Damián Sosa Castelán atribuye los procesos contra su hermano Gerardo y otros miembros de su familia a una persecución política. Lo cierto es que sus rivales los han señalado desde hace décadas de múltiples delitos y manejos irregulares del patrimonio universitario y de fondos públicos. En la investigación abierta por la Unidad de Inteligencia Financiera son los propios operadores de su grupo quienes señalan a los Sosa como quienes ordenaron los actos cuestionados.
“Yo no soy nada”, dice María Cruz Campos Álvarez, una trabajadora de limpieza coacusada de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por 58 millones de pesos en el caso que se le sigue a Gerardo Sosa Castelán, presidente del Patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH).
En la causa penal 263/2020, la Fiscalía General de la República (FGR) acusa al exrector y luego encargado del manejo financiero de la casa de estudios de ser el cerebro de una maquinaria de corrupción desde la entraña de la UAEH para sustraer dinero.
En este entramado, cuyo móvil fue investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), María Cruz y María Luisa Montalvo Sierra son acusadas de recibir el dinero de la UAEH en una empresa fachada, Contabilidad del Siglo XXI, y dispersarlo a las cuentas de Gerardo Sosa y las de sus hijas, Adriana y Ana Carmen Sosa Cravioto, hoy prófugas, así como a empresas de las que ellos tienen control: Contabilidad Automatizada de Hidalgo S.C., Contabilidad Especializada de Hidalgo S.C., y Eficiencia en Negocios y Asociados.
“No tengo nada. Soy cabeza de familia, mi esposo está desempleado y mi hija depende de mí. Si tuviera dinero no estaría yo aquí, incluso mi familia ahorita tendría qué comer”, afirma Cruz desde el Centro Federal de Readaptación Social 16, en Morelos, donde está recluida. Pasan de las 02:00 horas del domingo 6 y tiene lugar la audiencia virtual en la que tanto ella como María Luisa, Gerardo Sosa y otro operador del Grupo Universidad, Juan Manuel Hernández Gayosso, son vinculados a proceso.
“Por uno o dos años me dijeron que yo iba a fungir como representante legal, pero yo no veía el alcance de lo que iba a tener. Cometí el error de pertenecer a esa sociedad, pero muchas veces la necesidad económica nos orilla. Mi madre estaba enferma. Me dio miedo de que me fueran a correr y me quedara sin trabajo, y sí, acepté firmar”, reconoció Cruz ante el juez de control Gregorio Salazar Hernández, quien señaló, al igual que los dos representantes de la FGR, que aun si no conocía las operaciones que se realizarían en la empresa, eso no la exime de responsabilidad.
Desde 2005 María Cruz es trabajadora de limpieza en las oficinas de El Sol de Hidalgo, en Pachuca. Ese puesto lo desempeñó hasta el 31 de agosto, cuando fue detenida.
De acuerdo con el Registro Público de la Propiedad de Pachuca, ella y María Luisa constituyeron Contabilidad del Siglo XXI el 18 de enero de 2001 y, además de ser accionistas, fungieron como presidenta y vicepresidenta, respectivamente. Después, abrieron una cuenta en Scotiabank en la cual, desde 2011 hasta 2018, recibieron los 58 millones de pesos de la universidad y los dispersaron mediante cheques entre empresas controladas por los Sosa y cuentas personales de las hijas del exrector.
“Nosotras no abrimos la cuenta bancaria, fue el contador Zamudio quien se comunicó directamente con el gerente del banco. Él es cliente selecto de varios bancos. Yo desconocía que tenía que ir a abrir las cuentas”, declaró María Cruz. Sosa la miraba fijamente a través de una cámara instalada en las cabinas de audiencias del penal de máxima seguridad del Altiplano, desde donde también seguía la audiencia. Además del juez estaban enlazados los abogados –seis de Gerardo Sosa– y dos representantes de la FGR.
En un momento la mirada de Cruz y la de Sosa se encontraron, al ver a las cámaras. “Al señor Sosa es la primera vez que lo veo de frente, sé de su existencia por todas las notas periodísticas que se dan de él”, dice la coacusada. Cuenta que las celadoras de la cárcel le preguntan dónde están sus millones.
Operador financiero
“Fuimos coaccionadas, porque en una gama de contadores que tenía el contador Zamudio, literalmente escogió a los elementos más débiles. Se está viendo en este momento, porque no tengo la capacidad de tener a un despacho de abogados que me estén defendiendo.
“Yo no obtuve ningún centavo de toda esa operación, tan es así que mi familia está comiendo frijoles y yo teniendo los millones que dicen en el banco”, insistió Cruz, de tez morena clara, usando cubrebocas.
El contador Zamudio, al que cita repetidamente, es el prófugo Francisco Natalio Zamudio Isbaile, brazo operativo de Sosa y, según la FGR, encargado de la constitución de empresas y su manejo, además de su arrendador de edificios.
El miércoles 2, por la orden de aprehensión que dictó el juez Gregorio Salazar, elementos de la Agencia de Investigación Criminal llevaron a cabo un operativo en el número 302 del bulevar Valle de San Javier, en Pachuca, propiedad de Zamudio.
Se trata del mismo domicilio de Eficiencia en Negocios y Asociados, empresa empleada para la dispersión de recursos. También fue sede del partido Movimiento Ciudadano cuando los Sosa lo controlaron, con Damián en la dirigencia.
Los agentes no encontraron al contador. Su participación en la trama de corrupción que le imputa la FGR es fundamental, porque después de Gerardo Sosa, a quien define como la cabeza de la organización criminal, sigue Natalio Zamudio como el operador financiero. Su mano derecha, Juan Manuel Hernández Gayosso, comparte cárcel con Sosa Castelán en el Altiplano.
El esquema de saqueo
La FGR definió a La Sosa Nostra como una organización delictiva con sede en Hidalgo, encargada de ordeñar las arcas de la UAEH. Agregó que en ella existe jerarquía y disciplina, además de que desempeñan roles específicos Gerardo Sosa, quien la encabeza, y sus colaboradores, operadores financieros encargados del blanqueo, empresas fachada y otras firmas constituidas con el patrimonio de la universidad.
En su defensa, Cruz afirmó que en 2004 dejó de tener relación con el contador Zamudio Isbaile y que desconocía qué hizo con la empresa de la que, insistió, no sabía nada. Ni siquiera que sólo existía en el papel.
“Lo que pasó a partir de 2004 yo ya no tengo conocimiento de nada. Se usó mi nombre y quizás mi firma (para liberar los cheques). Yo no terminé en buenos términos con el contador Zamudio, porque su genio era muy variable, me gritaba, y sí, yo tenía necesidad de trabajo.
“Quizás pequé de confiada y de creer en una familia que ya teníamos años de conocer. Mi madre, que ya es finada, y mi abuelo conocían al contador Zamudio. Yo primero empecé a trabajar con su hermano Carlos; recibía recados, llamadas, hacía recibos de honorarios y lo comunicaba con los clientes.
“Ahorita está en riesgo la vida de mi esposo, que es diabético y casi ha perdido la vista. Mi hija también depende de mí”, argumentó Cruz minutos antes de que el juez la vinculara a proceso, por afirmar que tuvo conciencia de que sería representante de una empresa, aunque no tuviera certeza de lo que harían esas personas.
Por este motivo el juzgador consideró que es fundado su probable rol como colaboradora. Entre las operaciones bancarias a nombre de ella y de María Luisa Montalvo están 35 transferencias, entre el 10 de marzo de 2014 y el 24 de agosto de 2017, por 1 millón 192 mil 308 pesos a una cuenta de Adriana Sosa Cravioto, y siete más por 806 mil 769 pesos a la de Ana Carmen Sosa Cravioto, entre el 4 de marzo de 2014 y el 12 de marzo de 2018.
A Montalvo Sierra también le imputan que envió 23 millones 567 mil pesos a una cuenta Banorte, a nombre de Gerardo Sosa, y 1 millón 271 mil 574 pesos a otra en Santander que pertenece a Zamudio, entre otras operaciones que involucran a 10 miembros de La Sosa Nostra y sus empresas.
Damián, el candidato
Se conocieron cuando porros, como integrantes de la extinta Federación de Estudiantes Universitarios de Hidalgo, de la que Gerardo Sosa fue presidente y donde inició su carrera política protegido por el PRI. Participaron en desmanes, robos, saqueos…
Después hicieron negocios, uno como contratista de la UAEH y también accionista de empresas universitarias, otro como el poder absoluto en la institución, primero como secretario general, luego rector y, finalmente presidente del Patronato, encargado de las operaciones financieras que derivaron en una alerta de la DEA estadunidense por movimientos inusuales en el extranjero que ascendían a 151 millones de dólares.
Hoy Óscar P., es un testigo de la FGR en el caso, y afirmó que por orden de Sosa Castelán creó la empresa Inmobiliaria, Constructora y Arrendadora Yolo –cuya garantía de préstamos se hizo con el patrimonio de la casa de estudios– en la que son accionistas miembros de la familia Sosa.
Según la escritura pública 20,551, formalizada por el notario público número 3 de Pachuca, Gerardo Martínez y Martínez, la inmobiliaria fue constituida el 15 de diciembre de 2001, con dos accionistas: el testigo de la FGR y su hija, cada uno con cinco acciones y un capital conjunto de 50 mil pesos.
Sin embargo, posteriormente hicieron una modificación para incorporar a una socia: Adriana del Carmen Cravioto Torres, esposa de Gerardo Sosa, que aportó 950 mil pesos y obtuvo 190 acciones. El testigo de la FGR aseguró que el exlíder estudiantil controlaba todo.
En el acta general del 8 de enero de 2008, protocolizada el 28 de abril de 2009 por medio de la escritura pública 38,717, se autorizó que la hija de Óscar P., le donara a él sus acciones y se aumentara el capital de la empresa con un supuesto préstamo de 7 millones de pesos por parte de Damián Sosa Castelán, por lo cual le otorgaron mil 400 acciones. Con esto se convirtió en el principal accionista, aunque el control de facto lo mantuvo su hermano Gerardo.
Damián es candidato por Morena a presidente municipal de Tulancingo y aunque hasta el cierre de esta edición no hay una orden de aprehensión en su contra, es referido en la causa penal porque el testigo sugiere que simuló movimientos financieros para aumentar el capital de esta empresa, que se hizo con el patrimonio universitario.
En los términos de la imputación de la FGR, Inmobiliaria Constructora y Arrendadora Yolo construyó con dinero universitario una nave industrial de 10 mil metros en San Antonio, Ciudad de México. El testigo afirmó que él recibió un depósito de 45 millones desde la UAEH.
Pero no es la única operación irregular: en 2009 comenzaron una nueva nave en Teziutlán, Puebla, frente al hospital, cuyo terreno costó 4 millones. “El dinero con el que lo pago me lo da directamente el licenciado Gerardo”, afirmó Óscar P., quien también aseguró que recibía recursos de la Fundación Hidalguense de la UAEH para subsidiar esta empresa.
En una conferencia de prensa, el pasado miércoles 9, Damián Sosa atribuyó a “persecuciones políticas” el caso contra su hermano mayor. Y aunque no hizo ninguna referencia a su participación como accionista en las empresas mencionadas, promovió un amparo para evitar una probable detención.
Por todo el entramado que develó la investigación de la UIF, la FGR y el juez coincidieron en que “denota que el señor Gerardo Sosa, en su calidad de presidente del patronato, instruyó ese control para beneficiarse a sí mismo y a sus colaboradores”, incluso a sus propias empresas.
“Para esto, ustedes estuvieron formando una empresa criminal, organizada, planeando especificar roles y desempeñar funciones específicas, aportado sustancialmente a la organización delictiva para obtener recursos de la UAEH y así estratificarlos a través de Contabilidad del Siglo XXI, y finalmente beneficiarse.”
