Debido a que la nueva Ley de la Fiscalía General de la República implica “un retroceso para las víctimas de violaciones graves a los derechos humanos”, cuatro relatores de las Naciones Unidas piden al presidente Andrés Manuel López Obrador detener su aprobación. Lo hacen en una carta que enviaron a Palacio Nacional y en la que advierten que artículos de esa ley no sólo son incompatibles con los tratados internacionales que México ha ratificado en esta materia, sino que vulneran logros y derechos ya establecidos en el país.
Ginebra.- Cuatro relatores especiales de la Naciones Unidas en materia de derechos humanos piden al presidente Andrés Manuel López Obrador detener la aprobación de la nueva Ley de la Fiscalía General de la República (LFGR).
La razón: esta nueva ley, así como las reformas a otras leyes relacionadas, “parece constituir un retroceso para las víctimas de graves violaciones de derechos humanos en México”.
En carta enviada al presidente López Obrador el pasado 21 de enero, a la que tuvo acceso Proceso, los expertos de la ONU señalan que la LFGR afecta “las obligaciones del Estado de garantizar el derecho de las víctimas (de violaciones a los derechos humanos) a un recurso efectivo” de justicia. Sostiene que la nueva norma socava “la independencia” de la Fiscalía General de la República (FGR), obstaculiza “el conocimiento de la verdad” en casos de violaciones a derechos humanos e impide realizar una “investigación eficaz de los hechos y sancionar a los responsables”.
“En el contexto de nuestro examen de este proyecto legislativo, consideramos que su aplicación podría afectar negativamente el disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales en México”, afirma la carta firmada por Tae-Ung Baik, presidente del Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas; Mary Lawlor, relatora especial sobre la Situación de los Defensores de Derechos Humanos; Diego García-Sayán, relator especial sobre la Independencia de Magistrados y Abogados; y Felipe González Morales, relator especial sobre los Derechos de los Migrantes.
En su opinión la LFGR “podría perpetuar una tendencia preocupante, ya identificada por varios mandatos de las Naciones Unidas”: limitar cada vez más “el derecho a un recurso efectivo de las víctimas, el derecho a la verdad, la justicia, la reparación, el principio de independencia de la Fiscalía y la búsqueda de personas desaparecidas”.
Señalan que “ciertos artículos de la LFGR son motivo de preocupación en lo que respecta a su conformidad con las obligaciones de México en materia de derecho internacional, en especial aquellas contenidas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José)”.
Advierten que la aprobación de la LFGR implicará modificar un conjunto amplio de leyes secundarias. Subrayan la importancia de que tales modificaciones “incluyan las salvaguardas necesarias para la protección adecuada de las víctimas de violaciones de derechos humanos de conformidad con las normas internacionales” en la materia.
Incompatibilidades
La carta recuerda que el pasado 7 de octubre el coordinador parlamentario de Morena, Ricardo Monreal, presentó en el Senado la iniciativa para emitir una nueva LFGR que derogaría la actual Ley Orgánica de la FGR, la cual –asegura– fue resultado de un amplio debate impulsado desde 2016 por varios colectivos, como Fiscalía que Sirva y Vamos por Más, y en el que participaron víctimas, defensores, empresarios, expertos tanto nacionales como internacionales y grupos de la sociedad civil, “con el objetivo de contribuir a dotar a la FGR de la capacidad, estructura, herramientas y facultades necesarias para enfrentar los importantes retos que plantea la impunidad en México”.
De acuerdo con el documento, esa Ley Orgánica buscó que la FGR corrigiera las graves falencias y distorsiones de la entonces Procuraduría General de la República, entre ellas: la falta de investigaciones de muchas masacres y desaparición de personas, incluidos migrantes; la ausencia de investigación de funcionarios superiores y miembros del Ejército; y la opacidad y carencia de rendición de cuentas. Recuerda que después de dos años de su promulgación, “una parte importante de su contenido está pendiente de implementarse”.
Los expertos observan “con preocupación que el artículo 28 de la LFGR que sustituye los artículos 9 y 10 de la Ley Orgánica, elimina la obligación de los fiscales de elaborar planes de investigación de manera coordinada con las víctimas, sus representantes legales y organizaciones de la sociedad civil que las asesoren. Asimismo se elimina la obligación de mantener informadas a las víctimas de las etapas de la investigación y garantizar su participación en las diligencias que
correspondan”.
Señalan que la nueva ley no garantiza a las víctimas el acceso a los registros, el derecho a presentar peritajes independientes, a ser protegidas si su vida está en peligro y a acceder a un traductor o intérprete, entre otros aspectos.
La nueva iniciativa tampoco permite a las víctimas solicitar a la Fiscalía General que ejerza su facultad de atracción respecto de casos del fuero común.
“En consecuencia –dicen los expertos de la ONU–, nos preocupa profundamente que tras estas posibles modificaciones se restrinjan drásticamente los derechos de las víctimas a un recurso efectivo” de justicia.
Alertan sobre la posible fragmentación de las investigaciones relacionadas con violaciones de derechos humanos, lo cual afectaría el derecho a un recurso efectivo de las víctimas, ya que la LFGR elimina el artículo que establece las funciones de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos, entre ellas “la conducción legal de la investigación de delitos y el ejercicio de la acción penal en casos de violaciones de derechos humanos cuando haya falta de garantías para el ejercicio independiente de la investigación en las entidades federativas o cuando la participación de funcionarios o servidores públicos obstaculice la investigación”.
La carta hace hincapié en que la nueva iniciativa “parece eliminar la obligación de la FGR de participar como miembro de los órganos de decisión en cuestiones como la protección de los defensores de derechos humanos, los periodistas, los derechos de las mujeres, lo cual puede afectar negativamente la actuación coordinada de todas las autoridades competentes para abordar” estos casos.
Los expertos subrayan que la LFGR parece limitar “aún más” los derechos de las víctimas y el ejercicio de las libertades de asociación, de expresión y de reunión pacífica garantizados en el Pacto de San José.
Cadena de derogaciones
Los relatores de la ONU enfatizan que la desaparición forzada puede equivaler al delito de tortura y otros tratos crueles e inhumanos, y en ese sentido están “inequívocamente prohibidos por el derecho internacional”, de tal forma que “no puede haber ninguna derogación del derecho a ser protegido contra la desaparición forzada conforme a tratados como la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra la Desaparición Forzada”, ratificada por el Estado mexicano.
Por ello observan “con inquietud” que la nueva iniciativa derogue artículos de la Ley General en Materia de Desapariciones Forzadas, Desaparición Cometida por Particulares, y del Sistema Nacional de Búsqueda, que eliminan supuestos mediante los cuales la Fiscalía está facultada para investigar la desaparición de personas, incluso cuando “una persona cuya pertenencia o colaboración con la delincuencia organizada esté acreditada”.
Al suprimir dichos artículos los expertos consideran que la víctima ya no podrá solicitar la remisión de la investigación a la que la FGR debe responder de modo informado y motivado.
Sostienen por otra parte que si se deroga el artículo 45 de dicha ley, la FGR queda eliminada del Sistema Nacional de Búsqueda, lo que puede perjudicar una de las obligaciones del Estado: la búsqueda efectiva de las personas desaparecidas, incluyendo la colaboración entre autoridades encargadas de esa búsqueda y de la investigación penal.
Esta cadena de derogaciones de artículos de la Ley Orgánica vigente “puede resultar contraria a la obligación del Estado de garantizar el derecho a un recurso efectivo en caso de desaparición forzada y en relación con la violación de varios derechos interrelacionados, como el derecho a la vida, a la protección contra la tortura y el derecho a la libertad personal”, remarca.
“Para interrumpir los ciclos de impunidad imperantes se requiere no sólo de una investigación eficaz y rápida para establecer la verdad, sino también el castigo de los autores de violaciones de derechos humanos en un plazo razonable”, abunda el documento.
En este sentido, los expertos señalan que el Estado tiene el deber de investigar de buena fe todas las denuncias de violaciones a los derechos humanos, especialmente cuando las autoridades son las únicas que disponen de la información pertinente, como suele ocurrir cuando las personas son objeto de una desaparición forzada. De tal forma que la nueva iniciativa iría en contra de tratados que obligan a los Estados a garantizar el derecho a la verdad sobre las circunstancias de una desaparición forzada, la evolución de la investigación y la suerte del desaparecido.
“Clima de impunidad”
A ojos de los expertos de la ONU, los migrantes y extranjeros también se verían afectados por la LFRG, ya que anula todo un párrafo de la Ley Orgánica vigente en el que se especifica que la FGR tiene obligación de informarles sus derechos cuando son víctimas de algún delito, entre ellos el de retornar a su país de origen o de permanecer en México y, en este caso, solicitar visa humanitaria, refugio o protección complementaria. En contraste, la iniciativa de ley se refiere únicamente a la obligación de garantizar a los extranjeros asistencia consular por parte de las representaciones diplomáticas de sus naciones.
Consideran que habrá “impacto negativo duradero en los derechos de migrantes”, ya que la LFGR elimina lo que la Ley Orgánica vigente busca garantizar: igualdad de condiciones para extranjeros a fin de que puedan seguir ejerciendo sus derechos en relación con la justicia penal.
El documento advierte que “la falta de identificación y de investigación de casos de desapariciones de migrantes puede desencadenar en la responsabilidad del Estado, ya que puede constituir prácticas equivalentes a las desapariciones”.
Otro tema que llama la atención de la ONU es el principio de independencia judicial y que los fiscales puedan desempeñar su labor de modo independiente, objetivo, imparcial y transparente, a la par de crear fiscalías verdaderamente autónomas.
“No obstante, varias modificaciones de la LFGR parecen desatender estas obligaciones eliminando la autonomía y la accesibilidad como principios rectores de la actuación de los servidores públicos de la FGR”, valoran los expertos.
Advierten que la LFGR “elimina los principios que rigen el nombramiento del titular de la FGR, tales como transparencia, mérito, publicidad, participación ciudadana, buena reputación, igualdad y no discriminación (…) En este contexto nos preocupa que el nombramiento pueda ser más discrecional, ya que no habría elementos para evaluar su designación”, alertan.
De igual forma, la LFGR otorga explícitamente al titular de la FGR el control sobre los ministerios públicos y autoridad jerárquica sobre el personal de la FGR, lo que podría dar lugar a “una injerencia en la actuación de los fiscales en sus investigaciones, lo que a su vez sería contrario al principio de independencia judicial”.
“De forma similar, la nueva LFGR prevé la eliminación del requisito de que los jefes de las fiscalías especializadas sean nombrados en función de sus méritos y capacidades”. Advierten que ello “puede debilitar la profesionalización y la independencia funcional de la FGR”.
Reiteran la obligación de garantizar la autonomía e independencia de las autoridades encargadas de la justicia “como piedra angular de todo sistema que garantice efectivamente los derechos de las víctimas”.
Argumentan que la iniciativa “implementa un sistema jerárquico al interior de la FGR que concentra el poder sobre su titular sin contrapesos para rendir cuentas en instituciones democráticas”.
Los relatores de la ONU solicitan al gobierno de AMLO que responda con “información detallada” a sus inquietudes expresadas en el documento de 16 páginas enviado a Palacio Nacional. Sin embargo, hasta el jueves 11 el gobierno mexicano no les había enviado respuesta alguna.
La FGR, por su parte, pidió esperar a que la iniciativa sea eventualmente aprobada para expresar su posición.
