A contracorriente de las abultadas cifras de homicidios de mujeres, muchos de los cuales no son catalogados como feminicidios, los desaires del gobierno de la Cuarta Transformación y los recortes a programas sociales, las colectivas de mujeres siguen luchando por visibilizar la violencia de género. Y aunque exponen las fallas estructurales –lo que también genera violencia, dicen–, el presidente Andrés Manuel López Obrador se niega a escucharlas.
Durante la conferencia matutina del martes 24, el presidente Andrés Manuel López Obrador recibió de manos de la periodista Soledad Jarquín Édgar una memoria USB con 18 mil firmas recabadas por Change.org y un certificado de la autenticidad de las mismas, obtenidas durante 40 días, firmado por el director de la plataforma, Alberto Herrera.
Esas firmas respaldan la solicitud “¡Alto a los feminicidios en México!”, impulsada por la colectiva de organizaciones #NosVanAVerJuntas.
Jarquín fue la comisionada de la colectiva para entregar la petición a López Obrador, no sólo por su acceso al mandatario en tanto periodista, sino también por ser madre de María del Sol Cruz Jarquín, una de las 16 mil 573 mujeres asesinadas en México entre enero de 2015 y el 31 de octubre de 2020, según el registro del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). De ese universo, 7 mil 329 perdieron la vida en la actual administración (44.22%).
Del total de muertes violentas de mujeres ocurridas entre 2015 y octubre de este año, 4 mil 364 casos fueron clasificados como feminicidios, mil 812 ocurridos del 1 de diciembre de 2018 al 31 de octubre pasado.
Jarquín no dudó en realizar los trámites en la Presidencia para acceder a la conferencia de prensa, como parte de su activismo en la visibilización del problema en el que ella misma se encuentra inmersa, y hablar de la resistencia de las fiscalías para procesar los asesinatos de mujeres como feminicidios.
Tras la entrega, Jarquín y algunas madres de víctimas que la esperaban a las puertas de Palacio Nacional, por instrucciones de López Obrador, fueron recibidas por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), Fabiola Alanís Sámano, para exponer sus casos.
“La conclusión a la que llegan después de escucharnos es que el problema empieza en las fiscalías, que no investigan, no hay necropsias adecuadas, no hay peritajes, hay casos que son visiblemente feminicidios y los clasifican como suicidios. Hay una negativa –‘política, digo yo’– a reconocer los feminicidios”, dice Soledad Jarquín en entrevista.
Colaboradora del portal Servicio Especial de la Mujer (SEM México), y especializada en temas sociales desde hace más de 25 años, Jarquín sostiene que después de la muerte de su hija –el 2 de junio de 2018, en el contexto del proceso electoral en Juchitán, Oaxaca– se ha dedicado a visibilizar los feminicidios a través de su tarea periodística.
Lo que ha encontrado en el seguimiento de al menos 15 casos, dice, es que “son copia y pega de muchos otros casos, en el país y en América Latina, en los que no hay justicia para las mujeres”.
Un problema antiguo
María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), con más de 20 años como defensora de derechos de las mujeres, alerta sobre que la impunidad que arrastra el país en la atención de la violencia contra las mujeres no es nueva, pero sí lo es la gravedad con que ha escalado en los últimos años, a la par de que, paradójicamente, se ha creado un marco normativo que permitiría un escenario completamente distinto.
“A las anteriores administraciones federales y a la actual les ha costado trabajo reconocer que los feminicidios están en un contexto criminal, para ellos es un problema de violencia familiar doméstica”, apunta.
Estrada señala que al incremento de los feminicidios, las violencias contra las mujeres se manifiestan de forma grave en el alto número de desapariciones que, de acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), hasta el 23 de septiembre la cifra histórica de mujeres, niñas y adolescentes desaparecidas sin localizar en México, desde 1964 al 23 de noviembre pasado, era de 19 mil 450 casos, de los cuales 3 mil 550 ocurrieron en la actual administración.
“Nunca pensé que como defensora viera esto, la gravedad. Hace cuatro años discutíamos en el Observatorio si debíamos abordar el tema, considerando que ya veíamos que detrás de las desapariciones están los grupos delictivos involucrados; hoy no tenemos opción, las niñas son desaparecidas y tenemos que entrarle. No hemos podido superar esa barrera que ponen los agentes del Ministerio Público de esperar más de 24 horas para buscar a las víctimas”, dice Estrada.
Al destacar que en la atención y prevención de las violencias contra las mujeres hay corresponsabilidad de los gobiernos federal y estatales, advierte que el diseño de la política integral corresponde al gobierno federal, que “no ha estado a la altura del problema de la violencia de las mujeres, que no sólo están suscritas al ámbito familiar, sino comunitario”.
A dos años del ascenso de López Obrador como presidente de la República, Estrada confiesa que las integrantes del OCNF tenían expectativas “en que de que habría un cambio, que el gobierno federal reconocería esta violencia del crimen organizado que mata a las mujeres por su condición de género, reconocer que la delincuencia organizada ha crecido y que se lleva a las niñas y las mujeres”.
La defensora llama a revisar las cifras oficiales del SESNSP sobre las violencias contra las mujeres, como de violación sexual, que de 2015 a octubre pasado registra 86 mil 197 carpetas de investigación abiertas, 32 mil 258 de las cuales se iniciaron durante esta administración.
“A quien le toca la estrategia de seguridad nacional –al gobierno federal– no hemos tenido una seguridad que proteja a las mujeres; no la ha habido”, dice tras recordar que después del lanzamiento el año pasado del Plan Emergente para Garantizar la Integridad, la Seguridad y la Vida de las Mujeres y las Niñas en México, las integrantes del OCNF fueron llamadas a conocer sus opiniones a la Secretaría de Gobernación, pero no se dio continuidad a las mesas de trabajo que se propusieron instrumentar.
Mientras las defensoras recomendaban medir los resultados de las 21 alertas de Violencia de Género en 18 estados (tres tienen doble alerta: Guerrero, Estado de México y Veracruz), en un ejercicio de rendición de cuentas y evaluar qué falta hacer para prevenir las violencias contra mujeres y niñas, Estrada destaca que lo que el gobierno federal hizo fue recortar recursos.
Y los programas de prevención resultaron afectados por recortes para alimentar programas sociales e instrumentar campañas fallidas, como la de “Cuenta hasta diez”, creada a partir del incremento de llamadas de auxilio por agresiones contra la mujer durante la pandemia. De acuerdo al SESNSP, de enero al 31 de octubre el número de emergencia 911 ha recibido 221 mil 328 reportes de mujeres violentadas.
Al reconocer la importancia de la reducción de brechas de desigualdad social, Estrada evalúa que el reto para la reducción de las violencias contra las mujeres va más allá de la situación económica, de una crisis de valores y del neoliberalismo, como planteó el presidente López Obrador el miércoles 25 de noviembre, en el contexto del Día Internacional para Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
“Necesitamos resultados, la situación sigue siendo grave, es un desafío para el gobierno federal pero también para los estatales; sin embargo, al federal le toca poner la muestra, y el presidente no ayuda mucho cuando dice que es un problema de valores, con ello desestima la gravedad de la violencia contra las mujeres”, puntualiza la coordinadora del OCNF.
El Anexo 13
Para Matilde Pérez, investigadora de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, la propuesta presupuestal para el Anexo 13 “Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres” de los últimos dos años, pone claridad sobre “la apuesta” del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en materia de equidad de género, erradicación de la violencia contra la mujer y la no discriminación.
“Lo que podemos ver en los Presupuestos de Egresos de la Federación 2019, 2020 y 2021 es que no están las mujeres desde esta visión de fortalecer a las instituciones para que garantice una vida libre de violencia a las mujeres, sino desde el empoderamiento económico de las mujeres a través de programas sociales”, dice la investigadora.
Pérez, una de las autoras del informe Paquete Económico 2021. Análisis con enfoque de Derechos y Lucha contra las Desigualdades, presentado por Fundar, resalta el énfasis que se le ha dado a los programas de la Secretaría de Bienestar, que acumula 40% de los recursos que se destinarán el próximo año al Anexo 13, que pasará de 107 mil 97 millones de pesos en 2020, a 128 mil 92 millones, lo que representa un incremento de 20%.
“Cuando revisas las entrañas del Anexo 13, lo que ves es que está dirigido a resolver situaciones individuales de las mujeres que están accediendo a estos programas, pero se está dejando de lado las causas estructurales de la violencia al no fortalecer las instituciones encargadas de ello.”
El Anexo 13 considera recursos de 18 secretarías, del Poder Legislativo, de la Fiscalía General de la República, de organismos autónomos y empresas descentralizadas, 33 instancias en total, contempla más de 71 mil 779 millones de pesos de la Secretaría de Bienestar, etiquetados para los distintos programas sociales dirigidos a mujeres.
De las 20 entidades que contemplan recortes de sus fondos etiquetados para el Anexo 13, Matilde Pérez toma tres casos que considera fundamentales para la atención de las violencias contra las mujeres: Conavim, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGySR)
Inmujeres pasó de 855.71 millones de pesos en 2020 a 830.7 millones para 2021; Conavim, de 310.53 millones a 300.16, y el CNEGySR, de 2 mil 449 millones a mil 847 millones para el próximo año.
“No podemos decir que con este fortalecimiento de política social no se va a acabar la violencia hacia las mujeres, pero por lo menos en estos tres años que ya tiene operando esta política vemos que las cifras de violencia no han bajado, mientras vemos instituciones que están rebasadas porque no cuentan con personal, porque no cuentan con recursos ni infraestructura para atender la violencia contra las mujeres. Hablo de las agencias del Ministerio Público, de los Centros de Justicia para las Mujeres y de los propios refugios.
“El Estado estaría obligado a explicar su decisión de incrementar los recursos en programas sociales, pensando que van a resolver la violencia, y está dejando esas fallas estructurales que generan también violencia”, concluye la investigadora.
