La conexión del nuevo aeropuerto de Santa Lucía, obra emblemática del gobierno de López Obrador, está comprometida. Un grupo de comuneros de San Miguel Xaltocan se plantó allí en protesta por el “incumplimiento” del gobierno federal, que a cambio de 128 hectáreas adicionales a las del aeropuerto, que pretende usar como área de mitigación acústica, se comprometió a regularizar la propiedad ejidal y comunal, además de realizar obras en el pueblo. “La tierra no se regala”, enfatiza el representante de los inconformes.
El domingo 4 de octubre a las dos de la tarde, 30 comuneros de San Miguel Xaltocan, en el municipio de Nextlalpan, Estado de México, celebró una misa por los 110 días que llevan impidiendo con un campamento el paso de maquinaria de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la construcción de una glorieta que conectará al nuevo aeropuerto de Santa Lucía General Felipe Ángeles con el Circuito Mexiquense. Xaltocan será la puerta principal al aeropuerto.
A un año del inicio de las obras en Santa Lucía, el 17 de octubre de 2019, en esa comunidad indígena otomí que apoyó fervientemente el proyecto presidencial, se desarrolla un conflicto agrario que ya ha tenido sus primeros brotes de violencia y que el 17 de junio pasado provocó la instalación del campamento disidente, sin fecha de retirada, en los terrenos donde se construye la obra.
Un grupo de comuneros acusa que el gobierno los despojó de 128 hectáreas de sus tierras ancestrales y exigen una indemnización.
“Bienvenidos, campamento de la comunidad indígena de Xaltocan”, dice a un lado del camino de terracería que va hacia el plantón, en un área que según la Sedena será zona de amortiguamiento acústico del aeropuerto. A espaldas de la enorme carpa en la que pernoctan los comuneros inconformes, el Ejército instaló un puesto de vigilancia.
“¡Que Dios bendiga su movimiento!”, dijo el cura ese domingo al término de la misa. Los comuneros xaltocamecas se persignaron.
La mayoría de ellos nunca antes había participado en un movimiento social, como Luis González, ingeniero aeronáutico, comunero y representante del campamento. Él dice que en plena pandemia por el covid-19, se organizaron porque sienten que el gobierno federal abusó de su “buena fe” y no está cumpliendo sus compromisos.
“Estamos a favor del aeropuerto, creemos que el proyecto es la mejor decisión que ha tomado el presidente, pero no estamos a favor del trato que se le ha dado al pueblo indígena, porque el pueblo ha dado mucho, 432 hectáreas al aeropuerto de Santa Lucía”, sostiene González.
La negociación
El 10 de marzo de 2019 se llevó a cabo en Xaltocan la consulta indígena en la que se aprobó el proyecto aeroportuario que impactará su territorio. En la asamblea comunitaria participaron 450 pobladores y autoridades federales. En 12 horas se decidió el futuro de esta comunidad.
Para el nuevo aeropuerto de Santa Lucía, la Sedena requirió mil 284 hectáreas adicionales que adquirió de los pueblos aledaños para el aérea de amortiguamiento acústico y de seguridad. De Xaltocan necesitaba 304 hectáreas de tierras ejidales y 128 de comunales.
Como parte del acuerdo, la comunidad se comprometió a vender las 304 hectáreas ejidales a cambio de que el gobierno federal regularizara 749 hectáreas en posesión de la comunidad. De éstas, el gobierno podría disponer de 128 hectáreas para el aeropuerto, según el acta de la asamblea.
El gobierno acordó “fijar la contraprestación por la utilización de las tierras ejidales (304) y comunales (128)”, para lo cual establecería una mesa de negociación en la que se definirían los montos y los instrumentos legales.
Ese día, Daniel Fajardo, actual subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda y en ese entonces coordinador general de Desarrollo Metropolitano y Movilidad de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), dijo que por instrucción del presidente se proponía una negociación y acuerdos sobre las 128 hectáreas “para no llevar a cabo una expropiación como ocurría en tiempos pasados”.
Semanas después de la consulta indígena, el 26 de abril del año pasado, la Sedatu declaró 621 hectáreas como “terreno nacional” a favor de la comunidad y 128 como “terreno nacional e inmueble patrimonio de la federación”. Estas últimas las puso a disposición de la Sedena para el aeropuerto de Santa Lucía. Atrás quedó la oferta inicial de una contraprestación por las 128 hectáreas.
Inicia el conflicto
Las tierras de Xaltocan han estado en disputa desde el siglo XVII, durante el virreinato de la nueva España. Desde hace décadas se han presentado supuestos dueños que reclaman los terrenos, sobre todo ahora, por la plusvalía que ha traído el proyecto del aeropuerto.
De hecho, desde 2015 un grupo de 722 comuneros solicitó al gobierno federal la “enajenación colectiva de terreno nacional” de las 749 hectáreas que están dedicadas a la agricultura de Xaltocan, pero el trámite no prosperó y no pudieron regularizar la propiedad.
En 2019 el gobierno aprovechó esto para prometer que les ayudaría a titular 621 hectáreas a nombre de la comunidad “sin vendérselas”, a cambio de las 128 hectáreas para uso de la Sedena.
Daniel Fajardo asegura en entrevista que, después de la consulta indígena, en una de las 44 reuniones que el gobierno federal ha sostenido con los representantes de Xaltocan, se acordó este intercambio, pues desde hace décadas han sufrido por la aparición de supuestos dueños que reclaman el territorio, pese a que la Dirección General de la Propiedad Rural encontró que nadie ha acreditado la propiedad.
“Esa era una demanda social de muchísimos años”, dice Fajardo. “Por primera vez es el gobierno está defendiendo en tribunales que esos terrenos son para la comunidad, contra estos privados. La regularización de los terrenos está en proceso. Se va a entregar un título de propiedad por cada parcela a los comuneros”.
Sin embargo, los comuneros del campamento se sienten defraudados pues aseguran que nunca aceptaron “regalar tierras” para el aeropuerto y exigen el pago de las 128 hectáreas enajenadas a la Sedena. Para ellos las 749 hectáreas son de la comunidad.
“La tierra no se regala. Estas tierras son de Xaltocan, de hecho, la base aérea militar de Santa Lucía se expropió a Xaltocan. Durante la historia de Xaltocan ha habido despojos de tierra y éste es uno más. Pero la posesión histórica tiene un peso. Cientos de años los pobladores han sembrado las tierras, las han cuidado”, reclama Luis González.
De hecho, el 25 de agosto el grupo de comuneros inconformes presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) “para demandar respeto a su autonomía, cultura, tierra y territorio, así como a sus derechos colectivos y garantías individuales e impedir el despojo de 128 hectáreas de tierras comunales para el NAICM de Santa Lucía”.
También enviaron oficios a Román Meyer, secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, el pasado 19 de agosto, en el que 325 comuneros de los 722 que hicieron la solicitud en 2015, denuncian el “despojo” en la declaratoria “de 128 hectáreas asignadas de manera abusiva a la Sedena para obras del aeropuerto”. Además, reclaman que Juan Paredes, suplente de su representante, Daniel Martínez, quien falleció en mayo pasado, ha estado tomando decisiones unilaterales de espaldas a la comunidad. Como ejemplo, acusan que les ha presentado croquis e información de que sólo se les titulará 6 mil metros cuadrados en lugar de los 8 mil que le corresponderían a cada uno de los 722 comuneros de las 621 hectáreas.
“De manera unilateral la Dirección General de la Propiedad Rural decidió restarnos 2 mil metros cuadrados para asignárselos a abogados y gestores como pago de sus servicios”, denuncian en el documento.
Mauro Palma, un comunero afectado, dice que en la comunidad no se ha realizado ninguna asamblea que avale esta reducción “arbitraria”, por lo que decidió ser parte del campamento disidente.
El aeropuerto avanza, no el pueblo
Xaltocan vio con buenos ojos el proyecto aeroportuario del presidente López Obrador, pero a cambio hizo una lista de peticiones para la comunidad, como obras de infraestructura y drenaje e inversiones en educación y mejoramiento urbano.
La Sedatu se comprometió a remodelar la plaza principal y el museo de Xaltocan, así como a construir un centro comunitario, un deportivo, locales comerciales, una clínica de salud y un centro educativo donde se ubiquen la primaria, la secundaria y el jardín de niños. A un año y siete meses desde la consulta, la comunidad no ha visto ni una sola obra.
“Después de la consulta indígena, en la que el pueblo amablemente accedió al proyecto, no hemos accedido a las obras que se nos prometieron. Vemos que el aeropuerto avanza y no se detiene, y nuestro pueblo no avanza”, lamenta Luis González.
El 18 de junio de 2020, la Sedatu acordó con la comunidad que las obras iniciarían a más tardar en septiembre. Sin embargo, eso tampoco ocurrió. El 7 de octubre pasado apenas comenzó la entrega de 418 apoyos a familias de Xaltocan: 35 mil pesos para mejoramiento de sus viviendas y 90 mil para ampliación.
Fajardo dice que el arranque de las obras ha demorado porque ha sido un proceso de diálogo con ellos, pues “no se trata de imponer proyectos” y asegura que están en la última etapa y pronto van a lanzar las licitaciones correspondientes: “Estamos a nivel del proyecto ejecutivo. Ya se hizo el proyecto arquitectónico y ya se les mostró”.
En cuanto a las 128 hectáreas reclamadas, el caso está cerrado, según Fajardo:
“Siendo terrenos nacionales es imposible legalmente pagar por algo que ya es tuyo (…) Si nosotros revertimos el decreto de terrenos nacionales le daríamos en la torre a toda la comunidad y se nos vendrían ya no sólo ese grupo que está ahí, sino la comunidad completa. Sería muy grave.”
Para Fajardo se trata de un grupo minoritario que “trae una disputa interna” y el gobierno federal no puede intervenir al respecto al tratarse de una comunidad indígena.
“Es un tema que se ha venido complicando a partir de que entraron actores externos a la comunidad. Estoy hablando de Movimiento Social por la Tierra, con su líder Francisco Chew Plascencia, que ha estado ahí presente”, señala el subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda.
El pasado 4 de julio, el reportero Andrés Becerril, del periódico Excélsior, documentó que Chew Plascencia protagonizó una trifulca en el auditorio de la comunidad, en la que tuvo que intervenir la Guardia Nacional. Chew Plascencia fue parte de las protestas en San Lázaro en 2019 para exigir más recursos para el campo durante la discusión del presupuesto 2020.
Pero integrantes del campamento se deslindan de este personaje, pues aseguran que sin ser de la comunidad ha organizado a pobladores para que reclamen ser parte del acuerdo de las 621 hectáreas para la escrituración de parcelas.
A más de 100 días de iniciar su protesta, para el grupo de comuneros no hay marcha atrás y continuarán el tiempo que sea necesario en el campamento. “Cómo nos vamos a quitar si no hay ni una sola obra para el pueblo”, reprocha Mauro Palma.
“Ha sido desgastante, pero así pasen más días, más lluvias, más frío, vamos a seguir luchando por las tierras”, dice por su parte Luis González.
La Sedena respondió a la reportera que el campamento no está afectando la construcción del aeropuerto. Mientras que los manifestantes mostraron a la reportera que detrás de su campamento hay una excavación inconclusa de lo que en un futuro será la glorieta principal del aeropuerto.
“Esta glorieta la hicieron en una semana, el poder de construcción que trae el aeropuerto es tremendo. Si esto lo hicieron en una semana, si no hubiésemos detenido las obras hace tres meses esto estaría muy avanzado”, dice González señalando la excavación.
Aunque el gobierno federal minimiza el conflicto, la disputa está a las puertas de lo que será una de las obras emblemáticas del gobierno de López Obrador.
