En Zacatecas el esquema de la Estafa Maestra se replicó con recursos provenientes de la Sagarpa. A diferencia de la rapidez con la que la Fiscalía General de la República actuó judicialmente contra la exsecretaria Rosario Robles, en este caso se niega a investigar a los principales involucrados: Nicolás Castañeda Tejeda, quien se perfila como candidato a diputado del PES, partido aliado de Morena; y José Guadalupe Estrada Rodríguez, excolaborador del hoy senador Ricardo Monreal y notario público en Fresnillo.
La Fiscalía General de la República (FGR) se niega investigar por los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito a los principales operadores de la llamada Estafa Maestra en la extinta Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), pese a denuncias de testigos y exfuncionarios, así como datos de prueba presentados.
De acuerdo con fuentes cercanas a la investigación, los desvíos en Sagarpa y las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y Desarrollo, Territorial y Urbano (Sedatu) hacia empresas y operadores políticos del PRI en Zacatecas, habrían alcanzado los mil 500 millones de pesos, particularmente entre 2015 y 2016, cuando se celebraron elecciones para gobernador, que ganó el priista Alejandro Tello Cristerna.
El priista se impuso a David Monreal, de Morena, en una operación impulsada desde el gobierno de Enrique Peña Nieto para impedir que el morenista triunfara y con ello evitar también que se fortalecieran las aspiraciones presidenciales de Andrés Manuel López Obrador.
Nicolás Castañeda Tejeda, uno de los principales operadores de la trama de esos desvíos, hoy es aliado de Morena y se perfila como candidato del Partido Encuentro Solidario (PES) a una diputación federal por la vía plurinominal.
Documentos consultados por Proceso revelan que en cuatro días la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), a cargo de Alfredo Higuera Bernal, declinó la competencia para admitir la denuncia presentada el 16 de octubre contra exfuncionarios de Sagarpa y de las universidades públicas zacatecanas involucrados en la operación.
La resolución tomada por la SEIDO el pasado 20 de octubre contrasta con las determinaciones ministeriales de esa misma subprocuraduría que, en el caso de Rosario Robles Berlanga, extitular de Sedesol y Sedatu, logró presentar la acusación penal ante un juez de control que resolvió girar una orden contra la inculpada por delincuencia organizada y lavado de dinero.
César Ambriz Puente –abogado de Román Márquez, uno de los testigos del caso, y del exrector de la Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas (UPSZ), Salvador Lara Martínez, imputado por la presunta firma de algunos convenios que forman parte de la Estafa Maestra– afirma que el Ministerio Público Federal Sergio Daniel Callejas Santos también se ha negado a investigar a los operadores de los presuntos desvíos en Sagarpa.
El litigante agrega que este tipo de resoluciones se contraponen de forma directa con la resolución que tomó la SEIDO en el caso de Robles Berlanga, ya que la carpeta de investigación sobre la Estafa Maestra en Sedesol y Sedatu derivó en una orden de aprehensión contra 11 involucrados en el presunto desvío de 7 mil millones de pesos, incluyéndola a ella, así como al exsubsecretario de Sedatu Enrique González Tiburcio y al exrector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos Alejandro Vera Jiménez.
Las omisiones
El abogado César Ambriz señala que la resolución benefició de forma directa al exdirector de Proyectos Estratégicos de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) y actual presidente del PES en esa entidad, Nicolás Castañeda Tejeda, aliado de Morena en las elecciones presidenciales de 2018.
La indagatoria de la FGR tampoco ha tocado al exrector de la UPSZ, José Guadalupe Estrada Rodríguez, quien fue subprocurador en el gobierno de Ricardo Monreal –hoy senador– y notario público en funciones en el municipio de Fresnillo.
“La FGR no se atreve a buscar la verdad de estos hechos, estamos ante una situación en la que la propia fiscalía se resiste a investigar el fondo de la Estafa Maestra. Es el caso del agente del Ministerio Público Sergio Callejas, quien lleva a cabo la investigación y se limitó a recabar dos insípidas entrevistas a dos de las personas que fueron denunciadas por mis representados, quienes obviamente negaron los hechos y solicitaron cerrar la investigación”, señala el abogado.
En la extinta Sagarpa –hoy Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural–, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) documentó presuntos daños a las finanzas públicas por 273 millones de pesos, derivados de los convenios firmados por la dependencia con universidades públicas, asociaciones civiles y supuestas organizaciones de productores.
De esa cifra, al menos 220 millones se desviaron a través de la UAZ, de acuerdo con la auditoría forense 15-0-08100-12-0340 efectuada por la ASF en 2015.
A pesar de ello, ninguno de los titulares de Sagarpa en el sexenio de Enrique Peña Nieto: Enrique Martínez y Martínez (2012-2015), José Calzada Rovirosa (2015-2018) y Baltazar Hinojosa Ochoa ha sido llamado a declarar; tampoco enfrentan cargos por el delito de ejercicio indebido del servicio público, acusación que mantiene en la cárcel a Robles Berlanga desde 2019 por hechos muy similares a los ocurridos en Sedesol y Sedatu.
El exrector Salvador Lara identifica como otro de los operadores de la Estafa Maestra a Ricardo Castillo Aguilar, actual diputado federal del PRI que entre 2012 y 2018 fungió como subsecretario de Alimentación y Competitividad en la Sagarpa.
Castillo Aguilar pertenece al llamado Grupo Atlacomulco y en la campaña de Peña Nieto por la gubernatura del Estado de México fungió como subsecretario de Acción Electoral del Comité Directivo Estatal del PRI.
Lara revela que durante la campaña presidencial de 2018 acudió junto con su abogado a las oficinas de la Presidencia de la República en Constituyentes 1001 para tratar de negociar con Nicolás Castañeda y Guadalupe Estrada.
Lo único que le recomendaron esa vez, dice, fue declararse culpable; lo que rechazó. Hoy está vinculado a proceso por los delitos de peculado y contratación indebida a empresas fachada. “Pero yo no contraté ni ejercí un solo peso”, reitera.
César Puente, abogado de Lara, afirma que los peritajes de la FGR – consultados por el reportero– indican que la firma del exrector de la UPSZ fue falsificada por los operadores de Nicolás Castañeda y Guadalupe Estrada.
En la audiencia intermedia celebrada en diciembre pasado, un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Estado de Zacatecas aceptó como medio de prueba de la defensa el peritaje oficial de la FGR en el cual se concluye que la firma de Lara fue falsificada en esos convenios.
La fiscalía intentó desistirse de ese dato de prueba a pesar de que fue elaborado por sus peritos, pero el juzgador federal rechazó su petición y será parte del juicio, aunque todavía no se emita el acto de apertura a juicio de esta causa penal.
Operación Zacatecas
Derivado de la carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAI-CDMX/ 000009/2018, el pasado 16 de octubre se presentó ante la FGR una denuncia contra Nicolás Castañeda Tejeda, José Guadalupe Estrada Rodríguez, Érick Alfredo Rodarte Bernal, Karla Ileana López Muro y Jorge Isaac López Estrada por su presunta participación en una trama que sirvió para desviar recursos públicos desde Sagarpa, mediante convenios con la UAZ y la UPSZ, así como la simulación de servicios a través de empresas fachada.
En la denuncia se indica que el testigo principal de los hechos laboró como contador público en la empresa Grupo Minier Consultores y que una de sus primeras tareas fue supervisar los convenios que Sagarpa firmó con la UAZ y la UPSZ, por lo que más tarde Nicolás Castañeda lo designó técnico de proyectos estratégicos en ambas dependencias.
Así, señala, de 2013 a septiembre de 2015 su labor fue “recibir toda la información de los proyectos estratégicos que trabajaban los despachos y empresas subcontratadas por las universidades, las cuales me enviaban los entregables, es decir, los resultados de las encomiendas”.
El testigo agrega que entre julio y agosto de 2014 llegaron a ambas universidades zacatecanas 44 presuntos proyectos de investigación, los cuales fueron asignados sin licitación y por órdenes de Castañeda a un despacho del empresario Jorge Isaac López Estrada, el cual justificaba los trabajos con entregables bajados de Wikipedia.
El extrabajador universitario señala que Karla Ileana López Muro era la coordinadora administrativa “de todo el dinero que se movió en los proyectos de las cuatro universidades, la Universidad Autónoma de Zacatecas, la Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas, la Universidad Juárez de Durango y la Universidad del Caribe”.
Entre los despachos que elaboraban los entregables se encontraban Grupo Minier Consultores; Cap, Competitividad Aplicada; Grupo de los Diez; Aimaac; Nyseen Consultores; TI Consulting; Inmobitech y Ferrezac.
De acuerdo con el relato, el dinero era retirado por López Muro “de todos los cajeros Banorte de Zacatecas”; además, los trabajadores por honorarios recibían depósitos extras sin motivo alguno, recursos que posteriormente se les solicitaban mediante correos electrónicos.
“Hola, te cayó el fin $18,289.37, de upsz, te los encargo por favor”, señala uno de esos correos anexados a la denuncia fechada el 28 de septiembre de 2015.
En otra parte del relato, el testigo afirma que Nicolás Castañeda y José Guadalupe Estrada iba a rentar un avión privado “con toda la lana que se ganaron de los proyectos” e ir a la Ciudad de México para ver al subsecretario de Sagarpa, con el fin de “amarrar más proyectos y hacer cuentas, ya que el subsecretario se quedaba con 30% del monto de los proyectos”.
Revela incluso que en 2017 se le ordenó viajar a Puerto Escondido, Oaxaca, para buscar a unos falsos beneficiarios de programas agrícolas, a quienes se les habían falsificado firmas para hacer efectivos los cobros, con el fin de ofrecerles una parte de ese dinero y así solventar “una fuerte auditoría” ordenada por la ASF ante la sospecha de irregularidades.
La desconfianza de Castañeda y Estrada, los operadores de la Estafa Maestra en Zacatecas, fue tan grande que obligaron a sus subordinados a enviarles fotografías de esas entregas de dinero. Las imágenes fueron recibidas en su momento por López Muro y anexadas como evidencia al expediente de la imputación penal.
A pesar de que la SEIDO se negó a aceptar la denuncia, el pasado 25 de noviembre fue ratificada por Salvador Lara y Román Márquez ante la Subprocuraduría de Delitos Federales que encabeza Juan Ramos, el principal responsable del caso Odebrecht y de la primera investigación contra Robles Berlanga.
Para el abogado César Ambriz, las operaciones de desvío de recursos públicos en Sagarpa, Sedesol y Sedatu “tienen los mismos tintes de delincuencia organizada”, por lo que, insiste, corresponde a la SEIDO y no a la Subprocuraduría de Delitos Federales seguir con las investigaciones del caso.
