Las denuncias contra Cuauhtémoc Gutiérrez que siguieron a la revelación, en 2014, de la red de prostitución que tenía en el PRI de la Ciudad de México, provocaron su salida formal del cargo, pero no le quitaron poder: a través de allegados y familiares ha mantenido el control de la estructura del partido en la capital. De hecho, poco antes de que se reabriera el expediente en su contra por trata de personas y asociación delictuosa, alcanzó a definir candidatos locales del PRI que competirán en las elecciones del próximo 6 de junio.
Prófugo de la justicia desde el pasado martes 2, el exlíder del PRI en la capital del país Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre mantiene el control de ese partido con la colaboración incondicional de su presidente actual, Israel Betanzos Cortés, y del coordinador de los diputados locales del tricolor, Armando Tonatiuh González Case, que están a su servicio desde hace dos décadas.
El dirigente de los pepenadores impone a sus familiares y allegados como líderes sectoriales y responsables de la estructura partidista, incluyendo una mayoría holgada de los asientos en la Comisión de Política Permanente del Consejo Político del PRI, que define las reglas de sus procesos internos y, por consiguiente, las candidaturas a cargos de elección popular.
A pesar de la orden de aprehensión que un juez penal libró en su contra por los delitos de trata de personas y asociación delictuosa, los incondicionales de Gutiérrez de la Torre se perfilan como los candidatos de la alianza PAN-PRD-PRI en la capital del país, ya que controla la Comisión de Procesos Internos de la Ciudad de México a través de Miguel Alemán Vázquez, quien además de estar a su servicio cobra como asesor de la también prófuga Sandra Vaca en el Congreso de la Ciudad de México.
El 2 de abril de 2014, una investigación periodística de Carmen Aristegui y Noticias MVS reveló la existencia de una red de prostitución que le prestaba servicios sexuales a Gutiérrez de la Torre en las oficinas del entonces PRI-DF, bajo la dirección de su entonces secretaria particular y hoy diputada local Sandra Esther Vaca Cortés.
Sin embargo, estos señalamientos no mermaron su control sobre el partido, a pesar de que fue obligado a dejar la dirigencia. Por el contrario, actualmente Gutiérrez de la Torre es el líder de facto del PRI en la Ciudad de México y no existe ningún grupo que le pueda disputar ese poder.
Su rival más acérrima, la exsenadora y expresidenta del PRI nacional María de los Ángeles Moreno, murió el 27 de abril de 2019, dejando el camino libre al llamado Príncipe de la Basura, apodo que le molesta y le parece discriminatorio, aunque la recuperación de desechos siempre ha sido la fuente principal de su poder político y económico.
En el actual proceso electoral, ese control casi absoluto del PRI local le permitió a Gutiérrez de la Torre acaparar las escasas candidaturas que le corresponden al tricolor en las próximas elecciones locales y federales, en las que ese partido irá aliado con el PAN y el PRD.
El anuncio realizado hace seis meses por la fiscal capitalina, Ernestina Godoy, de que se iba a reabrir la investigación judicial sobre la red de prostitución que operaba al servicio de Gutiérrez de la Torre, tampoco lo frenó.
Sin oposición del presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, y con el silencio cómplice de los dirigentes del PAN, Marko Cortés, y del PRD, Jesús Zambrano, el grupo caciquil de Gutiérrez de la Torre impuso a la principal reclutadora de la red de prostitución, Vaca Cortés, como candidata a diputada federal por el Distrito 8 del INE, el cual abarca cuatro secciones electorales de las alcaldías Cuauhtémoc y Venustiano Carranza.
Hasta el cierre de esta edición, y a pesar de contar con una orden de aprehensión en su contra, la exsecretaria particular del “líder Cuauhtémoc” mantenía su candidatura. Vaca Cortés funge como diputada local del PRI, cargo al que llegó gracias a una diputada “juanita” de su partido, Edna Mariana Gutiérrez Rodríguez, presuntamente familiar de Gutiérrez de la Torre, quien pidió licencia a su cargo “por así convenir a sus intereses” el 18 de septiembre de 2018.
Además, familiares de Gutiérrez, Betanzos y González Case figuran como precandidatos o candidatos a las alcaldías y las concejalías de las 16 demarcaciones territoriales que integran la Ciudad de México, lo que ha provocado múltiples renuncias a ese partido en los últimos años.
Sólo después de las elecciones de 2018, dos diputados locales del PRI, Leonor Gómez Otegui y Guillermo Lerdo de Tejada, prefirieron tomar distancia de Gutiérrez de la Torre y renunciar al partido; la primera para sumarse al proyecto de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y el segundo para declararse legislador sin partido, dejando a la fracción parlamentaria del tricolor en el Congreso capitalino con sólo cuatro integrantes.
Asunto de familia
Gutiérrez de la Torre es uno de los 45 hijos que tuvo el extinto líder de los pepenadores Rafael Gutiérrez Moreno. Su madre es Guillermina Carlota de la Torre Malváez, una de las 20 parejas que el cacique de la basura conquistó, aprovechando su fortuna, en los tiraderos de Santa Catarina. Algunas de sus “parejas” no tenían opción, era imposible decirle que no al dirigente de los pepenadores.
Esa cifra es producto de una investigación realizada por la periodista Ana Cecilia Treviño, con actas de nacimiento en mano, tras el asesinato de Gutiérrez Moreno, perpetrado el 19 de marzo de 1987 y del cual se acusó a la última de sus esposas, Martha Alicia García González, hija de pepenadores y a quien el cacique conoció desde que ella tenía 13 años (Basura de Oro, Plaza y Valdés, 1990).
Cuauhtémoc Gutiérrez es el cuarto vástago de la familia. Lo preceden sus hermanos Norma, Raúl y Sergio, mientras que Jorge, Rafael, Guadalupe y Christopher son los menores. De los ocho, sólo Norma y Cuauhtémoc optaron por seguir en la política. El resto de la familia se concentró en la Unión de Pepenadores y en la planta de reciclaje que opera la familia en los terrenos que ocupaba el desaparecido basurero de Santa Catarina.
Tras el asesinato de Gutiérrez Moreno, Guillermina de la Torre heredó el negocio de la basura y el liderazgo de los pepenadores, lo que aprovechó para ser candidata del PRI en diversas ocasiones.
En 2015, tras las revelaciones periodísticas que evidenciaron a su hijo Cuauhtémoc por la red de prostitución y sin que concluyera la investigación judicial por este caso, Guillermina de la Torre fue nombrada candidata a diputada federal por el PRI por el principio de representación plurinominal, aunque no logró los votos suficientes para llegar a San Lázaro.
En 2003, Guillermina de la Torre también fracasó como candidata de una alianza entre el PVEM y el PRI para ser jefa delegacional en Iztapalapa, alcaldía en la que su familia conserva un coto de poder, debido a los terrenos que las autoridades capitalinas entregaron a los pepenadores en la colonia Renovación para construir sus viviendas.
Norma, la hermana mayor de Cuauhtémoc, fue diputada local plurinominal del PRI en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal entre 2003 y 2006, además de fallar en otro intento de la familia Gutiérrez de la Torre para gobernar Iztapalapa en las elecciones de 2009. Perdió frente al entonces perredista Víctor Hugo Círigo.
Pero el puntero de la familia en la política (y en los escándalos) es Cuauhtémoc. El priista ha dado múltiples entrevistas en las que presume haber ingresado a la política a los 14 años, sumándose a las filas del tricolor, partido en el que ha fungido como presidente del Frente Juvenil Revolucionario, secretario general del Movimiento Territorial y consejero político.
Trata de personas
Licenciado en derecho por la Universidad Iberoamericana, el exlíder del PRI capitalino fue diputado federal suplente entre 1991 y 1994 y diputado local de 1994 a 1997, cargo que repitió de 2000 a 2003, ambas ocasiones por el principio de representación proporcional.
En 2003 protagonizó una riña con otros integrantes de su partido tras perder las elecciones internas por la dirigencia del PRI capitalino frente a María de los Ángeles Moreno, la última priista que fue capaz de hacerle frente. En esa fecha aparecieron en el diario Reforma las primeras acusaciones en su contra por la contratación de edecanes para acompañarlo a “fiestas privadas”.
Su defensa tras la primera publicación que lo involucraba de manera velada con la trata de personas, fue que había sido fotografiado con una “novia” en un evento privado. Además, alegó que era víctima de discriminación por sus orígenes familiares y padecer obesidad, argumento que repite cada vez que salen nuevas imputaciones sexuales contra él.
En 2009 fue inscrito por el PRI como candidato suplente a una diputación federal, de nuevo por el principio de representación proporcional; es decir que no compitió de forma directa por su lugar. La candidata titular, Fuensanta Patricia Jiménez Case, familiar de Tonatiuh González Case, pidió licencia definitiva un mes después de tomar posesión, dejando la curul en manos de Gutiérrez de la Torre por el resto de la legislatura.
Una acusación por despido injustificado y acoso sexual que tres mujeres presentaron contra Gutiérrez de la Torre en 2003 obligó al PRI a pagar una indemnización por 1 millón de pesos en 2011. El laudo laboral se mantuvo oculto hasta mayo de 2014, cuando el escándalo de la red de prostitución en el PRI capitalino volvió a pesar contra el político priista.
En 2012, finalmente Gutiérrez de la Torre logró ganar las elecciones internas del PRI para ocupar la dirigencia de su partido en la capital del país, pero no pudo concluir el cargo para cumplir con su sueño de ser jefe de gobierno: la investigación presentada en abril de 2014 por el equipo de investigación de Aristegui Noticias acabó con su reputación y sus aspiraciones de gobernar la Ciudad de México.
Esa investigación periodística, elaborada con testimonios de cuatro mujeres y la infiltración de una reportera en las oficinas del entonces PRI-DF, demostró que tres funcionarias de ese partido, dirigidas por Sandra Vaca –entonces secretaria particular de Gutiérrez de la Torre–, reclutaban con engaños a mujeres en situación vulnerable para ofrecerles trabajo como secretarias, auxiliares administrativas, recepcionistas y edecanes en el PRI-DF.
Cuando asistían a la cita de trabajo en la sede local del partido y entregaban sus papeles con datos personales, las mujeres, de entre 20 y 35 años, se enfrentaban a la petición de las reclutadoras Claudia Priscila Martínez González y Adriana Rodríguez de que su trabajo incluía ofrecer servicios sexuales al dirigente priista.
Cuando las mujeres eran informadas de su “nuevo trabajo”, ya habían entregado sus solicitudes con sus datos personales, por lo que tenían que decidir si aceptaban o no, bajo la amenaza de que sus enganchadoras ya tenían sus datos personales.
Las mujeres que aceptaban tenían que pasar al tercer y último filtro: Sandra Vaca les daba “el visto bueno” y les anunciaba en qué momento iban a pasar con el líder para “estrenarse” en su nuevo trabajo. Las enganchadas recibían un salario por nómina de la Secretaría de Finanzas del PRI-DF, a cargo en ese momento de Roberto Zamorano.
Hoy las tres enganchadoras, Claudia Priscila, Adriana y Sandra Vaca, enfrentan órdenes de aprehensión, al igual que Zamorano y el jefe material e intelectual de la red de prostitución, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre.
Impunidad con Mancera
A pesar de su destitución como presidente del PRI-DF, Gutiérrez de la Torre no perdió fuerza política ni capacidad para negociar. De acuerdo con fuentes del gobierno local, legisladores del PRD y de Morena, los diputados locales que ha tenido el PRI capitalino de 2014 a la fecha son utilizados por el grupo del líder de los pepenadores para negociar sus intereses particulares, sin importar las carencias que sufre su partido.
El resultado más claro de esas negociaciones fue el acuerdo que logró con el anterior jefe de gobierno y hoy senador del PRD, Miguel Ángel Mancera, para que la entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (hoy Fiscalía General) diera carpetazo a la indagatoria por trata de personas que existía en su contra.
Su principal enlace con el gobierno de Mancera fue el entonces secretario de gobierno y hoy diputado federal del Partido del Trabajo, Héctor Serrano Cortés. Éste fue candidato del PRD, pero tras la aplastante victoria de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum en los comicios de 2018, renunció a ese partido.
La investigación contra Gutiérrez de la Torre se mantuvo abierta entre 2014 y 2020 gracias a los múltiples amparos presentados por las tres mujeres que lo denunciaron por la vía penal. Asesoradas por su representante legal, Teresa Ulloa, las denunciantes resistieron, uno tras otro, todos los intentos del gobierno de Mancera para darle carpetazo al asunto.
En junio de 2019 un tribunal colegiado ordenó reabrir el expediente y reponer varias diligencias, por lo que la procuraduría capitalina tuvo que revocar su decisión de no presentar acusación penal contra Gutiérrez de la Torre.
Ante los pronunciamientos del juez decimocuarto de Distrito en Materia de Amparo Penal de la Ciudad de México, Érik Zabalgoitia Novales, para tratar de obligar a las autoridades ministeriales a resolver la indagatoria, la fiscal capitalina Ernestina Godoy anunció en septiembre de 2020 la reapertura y revisión de la averiguación previa, revelando que las investigaciones realizadas por los exprocuradores Rodolfo Ríos y Edmundo Garrido estuvieron plagadas de omisiones e irregularidades favorables al imputado.
Hoy, sin importar las órdenes de aprehensión giradas en contra del grupo caciquil, el PRI perfila las candidaturas a diputaciones locales de Maribel Villaseñor Dávila y Grecia Samanta Hernández Martínez, dos incondicionales de Gutiérrez de la Torre y Sandra Vaca.
