El viernes 4 Érika Martínez abrazó al mismo tiempo a sus dos hijas encapuchadas. Juntas acababan de participar en la toma de las instalaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en el Centro Histórico de la Ciudad de México con otras familiares de víctimas y su colectiva Ni Una Menos.
La hija menor de Érika fue violada por su cuñado cuando tenía siete años. Por eso, cuando el lunes 7 el presidente Andrés Manuel López Obrador reprochó que las encapuchadas intervinieran un cuadro de Francisco I. Madero pintándole el cabello violeta, los labios rojos y los párpados verdes, Érika le reclamó por indignarse por una pintura y no por el abuso sexual de su hija.
“Mi hija intervino ese cuadro. Ella es víctima y ahora el presidente la revictimiza. Ellos ven las paredes, las pinturas, pero no ven nuestro dolor”, dice Érika entre sollozos.
Cuando se enteró del abuso sexual que sufrió su hija tomó un palo y golpeó al agresor con toda su fuerza, pero un pensamiento la detuvo. “Dije: no voy a embarcarme con este pendejo y dejar desamparada a mi hija; mejor me voy a denunciar”.
El abusador sigue libre y Érika y su hija, ahora de 10 años, sólo se han topado con la revictimización y la burocracia. Por eso, con la toma de la CNDH siente que al fin está logrando un poco de justicia. Las imágenes de ella y sus hijas se han convertido en símbolo de la lucha feminista en el país, donde la pandemia pausó el movimiento en las calles pero no la violencia contra las mujeres: en los primeros siete meses de 2020 se abrieron 549 carpetas de investigación por el delito de feminicidio.
Érika se unió a la colectiva Ni Una Menos, de familiares y víctimas de la violencia feminicida, cofundada por Yesenia Zamudio –autoproclamada responsable de la toma–, madre de la estudiante María de Jesús Zamudio, Marichuy, quien fue víctima de feminicidio en 2016.
La protesta comenzó el miércoles 2, cuando Marcela Alemán, madre de una niña abusada sexualmente, y Silvia Castillo, mamá de un joven asesinado el año pasado, ambas de San Luis Potosí, se quedaron en las instalaciones tras una reunión en la que pedían que las integraran en ese momento al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Ante la desesperación, Marcela se ató a una silla con sus agujetas y Silvia se amarró al balcón. Rosario Piedra nunca salió de su oficina. Se quedaron toda la noche y en la madrugada convocaron a 10 feministas afuera del edificio. El viernes 4 ambas mujeres regresaron a San Luis Potosí.
Durante la primera semana de la ocupación, en apoyo a Silvia y Marcela también estuvieron familiares de víctimas de la violencia que hasta el cierre de edición aún mantenían un plantón frente a las oficinas de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas (CEAV), como Delia Flores Valdez y su madre, María Icela Valdez, quien en 2019 se hincó ante López Obrador para exigirle investigar el paradero de su hijo desaparecido en Reynosa en 2014.
Finalmente se regresaron al plantón en la CEAV porque no estaban de acuerdo con la toma de las feministas ni con las pintas. “Nosotras sólo queremos limpiar nuestro nombre, porque nosotras no hicimos destrozos”, dice Delia.
“No perdonamos ni olvidamos”
Ni Una Menos encabeza la acción “okupa” de la sede de la CNDH en Cuba 60, en el centro de la Ciudad de México, donde despachaba Rosario Piedra, quien desde noviembre de 2019 encabeza el organismo autónomo encargado de velar por los derechos humanos. Sin embargo, a casi 10 meses del inicio de su gestión, familiares de víctimas que participan en la toma acusan desatención. De hecho, según los datos de la propia oficina, apenas se han emitido 38 recomendaciones y sólo una es por violencia de género.
Piedra también es víctima, pues su hermano Jesús desapareció en 1975, durante la Guerra Sucia. Es hija de la luchadora social Rosario Ibarra y fue integrante del Comité de Desaparecidos Eureka. En su oficina, las mujeres que piden su renuncia pintaron una consigna: “No perdonamos ni olvidamos”.
En la entrada del viejo edificio de estilo colonial del Centro Histórico dos encapuchadas colgaron una manta que anuncia la nueva función del lugar: “Ocupa, Casa de Refugio Ni Una Menos México. Bloque Negro”, con el símbolo del anarquismo. El martes 8 las encapuchadas sacaron a la calle cajas de expedientes con los casos de otras víctimas, con la amenaza de que los quemarían sin nadie acudía por ellos. Ante notario público entregaron la documentación.
La enfermera Karla García buscó refugio en ese lugar desde el sábado 5. Su expareja ha intentado asfixiarla, atropellarla; teme por su vida. Aquí se siente segura. “No quiero ser una estadística más –dice–. Tengo cinco carpetas de investigación por violencia familiar, ya había sido detenido y lo pusieron en libertad”.
En la toma participan de forma presencial y con organización a distancia 32 colectivas feministas del país, entre ellas la organización Resistencia Materna Latinoamérica, Crianza Feminista, Colectiva Moradas de Neza, Las Morras de la Periferia y Aquelarre Feminista.
“Somos ya un Frente Nacional”, dice Amatista Súper Estrella, de la colectiva Resistencia Materna y estudiante de derechos humanos.
“Hay colectivas de toda la República, no todas están presencialmente, pero son parte del frente. Aunque estén lejos hacen lo mismo que hemos venido haciendo nosotras, atendiendo casos, pero en su localidad”, cuenta Naomí de Ni Una Menos.
“Para recaudar dinero hacemos malabares, organizamos talleres, boteamos, hacemos muchas cosas para los pasajes, para trasladar mujeres que son víctimas, para refugiarlas, para los bancos de misoprostol (píldora abortiva), para traer a chicas que necesitan hacerse legrados porque no en todos lados están legalizados”, detalla.
Todo el tiempo llegan mujeres al refugio. La mayoría va y viene, pero muchas duermen aquí. Todos los días hacen la limpieza, acomodan los espacios para atender a mujeres y niños, reciben donativos, cobijas, colchones inflables, ropa, comida y artículos de limpieza personal. El jueves pasado las encapuchadas repartieron a personas necesitadas la despensa que se encontraron en los refrigeradores y alacenas del edificio ocupado.
Pese a los llamados al diálogo de Rosario Piedra, las “okupas” se han negado. Pero el miércoles 9 tuvieron una reunión con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, a quien entregaron un extenso pliego petitorio. Una de sus exigencias es que la CNDH emita una recomendación general a todas las instancias del gobierno federal y a los poderes constituidos de los estados, así como a las fiscalías, para que se reconozca la violencia de género y feminicida en el país.
Piden también la creación de organismos públicos de derechos humanos en todas las fiscalías que cuentan con unidades especializadas para mujeres, así como prefiscalías feministas para que atiendan estos casos; insisten en que la CNDH sea mediadora del cumplimiento del pliego petitorio y un compromiso de no criminalización a quienes participan en la ocupación. En el documento no mencionan la renuncia de Rosario Piedra ni tampoco la entrega del edificio de la CNDH.
“Esta ya no es la Comisión de Derechos Humanos, este es un refugio para mujeres”, dice Érika, quien se quedó sin vivienda cuando denunció a su cuñado por la violación de su hija y ha tenido que vivir en una combi, en casas de familiares.
