El fracaso de la lucha antidrogas de Estados Unidos es evidente. Tanto, que su Congreso elaboró un informe en el que recomienda un cambio radical en la estrategia de las últimas décadas. Joe Biden dará ese giro, o al menos así parece con el nombramiento de Juan Sebastián González –uno de los autores del reporte– como director del Consejo Nacional de Seguridad para el Hemisferio Occidental. Este funcionario, conocedor de las realidades colombiana y mexicana, ha sido muy crítico hacia la Iniciativa Mérida, que sigue imperando en México.
BOGOTÁ.- En Estados Unidos hay cada vez más consenso en torno a la necesidad de cambiar la estrategia antidrogas que se ha seguido los últimos 50 años y que amplios sectores consideran “un fracaso”.
Así lo indica un reporte de la Comisión de Política de Drogas del Hemisferio Occidental, del Congreso estadunidense, conocido el mes pasado y el cual tendrá notables efectos en un área fundamental de las relaciones de Washington con América Latina: la lucha contra el narcotráfico.
El reporte de 112 páginas, elaborado por expertos en relaciones exteriores y seguridad, diplomáticos y excongresistas de los partidos Demócrata y Republicano, dedica tres capítulos y más de 50 páginas a la lucha antidrogas en México, Colombia y Centroamérica.
“La industria de las drogas ilícitas ha evolucionado mucho más rápidamente que nuestros esfuerzos por contenerla”, señala el documento, y propone una política antidrogas “más inteligente” y “una estrategia de largo plazo más ágil y con capacidad de adaptación.”
Además, recomienda otorgar al Departamento de Estado plenos poderes “para desarrollar y coordinar” los esfuerzos antidrogas en el exterior, lo que supone acotar la autonomía que hoy tiene la DEA.
El reporte de la Comisión de Política de Drogas del Hemisferio Occidental del Congreso, publicado el 1 de diciembre pasado, no parece ser un documento más sobre la fallida estrategia antinarcóticos de Washington, pues cuenta con respaldo bipartidista en ambas cámaras y porque Estados Unidos enfrenta una “epidemia” de fallecimientos por sobredosis de drogas que ha causado la muerte a 500 mil personas en la última década y que tiende a agudizarse en medio de la pandemia.
En ese sentido el reporte de la Comisión de Política de Drogas del Hemisferio Occidental cobró una inusitada vigencia hace unos días, pues a uno de sus autores, el diplomático colombo-estadunidense Juan Sebastián González, el presidente Joe Biden lo nombró director del Consejo Nacional de Seguridad (NSC) para el Hemisferio Occidental.
En esa posición, González será el principal asesor del presidente para asuntos latinoamericanos y jugará un papel relevante en la formulación y aplicación de las políticas antidrogas de Estados Unidos en la región.
El hombre de Biden
para América Latina
González, de 44 años, es graduado de la Escuela Walsh del Servicio Exterior de la Universidad de Georgetown y estudió historia del arte y ciencias ambientales en la Universidad de Nueva York en Búfalo. Hace ocho años trabaja con Biden –desde que éste era vicepresidente–, siempre como su consejero para América Latina.
El hoy director para el Hemisferio Occidental del NSC pasó los primeros siete años de su vida en Cartagena, Colombia, donde nació, y en 1983 radicó con su familia en Rochester, Nueva York, donde su padre, el ingeniero León González, fue contratado por la General Motors (GM).
Desde entonces se formó en un ambiente bilingüe y bicultural. Tiene profundas raíces familiares y afectivas en Colombia y Estados Unidos, y ostenta las dos nacionalidades. En 1994, a los 18 años, GM trasladó a su padre a la Ciudad de México y toda la familia radicó allí.
González ha dicho que México lo marcó. No sólo porque se conectó con su arte, su comida, sus paisajes y su cultura, sino porque en ese país se encontró en 1994 con la irrupción del movimiento zapatista, con la entrada en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y con una agitada contienda presidencial.
Entre 1996 y 1998 cursó estudios en la Universidad del Valle de México. Se concentró en la historia de los movimientos sociales y políticos de Latinoamérica.
De acuerdo con González, ese fue el origen de su interés por la carrera diplomática. En 1998 regresó a Estados Unidos a seguir sus estudios y se acercó al Partido Demócrata.
Expectativas de cambio
La seguridad, las políticas antidrogas, la migración y la integración económica son los temas que más ha abordado González a lo largo de su carrera de 13 años en el Departamento de Estado –donde llegó a ser subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental–, la Casa Blanca y como profesor en la Universidad de Georgetown.
El hecho de que sea coautor del reporte del Congreso que cuestiona la política antidrogas estadunidense del último medio siglo y de que ahora se desempeñe como el principal asesor de Biden para América Latina genera expectativas de cambio en la estrategia antinarcóticos que Washington impulsará en la región.
“Hay una ventana de oportunidad para replantear la política de drogas. Lo importante de este informe del Congreso es que es bipartidista y que se produce en momentos en que hay un cambio de gobierno en Estados Unidos”, dice la directora del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (Cesed) de la Universidad de los Andes en Colombia, María Alejandra Vélez.
Y la llegada de González como consejero de Biden “puede abrir un espacio para dar esta discusión sobre la impertinencia de esta estrategia contra las drogas y asumir el problema como un asunto de salud pública y de desarrollo rural en los países productores” de estupefacientes, como Colombia y México.
De acuerdo con la directora del Cesed, el informe del Congreso estadunidense no hace planteamientos novedosos: “Retoma literatura que ya se había sacado, pero lo importante es quién lo dice y eso puede abrir un espacio de interacción nuevo con América Latina, un espacio para repensar las estrategias que no han dado resultados”, asegura la doctora en economía de los recursos naturales de la Universidad de Massachusetts.
Vélez, sin embargo, es cautelosa frente a la disposición que pueda tener Biden para modificar drásticamente la política antidrogas en el corto plazo y duda que gobiernos como el de Colombia, que encabeza el derechista Iván Duque, acepten apartarse de las viejas fórmulas.
El gobierno de Duque apuesta por la reanudación de las aspersiones aéreas de los cultivos de coca con glifosato, pese a que su antecesor, Juan Manuel Santos, las suspendió en 2015 porque ese herbicida fue considerado por la OMS un potencial cancerígeno y causaba estragos en las empobrecidas comunidades cocaleras.
El jefe del Programa de Supervisión de Defensa de la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), Adam Isacson, dice que González no es partidario de la fumigación y las políticas basadas en castigos a los eslabones más débiles de la cadena del narcotráfico, como los campesinos cocaleros. Asegura que es más bien partidario de la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos y de los programas de consolidación estatal en las zonas donde se siembra la coca.
“Varios de los asesores de Biden se inclinan en esa dirección”, señala el investigador de WOLA, una organización que promueve los derechos humanos en el hemisferio y de cuya junta directiva fue integrante González los pasados tres años.
La DEA, en la mira
El reporte de la Comisión de Política de Drogas del Hemisferio Occidental recomienda que sea el Departamento de Estado el que trabaje con todas las agencias federales y desarrolle una estrategia antidrogas coherente para ayudar a los países de la región a reducir el tráfico de estupefacientes, desarticular redes criminales y atacar el lavado de dinero.
Isacson señala que esta recomendación apunta a que las agencias de aplicación de la ley, entre ellas la DEA, actúen en el extranjero bajo la coordinación del Departamento de Estado y no por su cuenta.
A esa agencia, señala, lo que le interesa es “mostrar toneladas de cocaína incautadas” y detenciones de grandes capos para ser extraditados a Estados Unidos.
Pero el reporte del Congreso afirma que esa política no ha dado los resultados esperados porque las capturas de los jefes de los cárteles de las drogas generan más violencia por la lucha que libran los mandos medios por suceder a los capturados. Propone, entonces, perseguir también a los mandos medios.
“El problema de la DEA es que tiene como una manía de fijarse un objetivo muy estrecho sin mirar el panorama general. Y un problema mayor es que le falta supervisión. En 2012 la DEA mató a varios civiles en Honduras. En Colombia la han acusado de ‘entrampar’ a sospechosos de narcotráfico”, plantea Isacson.
Y agrega que a pesar de esos hechos sólo recuerda una audiencia en el Congreso, en los últimos 25 años, para pedir cuentas a la DEA.
“Confianza socavada”
En su capítulo sobre México, el reporte de la Comisión de Política de Drogas del Hemisferio Occidental señala que Estados Unidos necesita “detener a los grupos criminales que trafican drogas ilícitas que amenazan la salud y la seguridad de los ciudadanos estadunidenses”.
México, por su parte, “quiere poner fin al crimen relacionado con las drogas que ha desbordado sus sistemas de seguridad y justicia, corrompido a las instituciones políticas y elevado los homicidios a niveles récord”.
De acuerdo con el informe, los cárteles mexicanos se encuentran entre las organizaciones criminales trasnacionales más poderosas del mundo pues “dominan el narcotráfico en el hemisferio occidental” y “controlan el tránsito y la distribución de la mayor parte de la cocaína y la heroína consumidas en Estados Unidos”.
Estos grupos “también participan en la venta y producción de fentanilo, un poderoso opioide sintético que está vinculado a aproximadamente las dos terceras partes de las muertes por sobredosis de opioides” que ocurren en Estados Unidos.
Entre junio de 2019 y mayo de 2020 ese país registró un nuevo récord de muertes por sobredosis con 81 mil 230 –en promedio, 225 al día–, la mayor cantidad reportada en un periodo de 12 meses, según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.
“A nivel nacional habrá un cambio de enfoque. Podría haber menos encarcelamientos, más tratamientos de adictos y más despenalización de drogas, como la mariguana”, dice Arlene Tickner, profesora de la Universidad del Rosario en Bogotá.
De acuerdo con la doctora en estudios internacionales por la Universidad de Miami, se puede anticipar que en el gobierno de Biden habrá “un margen de cambio y de flexibilización de la política antidrogas de Estados Unidos, tanto en el abuso de sustancias (que sería tratado como una enfermedad, no sólo como un crimen), como frente a la producción y el tráfico”.
El informe del Congreso enfatiza la necesidad de atacar con mayor fuerza la producción y el tráfico de fentanilo en México.
Señala que bajo el principio de “responsabilidad compartida”, los dos países han trabajado estrechamente contra el narcotráfico, lo que constituye en “un notable nivel de colaboración dada la sensibilidad de México frente a las interferencias externas”.
Con la asistencia de Estados Unidos, agrega el reporte, México instrumentó una amplia reforma de la justicia penal que hace que los procesos judiciales sean más rápidos y justos.
Pero enseguida plantea que la Iniciativa Mérida, un programa de cooperación binacional antinarcóticos lanzado hace 12 años, “necesita urgentemente una reevaluación” porque el arresto del exsecretario de Defensa Salvador Cienfuegos, en octubre pasado, por cargos de drogas, “tiene socavada la confianza” entre ambos países.
Tickner considera que el replanteamiento de la estrategia antidrogas debe incluir una revisión de la actuación de la DEA en el extranjero pues esa agencia “evidencia cierta miopía” y una “inflexibilidad” en métodos que no han dado resultados.
El informe bipartidista sostiene que a pesar de los “contratiempos”, la Iniciativa Mérida, mediante la cual Estados Unidos ha destinado 3 mil millones de dólares de ayuda en seguridad a México, estableció “una relación y conversación con México que no teníamos antes” para combatir la impunidad de las organizaciones criminales.
“A pesar del enorme sacrificio, ese objetivo sigue siendo esquivo”, agrega el documento, y señala que los dos países “necesitan un nuevo marco estratégico para la cooperación policiaca y la asistencia”.
Al referirse al presidente Andrés Manuel López Obrador, el reporte indica que el enfoque de seguridad del gobernante ha sido “menos radical y más complaciente con Estados Unidos que lo que sugería su retórica de campaña”, como lo demuestra la continuidad que han tenido los programas conjuntos de aplicación de la ley y capacitación previstos en la Iniciativa Mérida.
Lejos de desmilitarizar el combate a la inseguridad, agrega, el presidente confió en el Ejército para crear y asumir el liderazgo operativo de la Guardia Nacional, que tenía 100 mil integrantes en octubre de 2020 y espera contar con 150 mil a finales de este año.
El documento cuestiona que, a pesar de las altas tasas de criminalidad, el gobierno mexicano gasta menos de 1% del PIB en seguridad, cifra muy por debajo del 2.2% que destina Colombia y 3% que invierten en promedio en ese rubro otros países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.
El gasto aumentó a 1.2% del PIB con Felipe Calderón, luego bajó con Enrique Peña Nieto y continuó en descenso en 2019, primer año en el cargo de López Obrador, quien recortó en 2021 los subsidios federales para las policías municipales, según el informe.
Los autores se quejan de que muchos de los enlaces que habían establecido funcionarios estadunidenses con la Policía Federal se perdieron cuando López Obrador sustituyó a esa institución por la Guardia Nacional, “que no ha solicitado asistencia de Estados Unidos”.
