Aunque el presidente López Obrador pidió a la Cámara de Diputados investigar “las equívocas afirmaciones de la Auditoría Superior de la Federación” sobre los costos de cancelar el proyecto del aeropuerto de Texcoco, la primera irregularidad que investigará la Comisión de Vigilancia de San Lázaro será el comunicado en que la ASF admite que ese cálculo es erróneo. La razón: dicha retractación está fuera de procedimiento, ya que los entes auditados pueden responder al informe, por lo que se indagará si los auditores fueron sometidos a presiones políticas.
Un día antes de que el presidente Andrés Manuel López Obrador le pidiera a la presidenta de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri Riancho, investigar si el trabajo de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) se realizó de manera independiente, la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados ya había citado a David Colmenares Páramo para que explicara el errático desempeño del órgano de fiscalización al retractarse a través de una carta del resultado de la auditoría a la cancelación del aeropuerto de Texcoco.
Las alarmas ya se habían encendido.
El mandatario aseguró que los supuestos errores de la ASF no sólo pueden atribuirse “a una deficiencia técnica, sino también a una intencionalidad política”. A partir de ese momento se desató una tormenta política en la que se escucharon voces que pidieron la salida del auditor. Una de ellas fue la de Héctor Yunes Landa, vocero de los diputados del PRI, partido que junto a Morena favoreció la designación de Colmenares como auditor en octubre de 2018.
Otra de sus promotoras fue la entonces coordinadora de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Rocío Nahle, ahora secretaría de Energía y quien también salió a desacreditar el reporte de la ASF por los cuestionamientos que hizo a la construcción de la refinería de Dos Bocas, en Tabasco. Para ella fueron de “mala fe” o “ignorancia”.
En breve conversación con Proceso, Colmenares responde: “No hemos hecho nada de mala fe ni con tinte partidista para perjudicar o beneficiar a alguien. Nosotros no escogemos el momento ni la coyuntura política. Todas las instituciones tenían el derecho a responder. Si existiera un juicio equivocado lo vamos a aclarar durante el proceso de revisión en la Cámara de Diputados previsto por ley”.
En el proceso de investigación de esta auditoría, la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados tendrá que preguntar y entrevistar a los auditores involucrados para que expliquen si hubo algún tipo de presión política, dice en entrevista con Proceso Mario Alberto Rodríguez Carrillo, presidente de la comisión legislativa a la cual le rinde cuentas la ASF.
“No sólo es un asunto técnico, sino también ético –puntualiza Rodríguez Carrillo– y habrá que preguntarles si alguien les sugirió presentar esta carta que parece un deslinde para decir que hubo un error. Tenemos que saber por qué lo hicieron, dado que este tipo de cartas u oficios no están consideradas como figura procesal, no hay una figura jurídica que le dé fuerza a esa carta, no tiene ninguna validez y era innecesario presentarla”, asegura el legislador de Movimiento Ciudadano por Jalisco.
Colmenares Páramo decidió que la primera auditoría al nuevo aeropuerto y la cancelación de la terminal aérea en Texcoco fuera la de Desempeño y no una de Cumplimiento Financiero, cuyos resultados son vinculantes y deben complementarse con auditorías jurídicas y forenses que implican posibles responsabilidades para los funcionarios implicados en esos proyectos.
Con un subejercicio de más de 223.6 millones de pesos para el presupuesto que se le autorizó en 2020 y las dudas en torno a la gestión de su titular, David Colmenares, la ASF se enfrenta a una crisis que podría afectar su credibilidad e influencia como órgano auditor del Poder Ejecutivo.
Colmenares debe explicar a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados por qué incumplió el procedimiento de respuestas por parte de los auditados y permitió que una carta del auditor especial Agustín Caso Raphael y un comunicado de prensa pusieran en tela de juicio la calidad del trabajo de ese órgano, al menos en la auditoría de gestión al proceso de cancelación del aeropuerto de la Ciudad de México.
Con más de mil 600 auditores en su estructura, la ASF recibió en 2020 un presupuesto de 2 mil 378.4 millones de pesos y al cierre del año pasado reportó un remanente de 223 mil 600 millones de pesos, pues sólo ejerció 2 mil 154.8 millones de pesos. Tanto Colmenares como sus auditores ajustaron sus salarios a la Ley de Austeridad Republicana y cancelaron proyectos que, en medio de la pandemia, no se consideraban estratégicos.
“Aunque se trata de un remanente, la gestión de Colmenares también podría ser auditada por este subejercicio porque se necesita descartar que no se afectó el desempeño de la institución ante una aplicación deficiente de los recursos justo ahora que se cuestiona su desempeño”, reveló una fuente de la Cámara de Diputados.
Consultado al respecto, Colmenares aseguró que no se trata de subejercicio, sino de ahorros que fueron devueltos a la Tesorería de la Federación.
Resistencias en la SFP
Durante el último año la ASF realizó más de mil 400 auditorías correspondientes al ejercicio del gasto público en 2019, el primer año de la Cuarta Transformación al frente del Poder Ejecutivo. Sin embargo, según Colmenares, su trabajo como auditor se enfrentó a la resistencia de algunos funcionarios en órganos internos de control que se han negado a entregarle información para la revisión y auditoría de la primera cuenta pública del gobierno de López Obrador.
En la Secretaría de la Función Pública (SFP), Roberto Salcedo Aquino, quien fue auditor especial de desempeño de la ASF durante la gestión de Juan Manuel Portal, se desempeña actualmente como subsecretario de Control y Auditoría de la Gestión Pública.
La SFP fue una de las dependencias cuyos funcionarios buscaron retrasar las visitas y peticiones de información de la ASF.
Rodríguez Carrillo confirma que la ASF ha enfrentado resistencias a la entrega de información por parte de funcionarios que, como en el caso de la SFP, reclutaron a expertos en auditoría que conocen los procedimientos del órgano de vigilancia y los han aprovechado para oponerse al avance de las revisiones. La ASF no ha precisado, hasta ahora, si éste fue el caso de las dependencias que ejecutaron las operaciones financieras para la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM).
Según el informe de la ASF, al cierre de 2019 el costo estimado de la cancelación del NAICM que se edificaba en la zona de Texcoco asciende a 331 mil 996.5 millones de pesos, de los cuales 163 mil 540.7 millones corresponden a los gastos en 2019. Además, el informe de la ASF recuerda que aún circulan bonos por un total de 84 mil millones de pesos.
Los auditores de la ASF también toman en cuenta el rubro “costos económicos no recuperables” por 78 mil 127 millones de pesos, que sumados a los 34 mil 27 millones de pesos por la recompra de bonos de la Fibra E y gastos por asesoría legal por 498 millones, integran un costo de 112 mil 652 millones.
Auditores investigados
De acuerdo con Mario di Costanzo, asesor financiero y exlegislador con participación en la Comisión de Vigilancia, a esos 112 mil 652 millones deben sumarse los 84 mil millones en bonos con los que se financió el NAICM y que aún circulan, con lo cual se obtiene un costo adicional de 196 mil millones de pesos, tomando en cuenta un rendimiento mínimo para esta deuda y sin mayores variaciones en su tasa de interés.
“Aun considerando el posible error contable del auditor, el costo de cancelación del aeropuerto rondaría en un mínimo de 200 mil millones de pesos, el doble de lo que sostiene el gobierno. Aunque este costo podría ser mayor, dado que no se está considerando el rendimiento de los 84 mil millones de pesos (4 mil 200 millones de dólares) que el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, acepta que todavía están en circulación y que todavía debemos”, explica Di Costanzo.
Además, el especialista asegura que la “ASF apenas se encontraba en su primer saque, en su primera etapa al presentar su informe, por lo que no se entiende por qué se retractó tan rápido de sus conclusiones pues lo normal es esperar la respuesta del auditado”.
En la conferencia de prensa del lunes 22, luego de que durante el fin de semana el informe de la ASF se difundió ampliamente en los medios, destacando que la cancelación del aeropuerto triplicó los costos calculados inicialmente, López Obrador manifestó su inconformidad. Aseguró que su gobierno “tenía otros datos” y demostraría el error de la ASF.
El martes 23, en un video difundido en redes sociales, el titular de la Secretaría de Hacienda, Arturo Herrera, aseguró que el monto de 331 mil 996.5 millones de pesos sorprendió porque se aleja de los primeros cálculos y que, si bien el total del costo asociado a la cancelación podría estimarse en 253 mil millones de pesos, muchos rubros, al menos 75%, ya no existen.
“El auditor claramente confundió las operaciones netas y las operaciones brutas… Cometieron errores básicos de contabilidad financiera, algo sorprendente en una institución tan profesional como la ASF”, dijo Herrera.
Ante el contundente desmentido, ese mismo día la ASF emitió un comunicado en el que reconoció, fuera de las prácticas permitidas por la Ley de Fiscalización, inconsistencias en el resultado de la auditoría especial de desempeño y sin efectos vinculantes número 139-DE, relativa a la cancelación del proyecto del aeropuerto de Texcoco.
La ASF admitió las inconsistencias en la cuantificación realizada en el marco de la auditoría, por lo cual su contenido –aseguró– se sometería a una revisión exhaustiva, en particular en relación con la metodología utilizada para determinar el costo de cancelación del proyecto del aeropuerto de Texcoco. Hasta ese momento, dijo la ASF, se había detectado que el monto era menor de lo estimado inicialmente debido a una deficiencia metodológica.
En medio de esta controversia, el jueves 25, López Obrador envió una carta a Dulce María Sauri Riancho, presidenta de la Cámara de Diputados, en la que le solicita una investigación que permita “el esclarecimiento a fondo de las equívocas afirmaciones de la ASF y despejar la lamentable desinformación que el documento referido indujo en los sectores de la opinión pública”.
Además de la investigación técnica y de procedimiento, Colmenares y sus auditores serán citados por la Comisión de Ética de la ASF para desentrañar cómo se tomaron las decisiones en torno a la publicación del Informe de Fiscalización de la Cuenta Pública 2019.
Colmenares deberá explicar cómo y cuándo entró en comunicación con los entes federales auditados y por qué la ASF decidió corregir a través de los medios un trabajo de fiscalización desarrollado durante meses.
En la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia ya habían sonado las alarmas en torno al daño institucional que se estaba causando a la ASF, dice en entrevista el titular de esta comisión, el diputado emecista Rodríguez Carrillo: “La propia comisión ya había girado un oficio para citar al auditor”, asegura.
El legislador advierte que la fiscalización de los recursos que se invierten para el nuevo aeropuerto de Santa Lucía y para la cancelación del proyecto del NAICM no ha terminado, por lo que se debe establecer una comunicación institucional y apegada a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
“Habrá más auditorías al proyecto del aeropuerto porque es muy importante y porque no hemos terminado”, señala Rodríguez Carrillo.
Al preguntarle si los auditores visitaron las oficinas de la Presidencia de la República días antes de presentar el informe a la Cámara de Diputados, Rodríguez Carrillo responde: “No tengo información de tal cosa; lo que sí puedo confirmar es que los auditados no pueden llamarse a sorpresa porque una de las obligaciones de la ASF es, precisamente, dar a conocer los resultados en espera de comentarios”.
Será la investigación de la Comisión de Vigilancia y del Comité de Ética de la ASF los que se encarguen de establecer qué sucedió antes y después de la entrega del Informe de Fiscalización de la Cuenta Pública 2019. Por ahora la irregularidad más importante detectada por los legisladores y que ameritó la suspensión del auditor especial Agustín Caso Raphael es la carta para reconocer el error.
“Cuando la ASF entrega un informe, hay un proceso perentorio de 30 días para aclaraciones y discrepancias, que se pueden dirimir en una confronta como lo hace y lo permite la Ley en la ASF”, agrega el diputado.
