A dos años de asumir el poder, la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador no ha podido integrar el Padrón Único de Beneficiarios, necesario para dar certeza sobre el destino de los recursos públicos en materia de ayudas sociales. La razón, una serie de anomalías que la Auditoría Superior de la Federación ha detectado en lo que va del gobierno de la 4T.
El 9 de agosto de 2018, durante la transición de gobierno, un ejército de voluntarios, llamado Servidores de la Nación, comenzó a recorrer el país para censar a los beneficiarios de los programas sociales.
Sin embargo, al cumplirse dos años de que asumió el poder el presidente Andrés Manuel López Obrador, la Secretaría de Bienestar ya tiene una observación sensible en la parte medular de la política social de la autoproclamada Cuarta Transformación: carece del Padrón Único de Beneficiarios (PUB).
El incumplimiento –cuya relevancia radica en la certeza sobre el destino de los recursos públicos presupuestados para las ayudas sociales, que el gobierno reparte en efectivo– fue identificado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que está por emitir su informe de auditoría de desempeño 1387-DS al “Censo de Bienestar y Padrón de Beneficiarios de los Programas de Desarrollo Social”.
El informe –Proceso tuvo acceso a su versión preliminar– fue integrado por el auditor especial Agustín Caso Raphael, quien estuvo al frente del equipo que documentó el incumplimiento: el sistema informático, hasta ahora, no ha podido entrar en operación por las deficiencias en su diseño.
El artículo 32 fracción XXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) mandata a la Secretaría del Bienestar “integrar, mantener y actualizar un sistema de información con los padrones de beneficiarios de programas sociales”, así como “depurar sus duplicidades”.
Lo anterior es responsabilidad de la Dirección General de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios, donde se designó como titular a Ximena Fernández Pineda, criminóloga de formación y sin relación con la especialidad del cargo ni el manejo de datos.
El Servicio Profesional de Carrera exigía hasta 2018 que ese cargo fuera ocupado por un profesionista especializado en estadística, con nivel académico de maestría, experiencia y aprobación de exámenes. Sin embargo, los requisitos fueron eliminados con la llegada de la 4T.
La nueva política del gobierno federal, explicado por el propio López Obrador, ha sido la de privilegiar a las personas honestas sobre los especialistas.
Independientemente del área, el mandatario anunció el 31 de enero último que la integración del PUB estaría lista para abril, y que estaría a cargo de la Coordinación de Estrategia Digital Nacional, adscrita a la oficina de la Presidencia y cuyo titular es Carlos Emiliano Calderón Mercado.
El coordinador de Estrategia Digital, cuyas atribuciones fueron ampliadas el 9 de diciembre de 2019, para que se hiciera cargo de la política digital de toda la administración pública, encargó el PUB al Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación (Infotec), coordinado sectorialmente por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).
No obstante, el Infotec está quebrado y carece de la capacidad técnica y financiera para desarrollar los proyectos del gobierno, como este semanario también documentó con base en la ASF en el reportaje El hoyo negro llamado Infotec: La 4T le da contratos… ¡y quiebra! (Proceso 2296).
Una fuente consultada por este semanario, que trabajó en ese proyecto dentro del Infotec, reveló que el padrón único no ha funcionado porque lo dejaron en manos de personas sin experiencia, quienes construyeron el proyecto sin arquitectura de software. El sistema, según dijo, fue presentado, pero falló en las primeras pruebas porque no pudo correr miles de procesos al mismo tiempo.
Polémica e irregularidades
De origen, la decisión de crear el PUB fue polémica por la manera en la cual se realizó. Implicó desconocer los padrones preexistentes y enviar por todo el país a los Servidores de la Nación para crear el Censo del Bienestar, para identificar a los posibles beneficiarios del reparto del dinero de programas sociales “sin intermediarios”. Se trata de un levantamiento que empezó a realizarse cuando López Obrador era presidente electo y carecía de facultades legales para ordenarlo.
De ese censo oficialmente se integraría el padrón, para el cual apenas el 30 de julio último se publicaron sus lineamientos en el Diario Oficial de la Federación, bajo la rúbrica de la entonces secretaria del Bienestar, María Luisa Albores González.
Sobre el informe de la ASF, la política de ayudas sociales, titulada en esta administración como Programas de Bienestar, carece de un padrón único de beneficiarios, los programas cuentan con padrones que están revueltos y alojados en la nube de cada dependencia o entidad gubernamental.
Los requerimientos de dicha auditoría abundaron en soportes documentales, esquemas, diagramas de procesos e, inclusive, en informes previos, así como la motivación por la que se hizo el Censo del Bienestar y sus resultados, no sólo por los nombres de los beneficiarios, sino por la información sobre problemáticas y consideraciones que acreditaran la necesidad de una persona para ser inscrita en un Programa de Bienestar.
La revisión de la ASF corresponde a 2019 y consta de 150 criterios de evaluación sobre las facultades de la Secretaría de Bienestar, incluye diversas peticiones sobre el fundamento técnico para anular padrones anteriores, ejercicios de presupuesto, pedimentos de aclaración sobre ampliación o reducción de recursos, informes de desempeño y calidad de los “Servidores de la Nación”, entre otras numerosas responsabilidades sobre la Estrategia de Censo de Bienestar, cuyos resultados están aún pendientes de solventarse.
En tanto, hubo 16 requerimientos en lo que corresponde al PUB, entre los que destacan la explicación de las herramientas tecnológicas, el ejercicio de recursos, las metodologías de integración de los padrones de los diferentes programas sociales de todas las dependencias, así como de los resultados del censo y la base de datos en formato Excel.
Prácticamente ningún requerimiento pudo ser solventado, excepto por la mencionada emisión de los lineamientos sobre el PUB, con más de un año y medio de retraso.
En síntesis, la operación está fuera de la ley y, por ahora, con datos dispersos, duplicidades y falta de verificación.
Superoficina… sin experiencia
Con la bandera de la austeridad republicana para generar ahorros y no tener que licitar los contratos a empresas privadas, la Coordinación de Estrategia Digital Nacional tomó de facto las riendas del Infotec, para convertirlo en la fábrica de software del gobierno de López Obrador.
Pero en medio de los serios problemas financieros, deudas y otros pasivos que ascienden a más de mil 91 millones 6 mil 145 pesos y demandas laborales, el Infotec no ha podido cumplir con tres proyectos de especial interés para el presidente López Obrador: se trata del ya referido PUB, el “core bancario” del Banco del Bienestar y una aplicación para la operación de las Tarjetas del Bienestar.
Al no contar con las capacidades para desarrollar el core bancario, que prácticamente es el cerebro de un banco, el Infotec subcontrató por adjudicación directa a una compañía llamada Fintecheando, S.A., sin experiencia en desarrollar sistemas de gestión bancaria, por un monto de 62 millones 514 mil pesos (Proceso No. 2264). Fuentes del banco revelaron que el core bancario sigue sin funcionar.
En cuanto a las Tarjetas de Bienestar, el Infotec tampoco pudo poner en operación la aplicación para los servicios para el desarrollo del inventario, control y seguimiento de la entrega-recepción de las tarjetas bancarias de bienestar. Por lo que la ASF calcula pagos injustificados por 24 millones 699 mil 91 pesos (Proceso No. 2296).
En la Cuenta Pública de 2019 la auditoría pide a la Secretaría de Bienestar explicar por qué adjudicó directamente el contrato de las Tarjetas de Bienestar al Infotec. Sin embargo, fuentes del centro dijeron a este semanario que esas decisiones las está tomando directamente la coordinación de la Estrategia Digital Nacional.
En agosto último Federico Christian González Waite asumió la dirección ejecutiva del Infotec, personaje cercano a Emiliano Calderón Mercado y a Raymundo Artis Espriú, quien fue el primer coordinador de Estrategia Digital Nacional del gobierno de López Obrador, hasta que fue nombrado director de la subsidiaria CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos.
De acuerdo con la glosa curricular publicada en el mismo portal del Infotec, González Waite, maestro en políticas públicas por la Universidad de Tel Aviv, incumple con los requisitos de la convocatoria para dirigir el centro, como tener méritos reconocidos, publicaciones, experiencia académica y de investigación, debidamente comprobados en algún campo de conocimiento relacionado con el objeto del centro.
Además, la convocatoria señala que el aspirante debía contar con título profesional y nivel académico de maestría, sin embargo, sus estudios en el extranjero no fueron revalidados, conforme a la Ley General de Educación, y su cédula profesional no se encuentra en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
De hecho, la designación ya fue denunciada por probables irregularidades ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) y el Comité Externo de Evaluación manifestó su extrañamiento por no haber sido convocado al proceso de auscultación externa, según el convenio modificatorio del contrato constitutivo del Infotec, para que después el presidente de la República o el Conacyt hicieran el nombramiento.
En la sesión ordinaria del comité de tecnologías de la información del Banco del Bienestar, del 29 de noviembre de 2019, en la que se informó que el core bancario estaría a cargo del Infotec, González Waite se presentó como parte del equipo de la Coordinación de Estrategia Digital, pese a no estar en la nómina de presidencia y cobrar como asesor en la de CFE.
Pero no es el único sin la experiencia necesaria para desempeñar su cargo. La Coordinación de Estrategia Digital está integrada por quienes integraban el Comité de Encuestas de Morena, que participó, por ejemplo, en la realización de la encuesta para definir la candidatura a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, con la cual resultó ganadora Claudia Sheinbaum.
Los tres titulares del Comité de Encuestas del partido eran Carlos Emiliano Calderón Mercado, Juan Morales Velasco y Raimundo Artís Espriú.
Con estudios truncos en física en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Calderón tiene un sueldo neto de 109 mil 997 pesos mensuales al frente de la coordinación; sólo 2 mil pesos menos que el presidente López Obrador, de acuerdo con la plataforma gubernamental Nómina Transparente.
Morales Velasco es hoy director de área de la coordinación con un sueldo de 87 mil 998 pesos, pese haber estudiado una licenciatura en actuaría en la UNAM.
Artis Espriú tiene un salario neto de 100 mil 471 pesos como director de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, y tiene a su cargo la conectividad de todo el país. Durante los primeros 10 meses del gobierno, tuvo el encargo de dirigir la Coordinación de Estrategia Digital. Artis es ingeniero mecánico electricista por la UNAM.
En la ecuación “Coordinación e Infotec” también aparece un personaje del que no hay rastro en la nómina del gobierno, pero que diversos trabajadores del centro describieron como “el enviado de la coordinación” y “quien toma las decisiones” en el centro, llamado Mauricio Avalos Betancourt, un líder estudiantil en los noventa, integrante del Consejo General de Huelga en 1999.
Así, los problemas dentro del Infotec que han paralizado proyectos de tecnología e innovación para los programas sociales del presidente se deben en realidad a la propia oficina de la Presidencia de la República.
