fotos de sus documentos en sus teléfonos celulares, los detienen. Aún más, la GN comenzó a pedirles sus papeles en circunstancias indebidas, por ejemplo en el transporte público.
En San Cristóbal de las Casas la GN ha incurrido en prácticas discriminatorias hacia la población indígena, pues a partir de perfiles raciales los detiene en la vía pública y les pide comprobar que no son migrantes.
En Comitán, el Hospital General Regional María Ignacia Gandulfo y el Hospital de la Mujer atienden a población guatemalteca cercana a la frontera; sin embargo, a partir de la entrada de la GN, se incrementaron las detenciones de pacientes de esos nosocomios.
En Tapachula se observó que los grupos antipandillas conformados por la Policía Estatal, la Policía Federal y la Marina criminalizan a los jóvenes centroamericanos. Entran a las casas donde viven, los acusan de vender droga, los detienen y los llevan al INM para deportarlos.
Ese tipo de detenciones se interrumpieron con la pandemia pero, de acuerdo con información obtenida por las organizaciones civiles, el 3 de julio varios jóvenes fueron llevados a la fiscalía estatal, mientras extorsionaban a la pareja de uno de ellos: debía pagar para que los pusieran en libertad. Finalmente los policías trasladaron a los detenidos a la estación migratoria. Algunos eran solicitantes de refugio y las organizaciones consiguieron liberarlos.
“No hay voluntad política”
Carolina Jiménez, directora adjunta de Amnistía Internacional (AI) para Investigación en las Américas, también cuestiona las políticas federales:
“El del presidente es un discurso alejado de la realidad. El presidente y otros funcionarios, como el del INM, insisten en que México respeta los derechos humanos de los migrantes y la realidad muestra exactamente lo contrario: sabemos que la GN es una institución de corte militar, y desde que entró vemos un incremento en el uso de personal militar en gestión migratoria y en la custodia de las fronteras, cuando no es competencia de órganos militares, sino de instancias que requieren la protección internacional a personas en situación de vulnerabilidad, como son niñas, niños y familias.
“Creo que la inversión se debió hacer en capacitación y en contratación de más personal del INM o de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, que son organismos que deberían tener una fuerte presencia. Nunca sucedió, por eso las fuerzas de seguridad se designaron para la atención migratoria. Yo agregaría que hay un gran divorcio entre la retórica y la realidad, no vemos el cambio prometido. El del presidente fue un discurso muy distinto durante la campaña, acerca de una política migratoria más humana.”
Para la representante de AI, la fórmula de detención-deportación inmediata no ha cambiado, lo que preocupa dado que se sigue deteniendo a personas en situación de movilidad en centros migratorios que carecen de las características mínimas para aplicar protocolos sanitarios contra el covid-19.
Lamentablemente, abunda Jiménez, el tema de la migración tiende a invisibilizarse con facilidad y por lo tanto para un gobierno las personas migrantes son prescindibles, ya que sólo las organizaciones civiles claman para que se atienda esa problemática. No obstante, México ha sido aliado de los organismos internacionales de derechos humanos en foros internacionales sobre temas migratorios porque quiere ver mejor protegidos a sus ciudadanos en el exterior.
“Es una hipocresía grandísima; tienes al gobierno mexicano en las Naciones Unidas impulsando el pacto mundial por los refugiados y por la migración, cuando dentro de su territorio no cumple con ese discurso y es represor, porque no puede descargarse la presión que ejerce Estados Unidos y porque creo que son gobiernos que piensan que no pierden capital político ignorando a los migrantes.”
Las organizaciones civiles de México están vigilando constantemente esas violaciones a los derechos humanos, pero no siempre tienen el eco social necesario: “El gobierno sólo reacciona cuando hay grandes tragedias y masacres, como la de Camargo, o tienen los problemas actuales en la frontera sur, donde hay personas esperando entrar a Estados Unidos. Sólo cuando se dan estos temas, de mucho interés mediático, el gobierno se dice defensor de los derechos humanos, cuando en la realidad hay desinterés.
“También está la queja de que militares, marinos y policías se coluden con el crimen organizado en contra de los migrantes. Es una historia que no cambia, una de las cosas que vimos con la reciente masacre de Camargo. Es espeluznante… En muchísimos países se violan los derechos humanos de los migrantes, pero ¿masacres? Estamos hablando de otro nivel de violencia y esto tiene historia: las fosas de San Fernando 1, San Fernando 2, Cadereyta y ahora Camargo, cuando uno creería que esto de las masacres contra migrantes era cosa del pasado.
“La masacre de Camargo no se puede aislar como una cosa exclusivamente de Tamaulipas. Hay una historia de masacres previas. Una organización (la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho) tuvo que demandar al Estado mexicano para que la Fiscalía General de la República atrajera el caso, porque ni siquiera analizaron que merecía ser atraído, hasta que los obligó un juez.”
En estos hechos una de las primeras informaciones que se difundió fue que estaba involucrado un vehículo del INM. “Lo mínimo que quiere saber la autoridad es qué está pasando en esa localidad, por qué el mismo personal del INM está involucrado”, indica la representante de AI.
Y concluye: “No creo que se haya analizado el rol del INM en las violaciones de derechos humanos que se cometen en México contra personas en movilidad, ni vemos que haya ninguna apuesta a la depuración de ese instituto, porque por años ha sido acusado de ser parte del problema. No hay una voluntad política para el cambio necesario”.
