Fuentes jurídicas consultadas en España por el corresponsal de Proceso indican que el exdueño de Altos Hornos de México, Alonso Ancira Elizondo, alcanzó un acuerdo de reparación del daño por el sobrecosto en la venta de la planta de Agronitrogenados a Pemex, por lo que sus abogados intentan su liberación y con ello evitar un juicio. Según esas fuentes, Alfonso Romo, el extitular de la Oficina de la Presidencia, jugó un papel importante en esa negociación.
MADRID/CIUDAD DE MÉXICO.- Alonso Ancira Elizondo, expropietario de Altos Hornos de México (AHMSA), llegó a México con la certeza de contar con un acuerdo legal para “reparar” el daño ocasionado a Pemex en el caso Agronitrogenados, lo que le permitiría recuperar su libertad.
No obstante, la Fiscalía General de la República (FGR) aún evalúa su propuesta, por lo que el empresario tendrá que negociar una salida legal a las imputaciones que enfrenta por el delito de lavado de dinero. Por lo pronto debe pasar sus primeros cuatro días en una prisión de mediana seguridad.
La titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, deslizó en la conferencia del viernes 5 que el gobierno federal, a través de Pemex en su calidad de ofendido o víctima, busca la aplicación de un criterio de oportunidad que obligaría a Ancira Elizondo a convertirse en un testigo de la FGR para denunciar actos de presunta corrupción ligados a la petrolera e imputar a servidores públicos de alto nivel.
“Si se acoge a un criterio de oportunidad y si devuelve todo lo que costó esta planta de Agronitrogenados –que realmente su valor fue muy superior a lo que los avalúos habrían establecido, o sea, lo que se pagó por esta planta fue muy superior a lo que los avalúos y lo que realmente era esa planta, parece que la planta es más chatarra que otra cosa–, entonces ya con avalúos, con un proceso legal sólido, sí se le daría oportunidad de acogerse (al criterio de oportunidad) al señor Ancira, devolviendo precisamente estos recursos, aceptar que efectivamente hubo un tema de sobreprecio y hubo un tema de enriquecimiento indebido o ilícito, entonces sí, acogerse a criterios de oportunidad, sí podría tener esa opción, porque el Sistema de Justicia Penal Acusatorio así lo permite”, sentenció Sánchez Cordero.
Estefanía Medina, cofundadora de la asociación Tojil, especializada en derecho penal, advierte que el acuerdo reparatorio y el criterio de oportunidad abren dos caminos legales para el imputado Alonso Ancira y descarta que se beneficie de manera indirecta al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin:
“Son escenarios jurídicos completamente distintos. En el criterio de oportunidad, por lo menos al momento de otorgarlo, se hace a cambio de información que el imputado pudiera dar. Es la misma hipótesis que en el caso Odebrecht de Emilio Lozoya. Ahí se tendría que corroborar la información que Ancira pudiera dar para otros procedimientos; además de que se debe verificar que las personas señaladas estén involucradas en delitos más graves o sean de mayor jerarquía o de mayor participación, y también sería un requisito efectuar el pago de la reparación del daño en este caso.”
En contraste, detalla Medina, el acuerdo reparatorio es una figura que permite un acuerdo económico entre las partes para pagar la reparación del daño, por lo que ahí terminaría el procedimiento penal y Alonso Ancira ya no tendría ningún tipo de obligación para seguir colaborando con la FGR en el proceso penal contra Emilio Lozoya por el caso Agronitrogenados.
La abogada de Tojil destaca la diferencia de trato que se le dio a Lozoya y a Ancira dentro de la misma causa penal. El primero no fue sometido a una medida cautelar restrictiva de su libertad, mientras que el segundo deberá negociar con los fiscales de la FGR un acuerdo que le permita recuperar su libertad.
“El día de la audiencia de las cosas más relevantes fue el de imponer la medida cautelar de prisión preventiva justificada, que obviamente incrementa la presión hacia el imputado”, puntualiza.
La también activista en materia de transparencia judicial destaca que la FGR sigue promoviendo la resolución de un caso tan relevante “en lo oscurito, con este tipo de acuerdos y no a través de juicios que lleven al esclarecimiento total de los hechos”.
Expone: “Aun cuando haya un esquema de reparación, la principal reparación que se requiere en estos casos de corrupción de alto nivel y de gran interés nacional es la transparencia a través de juicios, pero eso no está pasando, ni siquiera en las audiencias preliminares que se han llevado a cabo”.
Historia de un acuerdo
Alonso Ancira Elizondo fue entregado por España a México, aunque de forma paralela el también conocido como “El Rey del Acero” alcanzó un acuerdo de reparación del daño por el sobrecosto en la venta de la planta de Agronitrogenados a Pemex.
De acuerdo con fuentes jurídicas consultadas en España, en este acuerdo jugó un papel importante Alfonso Romo, quien fungió como titular de la Oficina de la Presidencia hasta el 2 de diciembre pasado, cuando se dio a conocer su salida del gobierno de México.
El presidente Andrés Manuel López Obrador había exigido que Ancira reparara con 200 millones de dólares al gobierno, producto del sobrecosto de la referida planta chatarra.
El pacto de reparación supone el pago de ese monto, aunque el empresario y su defensa reclaman a cambio que se retiren los cargos en su contra y se frene la acción penal, situación que además está prevista en el Código Nacional de Procedimientos Penales.
En el marco de este acuerdo está la venta de un paquete de 45% de sus acciones y de su socio Xavier Autrey, que fue adquirida por un consorcio denominado Alianza Minerometalúrgica Internacional, encabezado por Julio César Villarreal, principal accionista del Grupo Villacero y Banca Afirme.
Ancira fue detenido por agentes de la Policía Nacional de España el 28 de mayo de 2019 en el aeropuerto Son Sant Joan, de Palma de Mallorca, cuando pretendía viajar a Canadá, de acuerdo al auto de prisión preventiva que le dictó el juez de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, magistrado Santiago Pedraz.
El empresario es reclamado por la FGR de México, por el delito de lavado de dinero, derivado de un mecanismo de “ocultación de fondos que habría tenido lugar en el momento en que Ancira –a través de su sociedad AMHSA– transfiere a la sociedad Tochos Holding LTD 3.4 millones de dólares en una cuenta del banco suizo UBS AG, cuyo beneficiario es Emilio Ricardo Lozoya Austin, exdirector de Pemex, y luego su hermana Gilda Susana”, según el auto de extradición 8/2020 que México presentó a la Audiencia Nacional española.
Esos fondos fueron “lavados” cuando “Lozoya adquiere una casa en Ciudad de México”, en la colonia Lomas de Bezares, en noviembre de 2012, “y Tochos Holding realiza dos depósitos por una cantidad total de 2 millones 580 mil dólares a favor de la vendedora de la vivienda”.
Según la demanda de extradición, la transferencia de 3.4 millones de dólares fue en concepto de pago recibido por Ancira por la firma del contrato de compraventa de la planta de fertilizantes que pertenecía a la filial de AHMSA y que fue vendida a una sociedad filial de Pemex, por un precio muy superior al de su auténtico valor, pues Pemex pagó por ella 275 millones de dólares, cuando la planta llevaba inactiva 14 años y había sido tasada en 58 millones”.
Durante el proceso de extradición, Ancira se negó a ser entregado a México por considerar que es “un país que no tiene leyes”, y ya en ese momento se presentó como víctima de una “persecución política” por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Al Ejecutivo mexicano llegó a calificarlo de “mitómano del tamaño de Hitler” y de ser “un sujeto que no está en su cordura”, expresiones que no pasaron inadvertidas para el gobierno mexicano.
“El señor presidente (López Obrador) quiere ir sobre la administración anterior (de Peña Nieto)”, lo que lo convertía a él en “un daño colateral”.
El 27 de mayo, la Sala de lo Penal Sección Primera de la Audiencia Nacional, que preside la juez María Riera Ocariz, dio luz verde a la extradición de Ancira.
La defensa de Ancira llegó a presentar un recurso de súplica donde repitió los argumentos de ser una víctima de una persecución política.
Sin embargo, el empresario perdió la partida cuando el pleno de la Sala Penal de la Audiencia Nacional desestimó, por unanimidad, el recurso de súplica presentado por el empresario, agotando con ello todos los recursos legales que tenía para evitar su extradición a México, donde la justicia lo reclama para responder por delitos derivados de la compra-venta de la planta de Agronitrogenados a Pemex.
Prisión inesperada
En la audiencia inicial celebrada el miércoles 3 y el jueves 4, la defensa de Ancira presentó su propuesta formal para lograr un acuerdo reparatorio con Petróleos Mexicanos por el sobreprecio de la planta chatarra de Agronitrogenados que AHMSA le vendió a Pemex en 2013, ocasionando un daño patrimonial a la empresa productiva del Estado por 4 mil 204 millones de pesos, según el peritaje presentado por la propia FGR en la carpeta de investigación de la causa penal 211/2019.
El acuerdo reparatorio contempla el pago de 200 millones de pesos de Alonso Ancira a Pemex para resarcir el daño que sufrió la antigua paraestatal por comprar una planta obsoleta que llevaba 14 años sin funcionar, a cambio de que se ponga fin al proceso penal que se le sigue al empresario originario de Coahuila.
El pool de abogados que defiende a Alonso Ancira, encabezados por los litigantes José Luis Castañeda y Juan Araujo, solicitó que su cliente fuera beneficiado con la medida cautelar de prisión domiciliaria; por lo que ofreció entregar los dos pasaportes de su cliente, pagar una fianza de 2 millones de dólares y la portación de un brazalete.
Sin embargo, en la audiencia inicial para formalizar la imputación contra Ancira Elizondo, los fiscales sorprendieron a la defensa solicitando al juez de control, José Artemio Zúñiga, decretar prisión preventiva justificada contra Alonso Ancira, argumentando riesgo de fuga y falta de arraigo del imputado, consideraciones que el juez avaló, por lo que el exdueño de AHMSA se mantiene internado en el Reclusorio Norte desde el miércoles 3.
La abogada de Tojil, Estefanía Medina, señala que antes de lograr un acuerdo reparatorio, tanto la FGR como los defensores de Alonso Ancira deben acreditar que el delito de lavado de dinero permite la posibilidad de acuerdos reparatorios, debido a que el artículo 187 del Código Nacional de Procedimientos Penales sólo contempla esta forma alterna de justicia en el caso de los delitos que se persiguen por querella o equivalente de un ofendido; delitos patrimoniales y delitos culposos, es decir, derivados de un accidente.
“Tendríamos efectos muy diferentes porque en el caso del criterio de oportunidad, además de la reparación del daño, el principal objetivo es obtener información para dar lugar al esclarecimiento de los hechos, que es la teoría del caso que se ha manejado con Emilio Lozoya y su hermana Gilda, quien también está involucrada en este caso, mientras que el acuerdo reparatorio es sólo de carácter económico en caso de que llegue a ser procedente”, explica.
No obstante, rechaza que este acuerdo pueda extinguir la acción penal contra Lozoya o que no haya delito que perseguir en su caso. “En realidad este acuerdo sólo tiene que favorecer a la persona que lo está llevando a cabo, en realidad no tendría un impacto para el resto de los imputados como Emilio Lozoya, además de que tengo entendido que en el caso del exdirector de Pemex le están imputando los delitos de lavado de dinero y cohecho, ambos delitos son de naturaleza completamente distinta”.
Insiste en que se debe evidenciar la diferencia de tratos entre dos imputados de una misma causa penal, puesto que en el caso de Alonso Ancira fue puesto a disposición del juez de control de forma casi inmediata y se le impuso la prisión preventiva justificada.
En contraparte, en el caso de Emilio Lozoya pasó más de una semana antes de que fuera presentado en audiencia para resolver su situación jurídica y la FGR no solicitó medidas cautelares de mayor trascendencia, aunque, al igual que Ancira, se había sustraído de la acción de la justicia y se tuvo que seguir un procedimiento de extradición en su contra.
“Con distintos escenarios y distintas acciones, todo parece girar en torno a que haya acuerdos en lo oscurito y no vemos que se lleven a cabo procesos penales transparentes”, concluye la abogada de Tojil.
