De comprobársele los presuntos delitos que le imputa la Fiscalía General de la República, el actual gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, puede seguir la ruta de sus predecesores, los priistas Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, quienes hoy están presos: el primero en un penal de Estados Unidos; el segundo, en uno mexiquense. No obstante, en aquel estado hay quienes piensan que, en el caso del mandatario panista, sólo se trata de un show mediático en periodo electoral.
El expediente de la Fiscalía General de la República (FGR) contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, incluye la compra de un departamento de lujo con acceso a un club de golf en el fraccionamiento Bosques de Santa Fe, en la Ciudad de México.
La transacción se hizo en noviembre de 2013, cuando García Cabeza de Vaca era senador del PAN y pagó por el inmueble 14 millones de pesos, en tanto que su madre adquirió una residencia en el exclusivo fraccionamiento Cimarrón, en Mission, Texas.
A ello se suman otras propiedades y movimientos bancarios que superan los ingresos obtenidos por el actual mandatario tamaulipeco, así como los señalamientos en su contra hechos por Emilio Lozoya Austin a la FGR, que implican también a legisladores panistas que, según él, lo “extorsionaron y presionaron” cuando era director de Pemex.
Según Lozoya Austin, “la actitud de los panistas en obtener recursos era brutal”; los legisladores de Acción Nacional lo intimidaron y usaron como “instrumento en la comisión de actos delictivos”.
Ellos, incluido García Cabeza de Vaca, se beneficiaron con sobornos de Odebrecht a “cambio de su voto” a favor de la aprobación de la reforma energética en 2013, durante la administración de Enrique Peña Nieto, precisamente el año que compró su departamento en Bosques de Santa Fe.
Las indagatorias de la FGR contra el actual mandatario tamaulipeco no incluyen lo que se investiga en Estados Unidos, donde se presume que García Cabeza de Vaca recibió fondos para sus campañas electorales por parte del crimen organizado.
Presuntamente el inculpado también se benefició de los negocios de un discreto “contratista de Pemex” acusado de contrabando de combustible e incluso de estar relacionado con narcotraficantes: el empresario reynosense Javier Cantú Barragán, primo de Armando Hinojosa Cantú, de Grupo Higa, el empresario favorito de Peña Nieto.
Una de las principales empresas de Cantú Barragán es Transportes Internacionales Tamaulipecos, SA de CV (TITSA), la cual continuamente acapara los contratos de Pemex en el ramo del transporte de combustibles.
De acuerdo con la página Compranet, hasta 2018 TITSA registraba unos 600 contratos con Pemex por un total de 2 mil 154 millones 768 mil 498.55 pesos, si bien muchos de ellos están vigentes y son por 50 años.
García Cabeza de Vaca presuntamente cabildeó para beneficiar con contratos a esa empresa, según la acusación de Lozoya.
El posible desafuero y juicio contra el mandatario de Tamaulipas dividió a los usuarios de las redes sociales y a los columnistas nacionales y de la entidad.
De un lado están quienes consideran que encarcelarlo puede sentar un precedente contra los funcionarios locales corruptos; del otro, quienes opinan que la acusación tiene tintes político-electorales y que todo se reducirá a un show mediático, como está pasando con otros casos.
La clase política más corrupta
La violencia que hay en Tamaulipas desde hace más de una década es resultado de la complicidad de la clase política –incluidos militantes del PRI, PAN y Morena– que ofrece protección e impunidad a los cárteles de las drogas a cambio de sobornos, los cuales alcanzan hasta el millón de dólares por mes para los gobernadores, según han confesado en las cortes de Texas algunos de los capos del crimen organizado y sicarios capturados en Estados Unidos.
Algunos de quienes recibieron sobornos de los grupos criminales depositaron ese dinero mal habido en bancos de Texas, donde también compraron lujosas residencias y todo tipo de propiedades.
Los montos asegurados por el Departamento del Tesoro estadunidense en los últimos años a funcionarios de Tamaulipas suman alrededor de 600 millones de dólares, es decir unos 12 mil millones de pesos.
El empresario Antonio Peña Argüelles, quien fungió como enlace entre miembros del crimen organizado y funcionarios tamaulipecos señaló a los exmandatarios Tomás Yarrington Ruvalcaba y Eugenio Hernández Flores como beneficiarios de constantes sobornos.
Ante los fiscales de Texas, Peña Argüelles declaró que durante la administración de Yarrington (1999-2004) se usó a la empresa constructora Materiales y Construcciones Villa de Aguayo, SA de CV, de Fernando Cano Martínez –su empresario favorito–, para cometer diversos fraudes con obras públicas.
Por medio de las empresas de Cano Martínez millones de dólares se depositaron en bancos de Texas para comprar dos aviones, diversos inmuebles, un lujoso departamento en la Isla del Padre y varias camionetas Suburban.
En los juzgados de aquella entidad se documentó también que durante su gestión, Yarrington ordenó al subsecretario de Finanzas de Tamaulipas mover fondos gubernamentales –robados al erario– a cuentas bancarias de Texas y para ello utilizaron “empresas fantasma”.
Los expedientes describen que Peña Argüelles lavó millones de dólares en bancos de Texas provenientes de los sobornos que entregó el Cártel del Golfo al gobernador Yarrington, cantidades que promediaron entre 800 y 1 millón de dólares mensuales.
Su sucesor, Eugenio Hernández (2005-2010), según la DEA recibió sobornos de Los Zetas, una organización criminal trasnacional, a cambio de que les permitiera “operar sin restricciones en Tamaulipas mientras fue gobernador”.
En octubre de 2014, luego de que las investigaciones se hicieron públicas, la justicia estadunidense declaró prófugo a Hernández.
Desde que fue alcalde de Ciudad Victoria, Hernández Flores era socio de Egidio Torre Cantú –quien llegó a la gubernatura en 2011– en la constructora Tohesa (Torre-Hernández). A pesar de ser funcionario ganaba fabulosos contratos para su empresa.
La constructora Tohesa tenía sus oficinas en una humilde casa en la calle Allende 107 de Ciudad Victoria y sólo 16 empleados. La constructora se disolvió y cambio de razón social a Nixa y más tarde a Niño Construcciones.
El empresario constructor Alberto Berlanga Bolado fue utilizado por Hernández Flores para lavar su dinero; incluso lo hizo secretario de Obras Públicas durante su gestión como gobernador.
En ese periodo Berlanga “triplicó los contratos que obtiene su empresa constructora, GMC, por licitaciones federales en esta entidad”, según publicó este semanario en febrero de 2007.
Los sobornos que recibió Hernández Flores por parte del crimen organizado fueron lavados en bancos texanos por el empresario Guillermo Flores Cordero, originario de Torreón, Coahuila, quien mantenía cuentas en Texas por alrededor de 30 millones de dólares.
A los exmandatarios se suman políticos tamaulipecos que robaron fondos del erario estatal pero que no fueron investigados ni perseguidos en México, aunque sí tienen cuentas pendientes con la justicia de Estados Unidos.
Uno de ellos: el exalcalde de Matamoros Erick Silva, a quien los fiscales de Texas le decomisaron cuentas por 2.8 millones de dólares y propiedades en la ciudad de Brownsville; lo mismo sucedió con Homero de la Garza Tamez, secretario de Desarrollo Social durante la administración de Torre Cantú, a quien la justicia de Estados Unidos le decomisó una cuenta con 1.1 millones de dólares.
Corrupción con Morena
Las Becas para el Bienestar Benito Juárez presentan irregularidades en pagos por 263 millones 695 mil pesos en el gasto público de 2019, según documentó la Auditoría Superior de la Federación la semana antepasada.
Las irregularidades en la administración de los programas sociales de la Cuarta Transformación han provocado que unos 18 “superdelegados” de Programas para el Desarrollo sean investigados por la Secretaría de la Función Pública. La mayoría de esos programas no cuentan con los mecanismos para supervisar el reparto del dinero en efectivo o medidas para auditar cómo se gastan esos fondos.
En el caso de Tamaulipas, militantes de Morena denunciaron anónimamente al subdelegado José Ramón Gómez Leal, cuñado del gobernador García Cabeza de Vaca, por el manejo irregular de los programas sociales.
A su vez, José Ramón Gómez Leal, quien aspira a la gubernatura de Tamaulipas para 2022, es investigado por actos de corrupción junto con los administradores de la Aduana de Reynosa por cobrar permisos irregulares para el contrabando de combustibles de Estados Unidos a
México.
Asimismo es señalado de participar en una empresa que compra medicamentos para venderlos al gobierno de García Cabeza de Vaca.
Según esa versión propalada por militantes de Morena, en Ciudad Madero alrededor de 16 mil estudiantes reciben la Beca Benito Juárez con retraso durante tres meses al año; dicen que Gómez Leal deposita los fondos millonarios en inversiones bancarias a tres meses; al vencer el plazo, entrega el dinero de los becarios y se queda con los intereses generados.
