Corrupción y negligencia, la fórmula con la cual las mineras carboníferas operaron en otros sexenios, es lo que también ocurre en la Cuarta Transformación. En esta investigación, Proceso da cuenta de que la Comisión Federal de Electricidad de Manuel Bartlett ha dado contratos a compañías de Coahuila que tienen sanciones vigentes y a otras que arrastran un largo historial de muerte de empleados por operar en condiciones inhumanas, entre otras irregularidades. Con esta pieza periodística, este semanario da inicio a una serie de trabajos sobre la situación de las mineras en México, así como sus impactos sociales, económicos y ambientales en las zonas donde operan.
Una pared se rompió y la acumulación de agua inundó las galerías de un “pocito” carbonero donde murió Ramón Sánchez Arellano, el único de los 14 mineros que trabajaban en el subsuelo de un área que, de tan irregular, ni nombre tenía, pero la gente de la zona solía identificarla por el apodo del capataz, el mismo con el que quedó registrada aquella tragedia del 30 de julio de 2010: el Pocito Boker.
Plutarco Ruiz Laredo, otro obrero, sobrevivió en el socavón durante una semana. De entre la oscuridad y la humedad, sin alimentos, salió con vida aunque con daños físicos y psicológicos.
Tras el siniestro, la mina quedó inservible y clausurada. Era propiedad de Eduardo Morales, quien después se puso a explotar el carbón de las paredes de unos viejos túneles en desuso, pero el 25 de julio de 2012 unos soportes desvencijados no resistieron más y de nuevo otra tragedia: seis mineros murieron a unos metros del primer incidente.
Morales no se detuvo, sólo cambió la razón social de su compañía para seguir operando, y el 28 de marzo de 2014 otros dos obreros del carbón perdieron la vida sepultados por un alud en unas cuevas cercanas a los anteriores siniestros.
El saldo es de tres accidentes y nueve trabajadores muertos por condiciones inseguras en minas irregulares; entre las anomalías destaca el hecho de que sus empresas no pagaron las indemnizaciones correspondientes.
Morales, sin límite en sus negocios, a finales de octubre –vía su hijo homónimo– obtuvo dos contratos de carbón con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la empresa productiva del Estado cuyo titular, Manuel Bartlett Díaz, festinó en un acto masivo –ante el presidente Andrés Manuel López Obrador– la reactivación de las compras a las minas rudimentarias de la región carbonífera de Coahuila.
A Carkim Industrial, SA de CV, la CFE le otorgó un contrato por 20 mil 520 toneladas, un ingreso de 21 millones 224 mil pesos. A Rodamientos y Equipos de Sabinas le asignó otro, pero sus montos se desconocen… Ambas empresas son de Morales.
Esos contratos son parte de los 54 asignados por la CFE a pequeños productores de carbón para alimentar las carboeléctricas “José López Portillo” y “Carbón II”, ubicadas en el municipio de Nava, Coahuila, localidad cercana a la frontera.
Aunque oficialmente la asignación de contratos evaluó diferentes condiciones de legalidad, el propio reporte de la CFE identificó en buenas condiciones a 12 de las 54 empresas, 33 más tienen pendientes de cumplimiento, ocho están pendientes de clarificar aspectos fiscales, laborales, ambientales y de seguridad, y sobre una no hay datos porque acaba de firmar con la CFE.
Sin embargo, una revisión sobre la información oficial, hecha por la Organización Familia Pasta de Conchos (OFPC), revela negros antecedentes de las empresas participantes.
De las 54 compañías en cuestión, 43 tienen un historial de operaciones irregulares, de muertes por negligencia en la extracción o por condiciones de incumplimiento con normas básicas laborales, ambientales o de seguridad.
Diez mineras más tienen pendientes por solventar y sólo una reúne los requisitos que pueden evitar un incremento de decesos o enfermedades en los trabajadores, así como impactos sociales y ambientales.
Las inconsistencias de la CFE en el registro de las empresas contratadas están en no revisar los antecedentes de las concesiones, accionistas y procedimientos, así como de las manifestaciones de impacto ambiental, y en omitir contrastar esa información con las inspecciones del Servicio Geológico Mexicano (SGM) y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.
Desde 2001 los mismos empresarios con diferentes razones sociales o centros de trabajo mantienen ingresos millonarios por proveeduría con la CFE a partir del carbón extraído en las condiciones de trabajo más precarias.
Sofisma ambiental
El 24 de octubre último el presidente Andrés Manuel López Obrador visitó la carboeléctrica “José López Portillo”; en su discurso planteó la intención de que las dos termoeléctricas de la zona trabajen a su máxima capacidad.
Para conseguirlo ofreció adquirir el carbón a los productores de la región con el objetivo de mantener las fuentes de empleo. Fue cuando desató la polémica al hacer una declaración relacionada con la supuesta subutilización de las carboeléctricas de la CFE consecuencia, según él, de los intereses privados en las energías limpias:
“Utilizaron otro sofisma, lo de las energías limpias, el que estas plantas de la CFE ya son viejas y contaminan y que, por lo mismo, era mejor la producción de energía con gas, las termoeléctricas, las eólicas o energía solar… Energías que, en efecto, no contaminan, pero están subsidiadas, produzcan o no produzcan. La CFE, con presupuesto público, que es dinero de todo el pueblo, les tiene que comprar la energía eléctrica.”
A partir de 2020 México debe implementar un plan de reducción del uso del carbón a fin de que la producción de electricidad basada en ese mineral desaparezca a más tardar en 2030 en los países de la Unión Europea y en los de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de la cual el país es parte, pero el anuncio del presidente contraviene esos compromisos asumidos en la COP-23, celebrada en 2017.
El discurso presidencial del 24 de octubre pasado destacó los negocios privados en el sector energético, afirmando que los únicos negocios que deben importar a los servidores públicos son los públicos, insistiendo en su compromiso de campaña de no aumentar las tarifas de electricidad y volver sobre el tema del carbón.
En el contexto de un reclamo emitido por congresistas estadunidenses que denuncian obstrucción de las inversiones en energías limpias, el presidente atajaba así el tema ambiental y reivindicaba lo que –dijo– era su compromiso por apoyar a los productores de carbón y activar la economía regional.
Carbón ilegal
Los productores del carbón en la región, como en el mencionado caso de Eduardo Morales, acumulan en dos décadas un largo expediente de muertes de trabajadores –cerca de 200 decesos de 2001 a la fecha–, así como de numerosas violaciones a las normas relacionadas con su actividad extractiva.
Los casos documentados van del trabajo infantil (en los pocitos carboneros suele usarse a menores de 15 años, por el tamaño de los túneles), pasando por los subregistros ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, hasta la evasión de obligaciones fiscales. Operan minas clandestinas imposibles de inspeccionar que, en muchos casos, son auténticas cuevas sin ademes ni normas básicas para una estructura minera.
De los recién contratados por la CFE destaca por antecedentes de trabajo infantil la Compañía Minera Díaz, beneficiaria de un contrato por 35.3 millones de pesos para surtir 34 mil toneladas de carbón.
El 2 de febrero de 2012 una camioneta, que se usaba para llevar en su batea al personal, se accidentó en el trayecto a la mina. Ahí murió un trabajador. El vehículo era conducido por un menor de edad; de los cuatro tripulantes que sobrevivieron, tres carecían de seguro social.
Luego, en 2019, una inspección federal acreditó que había dos niños trabajando en sus cuevas.
De acuerdo con los registros de la OFPC, el listado de muertes por malas condiciones de las minas es amplio entre las empresas contratadas por la CFE:
Carbonífera El Gato, con un trabajador fallecido, incumplió con la indemnización; Minera Zeduvik tiene un minero muerto durante sus operaciones; Carbonífera Casari suma cuatro muertos, es propiedad de la familia Kamar, dedicada a la minería, el contratismo de obra, concesionarias de automóviles, extracción de gas y medios de comunicación en la región; son los mismos dueños de la accidentada Mina Lulú, emblemática por las condiciones en las que funcionaba.
También está el caso del Corporativo El 88, propiedad de la familia González Garza, que posee diferentes razones sociales con las cuales logra mantener sus contratos de carbón con la CFE, cuando una de sus minas está en problemas.
Conocidos como Los Mupos –así se llaman varios de sus lotes mineros–, la empresa que los explota tuvo 14 trabajadores muertos el 3 de mayo de 2011; además, un niño perdió un brazo cuando operaba el malacate en el pozo Binsa.
Los “pocitos” de Los Mupos tuvieron la muerte de otro trabajador el 3 de agosto del mismo 2011 y uno más ocurrió el 8 de mayo de 2012.
Coalfusion Mining & Processing es otra de esas empresas inseguras. Opera una mina que fue construida en 1905 y durante décadas estuvo en desuso. En sus viejos socavones murió un minero. Hace poco sus deudos obtuvieron un laudo de indemnización, pero la empresa, propiedad de David Calvert, constantemente cambia su domicilio fiscal para no pagar. Aun cuando la Inspección Federal del Trabajo le restringe operaciones por inseguridad, consiguió un contrato por 15 millones de pesos.
En los comunicados oficiales, la CFE ha establecido que hizo una selección de las mineras en función de un cruce de información entre el SGM y la Dirección General de Minas. Pero en situaciones como la de la empresa Coalfusion Consulting la selección dejó de lado las inspecciones federales de seguridad e higiene.
Tan es así que Coalfusion Mining y el Corporativo El 88 fueron inspeccionados y sancionados con una restricción de operaciones que seguía vigente al momento de concretar su acuerdo con la CFE que, sin reparo, las seleccionó nuevamente.
La normatividad ambiental fue omitida en la selección de la CFE. En el listado de las empresas contratadas se puede identificar, con base en la información oficial revisada por la OFPC, que al menos 20 de las compañías no tienen manifestación de impacto ambiental o el que presentaron no corresponde con la ubicación de la mina.
Pese a que en uno de sus argumentos Manuel Bartlett aseguraba que la reactivación de compras de carbón evitaría el coyotaje –una alusión a la intermediación que realizaba el gobierno estatal vía una paraestatal llamada Prodemi–, en los registros es claro que esas prácticas se mantienen y ponen en duda el supuesto cruce de datos entre la CFE y el SGM.
Por ejemplo, la empresa Comercializadora Jomagga del Norte, que obtuvo un contrato por 35.3 millones de pesos, exhibió un título que en el SGM aparece cancelado.
Peor todavía, Servicios, Arrendamientos y Refacciones, empresa con un contrato por 15 millones de pesos, exhibió un título de concesión que ampara la extracción de polimetálicos, no de carbón, ubicada en Mazatlán Sinaloa.
Viejos cacicazgos
El involucramiento de políticos en los negocios del carbón para proveeduría con la CFE viene desde la apertura en el sector. Con la autonombrada “Cuarta Transformación” el esquema se mantuvo:
Por ejemplo, hay actas de inspección que demuestran que Operadora Industrial Minera es una contratista de Minera Zapalinamé, propiedad del senador morenista Armando Guadiana Tijerina, uno de los gigantes carboneros del país y de los más insistentes en promover la reactivación de las compras de cabrón desde 2018.
Apenas asumió su encargo legislativo, Tijerina le pidió a López Obrador que construya más carboeléctricas en la zona.
La revisión hecha por Proceso sobre las compañías con contratos asignados permite observar que en los casos en que dos o más empresas son de un mismo dueño hay relaciones políticas en sus sociedades, como ocurre con Rsy Minera, que obtuvo un contrato por 35.3 millones de pesos. Minera Carbonífera Dos Glorias tiene otro por 16.5 millones de pesos y Minera Los Arcángeles trabaja un contrato que asciende a 35.3 millones de pesos.
Esas tres firmas pertenecen al mismo grupo familiar de David Yutani (en estos casos, a nombre de su hermana, Gloria), dos veces presidente municipal de Sabinas (una por el PRI y otra por el local Unidad Democrática de Coahuila), quien recientemente ha sido relacionado con Morena.
Entre otros casos, destaca el de Corporativo El 88, de la mencionada familia González Garza, asociados en diversas concesiones con Jesús María y Rogelio Montemayor; el primero es expresidente municipal priista de Sabinas, el segundo es exgobernador de Coahuila y exdirector general de Pemex. Otra sociedad la han tenido con Régulo Zapata, exalcalde priista y luego emecista de Sabinas, otro municipio carbonero.
También está Coalfusion Minning, de Daniel Calvert, poderoso empresario de Saltillo, polémico porque su giro es el de los vertederos tóxicos; es familiar de la secretaria de Medio Ambiente estatal, Englantina Canales, y amigo cercano del exgobernador Enrique Martínez.
Lo mismo pasa con los patrones de Plutarco Ruiz y de los nueve mineros fallecidos en distintos pozos. A Eduardo Morales –de las mencionadas firmas Carkim Industrial, SA de CV, y Refacciones y Materiales– se le conoce la sociedad histórica con Federico Quintanilla, un priista que fue alcalde de Progreso, municipio carbonero del estado.
En general, los empresarios del carbón son también los políticos locales de los diferentes partidos políticos que han mantenido por sí o con intermediarios los millonarios ingresos con la CFE, a quienes el presidente López Obrador se dirigió en su discurso del 24 de octubre:
“Vamos a aumentar el despacho, vamos a buscar, sin violar la ley (…) que estas plantas (las carboeléctricas) no estén subutilizadas y que así se pueda comprar más carbón y ayudar más a los productores y a toda la gente que vive en esta región del país.”
