Aun cuando son opacas las cifras de la criminalidad en Guanajuato, de agosto a la fecha se han localizado restos óseos de por lo menos 99 personas en diversos puntos de la entidad. Los encontrados en Cortazar y Salvatierra son los más macabros y numerosos. Mientras la Fiscalía General del Estado y la Comisión Nacional de Búsqueda exhiben sus desencuentros, los colectivos y familiares de desaparecidos comienzan a perder el miedo ante la magnitud de ese delito y a la poca efectividad de las autoridades.
GUANAJUATO, GTO.– A principios de 2018, cuando hacía campaña como candidato del PAN para la presidencia municipal de Cortazar, Ariel Corona Rodríguez solía ver en sus visitas a las comunidades “una cantidad importante de hojas de máquina impresas con la foto de alguna persona desaparecida”.
“Esto empezó a ser muy común en el municipio desde hace unos cinco años”, admite el alcalde, quien cumplió ya dos años en el cargo. Pese a ello, le sorprendió el hallazgo de fosas clandestinas con restos humanos el pasado 29 de octubre en un predio de la comunidad de Cañada de Caracheo, en el municipio que el dirige.
Esa semana fue funesta para Guanajuato, en particular para la región Laja-Bajío, tan castigada por la violencia criminal. Las autoridades adjudicaron las ejecuciones al Cártel de Santa Rosa de Lima, la banda que lideró José Antonio Yépez, El Marro, hasta su captura a principios de agosto pasado.
Pese a su detención, la violencia no cede. Según las estadísticas, de enero a septiembre se registraron 3 mil 438 homicidios en la entidad. Pero el hallazgo de esas fosas clandestinas en Salvatierra con 76 cuerpos –según el reporte más reciente del titular de la Comisión Estatal de Búsqueda en la entidad, Héctor Alonso Díaz Ezquerra, dado a conocer la semana pasada–, el mayor que se haya registrado en el estado, muestra la dimensión de la tragedia.
Integrantes de los colectivos –quienes proporcionaron información a las autoridades estatales y federales para la localización de las fosas– comentan a la reportera que probablemente la cifra llegue a 100. La búsqueda fue programada para el 20 de octubre, cuando se iniciaron las exploraciones en el predio, a instancias de los colectivos.
La superficie de búsqueda abarca unos 6 mil metros cuadrados y se ubica a la altura del Ecoparque El Sabinal o Los Sabinos, un extenso paraje favorecido por las aguas del río Lerma, muy visitado por los lugareños y turistas, que prácticamente está dentro de la cabecera municipal.
“Salvatierra, primer municipio de Guanajuato”, dice el letrero que da la bienvenida a esta ciudad ubicada a menos de 40 kilómetros de Celaya, inmersa en la región Laja-Bajío y hacia los límites con Michoacán.
Luego de este hallazgo, y sin que la Fiscalía General del Estado (FGE) hubiera dicho una palabra, se supo de otro lugar en Cañada de Caracheo con restos humanos de decenas de personas.
Ubicada a unos 10 minutos de la cabecera de Cortazar, esta comunidad es famosa por sus jaripeos y su plaza de toros, donde cantantes y grupos como Los Tigres del Norte suelen amenizar las fiestas.
Entre Salvatierra y Cañada de Caracheo hay una carretera de sólo 21 kilómetros. En esa zona lo mismo se asientan empresas como Mabe y congeladoras de vegetales, que acereras y procesadoras de alimentos en extensiones de tierra fértil con invernaderos.
Los desencuentros
Cuando Proceso le preguntó sobre el hallazgo en la Cañada de Caracheo, el alcalde Corona Rodríguez contestó de manera atropellada: “No te digo que hoy ya no suceda, pero sí considero yo que este es un tema o una cantidad muchísimo menor. Sin embargo, sigue sucediendo… Son miembros de la delincuencia organizada los que se dedican a desaparecer a estas personas por diversos motivos. Entonces sí es un tema en que le hacemos un llamado al estado, sobre todo a la federación”.
Se le olvidó que la Ley General de Desaparición Forzada de Personas, y Desaparición Cometida por Particulares y el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas obligan a las autoridades de los tres niveles de gobierno a esa norma en el ámbito de sus competencias.
El alcalde cortazarense ya no se acuerda que esa ley fue aprobada en el periodo 2015-2018 por el Congreso cuando él era diputado federal por el Partido Acción Nacional.
Y precisamente es a causa de este limbo político que familiares de personas desaparecidas y colectivos de Guanajuato tocan todas las puertas que pueden en demanda de ayuda.
Otros presidentes municipales guanajuatenses, en cuyos territorios se han abierto ya al menos seis puntos de exploración, donde se han localizado fosas clandestinas (Villagrán, Juventino Rosas, Uriangato, Irapuato y Salvatierra) se declaran al margen, pues, dicen, tienen las manos atadas para enterarse por lo menos de esos sitios macabros.
Ello aun cuando, con base en los datos oficiales proporcionados por la autoridad local, la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y la FGE aseguran que de agosto a la fecha los restos óseos localizados en esos puntos presuntamente corresponden a por lo menos 99 personas.
Para colmo, han surgido fricciones entre la CNB y la FGE en los trabajos de búsqueda, procesamiento de restos y sitios de hallazgos para la recuperación de restos, su identificación y entrega a las familias.
El último desaguisado fue expuesto por la titular de la comisión, Karla Quintana Osuna, el miércoles 4, en una visita a las fosas de Salvatierra y Cortazar.
De esta última, dijo, se enteró por las notas periodísticas; de la fiscalía o las autoridades estatales “no tenemos nada”. Y cuando ella y el comisionado estatal Díaz Ezquerra quisieron ingresar al predio intervenido por la FGE en Cañada de Caracheo para conocer pormenores del hallazgo, se les negó el acceso.
Ese mismo día Quintana Osuna se refirió a la falta de peritos en arqueología y antropología forense por parte de la instancia estatal en la megafosa de Salvatierra para cumplir con un correcto procesamiento del sitio.
“Hemos reforzado el equipo desde la Comisión Nacional trayendo a una antropóloga y a un arqueólogo debido a que hemos visto algunas fallas metodológicas en el procesamiento que se ha llevado a cabo aquí… Este es el primer hallazgo de esta magnitud en Guanajuato y es importante que nosotros podamos transmitir el conocimiento que tenemos”, dijo la comisionada a reporteros a quienes se avisó de su arribo al predio de Salvatierra la tarde del miércoles 4.
Según Quintana Osuna, la infraestructura y recursos con los que cuenta la FGE son precarios para hacer una labor pericial adecuada en Salvatierra.
“El día de hoy hay sólo un perito; hay que decirlo. Pero los que han procesado no son ni arqueólogos ni antropólogos; y hay que decir que en el caso de Guanajuato sí los hay. Son necesarios para el procesamiento de fosas y especialmente con una de la dimensión de la que estamos tratando”, dijo. Luego narró cómo se les negó el paso a ella y a Díaz Ezquerra a las fosas en Cañada de Caracheo:
“Pasamos el primer filtro; al momento de llegar al segundo, que es el predio, no nos dejaron pasar. Ahí nos explicaron simplemente que se está en espera de una audiencia de control”, pues la fiscalía argumentó que la carpeta de investigación no se encuentra en la Fiscalía especializada en desaparición de personas, sino en otra.
Sin embargo, la titular de la CNB aclaró que, independientemente del proceso o carpeta que esté abierta por este hallazgo o del delito que en ella se consigne, “la información nos debió haber sido dada, porque las familias están preguntando qué es lo que está pasando y nosotros en la Comisión Nacional de Búsqueda sí necesitamos esa información. Hay un derecho a la participación de las familias, un derecho a la información desde los principios rectores, desde el protocolo homologado de búsqueda”.
Dijo que entregó a la FGE una petición formal para recibir la información sobre los hallazgos en Cañada de Caracheo, “exactamente cuántos cuerpos son; si ya fueron procesados; por qué razón no podríamos entrar en este momento; cuándo podremos entrar… nosotros estamos abiertos a venir a colaborar”.
Opacidad informativa
El asunto de las fosas en Cañada de Caracheo se hizo público gracias a la información de los medios de comunicación y por reportes ciudadanos.
Cuando reporteros llegaron a la comunidad el 30 de octubre por la mañana se toparon con una barda rudimentaria con piedras colocadas una sobre otra en una calle al final de la comunidad, donde empieza la zona cerril.
Ante la barda y en medio de la calle estaba atravesada una unidad blindada de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, conocida como “Rino”, tras la cual se observaba gran actividad de personal de la FGE y de Protección Civil estatal, así como vehículos del Servicio Forense, lo que confirmó el reporte de los hallazgos.
Instantes después, el despliegue de agentes y el acordonamiento para frenar el acceso a reporteros se extendió a dos cuadras de distancia del sitio. Más tarde, la Fiscalía divulgó un comunicado el cual informó sobre la detención de tres personas armadas y con dosis de drogas. Según la dependencia fueron capturados en una de las “labores permanentes de búsqueda de personas”.
“Los detenidos fueron identificados como Luis ‘N’, José ‘N’ y Javier ‘N’, quienes se encuentran sujetos a investigación por parte de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alto Impacto. Derivado de ello un equipo forense de la Agencia de Investigación Criminal, al realizar una exploración en la zona, localizó indicios que advierten la existencia de restos corpóreos, por lo cual continúan los trabajos y procesamientos”, según la versión de la FGE.
Aunque no se hizo referencia a ningún enfrentamiento durante la presunta captura, en la audiencia de control de detención efectuada ante un juez el lunes 2, los tres detenidos fueron acusados por la fiscalía de tentativa de homicidio en agravio de servidores públicos (agentes de las Fuerzas de Seguridad Pública del estado).
Sin embargo, el Poder Judicial del estado informó que el juez rechazó vincular a dos de ellos por el delito de desaparición de personas cometida por particulares que les era imputado por la FGE, en relación con el sitio de Cañada de Caracheo.
Ajenas a estos avatares y fricciones, en el estado y en la región, familiares de las personas desaparecidas comienzan a perder el miedo y muestran la magnitud de este delito de alto impacto luego de años de una incidencia criminal soterrada.
El martes 3, ante una convocatoria de la FGE para la toma de muestras de adn que serán cotejadas con los restos hallados en Salvatierra, en el centro gerontológico de esa ciudad se hizo una fila de más de 250 personas.
Las muestras sólo alcanzaron para 100.
