Señor director:
Me refiero a la colaboración que el señor Javier Sicilia publicó en la edición 2300 del semanario que usted dirige, con fecha del 29 de noviembre de 2020. En su escrito, Sicilia incluye mi nombre y me culpa de crímenes atroces; si el señor Sicilia tiene evidencia o prueba de algún crimen atroz del cual se me pueda responsabilizar, lo invito a que lo mencione y pruebe, y no base su denostación a los demás, como es su costumbre, en la desinformación o información falsa e inducida. De manera contundente le manifiesto que no sé a qué crímenes atroces se refiere y, mucho menos, me atribuye.
Lo que sí habré de mencionar es que hace seis años aspiré a mi legítimo derecho de ocupar el cargo de gobernador de mi estado, por lo que fui perseguido y encarcelado injustamente durante 11 meses por un Estado represor que gustaba de criminalizar a sus adversarios. Curiosamente mi calvario empezó dos días después de pedir licencia a mi cargo como alcalde, en el momento en que me trasladaba al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí para realizar mi registro como candidato, y concluyó, al obtener mi libertad, unos pocos días después de que tomó posesión el nuevo Ejecutivo estatal.
He de informarle al señor Sicilia que mi captor fue el mismísimo Tomás Zerón, hoy perseguido por la justicia mexicana por los atroces actos que con evidencia se le atribuyen.
Ignoro cuál es la motivación del señor Javier Sicilia contra mi persona, pero si está fundada en algún malestar guardado contra actores políticos que pertenecemos a la 4T, es lamentable que se coloque como un atroz escritor que lastima a las personas y a sus familias sin siquiera tener información exacta de lo que acusa.
Asimismo, señor director, informo a usted que muy pronto haré público mi caso, con evidencia contundente de mi inocencia, para tratar de evitar el linchamiento mediático, en muchos casos financiado por mis transgresores. La víctima fui yo.
Como corresponde a mi derecho de réplica, le pido a usted atentamente se sirva publicar el presente texto de manera íntegra, agradeciendo de antemano la atención al derecho que me otorga la ley.
Atentamente,
Diputado federal Ricardo Gallardo Cardona
Respuesta de Javier Sicilia
Señor director:
En relación con la carta que el diputado Ricardo Gallardo Cardona le dirige, quejándose de que en mi artículo “Lo inhumano” (publicado en el número 2300 de Proceso) lo culpo (las cursivas son mías) de crímenes atroces, me permito enviarle la siguiente respuesta.
1. Nunca culpé al diputado Gallardo de crímenes atroces. La mención a la que el diputado se refiere dice a la letra que es “sospechoso (lo subrayo) de delincuencia organizada y crímenes atroces”. En este país de 300 mil asesinados, de más de 70 mil desaparecidos, quien es sospechoso de delincuencia organizada y lavado de dinero o de procedencia ilícita –como es el caso del diputado desde 2014– es sospechoso también de estar vinculado con los atroces crímenes que diariamente se cometen en nuestro país, y de los cuales surge el dinero ilícito. Por ello, junto con muchas organizaciones de víctimas y de derechos humanos, no he dejado de insistir en la necesidad de crear, con apoyo de la comunidad internacional, un mecanismo extraordinario de Verdad y Justicia que nos permita transitar de un Estado cooptado por el crimen organizado a un estado de derecho real. Hay en este país, lo sabe bien el diputado, una inmensa cantidad de funcionarios que, como él y el propio Tomás Zerón, a quien menciona, son sospechosos de esos graves delitos que tienen al país ensangrentado y en vilo. El Estado mexicano no se basta a sí mismo para esclarecer todos esos hechos y deslindar responsabilidades. De allí la cada vez más imperiosa necesidad de crear ese mecanismo extraordinario de Verdad y Justicia, con el que el actual presidente se comprometió y luego, sin argumento alguno, se desdijo, con las graves consecuencias que eso ha traído a nuestro país. Sólo en sus dos años de gobierno se ha asesinado de manera atroz a 70 mil personas.
2. Las sospechas que caen sobre el diputado Gallardo vienen de lejos. Se remontan, como ya dije, a 2014. Ese año, la entonces PGR consignó una averiguación previa en su contra por “la probable comisión de delincuencia organizada con recursos de procedencia ilícita”. Dicha averiguación se inició por la denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera del Servicio de Administración Tributaria, el 1 de octubre de ese mismo año, que identificó que 203 millones 911 mil 506.23 pesos se transfirieron de las cuentas bancarias del municipio de Soledad de Graciano Sánchez, del que el diputado era entonces presidente municipal. De ese monto, 119 millones 312 mil 800 pesos fueron retirados mediante transferencias de SPEI, de la siguiente manera:
a) De enero de 2013 a septiembre de 2014 se enviaron recursos por un monto de 115 millones 266 mil 800 pesos a una persona moral dedicada a servicios de asesoría, estudios técnicos, ingeniería y arquitectura. El accionista mayor de esa empresa, con 96%, era el ahora diputado.
b) De febrero de 2013 a mayo de 2014 esa misma Unidad identificó que se enviaron 3 millones 296 mil pesos a “diversa persona moral” con actividad económica de carne y de otras especies, aves, vísceras, cuyos accionistas, dice la denuncia, son: el actual diputado (50%), su madre (26%) y su hermana (24%).
c) De abril de 2013 a junio de 2014, la misma unidad de inteligencia identificó que esa “diversa persona moral” envió activos por 750 mil pesos a otra persona moral con actividad económica de excavaciones subterráneas y cuyos accionistas con 50% son otra vez el actual diputado y su hermana.
3. A partir de esa denuncia y de la averiguación previa que se desprendió de ella, el Juzgado Primero de Distrito en el estado de Sonora concedió la orden de aprehensión contra el ahora diputado Gallardo, dentro de la causa 18/201.
4. En el juicio de amparo promovido el 15 de mayo de 2015 por el ahora diputado Gallardo, el Segundo Tribunal Unitario del Quinto Circuito resolvió, el 26 de agosto de 2015, que “no se encuentran acreditados los elementos del cuerpo del delito de delincuencia organizada, con la finalidad de cometer delitos de operaciones con recursos ilícitos”. En cuanto a “los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, los elementos que conforman el tipo de pena de referencia no se encuentran acreditados”.
5. Lo que quiere decir que el actual diputado quedó exonerado porque, según el Segundo Tribunal, los recursos que salieron de las cuentas del citado municipio no eran de procedencia ilícita. Lo que, por lo mismo, quiere decir, que esos recursos eran del erario. Por ello las denuncias han vuelto abrirse. Utilizar dinero ilícito o dinero del erario para fines oscuros es ya en sí mismo un crimen atroz.
6. Actualmente el diputado Gallardo está
–como lo confirmó en octubre en SLP el secretario Santiago Nieto– siendo investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a causa de esos movimientos de dinero que hasta ahora no se han aclarado, según denuncias presentadas a la misma UIF los días 14 y 26 de agosto de 2020. Existe también en la FGR una denuncia en su contra por defraudación fiscal en el pago del ISR, del ejercicio fiscal de 2012, por la cantidad de 7 millones de pesos.
Como puede ver el diputado Gallardo, tengo la suficiente información para sostener mi dicho de que es “sospechoso de delincuencia organizada y crímenes atroces”. No tengo nada contra su persona ni contra nadie, tampoco, como el diputado parece suponer, contra actores políticos de la 4T –sé distinguir muy bien entre las personas y sus actos. Tengo, en cambio, todo contra las acciones que hacen que ciertas personas se vinculen o sean sospechosas de dañar a la gente, la vida y la dignidad de este país. Frente a ellas no dejaré de exigir verdad y justicia.
Como lo expresa en su misiva el diputado Gallardo, espero que pronto haga “público su caso, con evidencia contundente de su inocencia”, lo espero para alivio de la nación y para que pueda seguir sin tropiezos su carrera política.
Atentamente,
Javier Sicilia
