En sentido contrario al discurso del presidente López Obrador, su administración no sólo niega el acceso a documentos relativos a sus programas y proyectos prioritarios –como el Tren Maya o el aeropuerto de Santa Lucía–, sino que mantiene los candados que gobiernos anteriores colocaron en expedientes de gran relevancia pública, como los casos Odebrecht y Ayotzinapa. La negativa de las dependencias federales a entregar información disparó al doble las impugnaciones que ciudadanos interpusieron ante el INAI. De hecho, en materia de transparencia y rendición de cuentas, la 4T no se diferencia de los gobiernos del PRI y del PAN.
En mayo de 2020, después de recibir reiteradas críticas sobre la opacidad en la que operó sus programas sociales, el gobierno federal dio a conocer por primera vez detalles del llamado “censo de Bienestar” que los Servidores de la Nación habían levantado durante los dos años anteriores con el objetivo de tener una base de datos para determinar quiénes podrían solicitar los apoyos de la llamada Cuarta Transformación.
Dichos detalles se limitaron en un documento sobre la metodología y un par de tablas con cifras inverificables, que servirán de base para un futuro Padrón Único de Beneficiarios. Ello a pesar de que el Consejo Nacional de Evaluación de Desarrollo de la Política de Desarrollo Social había señalado que “su levantamiento se hizo antes y durante su diseño (de los programas), por lo que no necesariamente atiende a los objetivos de dichas intervenciones”.
Así, el ejercicio de transparencia del gobierno federal se quedó a medias. Y no sólo en este caso: la administración de Andrés Manuel López Obrador ha perpetuado prácticas de opacidad similares a las de los gobiernos anteriores, pues ha reservado o negado acceso a miles de documentos relativos a proyectos y programas clave de la llamada Cuarta Transformación, como el Tren Maya, la refinería Dos Bocas, el aeropuerto de Santa Lucía, así como contratos y datos esenciales sobre la campaña de vacunación contra el covid-19.
Recientemente, la Fiscalía General de la República (FGR) exhibió esta opacidad, cuando tachó la mayor parte de las más de 7 mil 500 hojas de su “investigación” sobre el expediente del gobierno de Estados Unidos contra el general Salvador Cienfuegos Zepeda, y ello a pesar de la promesa de López Obrador de que el gobierno mostraría una “transparencia absoluta” sobre este polémico caso.
El expediente publicado por la FGR desató burlas e indignación en redes sociales, y revivió el debate sobre la intención del presidente López Obrador de desaparecer el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), una medida denunciada por un amplio bloque de periodistas, académicos, defensores de derechos humanos y actores políticos.
En su conferencia matutina del 11 de enero, el mandatario sostuvo que, en caso de concretarse su deseo de que la Secretaría de la Función Pública (SFP) asuma las funciones del INAI –un organismo autónomo sobre el que el mandatario no ejerce poder directo–, él ordenaría a todas las dependencias la entrega de cualquier información solicitada en 72 horas.
Sin embargo, los datos disponibles ponen en duda esta promesa del presidente. Las estadísticas del INAI muestran que la llegada de la administración de López Obrador marcó un disparo en el número de impugnaciones que ciudadanos interpusieron ante el organismo autónomo, tras considerar que las dependencias federales no respondieron debidamente a sus solicitudes de información: en 2019 y durante los primeros 11 meses de 2020, el INAI procesó 34 mil 401 recursos de revisión, dos veces más que durante los últimos dos años de gobierno de Peña Nieto.
Y no sólo esto: durante los primeros dos años de gobierno de López Obrador, instancias gubernamentales mantuvieron los candados que administraciones pasadas colocaron en expedientes de gran relevancia pública, como la investigación de la FGR sobre los sobornos pagados por la empresa brasileña Odebrecht, y el nuevo expediente del aún irresuelto caso de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
López Obrador también amplió el poder y las atribuciones de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a la que entregó formalmente las tareas de seguridad pública y la política migratoria –le dio el control de la Guardia Nacional– y le adjudicó varias obras multimillonarias de infraestructura pública.
La Sedena es una de las entidades más opacas del gobierno federal. Suele negar información bajo el pretexto de la seguridad nacional, tiene su propia jurisdicción y está muy poco sujeta a revisiones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Prueba de lo anterior: en 2019 la dependencia castrense reservó cinco años la información relativa al aeropuerto de Santa Lucía, lo que López Obrador justificó con el pretexto de que sus “adversarios” la usarían para interponer amparos.
De acuerdo con las estadísticas del INAI, a lo largo de 2020 las dependencias que más información reservaron fueron el Servicio de Administración Tributaria, la ASF, el Tribunal Superior Agrario, Pemex Transformación Industrial –que está a cargo de la construcción de Dos Bocas– y Nacional Financiera, las cuales reservaron más de 10% de la información que personas les solicitaron.
En términos cuantitativos, los datos muestran que el IMSS reservó más de dos expedientes por día, en promedio; la SFP reservó 303 documentos, mientras que la Comisión Federal de Electricidad hizo lo mismo con 220.
En febrero de 2020 Proceso pidió al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) copia de todos los estudios en materia legal, financiera y técnica entregados por tres empresas de consultoría contratadas en el arranque del proyecto. La dependencia a cargo del Tren Maya se negó a entregarlos, pues consideró que unos eran documentos reservados y otros no habían sido entregados.
En otro caso en el que participó este semanario, el Banco Mexicano de Comercio Exterior (Bancomext) incluso contrató por más de 600 mil pesos a un despacho de abogados –Morales Heyser y Asociados, SC– para interponer un amparo y no respetar una orden del INAI que le instaba a entregar documentos relativos a la adquisición de la empresa Grupo Fertinal por parte de Pemex durante la gestión de Emilio Lozoya Austin. Nacional Financiera y Bancomext interpusieron cuatro amparos para no transparentar documentos sobre este caso, que tuvo al multimillonario Ricardo Salinas Pliego y Banco Azteca como actores centrales.
Recientemente el propio López Obrador enfrentó contradicciones en temas de información reservada: para demostrar su intención de alcanzar la transparencia, el 11 de enero divulgó en su conferencia matutina la carta que envió en marzo de 2019 a Felipe VI, rey de España, para pedir a la Corona que expresara una disculpa pública por las atrocidades cometidas durante el periodo de colonización. El equipo de la Presidencia se había negado a entregar esta carta bajo el argumento de que “tras una búsqueda exhaustiva” el documento “no se localizó”.
Siguiendo ese impulso, el mandatario prometió minutos después a una reportera que al día siguiente el gobierno publicaría los contratos multimillonarios que ampararon las adquisiciones de las vacunas contra el covid-19. Sin embargo, 24 horas más tarde, el canciller Marcelo Ebrard se negó a abrir esos documentos y refutó a López Obrador durante su propia conferencia, pues le dijo que los contratos no se podrían transparentar, como producto de acuerdos de confidencialidad con las empresas farmacéuticas que desarrollaron las vacunas.
De hecho, hasta la fecha sólo se ha publicado en la plataforma de contrataciones públicas Compranet el monto de adquisición de las vacunas de AstraZeneca, por 309 millones de dólares; en ninguna parte se encuentran los contratos y montos de los contratos que amparan la compra de vacunas de Pfizer, Sputnik V o CanSino.
En otra ocasión, el Fonatur usó la pandemia de covid-19 como pretexto para no entregar copia de contratos y sus anexos que amparan tramos del Tren Maya, pues sostuvo que dar la información pondría en riesgo a servidores públicos.
El Instituto Nacional de Salud para el Bienestar –creado por el gobierno de la llamada Cuarta Transformación en sustitución del Seguro Popular– usó el mismo argumento para no entregar información sobre las compras de insumos médicos y las vacunas realizadas por el gobierno federal en el extranjero para atender la pandemia de covid-19.
Exhaustividad a modo
El gobierno, y particularmente la Oficina de la Presidencia de la República, se han caracterizado por responder de manera reiterativa a las personas que solicitan información que, “tras una exhaustiva búsqueda” en sus archivos, “no se localizó documento alguno”, a veces en flagrantes mentiras.
Los ejemplos abundan: el 13 de febrero del año pasado, el día siguiente a la polémica cena de empresarios convocada por López Obrador en Palacio Nacional con el propósito de reunir fondos para su polémica rifa del avión presidencial –que finalmente no sorteó la aeronave–, Proceso pidió a Presidencia la lista de empresarios que asistieron a la cena y los montos que se comprometieron a entregar al gobierno.
En una primera respuesta, Palacio Nacional sostuvo que no encontró la lista ni la información relativa a los fondos prometidos; el INAI exigió a la oficina de López Obrador que corrigiera su respuesta y entregara los documentos –pues era imposible que no contara con ellos–, pero ésta le hizo caso omiso y confirmó su “inexistencia”.
Lo mismo ha ocurrido en un sinnúmero de ocasiones: a lo largo de los últimos dos años, Presidencia dijo que no encontró el documento en que López Obrador se comprometió a no reelegirse; tampoco encontró registros sobre su plática con Mark Zuckerberg –el fundador de Facebook–, sobre sus cartas al expresidente estadunidense Donald Trump, o incluso sobre el personal de ayudantía de Palacio Nacional.
