La causa del asesinato de la inmigrante salvadoreña Victoria Esperanza Salazar a manos de policías municipales de Tulum, dicen especialistas en seguridad, fue la “barbarie” resultante de la falta de humanidad y la incapacidad de los agentes para aplicar los protocolos correspondientes, copiados del modelo estadunidense en la ley nacional.
TULUM, QR.- Cerca de las 19:00 horas del 27 de marzo, en la esquina de La Selva y Faisán, de la colonia Tumbenkán en esta ciudad, se cruzaron los destinos de la inmigrante salvadoreña Victoria Esperanza Salazar Arriaza y de la policía municipal Verónica V., quien, carente de formación profesional, mató a la primera al someterla de la única manera que supo: mediante la fuerza bruta.
Originaria de Sonsonate, El Salvador, cuna de sanguinarias pandillas como la Mara Salvatrucha, MS-13 y Barrio 18, Victoria, quien al fallecer tenía 36 años, huyó de la miseria y la violencia en su país en 2016 junto con sus dos hijas, F y E, actualmente de 17 y 15 años. Llegaron a Quintana Roo en 2018, al parecer desde Tapachula, como parte de un programa de acogida temporal por razones humanitarias que le permitió vivir y trabajar legalmente en la entidad.
Victoria formó pareja con el tabasqueño Héctor H., de 35 años, con quien vivía en extrema pobreza en el asentamiento irregular 2 de Octubre, en un ambiente de hacinamiento y violencia doméstica con sus dos hijas y cuatro hijastros. El 6 de marzo, en respuesta a un reporte de su concubino, la policía detuvo por primera vez a Victoria y la presentó ante el juez civil por una falta administrativa. Había bebido de más. Pero cuando los agentes se la llevaban suplicó a gritos que no dejaran sola a una de sus hijas con el padrastro porque ya la había violado. La otra había escapado del hogar. Por eso el DIF acudió por la menor en peligro y la mantuvo bajo resguardo hasta después de la muerte de la madre, en espera de la llegada de sus familiares.
El 31 de marzo, cuando dio a conocer que Héctor había sido detenido el día anterior, la Fiscalía General del Estado (FGE) reconoció que el jurídico del DIF de Tulum –después de verificar mediante entrevistas y estudios que la menor era una víctima– denunció el 11 de marzo el abuso sexual a que fue sometida, aunque la investigación fue lenta debido a que Victoria no pudo presentarse a ratificar la denuncia, como legalmente procedía.
La institución emitió una alerta ámber para localizar a la otra hija de Victoria, quien horas más tarde salió de su escondite y acudió a las instalaciones del Ministerio Público en Playa del Carmen, municipio de Solidaridad, donde aún permanecía el cuerpo de su madre en la morgue sin ser formalmente identificado.
Fue F, la joven que escapó, quien al difundirse en las redes sociales los videos de la muerte de Victoria contactó a través de una cuenta falsa al periodista Pedro Canché, director del sitio pedrocanchenoticias, para identificar a la mujer fallecida como su madre. Como señas particulares refirió sus tatuajes. También le dijo que estaba enferma del corazón y padecía ataques de ansiedad. Al reaparecer en la FGE, donde se topó con Canché, la chica pidió al comunicador que le hiciera saber al presidente de su país, Nayib Armando Bukele, que ella no desea volver a El Salvador.
En el lapso entre su primera detención y su muerte, Victoria abandonó a Héctor. Hasta el cierre de esta edición no se sabía dónde estuvo ni de dónde venía cuando entró al Oxxo; tampoco la causa de su errático comportamiento que, sin que ella agrediera a nadie, derivó en su detención y asesinato a manos de policías municipales. Una maniobra de sometimiento mal aplicada le produjo fractura de las vértebras de la base del cráneo. Los videos fueron ampliamente difundidos en las redes sociales y noticieros.
“Fue el Estado”
Lo que se ve en ese material audiovisual, dice el consultor internacional en materia de armas y seguridad Daniel Gómez Tagle, es “un acto totalmente fuera de proporción. Los policías no cumplen ni un solo parámetro de lo que es la Ley Nacional del Uso de la Fuerza ni el recién aprobado protocolo del 26 de enero que se publicó en el Diario Oficial de la Federación. No puede definirse sino como una barbarie lo que están haciendo con Victoria Salazar. No hay un principio ético”.
El especialista, quien en los últimos cinco años se ha dedicado a investigar las deficiencias legales en materia de uso de la fuerza y derechos humanos, enfocado en la elaboración de mecanismos de control, considera que el grupo de policías implicados en el caso de Victoria incurrió en “una falta de humanidad incomprensible”, y sin mencionarla alude a Verónica, la agente que la privó de la vida: “Más allá de que sea un policía, esa persona tiene evidentemente problemas con la sociedad que le rodea y se agrava con el hecho de que traía uniforme; su función es proteger a la ciudadanía”.
Al respecto, Canché descubrió que, en efecto, Verónica y Victoria eran vecinas en el mismo cinturón de miseria. Escasos 50 metros las separaban, aunque se conocieron hasta el fatídico día. La agente vivía con su hija y tres nietos en un diminuto cuarto que le prestaron a cambio de cuidar que no fuera invadido.
Gómez Tagle también concluye que los otros policías implicados, quienes no intervinieron para detener la peligrosa situación pese a que había testigos grabando, mueve a pensar que están acostumbrados a ese nivel de violencia y que éste es normal para ellos, lo cual “es gravísimo”.
También destaca que dejarle a Verónica la tarea de someter a Victoria porque ambas eran mujeres es una errónea interpretación del principio de proporcionalidad, ya que ésta “no se da en cuestión de género, sino en la actuación policial”.
Y puntualiza que el asesinato de Victoria no es feminicidio, sino abuso policial institucional, que –advierte– “va a seguir pasando en tanto no abordemos que, como en Quintana Roo, Tijuana, Jalisco, Chihuahua… el culpable es un policía, eso es innegable, pero el responsable es el Estado, que capacita y equipa a ese policía”.
Añade: “Si hay que ser breve y contundente, falló el Estado. El Estado publica en el Diario Oficial un protocolo tan mal redactado y tan mal hecho que en lugar de decir ‘medios menos lesivos’ dice ‘medios menos lascivos’. Ni siquiera leen los documentos, mucho menos los estudian. Así de grave es. No sabe el Estado ni lo que está promulgando”.
Para Renato Sales Heredia, excomisionado Nacional de Seguridad, lo ocurrido en Tulum es un fallo generalizado, consecuencia de la falta de capacitación y profesionalización de la policía. Resalta la necesidad de que los cuerpos de seguridad pública reciban capacitación práctica para el uso de protocolos. “Está muy bien que haya protocolos, pero si sólo hay teoría y no la capacitación para instrumentarlos en los hechos, de poco sirven”.
En su opinión, para tener una policía “profesional, respetada y respetable”, “la formación policial tendría que vincularse con lo que siempre hemos dicho: ser policía es una vocación, a la vocación debe acompañarla la creación de una profesión; tendría que estar registrada en la Dirección General de Profesiones y tener cédula profesional”.
Gómez Tagle coincide en esto, pero advierte que una reforma policial llevaría hasta tres décadas y en la agenda política ni siquiera se vislumbra nada semejante.
El modelo estadunidense
Para Gómez Tagle, el caso de Victoria “tiene mucho que ver con el modelo de uso de fuerza americano”, que México importó en la respectiva ley. Y recuerda que en Estados Unidos este modelo costó la vida al afroamericano George Floyd en Mineápolis en mayo de 2020, pero el uso excesivo de fuerza se replicó en los casos de Oliver López, en Tijuana; de Giovanni López, en Ixtlahuacán, Jalisco, y de Leopoldo Soto, en Chihuahua.
“Murieron por asfixia con técnicas de control americanas que importamos. Pero no es problema exclusivo de México, también en Guatemala el 28 de febrero murió Luis Solórzano y los videos en todos los casos son prácticamente idénticos a los de Victoria… Para mí, el problema es que el modelo de uso de fuerza americano aplicado fuera de Estados Unidos es extremadamente perjudicial.”
Por lo pronto, advierte, “si los policías no conocen en carne propia los derechos humanos, no van a garantizar nunca los derechos humanos… Por más que se los enseñes, si no viven los derechos humanos vamos a seguir en este círculo vicioso en el que seguiremos teniendo muertos, tanto ciudadanos como los que están detrás del uniforme”.
La policía quintanarroense, que desde hace dos años opera con el sistema de mando único, estaba en escrutinio público desde que el 9 de noviembre pasado agentes adscritos al municipio de Benito Juárez disolvieron en Cancún, a balazos, una protesta feminista contra los feminicidios. Dos reporteras resultaron heridas de bala.
A consecuencia de eso, 11 elementos están presos y esperan ser juzgados, varios mandos fueron cesados y Alberto Capella, secretario de Seguridad Pública, fue suspendido del cargo por el gobernador Carlos Joaquín González para facilitar la investigación. Funge como encargado de despacho Lucio Hernández Gutiérrez.
Y ahora, en medio de la presión internacional, los policías de Tulum Juan C., Miguel C., Raúl L. y Verónica V. fueron detenidos por la FGE el 29 de marzo y presentados al día siguiente ante un juez de control por el probable delito de feminicidio en agravio de Victoria Esperanza.
“Fue brutalmente tratada y asesinada. Es un hecho que nos llena de pena, dolor y vergüenza”, lamentó el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia mañanera, horas antes de la detención de los policías municipales, y garantizó a los familiares de la víctima, “a las mujeres salvadoreñas, mexicanas y al mundo” que esa muerte no quedará impune.
