La FGR no ha logrado que declaren los princiales exfuncionarios ofrecidos como testigos por Emilio Lozoya Austin para probar sus acusaciones contra el expresidente Peña Nieto y quien fuera su secretario de Hacienda, Luis Videgaray. Varios de ellos solicitaron amparo, como Francisco Olascoaga, quien según su exjefe grabó los videos en los que se evidencia la entrega de dinero en efectivo a enlaces con legisladores panistas y priistas en el sexenio pasado.
Tres testigos clave para acreditar que la aprobación de la reforma energética fue producto de una asociación delictuosa en que “todos delinquieron”, se resisten a colaborar con la Fiscalía General de la República (FGR) o no han sido localizados para que rindan su declaración ministerial.
De acuerdo con fuentes judiciales consultadas por Proceso, dos de esos testigos fueron ofrecidos por el exdirector de Pemex, Emilio Ricardo Lozoya Austin, para reforzar o comprobar la teoría del caso que sostiene la FGR en el sentido de que el expresidente Enrique Peña Nieto y su secretario de Hacienda Luis Videgaray dispusieron de 84 millones de pesos para sobornar a legisladores del PRI y el PAN que votaron a favor de la reforma energética y sus leyes secundarias.
Se trata de Francisco Olascoaga y Rodrigo Arteaga, quienes fueron colaboradores de Lozoya y funcionarios de Pemex. Ellos promovieron juicios de amparo contra cualquier mandamiento judicial solicitado por la FGR. Además, no fueron localizados por esta dependencia en los domicilios, teléfonos celulares y correos electrónicos que fueron aportados por Lozoya mediante diversos datos de prueba.
El tercer testigo “rebelde” es Guillermo Gutiérrez Badillo, exsecretario particular del actual gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, cuya estrategia de defensa se mantiene en el más absoluto sigilo. Su declaración ministerial sigue pendiente, a pesar de que junto a Rafael Caraveo Opengo es uno de los exfuncionarios vinculados al PAN que fueron grabados mientras recibían dos maletas repletas de dinero en efectivo en una oficina alterna de Pemex.
En contraste con los anteriores, cuatro testigos han colaborado con la FGR a cambio de beneficios procesales. Uno es el propio Rafael Caraveo, exsecretario Técnico de la Comisión de Administración del Senado y mano derecha del exsenador del PAN José Luis Lavalle.
Los otros tres fueron funcionarios de Pemex y colaboradores de Lozoya: Froylán García García, como su coordinador ejecutivo en la Dirección General; Norberto Gallardo Vargas, como jefe de escoltas, y Miguel Pérez Esquivel, su chofer.
Rebeldes o no localizables
De acuerdo con fuentes consultadas por Proceso, el exjefe del Departamento Administrativo de Pemex, Francisco Olascoaga Rodríguez, se resiste a declarar en la causa penal para imputar el delito de cohecho y asociación delictuosa a Enrique Peña y a Luis Videgaray.
El testimonio de Olascoaga todavía no obra en la carpeta de investigación. Además, su defensa presentó el pasado 22 de septiembre un juicio de amparo en contra de cualquier orden de aprehensión o mandamiento judicial que la FGR o un juez federal pueda girar en su contra.
Olascoaga Rodríguez fue una de las personas de mayor confianza de Lozoya, según sus propias palabras, y participó de manera directa en las entregas de presuntos sobornos que Pemex dio a legisladores del PAN y del PRI para la aprobación de la reforma energética.
Incluso, Lozoya declaró que Olascoaga fue quien grabó a Rafael Caraveo recibiendo dos maletas con efectivo en las oficinas de Pemex que funcionaron en Montes Urales 425, colonia Lomas de Chapultepec.
El otro funcionario designado por Lozoya para la entrega de los sobornos fue su jefe de ayudantes, José Velasco Herrera, quien falleció en 2014 de un infarto cardíaco, producto de las presiones a las que se vio sometido por su participación en este esquema delictivo, según la declaración ministerial del chofer.
Otro de los testigos que tampoco ha comparecido es el exsecretario particular de Emilio Lozoya, Rodrigo Arteaga Santoyo, quien también ha promovido juicios de amparo en contra de cualquier mandamiento judicial que lo afecte.
Arteaga es quien presuntamente resguarda los “recibos” de las entregas de dinero que Luis Videgaray le ordenó a Lozoya para sobornar a legisladores panistas y priistas que participaron en la aprobación de la reforma energética.
Tampoco ha rendido declaración Guillermo Gutiérrez Badillo, el exsecretario particular del actual gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién.
De acuerdo con una declaración que Lozoya rindió el pasado 8 de octubre, para aprobar la reforma energética se entregaron 84 millones de pesos a legisladores del PAN y del PRI. Esos recursos se triangularon desde empresas fachada de Odebrecht a Tochos Holding, compañía que él mismo fundó y cuyas acciones después transfirió a la empresaria contratista de Pemex Fabiola Tapia Vargas, fallecida en 2014.
“Así las cosas, una vez iniciada la administración de Enrique Peña Nieto, el dinero en efectivo, que personal de Fabiola Tapia Vargas entregaba a José Velasco Herrera, lo realizaban en las inmediaciones o directamente en las oficinas alternas en Montes Urales 425. Según recuerdo, Velasco resguardaba el dinero en efectivo al interior de un baño del cual él y Francisco Olascoaga tenían la llave respectiva, ubicado en dicha oficina. Finalmente, Olascoaga lo tomaba de ese lugar y se retiraba, con las maletas de dinero en efectivo, para entregarlas a Rafael Caraveo”, explicó Lozoya.
Todos delinquieron
De acuerdo con la causa penal 306/2020 que fue consignada ante el Juez de Control adscrito al Reclusorio Norte, Artemio Zúñiga –de la que luego se desistió la FGR de manera formal–, Enrique Peña Nieto fue el “autor mediato” de la organización criminal en la que participó de manera activa Videgaray; bajo cuyas “órdenes precisas” presuntamente actuó Lozoya Austin, pues eran sus superiores jerárquicos en el gobierno federal.
Además, se señala como posibles implicados –por la vía del cohecho y la extorsión– al entonces diputado y luego candidato presidencial del PAN Ricardo Anaya; a los senadores José Luis Lavalle y Ernesto Cordero Arroyo, también panistas, y al que fuera titular del Infonavit y senador del PRI, David Penchyna, todos ellos involucrados en la cadena delictiva y copartícipes de las imputaciones penales que la FGR perfila contra Luis Videgaray y Enrique Peña Nieto.
“Lo anterior en virtud de que, como ha quedado establecido en la presente exposición, por una parte Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray Caso recibieron recursos de la Constructora Norberto Odebrecht para hacer algo injusto con el autor del delito, esto es Enrique Peña Nieto, y estos a su vez, en distinto momento, entregaron recursos en efectivo a los entonces legisladores Ernesto Javier Cordero Arroyo, Jorge Luis Lavalle Maury, David Penchyna Grub, Ricardo Anaya Cortés y otros, para hacer algo injusto con sus funciones que fue emitir su voto a favor de la Reforma Constitucional en Materia Energética y Leyes Secundarias, de manera injusta, sin atender a los intereses que representaban, atendiendo en su lugar a un beneficio económico personal”, señala el mandamiento judicial.
En la carpeta de investigación se afirma que todos los involucrados en esta operación “delinquieron” con el fin de que las empresas extranjeras pudieran intervenir en la política energética de México.
“Por otra parte, Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray Caso, Ernesto Javier Cordero Arroyo, Jorge Luis Lavalle Maury, David Penchyna Grub, Ricardo Anaya Cortés y otros, también delinquieron, ya que recibieron un beneficio, con el fin de realizar actos contra la integridad territorial de la Nación Mexicana, al abrir la posibilidad de que personas extranjeras pudieran beneficiarse por la explotación y aprovechamiento de recursos naturales de la Nación, entre otras, la persona jurídica Norberto Odebrecht, como ya ha quedado asentado”, se afirma en el documento.
A pesar de que la denuncia presentada por Lozoya también menciona al actual gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y al exsenador panista Salvador Vega Casillas como beneficiarios de los presuntos sobornos, estos panistas fueron excluidos de la lista de los legisladores que “delinquieron”.
Operativo fallido
Los policías ministeriales que fueron a buscar a Francisco Olascoaga no pudieron localizarlo y el exfuncionario de Pemex presentó un juicio de amparo ante el Juzgado Octavo de Distrito del Estado de México, de acuerdo con el expediente judicial 567/2020.
La diligencia se realizó un día después de que se filtrara íntegra la denuncia de Lozoya Austin contra Peña Nieto y Videgaray en el marco del caso Odebrecht.
“El día 20 de agosto del presente año, se presentaron en mi domicilio ubicado en la casa 30 del fraccionamiento ubicado en calle Mariano Arista, número 316, Metepec, Estado de México, elementos de la Policía Federal, realizando una investigación para llevar a cabo una supuesta orden de aprehensión en mi contra, por lo que tengo el temor fundado de ser injustamente privado de mi libertad”, señala Olascoaga en su recurso.
Por razones de jurisdicción, el juicio de amparo fue turnado al Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales con sede en Toluca, Estado de México, que le negó la suspensión definitiva el pasado 27 de octubre, de acuerdo con el expediente judicial.
Fuentes consultadas por Proceso señalaron que a pesar del compromiso hecho por Lozoya para que Olascoaga colabore con la FGR, el exfuncionario de Pemex no ha aceptado ser testigo.
El exfuncionario es el único que tendría en sus manos el video completo de la entrega de los presuntos sobornos enviados por la dirección de Pemex a legisladores del PAN, dinero que fue recibido por Rafael Caraveo y Guillermo Gutiérrez, como se aprecia en la grabación.
Por esa razón, su testimonio no fue incluido en la orden de aprehensión que la FGR solicitó a un Juez de Control contra Luis Videgaray, aun cuando su versión podría ser fundamental para acreditar el presunto cohecho a quienes en ese tiempo eran legisladores del PAN.
