Cuando la fiscalía de la Ciudad de México obtuvo la orden de aprehensión contra Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre y coacusados por trata de personas y asociación delictuosa, el martes 2, éstos ya habían tenido siete días para escapar de la justicia. Diversos indicios apuntan a que el mandato judicial se filtró desde el Tribunal Superior de Justicia o desde la Policía de Investigación. Incluso este semanario recibió un aviso anónimo por las redes sociales, en tanto que las víctimas no fueron notificadas hasta el lunes 8, lo que a decir de sus representantes legales las puso en riesgo.
Una fuga de información entre el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y la Policía de Investigación (PDI) de la fiscalía capitalina facilitó la fuga del exlíder del PRI-DF Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, de la diputada local Sandra Esther Vaca Cortés y del exsecretario de Finanzas de ese partido Roberto Zamorano Pineda, antes de que se libraran las órdenes de aprehensión en su contra por los delitos de asociación delictuosa y trata de personas, en las modalidades de publicidad engañosa y explotación sexual agravada, en grado de tentativa.
La juez decimosexta Penal de la Ciudad de México emitió la orden de aprehensión la noche del martes 2, pero Gutiérrez de la Torre fue alertado previamente, por lo que huyó antes de que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) tuviera en sus manos el mandato judicial.
El acceso a ese expediente estuvo limitado a funcionarios de alto nivel en el caso del tribunal de justicia y a un grupo selecto de elementos de la PDI en las horas previas a la orden de aprehensión, por lo que se investiga si la filtración ocurrió en ese último tramo de la responsabilidad.
La investigación del caso, que incluyó la reposición de los peritajes de audio y 40 nuevas diligencias, se mantuvo en absoluto sigilo entre el 11 de septiembre de 2020, cuando se anunció la revisión de la averiguación previa, y el 24 de febrero pasado, cuando la FGJCDMX resolvió ejercer acción penal contra el llamado Príncipe de la Basura.
Durante ese lapso la totalidad de la averiguación previa estuvo bajo llave en una oficina privada de la fiscalía. Menos de ocho personas, entre ministerios públicos, analistas y elementos de la PDI tenían conocimiento de las nuevas diligencias, justamente para evitar que Gutiérrez de la Torre tuviera acceso ilícito al expediente.
A partir del 24 de febrero, cuando el expediente había sido entregado en los juzgados del tribunal y los elementos de la PDI entraban en acción, la secrecía de la indagatoria y la solicitud de una orden de aprehensión contra Gutiérrez de la Torre se diluyó. Nuevos actores tuvieron acceso al pliego de consignación que revelaba las nuevas actuaciones de la fiscalía.
Fuentes cercanas al caso confirmaron que a dos días de que la FGJCDMX ejerciera la acción penal contra el expresidente del PRI-DF, cuatro de los cinco imputados en la averiguación previa comenzaron a modificar los comportamientos que habían mostrado durante meses de vigilancia previa.
Así, el sigilo que se había guardado sobre este caso durante más de seis meses quedó en riesgo una vez que el pliego de consignación llegó a funcionarios de alto nivel en el Tribunal Superior de Justicia capitalino –presidido por el magistrado Rafael Guerra Álvarez– así como a la juez de turno especializada en sistema penal inquisitorio.
Bajo el mando del jefe general de la PDI, Francisco Almazán Barocio, también se activaron los policías de investigación especializados en aprehensiones.
A partir de que se consignó la acusación transcurrieron siete días hasta que se emitió la orden de aprehensión correspondiente. Los imputados tuvieron siete días para planear y concretar su escapatoria.
Los desvelos y precauciones del equipo de investigación para fotocopiar el expediente fuera de sus horarios laborales y el encierro de los 14 tomos de la indagatoria bajo triple llave, finalmente resultaron infructuosos: los objetivos ya no estaban localizables cuando se libraron las órdenes de aprehensión.
Las horas cruciales
La tarde del 26 de febrero los teléfonos celulares de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, Sandra Vaca y Roberto Zamorano –actual secretario de Organización del PRI capitalino– comenzaron a operar de forma intermitente, hasta que finalmente los dispositivos de comunicación dejaron de funcionar entre el viernes 26 y el domingo 28 de febrero.
Ese fin de semana también se registraron movimientos inusuales en algunos de los domicilios que un grupo especial de la PDI vigilaba desde que la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas reactivó la indagatoria.
De acuerdo con fuentes cercanas a la investigación, el domicilio principal en el que operaba Gutiérrez de la Torre presentaba un mural en el que aparecían retratos de su madre, Guillermina de la Torre, y su padre, Rafael Gutiérrez Moreno, asesinado en marzo de 1987. Pero tras la consignación del expediente penal, un grupo de trabajadores comenzó a pintar los muros de blanco para borrar el rastro de la familia.
Además, se dio un movimiento inusual de vehículos que incluyó la llegada, a los domicilios vigilados, de varias unidades pertenecientes a diversos sindicatos de filiación priista.
Estas variaciones no fueron informadas a tiempo a los fiscales del caso, por lo que la fiscalía no pudo reaccionar a tiempo para evitar la fuga del líder de los pepenadores y de tres implicados más en la red de prostitución que operaba en el PRI-DF.
Junto con Gutiérrez de la Torre lograron burlar la orden de aprehensión la todavía candidata de la alianza PAN-PRD-PRI a una diputación federal Sandra Esther Vaca Cortés, el exsecretario de Finanzas del PRI-DF Roberto Zamorano Pineda y Claudia Priscila Martínez González, la reclutadora que fue grabada por la periodista que se infiltró en las oficinas del tricolor para documentar la existencia de esa red de prostitución.
La única persona aprehendida por la fiscalía capitalina fue Adriana “N”, identificada en la investigación periodística del equipo de Carmen Aristegui –realizada en abril de 2014– como la mujer que daba las citas a las jóvenes de entre 18 y 32 años que llamaban al PRI capitalino para solicitar trabajo como edecanes.
De manera paralela, la PDI cateó cuatro inmuebles relacionados con Gutiérrez de la Torre y Sandra Vaca, en busca de indicios como fotografías y videos que sean útiles para las indagatorias.
Relevos inesperados
A la par de los movimientos inusuales en los domicilios particulares de los imputados, el presidente del PRI en la Ciudad de México, Israel Betanzos Cortés, autorizó un relevo de emergencia en dos organismos del PRI encargados de dar “avales electorales” a quienes aspiran a las candidaturas para alcaldes, concejales y diputados locales, requisito previsto en los estatutos.
A sabiendas de que Sandra Vaca y Roberto Zamorano no iban a poder firmar esos documentos internos debido a la orden de aprehensión que ya existía en su contra, Betanzos autorizó los relevos de Vaca Cortés en el Organismo Nacional de Mujeres Priistas (Onmpri) y de Zamorano Pineda en la representación capitalina de la Asociación Nacional de Unidad Revolucionaria (ANUR).
El documento, fechado el pasado lunes 1, señala que es un acuerdo para aceptar y validar los cambios que ambas organizaciones políticas suscribieron horas antes, es decir, en el mismo fin de semana que Gutiérrez de la Torre y coimputados se dieron a la fuga.
Dice textualmente: “Por sendos oficios recibidos por esta Comisión de Procesos Internos, en fecha 01 de marzo de la presente anualidad, los dirigentes señalados (Roberto Zamorano y Sandra Vaca) manifestaron su separación temporal a los cargos como titulares de las organizaciones citadas (ANUR y Onmpri); en el mismo escrito, señalaron la designación como encargadas del despacho a las ciudadanas Arcelia Araceli Vázquez Espinosa y Maribel Guadalupe Villaseñor Dávila, respectivamente. De igual forma manifiestan autorizarlas para suscribir los apoyos para aspirantes a los diversos cargos”.
El documento fue firmado por el presidente de la Comisión de Procesos Internos del PRI en la Ciudad de México, Miguel Alemán Vázquez, otro alfil de Gutiérrez en el PRI local. Además, Alemán ha fungido como asesor de la diputada local Sandra Vaca, oficialmente prófuga de la justicia, en el Congreso de la Ciudad de México.
Hasta ese momento la juez decimasexta penal de la Ciudad de México seguía analizando las más de 600 fojas que integran la acusación y todavía no se emitía la orden de aprehensión. Sin embargo, Vaca y Zamorano ya estaban advertidos.
Un día después, el martes 2, entró en vigor el acuerdo para relevar de su cargo a los dirigentes priistas; ese día se publicó en los estrados del PRI capitalino, como lo verificó este semanario. En la misma fecha, ya entrada la noche, se libró la orden de aprehensión contra Gutiérrez de la Torre y sus cuatro coacusados.
Sin el relevo de Vaca y Zamorano, quienes presentaron un juicio de amparo conjunto ante el Juzgado Décimo Sexto de Distrito en Materia de Amparo Penal de la Ciudad de México, las candidaturas internas del PRI hubieran estado en riesgo, por lo que Israel Betanzos no dudó en hacer los cambios de dirigencia, sin importarle que eso confirme la filtración que ayudó a la fuga de Gutiérrez, Vaca y Zamorano.
Víctimas, últimas en enterarse
La filtración que sufrió la FGJCDMX en el último tramo de la investigación afectó la seguridad de las víctimas. Sus representantes legales fueron notificados formalmente de la existencia de las órdenes de aprehensión el domingo 8, de acuerdo con un comunicado emitido por el abogado Héctor Pérez Rivera.
En contraste, un mensaje anónimo alertó a Proceso del libramiento de los mandamientos judiciales el jueves 4. Recibido a través de redes sociales, el mensaje es escueto. “En estos días hay orden de aprehensión contra Sandra Vaca y Cuauhtémoc Gutiérrez”.
Para dar credibilidad a su dicho, el anónimo también alerta sobre los relevos de Sandra Vaca y Roberto Zamorano, especificando que los tres imputados “ya no están en el país”. Agrega que Gutiérrez de la Torre, Vaca y Zamorano se dieron a la fuga “hace un par de días”, es decir, el lunes 1.
La cuenta desde la que se envió el anónimo desapareció a los minutos de enviar la información, pero Proceso pudo documentar los mensajes mediante capturas de pantalla.
La directora de la Coalición Regional Contra el Tráfico de Mujeres y Niños en América Latina y El Caribe, Teresa Ulloa Zuárriz, y el titular de la Clínica de Interés Público del Instituto Tecnológico Autónomo de México contra la Trata de Personas, Héctor Pérez Rivera, explicaron que a raíz de que la fiscal capitalina, Ernestina Godoy, decidió reactivar el caso y revisar las indagatorias que se habían realizado el sexenio pasado, sostuvieron reuniones con los fiscales encargados de reponer las diligencias y corregir los vicios de la averiguación previa, hasta que el pasado lunes 8 fueron notificados de la existencia de las órdenes de captura: ocho días después de que esa información había empezado a circular entre los imputados.
“Hemos sostenido diversas reuniones con la fiscalía de la ciudad, hasta que el 8 de marzo de 2021 se nos notificó que se habían obtenido cinco órdenes de aprehensión en contra de las personas señaladas en la investigación. Hoy sabemos que dichas personas no han sido detenidas y que posiblemente se hayan dado a la fuga”, lamentaron los representantes de las víctimas mediante un comunicado.
Por lo anterior, Ulloa Zuárriz y Pérez Rivera exigieron a la FGJCDMX cumplir las órdenes de aprehensión lo más pronto posible, a fin de evitar que los presuntos delincuentes sigan actuando con impunidad.
“Si bien reconocemos la labor de la fiscalía capitalina en hacer avanzar una investigación luego de años de inactividad y conseguir las órdenes de aprehensión en contra de las personas probables responsables, consideramos que la labor no está terminada. Es necesario la captura de dichas personas y su presentación ante el Tribunal de la Ciudad para que sean juzgadas conforme al debido proceso legal”, señala el comunicado.
La ausencia de Sandra Vaca
Una pista más sobre la fuga de Gutiérrez de la Torre y coacusados, en particular Sandra Vaca, proviene del Congreso de la Ciudad de México.
En entrevista con Proceso, la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, Margarita Saldaña Hernández, dice que la diputada local del PRI ya no se conectó a las cuatro últimas sesiones del Pleno, celebradas los días 2, 4, 9 y 11 de marzo, es decir, desde hace dos
semanas.
La legisladora panista advierte que las faltas de Vaca a las sesiones del Pleno y de Comisiones se descontarán de su dieta, pero que hasta el momento no se ha notificado al Congreso de la Ciudad de México de la situación legal de la priista.
Saldaña Hernández agrega que las dietas se depositan directamente a tarjetas de nómina que el Congreso entrega a cada uno de los diputados locales, mientras que el dinero que reciben para sus actividades legislativas es entregado por su respectiva fracción parlamentaria, por lo que el responsable de su manejo es el líder de la bancada priista, Armando Tonatiuh González Case.
Éste, igual que Betanzos y Vaca, pertenece al círculo cercano de Gutiérrez de la Torre.
Hasta el momento ni Betanzos ni González Case se han pronunciado públicamente sobre la situación legal de su jefe político ni de su compañera legisladora.
Proceso solicitó una postura del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México sobre la filtración que sufrió el expediente judicial del caso Gutiérrez de la Torre entre el 24 de febrero y el 2 de marzo, tramo de responsabilidad que incluye a funcionarios adscritos al propio tribunal, pero no obtuvo respuesta.
