El Tren Maya amenaza con acabar la Reserva Ecológica de Cuxtal, que alberga 474 especies de plantas, 472 tipos de invertebrados y 17 de reptiles de alto valor medicinal y cultural para grupos indígenas en Yucatán, advierten académicos e investigadores que han estudiado los impactos negativos de la megaobra de la 4T. Además, en entrevista con este semanario, líderes de las comunidades donde pasará el tren reiteran su resistencia al proyecto porque también consideran que el gobierno federal los trata de manera desigual. “No cambia la relación histórica de subordinación”, reclaman.
MÉRIDA.- El dzidzilché es un arbusto endémico de la Península de Yucatán que crece en regiones no perturbadas, mundialmente es conocido por el sabor que sus flores impregnan a la miel producida por la abeja melipona, oriunda de esta zona de México, explica Denis Magaña, investigador de biotecnología.
En un recorrido por las veredas del Parque Ecológico Metropolitano del Sur, en la Reserva Ecológica de Cuxtal, Magaña muestra otras especies vegetales de alto valor medicinal y cultural para el pueblo maya, como el chacká blanco, utilizado en rituales, los hongos que purifican el agua que se filtra al subsuelo, el guarumbo para recubrir el tabaco, chaká rojo también para rituales, bromelia para combatir la parasitosis y más especies que sólo crecen en la selva de la península, entre el monte y los cenotes.
“Una vez que sea impactada el área de Cuxtal la reserva se va a perder y no habrá marcha atrás”, advierte este científico a quien se le ha prohibido informar para qué institución pública labora, cuando se trata de comentar sobre los efectos de la megaobra del Tren Maya sobre la reserva de Cuxtal, una zona de 10 mil 757 hectáreas que alberga 474 especies de plantas, 472 tipos de invertebrados y 17 reptiles.
“Sólo puedo hablar a título personal”, insiste el investigador; no obstante, alerta sobre los impactos de la ocupación de 35.75 hectáreas del proyecto sobre la reserva a la cual el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) destinará 278 millones de pesos a manera de “compensación y restauración ambiental”, según un convenio establecido en septiembre del año pasado con el municipio de Mérida y el Organismo Público Municipal Descentralizado de Operación y Administrador de la Zona sujeta a Conservación Ecológica Cuxtal.
El convenio, recuerda el investigador, fue firmado antes de que se diera a conocer el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA), presentado por el Fonatur y aprobado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), y el plan de construir un túnel para el paso del tren, cuando en este municipio el agua está a menos de 10 metros de profundidad.
“Todo se hizo sin consulta pública ni difusión de información a las comunidades, sin considerarse la gestión del agua, cuando es de todos”, denuncia Magaña.
Insiste en advertir sobre los daños catastróficos que las obras significarán para la práctica de la menipolicultura ancestral de los mayas, impactos que intentan detener los científicos, como él, en coordinación con las comunidades indígenas involucradas.
Magaña muestra el jobón, un tronco de cedro donde se guardan las abejas mayas, que tiene fines pedagógicos en el proyecto de rescate de la menipolicultura. Aunque la finalidad no es obtener ganancias de la miel que se produce, destaca que la miel de dzidzilché es altamente cotizada en Europa.
“Antes había miles de meliponicultores, pero cuando convocamos a participar en el proyecto de rescate sólo se inscribieron 46 personas; el mensaje del gobierno ha sido que esta práctica no es progreso; advierte que con el paso del tren no habrá manera de conservar las abejas que se alimentan de las partes altas de los árboles”, expone.
La preocupación del investigador en biotecnología sobre los efectos del megaproyecto en la Península de Yucatán, que guarda 30% de la recarga total de los acuíferos del país, es compartida por académicos que mantienen contacto directo con las comunidades indígenas de la zona y que en 2019 fueron convocados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), para elaborar un diagnóstico sobre los efectos del Tren Maya en la región.
Agrupados en Articulación Yucatán, un equipo multidisciplinario que acompaña a las comunidades en los litigios por la defensa de su territorio, los expertos alertan sobre los efectos “no solamente de unos rieles, sino todo lo que se espera que traiga el tren”.
Una de las convocadas por el Conacyt, Alejandra García Quintanilla, historiadora jubilada de la Universidad Autónoma de Yucatán e integrante del Colectivo Popol Wuj, cuenta que “cuando el estudio resultó crítico (en noviembre de 2019), primero fue bien recibido y luego totalmente rechazado”.
Relata que en una reunión en la que estuvo el entonces secretario de la Semarnat, Víctor Toledo, y la directora del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, entre otros funcionarios federales, “la doctora Elena dijo sobre el balance del estudio: ‘No me esperaba esto, está tremendo’, y el doctor Toledo le dio vuelta al asunto y recomendó que, como académicos, deberíamos unificar nuestros marcos teóricos”.
García Quintanilla, quien reconoce que en las elecciones presidenciales de 2018 votó por Andrés Manuel López Obrador, supone que después de presentarle al presidente los resultados, éste “se enojó mucho, empezó a haber distancias, después se sacó de la manga la consulta y se malinformó a las comunidades. La gente piensa que su tienda, su milpa y sus artesanías van a tener un gran éxito con el tren; no saben que van a ser barridos, es la cancunización total”.
Jazmín Sánchez, maestra en ingeniería ambiental y coautora del diagnóstico, dice que las comunidades deben estar en alerta. “Aunque vengan con muchas promesas de desarrollo, la información no ha sido pública en el análisis ni en la dimensión que merece el tema”.
Agrega que los estudios del MIA, publicados un año después de que se realizaron las consultas públicas, han sido reducidos porque el proyecto en su primera fase, de Palenque a Izamal, se delimita a las vías del tren y no toma en cuenta los polos de desarrollo. “No pasan por el proceso de impacto ambiental en su conjunto”.
Rodrigo Patiño, investigador de fuentes renovables en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional en Yucatán, dice que ante “los espejitos” de los supuestos beneficios del Tren Maya, las organizaciones indígenas se han fortalecido, como Múuch’ Xiinbal, que no existían hace cinco años, cuando se aceleró el despojo de tierras en la región con distintos proyectos agroindustriales, de energía y megagranjas porcícolas.
Esas organizaciones originarias, dice, ahora están muy activas y “tienen una visión mucho más escéptica de los proyectos gubernamentales y de defensa del territorio desde sus derechos indígenas”.
Patiño recuerda que “curiosamente” perdió su lugar en el Sistema Nacional de Investigadores cuando expresó su defensa de las comunidades ante la maquinaria gubernamental.
“La pandemia ha jugado un papel preponderante, dificultando que las comunidades tengan acceso a la información que generan las organizaciones civiles; es una lucha dispareja, pero no podemos quedarnos con los brazos cruzados.”
El trato federal
Representantes de las comunidades mayas de Yucatán por donde pasará el tren han recurrido al Poder Judicial para reclamar su derecho a la libre determinación y para que el Estado mexicano los vea como iguales.
Agrupados en el colectivo Chuun T’aan, y con el apoyo de Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, las comunidades tramitaron a finales de 2020 un amparo que fue remitido por un juzgado de distrito a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que ésta ejerza su facultad de atracción del caso.
Previo a ello, en el contexto de la visita de López Obrador a la península, en junio último, para dar el banderazo de salida a las obras del Tren Maya, Chuun T’aan dirigió una carta al mandatario federal en la que reprochan ser vistos como “pobres y campesinos”, y expresan su enojo por el discurso de que el megaproyecto pretende saldar la “deuda histórica” que el Estado mexicano tiene con los pueblos originarios.
“¿Quieres que comencemos a conversar sobre el llamado Tren Maya? Nosotros creemos que ya es hora de sentarnos para hablar de eso. No vale solamente que nos digan lo ‘bueno’ del tren, sino que nos den toda la información, que incluye los peligros, el uso de las ganancias del tren, la manera como vamos a entrar en su operación y administración.
“No queremos que, como las carreteras o la luz, como la deforestación o el manejo y gestión del agua, se convierta en un negocio que solamente va a seguir beneficiando a los grandes ricos de siempre. Para eso no cuentes con nosotros. Nosotros queremos otra manera de relacionarnos con el Estado”, apuntan los integrantes de Chuun T’aan.
Alberto Vázquez, quien se define como “maya urbano”, explica que, cuando empezaron a conversar en las comunidades sobre el megaproyecto, entre las personas mayores vino a la mente lo que fue el Ferrocarril del Sureste, al que podían subir a vender sus productos y bajarse en la siguiente estación. El proyecto del presidente López Obrador es distinto.
“¿Qué nos ofrece el Tren Maya? Nos ofrece seguir trabajando como servidumbre; no es que vaya a mejorar las condiciones de vida ni las condiciones de los pueblos, es un proyecto de gran inversión. Esto apunta a cancunizar la península, a perder el territorio. En el proceso de consulta sólo se tomó en cuenta a los ejidatarios, pero nos afecta a todos, nos sentimos aislados”, dice Vázquez.
Agrega que para los mayas es un agravio la falta de claridad sobre el rescate arqueológico que, de acuerdo con el Fonatur, se han registrado 7 mil 378 monumentos en el proceso de construcción en los tramos 1, 2, 3 y 4.
“Debió existir un plan de salvamento previo, antes de iniciar trabajos, que sepan dónde está el patrimonio arqueológico y qué se va a hacer con él, que se hiciera en conjunto con los pueblos porque la gente sabe dónde están los yacimientos”, apunta Alberto Vázquez.
José Koyoc, habitante de Halochó y uno de los firmantes del amparo contra los trabajos del Tren Maya, insiste en la exigencia de que los indígenas sean vistos como iguales en todo tipo de actuación que tenga que ver con su territorio.
“Ha habido consultas organizadas por los pueblos, por ejemplo, sobre las granjas porcícolas, y ahí están sin ser tomadas en cuenta, pero este proceso de consulta que se hizo a trompicadas, de manera acelerada, ese sí tiene reconocimiento, eso sí habla de la actitud del Estado mexicano de cómo ve a los pueblos indígenas, como pobres, como campesinos no como otras naciones”, señala.
Historiador, Koyoc reprocha el discurso federal respecto de que detrás de los recursos judiciales contra del Tren Maya están intereses ajenos a los pueblos mayas.
“Decir que quienes reclaman son las asociaciones y no los pueblos originarios no cambia mucho esta relación histórica de subordinación. Nos ven casi como niños. Si bien hay una serie de leyes que en teoría sirven para ejercer la libre determinación, en la realidad vemos que sigue siendo la misma relación de tutela del Estado mexicano”, agrega Koyoc.
El diálogo
La exigencia de decidir sobre el modelo de desarrollo para los pueblos mayas de la Península la dejó en claro el poeta e integrante de Múuch ‘Xiinbal, Pedro Uc Be, en una conversación telefónica, con uno de los operadores políticos del Fonatur, Pablo Careaga.
Amenazado desde 2019 por su oposición a proyectos eólicos en la región y al Tren Maya, beneficiario del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, Uc Be grabó la conversación que sostuvo con Careaga, después de su primera amenaza en diciembre de 2019, y la engrosó a su expediente en la Secretaría de Gobernación.
En su presentación, el funcionario del Fonatur dice que su labor es buscar el “diálogo y después la colaboración” de los defensores y líderes indígenas abiertamente contrarios al Tren Maya, y confiesa tener algunas diferencias…
“Si me bajo del proyecto, de todas maneras se va a hacer”, le dice Careaga al defensor y poeta, y le recuerda lo prioritario que es la megaobra para López Obrador.
“Hace poco nos decía el presidente: ‘Si el proyecto Tren Maya falla, falla la 4T’”, relató Careaga en un intento de convencer al integrante de Múuch ‘Xiinbal, una de las organizaciones que –junto con Kannan Derechos Humanos– obtuvo una suspensión provisional de las obras nuevas del tren en los municipios de Chocholá, Mérida e Izamal.
El comentario de Careaga hizo estallar a Uc Be: “¡A mí me vale madre que falle la 4T! Si el proyecto Tren Maya es nuestra muerte, no es la 4T. El problema es que mi vida está de por medio. Si López Obrador está diciendo eso, es porque eso le interesa a él; yo estoy peleando por mi vida. ¿Cómo demonios van a hacer una comparación así?
“No vamos a echarnos de reversa, queremos que el proyecto Tren Maya se cancele en este momento hasta hacer una consulta peninsular, comunidad por comunidad, y que las comunidades digan lo que quieren. En tanto eso no pase nosotros no vamos a estar de acuerdo.”
