MÉRIDA, Yuc.- El Tribunal Colegiado en Materias del Trabajo y Administrativa dio un revés el lunes 8 a las autoridades responsables de la construcción del Tren Maya; confirmó una suspensión provisional contra las obras nuevas en los municipios de Mérida, Izamal y Chocholá, en Yucatán, que había sido otorgada el 20 de enero último por un juzgado de Distrito, en respuesta a un recurso promovido por las organizaciones Kanan Derechos Humanos y Múuch’Xiinbal.
La suspensión de los trabajos en esos municipios se suma a otras dos resoluciones judiciales en ese mismo sentido en tramos de Campeche; en tanto, otras dos suspensiones en Campeche y Chiapas, relacionadas con los riesgos de contagio por covid-19 que las obras representaban, quedaron sin efecto por la inclusión de la construcción como actividad prioritaria y por el cambio del semáforo epidemiológico a color verde.
La confirmación judicial es para uno de al menos nueve recursos de amparo promovidos contra el Tren Maya, una de las megaobras prioritarias del presidente Andrés Manuel López Obrador.
No obstante los recursos judiciales, los trabajos ligados al megaproyecto continúan porque los juzgados de Distrito han autorizado al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) –responsable del Tren Maya– realizar las obras de rehabilitación o mantenimiento en las vías del tren que ya existen en la región desde hace décadas y que eran parte del Ferrocarril del Sureste.
Sin dejar de reconocer el derecho que tienen las personas a impugnar el proyecto, el director jurídico del Fonatur, Alejandro Varela Arellano, asegura que detrás de los litigios no hay comunidades ni autoridades indígenas, sino actores que “no tienen ninguna representatividad” entre la población que se verá impactada por el proyecto de más de mil 500 kilómetros de recorrido por la Península de Yucatán, Chiapas y Tabasco.
“Si una comunidad está contra el proyecto, hace su asamblea y decide impugnar en la vía del juicio de amparo del proyecto; tienen todo el derecho, pero eso no ha ocurrido y dudamos mucho que vaya a ocurrir porque el amparo donde hay más quejosos, la mitad de ellos son ONG con domicilio en la Ciudad de México”, expone el funcionario.
De acuerdo con una relación proporcionada por el Fonatur, de los nueve juicios de amparo interpuestos contra el Tren Maya
–cinco en Campeche, dos en Chiapas y otro en Yucatán–, el número de quejosos asciende a 148 personas.
Entre las organizaciones promoventes de los recursos, Fonatur identifica al Centro Mexicano de Derecho Ambiental, al Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, a Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano, a la Asociación para el Desarrollo Ecosocial de Mujeres, a Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos y a Aguaclara Ciudadanos por Bacalar.
De esa lista, sólo las dos primeras agrupaciones tienen domicilio en la Ciudad de México, el resto está asentado en la región afectada por el paso del Tren Maya.
Respecto de los cuestionamientos al incumplimiento de los estándares internacionales para realizar una consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada, como establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, el funcionario considera que “son reclamos muy subjetivos, muy genéricos” porque el convenio “establece principios, no tiene un manual o metodología (…) La interpretación la da la institución de cada país que haga el ejercicio y, en este caso, es el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas.
“Nosotros somos los solicitantes de la consultalegalidad la garantiza la Secretaría de Gobernación como órgano garante”.
“No es una película de terror”
De acuerdo con el Fonatur, durante el proceso de consulta entre noviembre y diciembre de 2019, mil 585 autoridades de 920 comunidades indígenas, que representan a 683 mil 678 personas, aprobaron la ejecución del Tren Maya, decisión que habrían reiterado en las Asambleas de Seguimiento de la Consulta Indígena, en noviembre de 2020.
“Las comunidades tienen su voz muy clara; si hacemos algo mal nos lo van a reprochar y nos van a parar el proyecto, pero no mediante amparo, lo van a parar en el campo”, asegura Varela Arellano, quien antes de ser representante legal del Fonatur fue abogado de la empresa eólica Enel Green Power y colaboró de 2012 a 2015 con el gobierno de Graco Ramírez en Morelos.
En cuanto a los reclamos relacionados con los daños ambientales que la megaobra causará en la región, en particular en al menos dos reservas naturales: la de la biosfera de Calakmul y la de Cuxtal, Varela considera que son “planteamientos muy subjetivos” que, en todo caso, los jueces tendrán que evaluar.
“No es una película de terror, de que viene la maquinaria por la selva tirando los árboles y aplastando jaguares; la realidad es que vamos a trabajar sobre zonas previamente impactadas”, dice el funcionario.
Agrega que contra la ampliación de la carretera cercana a Calakmul “nadie se amparó” y el tren va a pasar “por la orillita” de la reserva de Cuxtal, que aporta 50% del agua de Mérida.
Sobre esta última reserva, el Fonatur firmó en septiembre de 2020 un convenio con el municipio de Mérida y el Organismo Público Municipal Descentralizado de Operación y Administrador de la Zona sujeta a Conservación Ecológica Cuxtal, para destinar 278 millones de pesos en “compensación y restauración ambiental” por el paso del Tren Maya sobre 35.75 hectáreas.
De Cuxtal, Varela sostiene que “está impactada por la urbanización, la carretera, las calles e, incluso, tiraderos clandestinos; la gente escucha ‘área natural protegida’ y se imagina una selva intocada; afortunadamente en México hay reservas así, pero la realidad es que la reserva ha tenido un impacto por la propia gente y porque no hay recursos suficientes para darle el resguardo, mantenimiento y remediación adecuada”.
En cuanto a los polos de desarrollo que se pretenden en las estaciones del tren que no fueron considerados en la Manifestación de Impacto Ambiental, presentada ante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y que han detonado críticas, el representante legal del Fonatur dice que se trata de “redefinir una reserva territorial hacia donde deban crecer las ciudades, definir las densidades máximas, usos de suelo, tipos de edificaciones y dejar planes maestros (…) de la mano de la Semarnat, de la Sedatu (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano), del municipio y el estado”.
Explica que los polos de desarrollo están justificados porque “es un fenómeno natural” que la gente busque trabajo alrededor de las grandes obras, “y ya no se quiera regresar a su comunidad, sino estar cerca del núcleo económico”.
“El crecimiento no se detiene por un amparo, la gente no va a dejar de querer acercarse a las ciudades porque ahí está el trabajo. Nuestra obligación es hacerlo ordenado, respetando al medio ambiente y procurando condiciones dignas para vivir”, agrega Varela.
