En el sexenio de Enrique Peña Nieto, el secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, consiguió que los militares y sus familias fueran compensados como víctimas de la delincuencia. Los recursos –148 millones de pesos en los últimos cuatro años– no provienen del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas ni de un fideicomiso de la Sedena, sino del fondo destinado para las víctimas de derechos humanos. Así, la CEAV autoriza reparaciones del daño a soldados y marinos de la misma forma que a quienes ven sus derechos vulnerados por aquéllos.
Creada a partir del movimiento nacional de víctimas en el contexto de la “guerra contra el narcotráfico” y de la militarización de la seguridad pública, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) ha autorizado compensaciones económicas a personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Secretaría de Marina Armada de México (Semar) por más de 148 millones de pesos en los últimos cuatro años.
La cifra es apenas 26.4 millones menor a las compensaciones que la CEAV entregó a víctimas de violaciones de derechos humanos atribuidas a marinos y a soldados del Ejército mexicano, entre 2015 y 2020: casi 175 millones de pesos.
Los recursos distribuidos a integrantes de las Fuerzas Armadas considerados víctimas, así como a quienes se considera víctimas de ellas en recomendaciones de organismos nacionales o internacionales de derechos humanos y en sentencias judiciales, provienen del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI) –uno de los 109 fideicomisos recientemente desaparecidos por el Congreso de la Unión–, de acuerdo con información obtenida por Proceso a través de la Plataforma Nacional de Transparencia.
El acceso del personal castrense al fondo destinado para víctimas de derechos humanos y de delitos se remonta a la gestión de Julio Hernández Barrios al frente de la CEAV (de octubre de 2016 a enero de 2017) y del entonces secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, actualmente preso en Estados Unidos bajo cargos de colaborar en el contrabando de drogas.
Impulsor de la fallida Ley de Seguridad Interior, que ampliaba las atribuciones de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, Cienfuegos Zepeda peleó ante el gobierno de Enrique Peña Nieto el derecho de su personal para obtener recursos del FAARI.
“Mis soldados también son víctimas de los delincuentes”, alegaba entonces el general Cienfuegos, ante los intentos de funcionarios de la CEAV de objetar el acceso de los militares al FAARI, considerando que las bajas militares deberían ser consideradas como riesgo de trabajo, que debía ser cubierto por el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas (ISSFAM) o bien por el Fideicomiso de Apoyo a Deudos de Militares Fallecidos en Actos de Servicio de Alto Riesgo, uno de los cinco con que cuenta la Sedena.
La moción del general se impuso. El argumento para acceder a los recursos del FAARI se lo dio la propia Ley General de Víctimas, que en considerandos de sus artículos 67 y 69 considera válida la compensación en forma subsidiaria, tomando en cuenta “la determinación del Ministerio Público cuando el responsable se haya sustraído de la justicia, haya muerto o desaparecido o se haga valer un criterio de oportunidad”, así como la presentación de “las constancias del agente del Ministerio Público que competa de la que se desprenda que las circunstancias de hecho hacen imposible la consignación del presunto delincuente ante la autoridad jurisdiccional y por tanto hacen imposible el ejercicio de la acción penal”.
El mecanismo al que recurren los integrantes de las Fuerzas Armadas es obtener constancias ministeriales luego de la integración de carpetas de investigación por un evento en el que se hayan registrado bajas en sus filas.
La persistencia del general Cienfuegos fue tal, que en la sede de la CEAV se instaló una oficina para personal militar, a la que después llegaron miembros de la Secretaría de Marina, todos ellos con la encomienda de apoyar los procesos administrativos de compensaciones subsidiarias por daños causados a soldados y marinos víctimas del delito y de sus familiares.
La ocupación castrense de la CEAV se mantuvo durante la gestión de Jaime Rochín del Rincón, de 2017 a junio de 2019, y se mantuvo al menos en los primeros meses de la administración de Mara Gómez, quien llegó al organismo en diciembre de ese año.
El secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval González, buscó establecer con Gómez un “convenio de colaboración que les permita trabajar de manera coordinada en la atención a las víctimas”, de acuerdo a un tuit subido en la cuenta de la CEAV en febrero de este año, en el que aparece el secretario y la excomisionada sonrientes, con el escudo de la Sedena de fondo.
Millones para bajas
de Sedena y Semar
Proceso solicitó a la CEAV el número de solicitudes de compensaciones por parte de personal de la Sedena ante el Comité Interdisciplinario Evaluador (CIE) del organismo, tras acreditarse como víctimas de delito.
Pese a que el CIE reconoció no contar con información desagregada de las solicitudes formuladas por el personal militar, proporcionó una relación de 62 resoluciones emitidas a favor del mismo número de víctimas directas y 242 indirectas del sector castrense desde la creación de la CEAV hasta el 19 de octubre de este año.
De acuerdo a la respuesta de la encargada del CIE, Grisel Galeano García, en 2016 se liberaron 19 resoluciones a favor del mismo número de víctimas directas y 84 indirectas; un año después fueron 18, beneficiando a 18 víctimas directas y 75 indirectas; en 2018 fueron 11 las víctimas directas y 36 las indirectas; al año siguiente la relación fue de 12 y 38, mientras que hasta el 19 de octubre pasado se emitieron dos resoluciones a favor del mismo número de víctimas directas y de nueve indirectas.
Proceso también preguntó sobre los montos de las compensaciones entregadas a personal militar en su calidad de víctima. El director del FAARI, Raúl Rosas Barriga, notificó que desde 2016 y hasta octubre se liberaron 107 millones 840 mil 993.93 pesos a favor de 176 víctimas castrenses, quienes en promedio recibieron 612 mil 733 pesos por persona.
El reporte detalla que en 2016 se benefició a 48 víctimas con 29 millones 892 mil 668.50 pesos; en 2017, a 85 con 47 millones 358 mil 918 .43 pesos; el año siguiente se favoreció a 19 con 13 millones 801 mil 661 pesos; en 2019 fueron 22 las beneficiadas con 15 millones 545 mil 621 pesos, y en 2020 dos de ellas recibieron 1 millón 242 mil 125 pesos.
En cuanto a los miembros de la Semar reconocidos como víctimas de delito, la responsable del CIE informó que hasta el 19 de octubre se emitieron 15 resoluciones a favor de víctimas directas y 76 de indirectas.
A favor de personal de la Semar, el CIE emitió en 2016 cuatro resoluciones con mismo número de víctimas directas y ocho de indirectas; en 2017, cuatro a favor de víctimas directas y otro tanto de indirectas, y en 2018 la relación fue de siete directas y 47 indirectas.
Entre 2016 y 2018 el FAARI pagó 40 millones 873 mil 908.81 pesos a 89 personas; en un promedio cada una obtuvo como compensación 459 mil 257 pesos.
El director de área del FAARI reportó que en 2016 se benefició a 10 víctimas con 2 millones 580 mil 753.12 pesos; en 2017, a 34 con 17 millones 967 mil 315.70, y en 2018, a 45 con 20 millones 325 mil 839.99 pesos.
Este semanario también solicitó información a la CEAV sobre el reconocimiento de personas víctimas de violaciones a derechos humanos atribuidas a personal militar y naval, desde la creación del organismo hasta octubre pasado, así como los montos pagados como compensación subsidiaria.
Según el CIE, de 2015 a 2020 emitió 96 resoluciones que representan 103 víctimas directas y 260 indirectas. En ese periodo se pagaron con recursos del FAARI 174 millones 737 mil 329.92 pesos a 245 víctimas de las Fuerzas Armadas.
Las cifras de víctimas de abusos de integrantes de la Sedena y de la Semar a las que la CEAV compensó a través del FAARI son muy inferiores a las quejas presentadas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en el mismo lapso.
De acuerdo con el Sistema Nacional de Alerta de Violación a Derechos Humanos, durante los últimos cinco años la Sedena se mantuvo entre las 10 entidades federales con más quejas ante el organismo autónomo, en tanto que la Semar aparece entre las más mencionadas en reportes de 2015 a 2018.
A su vez, en 2020 la Guardia Nacional, integrada por militares y marinos, aparece entre las primeras 10 entidades con más denuncias por violaciones a derechos humanos. En total, la Sedena acumuló 2 mil 93 quejas por violaciones a derechos humanos; la Semar, mil 179, y la Guardia Nacional, 209.
