La iniciativa de ley de la Fiscalía General de la República –que elimina “de un plumazo” derechos ganados por familiares de víctimas–, no sólo ha provocado el enojo de organizaciones civiles de derechos humanos que se dicen traicionadas por la 4T, sino la inconformidad de altos funcionarios de la Secretaría de Gobernación. De hecho, esta iniciativa marca el más reciente de los desencuentros entre esta dependencia y la FGR, cuyas “diferencias institucionales” son relatadas a Proceso por Karla Quintana, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda.
Consultora técnica del Colectivo vs la Impunidemia, dedicada al estudio a fondo de la operación de las fiscalías en el mundo para diseñar un modelo en México, Susana Camacho García no duda en admitir que ella, al igual que otros expertos y organizaciones civiles, se sienten “muy traicionados” por el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, Morena, cuya mayoría en el Senado pretende echar por la borda la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (LOFGR) para imponer una iniciativa presentada por Ricardo Monreal que “regresa a la fiscalía a los años setenta, a la vieja Procuraduría General de la República”.
La inconformidad alcanza a la Secretaría de Gobernación, que también se opone a los cambios impulsados por la mayoría oficialista.
Camacho García recuerda que “algunas organizaciones ya veníamos trabajando el tema de la autonomía de la fiscalía, por lo menos desde hace tres legislaturas, tiempo en que se formó #FiscalíaQueSirva, y empezamos a trabajar en una reforma al artículo 102 constitucional y en una ley orgánica. Cuando ganó Morena (en 2018) hubo acercamientos con actores clave que nos dijeron: ‘Vamos a sentarnos a ver cómo lo sacamos’… y les creímos”, confía Camacho García en entrevista.
La experta destaca que durante cinco meses las organizaciones civiles y colectivos de familiares de víctimas trabajaron la LOFGR vigente, de la mano de personajes como Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, la exdiputada y actual secretaria de Economía, Tatiana Clouthier; Julio Menchaca, presidente de la Comisión de Justicia del Senado; Rocío Barrera, ahora diputada federal, así como los entonces senadores Mario Delgado y Zoé Robledo, además de que se contó con la participación de académicos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, “para tener un producto muy bueno, con la promesa de que incluso después íbamos a poder hacer la reforma constitucional, ¿y cuál? Ni reforma constitucional y la ley la están echando para atrás”.
Responsable del Balance ciudadano del 2º año de gestión del fiscal general de la República. Deudas pendientes con la justicia, auspiciado por el Colectivo vs la Impunidemia, Camacho García resalta que la ley de la FGR presentada por Monreal en noviembre del año pasado abroga una ley que no ha sido acatada por Alejandro Gertz Manero, “con la complicidad del Senado, que ha sido omiso para materializar mecanismos de control, como el Consejo Ciudadano de la FGR, que debe aprobar el Plan de Persecución Penal, y hasta ahora no ha nombrado”, en tanto que el fiscal no ha presentado su informe anual ni el reporte del proceso de transición de PGR a FGR.
“Deshacerse de las víctimas”
La iniciativa revela la intención de “deshacerse de las víctimas, bajo el enfoque de Gertz de que la FGR sólo atiende delitos que dañan al Estado no a personas de carne y hueso”. Elimina así “de un plumazo” derechos ganados por colectivos de familiares de víctimas de desaparición, de feminicidio, de trata de personas, de defensores de derechos humanos y periodistas, “que desde los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto se organizaron, pelearon y ganaron derechos”, destaca la activista.
De la revisión de la iniciativa –aprobada por las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos el lunes 8–, el Colectivo vs la Impunidemia identifica al menos 42 artículos que marcarían un franco retroceso en el sistema de procuración de justicia, aunado a que impactaría en al menos 60 leyes, entre ellas la Ley General de Desaparición Forzada, Desaparición por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda, y de la Ley de Prevención, Atención y Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres; en tanto que implica la salida de la FGR del Sistema Nacional de Búsqueda, del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, del Mecanismo de Apoyo Exterior Mexicano de Búsqueda e Investigación y del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.
De acuerdo con el análisis, en la iniciativa se advierte que la autonomía es concebida para “eximir a la Fiscalía de su obligación con otras instituciones”; faculta a la FGR para clasificar o negar información pública, más allá de lo estipulado por la Ley General de Transparencia y los tratados internacionales; refuerza la autoridad jerárquica del fiscal general; elimina la posibilidad de colaboración de expertos independientes, nacionales e internacionales; deja a discrecionalidad del fiscal general los nombramientos de titulares de fiscalías de Combate a la Corrupción y de Delitos Electorales; perpetúa el “esquema de investigación a partir de hechos aislados en lugar de asumir un enfoque de fenómenos criminales”; elimina el Centro de Formación y Servicio Profesional de Carrera…
Como temas de preocupación el colectivo advierte que la iniciativa reinstala la estructura tradicional y burocrática de la PGR, siendo regresiva la reinstalación de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, que en la ley vigente fue desaparecida al considerarse que “no ha contribuido a disminuir los niveles de impunidad”, en tanto que en materia de víctimas, carece de regulación sobre “procurar la reparación del daño de las víctimas; adoptar medidas de protección a favor de las víctimas, testigos u otros sujetos procesales; coordinar con víctimas, representantes y organizaciones de la sociedad civil la generación de planes de investigación y diligencias; informar de forma permanente sobre la situación de procedimientos penales; dar acceso a los expedientes y entregar copias de éstos; garantizar la posibilidad de presentar peritajes independientes, aplicar enfoque diferencial; proporcionar traductor e intérprete; solicitar la atracción de investigaciones locales, entre otros”.
La autoexclusión de la FGR
Leopoldo Maldonado Gutiérrez, director regional de Artículo 19, organización que también forma parte del Colectivo vs la Impunidemia, agrega que la autoexclusión de la FGR como parte de la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, se registró desde la llegada de Gertz Manero, en enero de 2019.
Con 17 periodistas asesinados durante los dos primeros años de gobierno de López Obrador, de acuerdo con los reportes de Artículo 19, el defensor cuenta que “bajo esta interpretación de la autonomía, que más bien es una interpretación sesgada y que busca aislar a la fiscalía de cualquier espacio de participación, se afectó la dinámica de la Junta de Gobierno del Mecanismo como máximo órgano que tomaba las decisiones en términos de las medidas de protección de periodistas y defensores”.
Así, la representación de la FGR dejó de participar en la aprobación de medidas que también son votadas por representantes de las secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores, Seguridad Pública y Participación Ciudadana y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y cuatro integrantes del Consejo Ciudadano.
Maldonado considera que hay un “desorden legislativo”, pues mientras “está congelada” una reforma a la Ley del Mecanismo promovida por las diputadas Rocío Badillo y Martha Tagle, de Morena y Movimiento Ciudadano, respectivamente, “que busca mejorar el funcionamiento del Mecanismo”, por otro lado se aprobó la extinción de 79 fideicomisos, entre ellos el del Mecanismo.
Con esos antecedentes, “evidentemente la agenda que tiene prioridad para la mayoría legislativa, es la del desmantelamiento del Mecanismo, no la de reconstrucción o mejoramiento”. Y ofrece dos pruebas de ello: “Desaparece el Fideicomiso del Mecanismo y desaparece la participación de FGR en la Junta de Gobierno, que tiene que ver con las medidas de protección, pero también, idealmente procuraba que se coordinara en términos de entidad investigadora con otras instancias de gobierno para garantizar la seguridad de las víctimas, en este caso víctimas periodistas que fueran denunciantes”.
Para el defensor, la iniciativa impulsada por Gertz y Monreal “viene a dar al traste con esa intención de construir una mejor fiscalía en un contexto de graves violaciones a derechos humanos, que se siguen cometiendo a pesar que el discurso oficial lo niegue”.
Desencuentros
De parte del gobierno federal, la iniciativa de Ley de la FGR ha sido confrontada por el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, y la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), Karla Quintana Osuna
Con de más de 84 mil personas desaparecidas, Quintana alerta que el deslinde de la FGR del Sistema Nacional de Búsqueda (SNB) y la regresión del modelo de procuración de justicia que representa la iniciativa de ley de la fiscalía, “perpetúa la impunidad que alcanza 98% en el país”.
Cuenta que los primeros desencuentros entre la CNB y la FGR empezaron en 2019, cuando se inició la coordinación institucional e internacional para la formación del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF), aunque al final “sí jaló la FGR, con muchos peros”.
Quintana admite que hubo un segundo momento en que la CNB y la FGR tuvieron diferencias: cuando se sometió a análisis el Protocolo Homologado de Búsqueda de Personas, construido con la participación de colectivos y de comisiones estatales de derechos humanos, a través de foros regionales de discusión, que fue puesto a consideración de la FGR una vez terminado de diseñar, “como a un actor más dentro del SNB”.
Entre las observaciones que la FGR presentó a la comisionada y que acentuaron las diferencias institucionales, y que la dependencia encabezada por Gertz Manero dejó por escrito, es la siguiente:
“Es necesario replantear el concepto del derecho de toda persona a ser buscada en tanto que una persona desaparecida no puede exigir un derecho del que no puede disponer por no gozar de su libertad y por tanto no tener el acceso a una autoridad que impulse su búsqueda, en todo caso se debe ajustar este interés de proteger los derechos de los familiares o víctimas indirectas.”
El anterior posicionamiento va contra la exigencia de miles de familiares de personas desaparecidas para que sus parientes sean buscados por las distintas instancias de gobierno de forma coordinada.
La comisionada destaca que la negativa de la FGR a formar parte del SNB se evidenció con la abstención a votar el Protocolo Homologado durante el verano de 2020, posición a la que se sumó la Conferencia Nacional de Procuradores.
De aprobarse la Ley de la FGR, se consolidaría la posición que se ha mantenido “en las cúpulas” de abstenerse de participar en el SNB.
“La actitud es que no quieren dar información porque tienen muy poca, porque no investigan, porque las investigaciones las hacen las familias, es decir, ni pichan ni cachan ni dejan batear”, destaca.
Coincide con otros defensores en que la iniciativa impulsada por Monreal y Gertz Manero representa una regresión al sistema de procuración de justicia, por lo que reprocha que “nos están haciendo defender lo ganado por las familias y de manera particular de las mujeres, cuando en realidad lo que deberíamos estar discutiendo es si la fiscalía funciona o no”.
La funcionaria destaca que “no es normal que en un país haya una CNB o un MEIF, lo construyeron las familias porque el sistema de procuración de justicia nunca buscó a los desaparecidos, no se pueden realizar las búsquedas sin la participación de las fiscalías, pero si por algo subsiste esa cifra de personas sin localizar es porque hubo una serie de negligencias de las autoridades desde el principio, no se pidieron sábanas de llamadas, no se realizó la geolocalización ni una serie de diligencias que eran fundamentales en las primeras horas”.
Ante la intención de que la FGR se deslinde del SNB y de otros mecanismos para procurar derechos humanos, Quintana cuestiona: “¿Quién se beneficia de que un sistema permanezca así y quién tiene que estar de acuerdo como Estado para que esto pase? ¿A quién le beneficia que las cosas vayan para atrás y no para adelante?
“Lo que está de por medio es la búsqueda de personas desaparecidas; alguien se está beneficiando por pasar la reforma como viene y alguien se está beneficiando por no querer sentarnos a la mesa a discutir un verdadero sistema integral de justicia y eso le impacta directamente a todas las víctimas de violaciones a derechos humano, no sólo a los desaparecidos”, concluye.
