Varios relatores especiales de Naciones Unidas enviaron al gobierno de México un documento en el que exponen su “grave preocupación” por los eventuales efectos negativos de la construcción del Tren Maya en las comunidades indígenas. Señalan, entre otros aspectos, que los estudios de impacto ambiental son inadecuados, que la consulta a los pobladores no cumplió con los estándares internacionales y que los activistas que se oponen al megaproyecto son objeto de ataques. Cuestionan además la participación de las Fuerzas Armadas en la realización de esta obra en territorios indígenas, lo que, advierten, puede derivar en violaciones a los derechos humanos.
Relatores especiales de la ONU expresan su “grave preocupación por los posibles impactos del llamado Proyecto de Desarrollo Tren Maya para las comunidades indígenas, que podrían verse afectadas en sus derechos territoriales, su derecho a no ser desalojadas y su derecho a la salud, entre otros, en los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo’’.
En un documento enviado al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, al que este semanario tuvo acceso, señalan: “Nos preocupa además la información que indica que el estudio de impacto ambiental haya sido inadecuado, conllevando riesgos de daños ambientales por las actividades del Proyecto de Desarrollo Tren Maya causados por la contaminación e impactos negativos a la biodiversidad y el agua”.
Y recalcan: “Se recuerda que los procesos de consulta indígena deben asegurar la debida representatividad de los pueblos y comunidades indígenas”.
Si no se cumplió el requisito de obtener el consentimiento previo, libre e informado de pueblos indígenas de la región para el proyecto, además de violar el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el gobierno puede haber incurrido en violación de la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y otros tratados signados por México.
Firman el documento los relatores especiales José Francisco Cali Tzay, en materia de derechos de los pueblos indígenas; David R. Boyd, sobre el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible; Balakrishnan Rajagopal, para una vivienda adecuada; y Mary Lawlor,
sobre la situación de los defensores de derechos humanos.
También lo suscriben Cecilia Jimenez-Damary, relatora especial sobre los derechos humanos de los desplazados internos, y Clement Nyaletsossi Voule, sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación.
En su documento, los expertos de la ONU cuestionan:
“El 17 de abril de 2020, el presidente de la República anunció que los tramos del proyecto ferrocarril del Tren Maya que van de Tulum, Quintana Roo, a Escárcega, Campeche, cruzando la Reserva de la Biosfera de Calakmul serán construídos por la Secretaría de la Defensa Nacional. Al respecto habría preocupación y dudas sobre la pertinencia de la participación de las Fuerzas Armadas en una obra pública que no es de emergencia.”
De plano acusan que el “uso de los militares para tareas de orden civil en territorios indígenas ha significado mayores violaciones a derechos humanos” y piden explicar esa decisión, tomando en consideración el artículo 30 de la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que establece:
“No se desarrollarán actividades militares en las tierras o territorios de los pueblos indígenas, a menos que lo justifique una razón de interés público pertinente o que se haya acordado libremente con los pueblos indígenas interesados, o que éstos lo hayan solicitado.
“Los Estados celebrarán consultas eficaces con los pueblos indígenas interesados, por los procedimientos apropiados y en particular por medio de sus instituciones representativas, antes de utilizar sus tierras o territorios para actividades militares.”
En vista de ello, los relatores urgen al gobierno mexicano a informarles sobre “las medidas previstas” para realizar estudios de impacto social, cultural, ambiental y de derechos humanos, así como la forma en que se asegura que sean independientes e imparciales y que en ellos participen las comunidades indígenas; todo ello “de acuerdo a los objetivos y estándares internacionales relativos a los derechos de los pueblos indígenas”.
“En particular”, pretenden conocer “la metodología… para desarrollar tales procesos de consulta, su alcance y objetivo, así como… para asegurar que la información será accesible” a las comunidades.
Tras cuestionar si se exploraron “todas las alternativas posibles al desalojo” de las poblaciones y, si es el caso, detallar cuáles fueron esas propuestas y por qué no se consideraron viables, piden “indicar qué procedimientos y recursos legales están disponibles para residentes que deseen impugnar el desalojo”.
Además, los expertos piden también informes sobre las medidas tomadas ante la emergencia sanitaria por el covid-19 y cómo se garantizará una consulta justa en ese contexto.
En suma, el grupo de relatores especiales pide al gobierno mexicano información sobre lo que hace “para asegurar que los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras, territorios y recursos naturales, conforme a las obligaciones internacionales de México en materia de derechos humanos, serán observadas” en los procesos relacionados con la adquisición de tierras para el Tren Maya.
Ataques a defensores
Los expertos de la ONU acusan ataques a defensores de los derechos humanos que han interpuesto alguna acción legal, “a través de la criminalización, el señalamiento y la difamación, la negación de su identidad indígena y la descalificación de su trabajo, lo cual habría resultado en agresiones directas y un creciente estado de temor ante posibles actos de violencia en su contra y persecución judicial”.
“Estos actos se habrían extendido en contra de organizaciones de la sociedad civil que les están prestando apoyo y asesoramiento jurídico en sus reclamos y se habrían dado denuncias e intento de uso del derecho penal para obstaculizar el legítimo derecho a promover y proteger los derechos humanos y hacer uso de los recursos legales disponibles.”
Ese clima adverso se agrava, dicen los funcionarios de la ONU, con “actos de hostigamiento contra quienes requieran mayor información, más tiempo para su decisión o expresen su disconformidad con el desarrollo del proyecto”.
Raphaël Viana, portavoz del International Service for Human Rights (ISHR), dice a Proceso que “la discrepancia entre los compromisos de México a nivel internacional y la acción o inacción del gobierno frente a ataques sistemáticos a ambientalistas, feministas y otras personas defensoras de derechos humanos, resulta alarmante.
“El mismo Estado que ratifica el importantísimo Acuerdo de Escazú, no puede permitirse paralizar financieramente a su mecanismo nacional de protección para defensores y periodistas, o tener a su más alto mandatario difamando públicamente a organizaciones y activistas que documentan el impacto del Tren Maya.”
Y añade: “Como futuro miembro del Consejo de Derechos Humanos, México se ha comprometido a trabajar con la ONU y con la sociedad civil para reforzar mecanismos de protección a periodistas y personas defensoras, reconociendo su rol fundamental en mantener una democracia saludable.
“México debe cumplir con sus promesas internacionales, empezando por restablecer los fideicomisos públicos a su mecanismo de protección y cumplir con todos los estándares internacionales en derechos humanos antes de proseguir con el proyecto del Tren Maya.”
Violaciones
al derecho a la consulta
El documento de los relatores, enviado también a la sede de ONU-Habitat, observa que la consulta llevada a cabo en noviembre y diciembre de 2019 por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y la Subsecretaría de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, se llevó a cabo “cuando la decisión ya estaba tomada”.
Durante esa consulta “no se presentó información completa, adecuada e imparcial sobre el proyecto y sus impactos potenciales, al no haberse realizado los estudios necesarios de impactos ambientales y sociales… Las asambleas se centraron en los beneficios que el proyecto traería a la población de la región, una población que sufre históricamente por graves carencias en el goce de sus derechos económicos, sociales y culturales”.
Recuerdan que la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos que acompañó el proceso de consulta “habría constatado algunas violaciones al derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado y expresado su preocupación al respecto”.
Los expertos recuerdan que del 1 al 4 de junio pasados, López Obrador dio el “banderazo” a los trabajos del Tren Maya en los tres tramos de la fase 1, desde Palenque, Chiapas, hasta Izamal, Yucatán, que pasarían también por Tabasco y Campeche.
El 16 de junio 2020 el Fonatur presentó una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) de los primeros tres tramos correspondientes a la fase 1 ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), reiterando que “no tiene la obligación de solicitar una autorización ambiental, toda vez que no se trata de una obra nueva, sino de rehabilitación y mantenimiento para mejorar la seguridad operativa”.
La Semarnat no dio tiempo suficiente (hasta el 30 junio) para que comunidades, organizaciones de la sociedad civil y academia enviaran comentarios al documento del Fonatur, que “consiste en mil 900 cuartillas y sin acceso a todos los anexos. No hubo una versión reducida y simplificada, culturalmente adecuada ni una traducción a idiomas indígenas”.
Según los funcionarios internacionales, faltaron informes oficiales sobre la generación, manejo y disposición final de residuos sólidos, sobre cómo el Tren Maya afectaría a la flora y la fauna amenazadas o en peligro de extinción, la disponibilidad de agua y la generación de residuos.
Se detectó igualmente la ausencia de datos para determinar el impacto del proyecto (en particular matriz de cribado y matriz de valoración de impacto) y la falta de estudios, como el geológico en puntos críticos de zona de karst, en el tramo 3, donde se ubica la franja del “anillo de cenotes” y el cráter de Chicxulub.
Expresan dudas sobre la MIA en la que no se prevén afectaciones en zonas arqueológicas, de monumentos históricos, humedales o vegetación de manglar y cenotes, entre otros, “toda vez que las actividades se lleven a cabo dentro del derecho de vía ferroviaria existente”.
Los expertos de la ONU argumentan: “Aunque se cuente con derecho de vía en parte de los tramos del Tren Maya, el proyecto es nuevo pues implicará remover y sustituir cientos de kilómetros de rieles y durmientes, aptos para un tren aproximadamente 10 veces más rápido, más pesado y con un tráfico más intenso”.
Además, remarcan que el proyecto incluye la construcción de estaciones, las urbanizaciones y los polos de desarrollo no contemplados en la MIA.
Según la información recibida por la ONU, “los impactos socioculturales serían aún más subestimados: faltarían estudios de flujo de migración interna, que incluya una evaluación de los desplazamientos y expulsiones debidos a la obra y la atracción de población a otros centros, entre otros impactos, así como no habría evaluación de los riesgos de pérdida cultural e histórica de los pueblos indígenas”.
Derecho a la tierra
Otro tema de preocupación es la adquisición de los terrenos para la instalación del proyecto, que supondría una modificación del régimen de tenencia y propiedad de la tierra, lo cual podría perjudicar los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras.
Las áreas ejidales donde se instalarán las líneas férreas y polos de desarrollo se obtendrán por medio de un Fideicomiso de Infraestructura y Bienes Raíces, instrumento financiero sujeto al mercado de valores, por lo que se usa para financiar inversiones inmobiliarias.
Fonatur plantea “la incorporación de los ejidatarios como socios, a través de la aportación de sus tierras, al fideicomiso Tren Maya. Esto implicaría que la tierra se vuelve propiedad del fideicomiso, los propietarios individuales o comunitarios se vuelven accionarios y los terrenos serían utilizados por inversionistas para construir la infraestructura relacionada con el proyecto”.
En este plan, los propietarios de las tierras podrán obtener la renta derivada del uso de las tierras y mantener su titularidad. “Sin embargo, este tema no se desarrolló en la sesión informativa de la consulta y no resulta claro si a miembros de comunidades indígenas afectadas se les ha proporcionado información clara y precisa sobre el fideicomiso y la naturaleza de los riesgos que pudiera implicar”, observan los expertos de la ONU.
Entre esos riesgos mencionan “la privatización de propiedades comunales y los factores que pudieran incidir en las ganancias previstas, en su capacidad de poder recuperar sus tierras y de poder retirarse del fideicomiso, si así lo desean”. Las dudas surgen a partir de informes de que “desde unos años atrás, sectores políticos y empresariales con conocimiento del proyecto habrían adquirido terrenos a precios muy bajos que presuntamente serían utilizados para el proyecto”.
Y aunque el Fonatur aseguró que no habrá desalojos forzosos ni expropiación, “se comunicó a estas relatorías que comunidades indígenas asentadas en proximidad de las vías o donde se prevé la construcción de los polos de desarrollo no recibieron información sobre qué pasaría con ellas”.
Hasta el cierre de esta edición el gobierno federal no había respondido la carta de los relatores de la ONU, fechada desde el pasado 21 de septiembre.
