Las mineras asentadas en el estado de Oaxaca han desacatado diversas disposiciones ambientales y mandamientos judiciales. Aprovechando la emergencia sanitaria causada por el covid-19, que ha detenido los procesos legales en favor de las comunidades indígenas, las grandes transnacionales operan toleradas por la autoridad o en la clandestinidad.
Oaxaca, Oax.– Cuando la rebeldía parecía haber contagiado a los pueblos originarios de Oaxaca, ganando amparos en defensa de su territorio contra los megaproyectos mineros, saliendo a las calles y advirtiendo que la lucha apenas comenzaba, llegó la pandemia causada por el covid-19 que frenó, aisló y mantiene inmovilizados los procesos de resistencia.
Por el contrario, con el paso de las semanas y los meses las mineras han ido desacatando los mandatos judiciales en su contra, lo que ha sido posible por las rendijas del sistema que les permite comprar, vender e intercambiar las concesiones, así como modificar al titular de la concesión misma. Son maniobras que les permiten operar en la impunidad.
La denuncia más reciente es contra la canadiense Minaurum Gold, SA de CV, por la apropiación de 6 mil 410 hectáreas para la extracción de oro y cobre; pretende perforar la selva de Los Chimalapas, en Oaxaca.
Los activistas que procuran la protección de la tierra también están en alerta por el proyecto interoceánico que persigue catapultar la industrialización y extracción de recursos, así como el desarrollo de una fundidora de mineras, explica en entrevista el coordinador del Área de Derechos Territoriales de la organización Servicios para una Educación Alternativa (Educa), Neftalí Reyes Méndez.
El coordinador nacional de la Federación de Concesionarios y Empresarios Mineros de México, Juan Rodríguez González, dijo que la operación de la fundidora generaría 5 mil empleos directos y hasta 35 mil indirectos.
El 11 de octubre último, el diario Noticias, Voz e Imagen de Oaxaca publicó que el director general del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, Rafael Marín Mollinedo, se sumó a la apertura de una fundidora de hierro para impulsar el desarrollo minero.
En esa ocasión expuso que Oaxaca cuenta con los minerales “más codiciados del mundo”, como oro, plata, cobre, zinc, antimonio, hierro, y tierras raras. “La minería es la oportunidad que va a sacar a México de la pobreza, pero necesitamos extraerlos y darlos a conocer para generar fuentes de empleo”.
Chimalapas, en la mira
En octubre de 2018, las comunidades de los pueblos Chatino, Chontal, Cuicateco, Ikoots, Ayuuk, Mixteco, Zapoteco y mestizos realizaron un juicio popular comunitario contra el Estado y las mineras en Oaxaca.
Declararon que en sus territorios estaba prohibida la minería. “Sí a la vida, no a la minería”, fue la consigna.
En su informe, las comunidades registraron que durante el periodo enero 2002–abril 2016 la Secretaría de Economía otorgó 322 títulos de concesión minera sobre una superficie de 462 mil 974 hectáreas. Es decir, el gobierno concesionó 5% del territorio estatal.
Las concesiones, ubicadas en 90 municipios, se entregaron –sin consulta popular previa– por un periodo de 50 años y con la posibilidad de ampliarlo a otros 50.
De acuerdo con información de la Secretaría de Economía, actualizada a 2017, la entidad tiene 41 proyectos mineros impulsados por 38 empresas de Canadá, Estados Unidos, Perú, Australia y México.
De ellos, 36 se encuentran en etapa de exploración, dos en desarrollo, uno fue postergado y dos se encuentran en explotación comercial. Estos últimos se ubican en San José del Progreso y San José de Gracia y su inversión privada fue de 6 mil 382 millones de pesos de 2011 a 2015, colocando al estado en el séptimo lugar en producción minera a escala nacional.
Sin embargo, esa inversión no se ha traducido en mejores condiciones de vida para los pueblos originarios; por el contrario, han generado violencia y ruptura de su tejido social.
De esos proyectos, la Gaceta Ecológica de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), fechada el 23 de julio de este año, da cuenta de la pretensión de hacer “exploración minera directa con un alcance en la perforación de 20 Unidades de Barrenación”, advirtió la estación radiofónica Regeneración Radio.
De iniciarse la exploración, estará en riesgo una de las reservas naturales más importantes de México: Los Chimalapas. Este proyecto es lidereado por la canadiense Minaurum Gold. Se trata de una mina de oro y cobre ubicada en el municipio de San Miguel Chimalapa.
De acuerdo con la propia empresa, la zona en la mira está a sólo 10 kilómetros del municipio de Zanatepec y a 125 kilómetros del principal puerto de Oaxaca, el de Salina Cruz. La concesión entregada a los canadienses incluye la apropiación de 6 mil 410 hectáreas para la extracción de oro y cobre. En la explotación se pretende gastar 2 millones 500 mil dólares.
Según la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), “el estado de conservación de este hábitat (Los Chimalapas) es excelente, conteniendo aproximadamente 300 mil hectáreas de vegetación inalterada. Esta región representa la mayor área de vegetación primaria del trópico mexicano”.
Lo preocupante del acecho de las mineras es que la selva de Los Chimalapas es uno de los pocos lugares en los que aún se conservan importantes ecosistemas. Además de tener selva alta, media, baja, bosque de montaña y bosques de maderas preciosas, se calcula que ahí viven unas 150 especies de mamíferos, 350 de aves, más de 60 de reptiles, 50 de anfibios, 16 de libélulas y cerca de 500 de mariposa.
El beneficio aún mayor para las mineras será el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. El pasado 25 de julio de 2020 el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, inauguró la primera obra del corredor, que comprende el muelle de contenedores y de usos múltiples, de 123 metros de largo.
Con ello se amplía el puerto de Salina Cruz y se espera que entre en operaciones el próximo año. Además, se prevé modernizar las vías del ferrocarril, de transporte de contenedores y, al mismo tiempo, tren de pasajeros.
Integrantes del Colectivo Matza, de origen zoque, detallaron que los cinco proyectos mineros que se pretende instalar en Los Chimalapas no están respetando la tenencia de la tierra comunal, lo que es violatorio a sus derechos humanos y territoriales.
Este colectivo y los pobladores de San Miguel Chimalapa, Zanatepec, Unión Hidalgo e Ixhuatán mantienen desde hace cinco años una defensa del territorio y su rechazo a la explotación minera.
La canadiense Minaurum Gold no es la única que pretende Oaxaca, lamenta el especialista en temas de minería, Daniel Arellano Chávez. La intensa actividad de “trasferencia, adquisición y compra de concesiones mineras” que realizaron G79 Golden 79 Mines Ltd, Inomin Mines y Megastar Development en agosto último es reflejo de ello, agrega.
La primera de las empresas modificó el 28 de julio de 2020 su nombre sin que esto sea regulado por el gobierno federal y las instituciones encargadas del sector. Antes de ello se llamaba “Aura Resources Inc”.
Entre los territorios que la “nueva” empresa minera presume como proyectos se encuentran 986 Hectáreas de los municipios de San Pedro Taviche y San Jerónimo Taviche. El plan minero llamado Higo Blanco, ubicado en Taviche Oaxaca, es 80% “propiedad” de otra empresa llamada Minaurum Gold y 20% “propiedad” de G79 GOLD79 MINES LTD. Las exploraciones realizadas en 2009 y 2011 indican que existe una “robusta” mineralización de plata.
Inomin Mines, por su cuenta, compró los proyectos La Gitana y Peña Blanca a la empresa Gunpoint Exploration. La operación se hizo en agosto de 2020. Pagó por 1 millón de acciones 25 mil dólares en efectivo y una regalía de 1.5% del valor de la explotación a la anterior empresa posesionaria de la concesión, lo que significa un beneficio directo para sus propietarios e inversionistas, dado que las acciones de la empresa dieron un salto de 700%; sin embargo, esa transacción no deja ni un centavo en el territorio concesionado ni para el gobierno federal.
En agosto de 2020 Megastar Developmen Corp anunció “que ha modificado los acuerdos de opción mediante los cuales la compañía puede adquirir una participación íntegra de 100% en los proyectos Rama de Oro, Magdalena y Yautepec, (proyectos) ubicados en Oaxaca, mediante la extensión de las fechas de vencimiento para los gastos de exploración en cada proyecto”.
Arellano Chávez destaca que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador emitió en los últimos días de 2018 un documento en el cual reconoce 427 concesiones mineras vigentes. Mientras no sean cancelados esos proyectos continuará la especulación financiera que genera ganancias a las corporaciones.
Oposición
José Pablo Antonio, abogado de la asociación civil Tequio Jurídico, detalla los casos en los cuales los pueblos habían logrado avances legales en su lucha contra las mineras Capulalpan de Méndez, en la Sierra Norte; San Pedro Quiatoni, en la Sierra Sur; Santa María Zapotitlán, Santa María Ecatepec, Yautepec, en la región Chontal, y en San José del Progreso, en los Valles Centrales.
El 12 de febrero de 2020 se dio a conocer que la Semarnat negó la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) al Proyecto San José II, de la compañía minera Cuzcatlán, filial de la canadiense Fortuna Silver Mines, por violar las leyes ambientales al construir 81 obras irregulares.
El Frente No a la Minería exige la cancelación del proyecto y las concesiones mineras en Valles Centrales, donde 12 comunidades se han declarado territorios libres de minería.
Luego, el 13 de febrero, con una marcha y un mitin frente al palacio de gobierno, habitantes de San Pedro Quiatoni exigieron al presidente López Obrador que cancele las concesiones mineras.
Subsidiarias de la compañía estadunidense Gold Resource Corp (GRC), las empresas Don David Gold México, SA de CV, Minerales del Prado y Desarrollos Mineros San Luis adquirieron la concesión de 11 mil 623 hectáreas de territorio comunal de San Pedro Quiatoni.
Simitrio Ruiz, representante de la comunidad, dijo que el 13 de febrero último es una fecha histórica porque fue cuando decidieron emprender “la lucha por sus derechos contra el gigante”, al presentar una demanda de amparo ante el Poder Judicial federal.
Después, el Juzgado Primero de Distrito en el estado le concedió la suspensión a la comunidad indígena de San Pedro Quiatoni, para que Don David Gold, Minerales El Prado y Desarrollos Mineros San Luis suspendan la explotación de recursos minerales en su territorio.
En concreto, se refieren a la mina El Águila o El Águila III, cuya entrada se encuentra en la localidad de San José de Gracia, municipio de San Pedro Totolapa.
Igual, Calpulálpam de Méndez ganó otro amparo que cancela todas las concesiones mineras en su territorio. Pese a que este pueblo zapoteco obtuvo la protección de la justicia, las empresas Continuum Resources LTD y Minera la Natividad desacatan el mandato judicial federal.
Aunque su lucha lleva 15 años, fue en febrero de 2015 cuando la comunidad indígena agraria de Capulálpam de Méndez interpuso una demanda de amparo ante la autorización de concesiones mineras ubicadas en su territorio comunal.
Después de un litigio de cinco años, el Juzgado Tercero sentenció en octubre de 2019 que reconoce jurídicamente la ancestralidad indígena de la comunidad de Capulálpam y, por lo tanto, su propiedad y posesión de las tierras comunales que ocupa desde la época prehispánica.
El 12 de marzo último, Santa María Zapotitlán ganó un amparo para impedir que la empresa minera Zalamera, SA de CV, entre a operar en esa población chontal de Oaxaca.
Covid-19, un obstáculo más
El dirigente de Educa, Neftalí Reyes, explica que la pandemia ha beneficiado a las grandes transnacionales, pues los procesos legales ganados por las comunidades indígenas se detuvieron. Ello permitió a las empresas modificar su estrategia legal, alargar los juicios y la operación clandestina.
Ocupadas en el cuidado de la salud, en instalar filtros para evitar contagios, las comunidades suspendieron asambleas y reuniones. “Las empresas desacatan los mandatos judiciales o reponen algunos procesos para seguir operando con la anuencia de las autoridades”, denunció.
En marzo reciente, cuando el gobierno federal decretó la suspensión de actividades no esenciales, las mineras no acataron el paro, siguieron operando y hoy lo hacen sin contratiempos al eliminarse la restricción.
Autoridades de la comunidad de Santa María Zapotitlán, Santa María Ecatepec y Yautepec, la Asamblea del Pueblo Chontal para la Defensa de Nuestro Territorio, Tequio Jurídico y Educa cuestionaron la decisión del gobierno federal porque, señalan, antepone el interés de las mineras sobre los derechos colectivos de la población indígena.
Aunque la resistencia de los pueblos y comunidades indígenas en defensa del territorio lleva más de una década, fue a inicios de 2020 que empezaron a ganar amparos contra las compañías. A la par, la Semarnat negaba permisos ambientales.
