A pesar de que se resiste a pagar impuestos, Banco Azteca, propiedad del magnate Ricardo Salinas Pliego, es beneficiario de un contrato que le asignó de manera directa el gobierno de López Obrador para dispersar en el país los fondos de los programas sociales mediante las tarjetas Bienestar. En 2019 obtuvo por lo menos 300 millones de pesos sólo por el manejo de cuentas. Más aún, el contrato –del que Proceso tiene copia– le permite acceder a la base de datos de los programas sociales, utilizar los datos personales de sus beneficiarios e incluso cobrar de esas tarjetas adeudos por la compra de artículos en las tiendas Elektra.
Banco Azteca aseguró al inicio del sexenio que, como “el aliado ideal” del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, no cobraría ninguna comisión por manejar las tarjetas para entregar los recursos de los programas sociales a los beneficiarios.
No era cierto.
Y afirmó que no había firmado un contrato para ese propósito.
Tampoco era cierto.
El banco del magnate Ricardo Salinas Pliego no sólo cobra cientos de millones de pesos al año por el manejo de las tarjetas de Bienestar para los más pobres de México, sino que, para ello, firmó un contrato con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) cuando la oficial mayor era Raquel Buenrostro, funcionaria de toda la confianza de López Obrador.
Mientras que el español BBVA, considerado el banco más caro de México, no impone ningún costo por el manejo de las cuentas de los programas sociales federales, Banco Azteca le cobra al gobierno de López Obrador cinco pesos al mes, más 80 centavos de Impuesto al Valor Agregado (IVA), por el “mantenimiento” de cada una de ellas.
Así, por el cobro de 60 pesos anuales por los 5 millones de tarjetahabientes de los programas de bienestar que atendió sólo en 2019, Banco Azteca le cobró 300 millones de pesos al gobierno de López Obrador, sin incluir el IVA, además de controlar la base de datos de los programas sociales y mantener cautivos a los beneficiarios.
“Aliado ideal”
Hace un año, el 1 de marzo de 2020, Alejandro Valenzuela, director de Banco Azteca, aseguró al diario El Economista que en 2019 esa institución financiera atendió a 5 millones de mexicanos, entre ellos jóvenes estudiantes, personas con capacidades diferentes y de la tercera edad. “Este año pensamos que vamos a poder llegar a más de 8 millones”.
Si, en efecto, el año pasado se cumplió esta meta fijada por Valenzuela, el cobro del banco de Salinas Pliego al gobierno de López Obrador –de quien es consejero de asuntos empresariales– fue de 560 millones de pesos, sin incluir el IVA, casi 50 millones de pesos al mes.
Proceso obtuvo el contrato firmado el 4 de enero de 2019 entre Raquel Buenrostro, entonces oficial mayor de la SHCP y actual titular del Sistema de Administración Tributaria (SAT), y Sergio Alberto Zepeda Gálvez, representante legal de Banco Azteca, en el que se detallan las condiciones de cobro para el negocio del magnate Salinas Pliego por las tarjetas de Bienestar.
El documento, de 10 hojas, desmiente a Valenzuela, quien declaró al portal informativo Animal político, el 17 de enero de 2019, que el servicio de dispersión de recursos para los programas sociales mediante tarjetas de Banco Azteca era sin contrato y sólo de palabra.
“Que yo tenga conocimiento, no se ha firmado un contrato. Hemos estado trabajando simplemente en términos de los apoyos que nos han pedido y aquí sí entra de lleno la buena relación que tiene el presidente de la República con el señor Salinas. Se tendrá que firmar, sí, pero ante todo estamos apoyando”, destacó.
El contrato desmiente también a Banco Azteca que, mediante el comunicado del 14 de enero de ese mismo año, se ufanó de ser “el aliado ideal” del gobierno de López Obrador, porque no cobra comisiones por el manejo de las cuentas:
“Banco Azteca garantiza así el éxito en la entrega de estos programas, siendo el aliado ideal del gobierno de México para la dispersión de apoyos sociales. Cabe destacar que Banco Azteca no cobra comisiones a las cuentas de beneficiarios de estos programas sociales.”
El propio López Obrador aseguró, el 26 de febrero de 2019, en su visita de supervisión a la presa Santa María en El Rosario, Sinaloa, que los bancos plantearon no cobrar comisiones por la entrega en tarjetas de los recursos de programas sociales. “Hay unos que me están ofreciendo que no cobran comisiones, vamos a ver todavía”.
Quizá López Obrador no sabía, pero para entonces habían pasado tres semanas de que Buenrostro y Banco Azteca firmaron el denominado “contrato marco para la operación y apertura de cuentas bancarias a los beneficiarios de los programas gubernamentales de apoyo en beneficio de determinados sectores de la población”.
En la cláusula tercera está la entraña del arreglo económico del gobierno de López Obrador con Banco Azteca, que se ufana de ser su “aliado ideal”:
“Contraprestación: El Ejecutivo Federal pagará a El Banco como contraprestación por el presente servicio la cantidad de $5.00 (cinco pesos 00/100 M.N.) más 0.80 (80/100 M.N.) correspondientes al Impuesto al Valor Agregado, de forma mensual, por mantenimiento de cuenta por beneficiario”.
En la misma cláusula se añade: “El costo de la tarjeta bancaria será a valor cero, hasta un máximo de 200,000 unidades. Una vez que el banco hubiera entregado las primeras 200,000 tarjetas bancarias, la contraprestación y el costo del plástico a que se refiere la presente cláusula serán los que se acuerden en los anexos correspondientes”.
El reportero solicitó formalmente una entrevista con Buenrostro para conocer “la contraprestación y el costo del plástico” de cada una de las tarjetas de débito, así como la razón por la que se pagan a Banco Azteca cientos de millones de pesos por “mantenimiento” de las millones de cuentas de los programas sociales; pero hasta el viernes 5 no se obtuvo respuesta.
El contrato da a Banco Azteca de Salinas Pliego otras ventajas adicionales al manejo de cuentas, como el dinero generado por los intereses durante el tiempo que mantiene los recursos, desde que la Tesorería de la Federación se los deposita hasta que llegan a las cuentas de los beneficiarios.
Más aún: Banco Azteca se apodera de la base de datos de los beneficiarios de los programas sociales, incluidos datos personales como número telefónico celular y correo electrónico, y aun se cobra “a lo chino” abonos de artículos de las tiendas Elektra.
Millonario con los pobres
Enriquecido con sus tiendas Elektra, enfocadas a los sectores económicamente vulnerables de México, que se hizo famoso por los “abonos chiquitos” que también han generado quejas, Salinas Pliego es también un deudor del fisco.
Raquel Buenrostro, la firmante del contrato con Banco Azteca, reveló en febrero pasado que las empresas del magnate adeudan al fisco mexicano alrededor de 40 mil millones de pesos y que siguen litigando en tribunales para no pagar.
“Y lo que llevamos ahorita en juicios con primera instancia son aproximadamente cerca (sic) de 32 mil millones de pesos de impuestos en pesos históricos, todavía habría que actualizar el monto”, declaró el 3 de febrero en el programa “Los periodistas”, en La Octava, conducido por Alejandro Páez y este reportero
–¿Puede llegar a 40 mil millones de pesos?
–Lo que resulte a partir del momento en que se dé el fallo final o en que él decida venir a pagar, en ese momento se corta y actualiza el importe en pesos reales.
Seis días después de las revelaciones de Buenrostro, Salinas Pliego mostró en su cuenta de Twitter un rábano que cosechó junto con su esposa, y un usuario, identificado como Olmo Cáceres, le preguntó si con esa verdura “piensa pagarle al SAT” y respondió: “No, no pienso pagar ni un rábano”.
Después, el 8 de febrero, matizó: “Como siempre les he dicho, yo no le debo al SAT ni un peso… si las empresas de las que soy parte deben, pues que paguen lo que tengan que pagar y que la autoridad determine qué es justo”.
El Grupo Salinas es un conglomerado de empresas en los sectores de medios de comunicación, comercio especializado, servicios financieros, telecomunicaciones e internet, integrado por Televisión Azteca, Grupo Elektra, Banco Azteca, Seguros Azteca, Afore Azteca, Punto Casa de Bolsa, Italika, Totalplay, Totalplay Empresarial y Totalsec.
Además de poseer los equipos de futbol Atlas de Guadalajara y Mazatlán, Grupo Salinas creó la Fundación Azteca, que dirigió durante más de 16 años Esteban Moctezuma, secretario de Gobernación de Ernesto Zedillo, secretario de Educación Pública de López Obrador y actual embajador de México en Washington.
Amigo de López Obrador, Salinas Pliego le recomendó crear el Consejo Asesor Empresarial, en el que participan Bernardo Gómez, copresidente del Grupo Televisa; Olegario Vázquez Aldir, presidente del Grupo Empresarial Ángeles; Carlos Hank González, presidente de Grupo Financiero Banorte; Miguel Alemán Magnani, presidente ejecutivo de Interjet, y Daniel Chávez, del Grupo Hotelero Vidanta.
Salinas Pliego y Banco Azteca están involucrados también en la compraventa a sobreprecio de Grupo Fertinal por parte de Pemex durante la administración de Enrique Peña Nieto, ampliamente documentado en Proceso, a raíz de lo cual el magnate demandó por daño moral al exdirector Rafael Rodríguez Castañeda, a Homero Campa y a Mathieu Tourliere.
Ahora se revela que Salinas Pliego es también beneficiario de un contrato millonario que le asignó de manera directa el gobierno de López Obrador para dispersar en todo el país los fondos de los programas sociales mediante las tarjetas Bienestar, Bienestar Plus y Bienestar Jóvenes.
El contrato de Raquel
Banco Azteca no es el único que dispersa los 155 mil millones de pesos presupuestados a los programas de bienestar del gobierno de López Obrador, porque también lo hacen Banorte, de Hank González, y el español BBVA, pero el contrato con éste revela peculiaridades.
Además del cobro de cinco pesos al mes más IVA por la tarjeta entregada a los beneficiarios, que es propiedad del banco, Banco Azteca se beneficia de los intereses que genera el dinero desde que lo recibe de la Tesorería hasta que los deposita y, además, se apropia de todos los datos personales.
En la cláusula sexta, “flujo de operación”, se determina en el inciso E) la obligación del gobierno federal de entregar al banco “la información y actualización del padrón de beneficiados”.
Precisa: “Las dependencias entregarán a El Banco las bases de datos de los beneficiarios asignados, debiendo incluir el teléfono celular y el correo electrónico de los mismos (en caso de que las dependencias cuenten con ellos) para contactar y promover uso digital, y darán tiempo suficiente para que El Banco realice la apertura masiva de las cuentas bancarias”.
Y algo delicado: En el contrato no hay una prohibición expresa para que Banco Azteca cobre de los fondos depositados un adeudo del beneficiario a Elektra, que suele ubicar las ventanillas de atención hasta el fondo de las tiendas para persuadirlo de adquirir artículos.
De hecho, en la citada entrevista con El Economista, Valenzuela del Río reconoció que Banco Azteca no sólo pretende servir para dispersar los programas sociales del gobierno federal, sino incorporar a los beneficiarios con más productos al sistema financiero.
“Queremos que sean clientes nuevos. Muchos de ellos solamente reciben ahí el dinero y se lo llevan. Nuestra apuesta en el tiempo es que se convenzan de que es conveniente tener el servicio financiero a su alcance, que tengan servicios como una cuenta de ahorro o la posibilidad a través de ese recurso de tener garantías para tener créditos y apalancarse en sus emprendimientos. Es decir, que sea un detonador de la actividad económica o de la capacidad de consumo en sus vidas.”
La Ley de Instituciones de Crédito y el Banco de México prevén que existan productos que estén exentos de cobro de comisiones, como es el caso de las que tienen que ver con cuentas para dispersar los programas sociales.
El artículo 48 bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito obliga a las instituciones de crédito que reciban depósitos bancarios a la vista de personas físicas a ofrecer un producto básico de nómina de depósito o ahorro, y otro para el público en general, los cuales “…estén exentos de cualquier comisión por apertura, retiros y consultas o por cualquier otro concepto en la institución que otorgue la cuenta”.
Estos productos se ofrecen en los términos y condiciones que determina el Banco de México y, conforme a la Circular 22/2010, se establece que estas cuentas deben tener asociados al menos los siguientes servicios sin costo alguno para el cliente:
Apertura y mantenimiento de cuenta, otorgamiento de una tarjeta de débito, abono de recursos a la cuenta por cualquier medio, retiros y consultas en cajeros propios, pago de bienes y servicios con tarjeta de débito, servicios de domiciliación y cierre de la cuenta.
El Banco de México establece: “Durante 2017 el Banco de México amplió la regulación de cuentas básicas para que sirvan para la dispersión de los subsidios otorgados por el gobierno”.
Y añade: “Además, las instituciones de crédito que otorguen tarjetas de crédito, están obligadas a mantener a disposición de sus clientes que sean elegibles, un producto básico de tarjeta de crédito, con un límite de crédito de hasta doscientas veces el salario mínimo general del DF, exentos de comisión por anualidad o cualquier otro concepto, y que no tenga que incorporar atributos adicionales a la línea de crédito”.
