La cercanía de las posturas de Rosario Piedra Ibarra con las del presidente López Obrador no sólo provocó duras críticas de la oposición en su proceso de designación como presidenta de la CNDH, sino que sigue erosionando su gestión. La tibieza de sus pronunciamientos sobre temas delicados que le incumben al Ejecutivo provocaron, entre otras reacciones, la toma de las instalaciones del organismo y la escisión de su equipo.
Envuelta en el escándalo desde su designación por el Senado como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra se acerca al año de su gestión con una notoria incapacidad para despojarse de su cercanía con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, al que constitucionalmente está obligada a someter a escrutinio.
Renuncias de consejeros del organismo, acusaciones por despidos injustificados incluso durante la pandemia, acoso laboral, contrataciones de personajes involucrados en agresiones a mujeres y presunta corrupción, así como los tibios señalamientos sobre violaciones a derechos humanos y escasa productividad en recomendaciones a instancias gubernamentales, entre otros señalamientos, fueron coronadas con la toma de las oficinas de la CNDH en la calle de Cuba 60, en el centro de la Ciudad de México, por una expresión del movimiento feminista, cuyas integrantes habían sido tachadas de “terroristas” por Piedra Ibarra durante las movilizaciones para exigir verdad y justicia en casos de feminicidio, durante el primer trimestre del año.
Previo a la ocupación de las instalaciones, adonde Piedra había mudado sus oficinas, originalmente asignadas en San Jerónimo, las renuncias de los directores de las visitadurías primera y sexta, José Martínez Cruz y Edgard Sánchez Ramírez, compañeros de Rosario Ibarra de Piedra en la lucha por la presentación de los desaparecidos de la Guerra Sucia –y que la postularon a la presidencia de la República en 1982 y 1988 por el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT)–, acabaron por exhibir la falta de independencia del organismo frente al poder presidencial.
El apego a la “austeridad republicana” se ha convertido en el mayor avance del organismo con la entrega de 100 millones de pesos al gobierno de López Obrador, producto de recortes presupuestales y de personal, para ser destinados a la atención de la pandemia de covid-19.
Sin embargo, en materia de recomendaciones por violaciones a derechos humanos, la actuación de Piedra Ibarra ha sido pobre si se compara con su antecesor, Luis Raúl González Pérez. Hasta el cierre de esta edición, la ombudsperson sólo había emitido 35 recomendaciones, cinco de ellas por violaciones graves y una general, mientras que González Pérez en sus últimos 11 meses remitió 114 a diversas autoridades.
La “traición”
Sánchez Ramírez, quien fuera aliado histórico de Rosario Ibarra en la fundación del Comité Eureka, explica en entrevista con Proceso las razones por las que él y José Martínez dejaron sus cargos.
“Sí hay una decepción de mi parte. El compromiso que teníamos se frustró. El acuerdo era la independencia del gobierno, no era otra cosa; (Rosario Piedra) está absorbida por el ámbito del poder, del aparato estatal, en el que se perdió la sensibilidad que tenía en el movimiento y que sí tenía doña Rosario.”
Tras advertir que es a la fundadora del Comité Eureka a quien le debe lealtad, Sánchez sostiene que José Martínez y él daban un “barniz de izquierda al intento de la CNDH de ser independiente, y si no va a ser así, tampoco tenemos por qué estar”.
Recuerda que en la legislatura federal de 1994 a 1997, Ibarra de Piedra y él fueron diputados federales como candidatos externos del PRD y declarados “diputados convencionalistas”. También, que durante la gestión de Ibarra en el Senado (2006-2012), adscrita al PT “a petición de Andrés Manuel”, él fue su secretario técnico en la Comisión de Derechos Humanos senatorial.
La primera diferencia que tuvo con Rosario Piedra ocurrió en 2012, cuando en búsqueda de ser el relevo de su madre en el Comité Eureka, se sumó a la fundación de Morena, de cuya dirección nacional ha formado parte.
“La molestia se debió a que en el comité no se veían con buenos ojos los partidos políticos; todos los cargos que tuvo doña Rosario los obtuvo sin afiliarse a partidos políticos”, argumenta.
En la fundación de Morena, Piedra Ibarra se vinculó con Francisco Estrada Correa, su actual secretario ejecutivo en la CNDH, pieza clave del rompimiento con sus excompañeros en Eureka.
“En 2012, cuando la nombran parte de la dirección nacional (de Morena), ella viajaba de Monterrey a la Ciudad de México cada semana con sus propios recursos, hasta que le dijo a López Obrador que iba a renunciar porque ya no podía financiar esa actividad; entonces López Obrador le pidió no renunciar y le ofreció ponerle un suplente, que fue precisamente Francisco Estrada Correa, quien ahora es su secretario ejecutivo, al que le tiene toda la confianza”, relata Sánchez.
En la biografía de Estrada se advierte su afinidad a López Obrador desde 2005 en la lucha contra el desafuero, pasando por la coordinación del área técnica de la campaña presidencial en 2012 y su participación en la fundación de Morena como parte del consejo consultivo.
Tras la asunción de Piedra Ibarra como presidenta de la CNDH, llamó a Martínez y a Sánchez, quienes le dijeron que ingresarían al organismo siempre y cuando hubiera verdadera autonomía e independencia frente a López Obrador, compromiso que la ombudsperson aceptó y como prueba los nombró a ellos y a Carlos Fazio, investigador de las Fuerzas Armadas, como directores de la primera, segunda y sexta visitadurías, sin ser abogados.
Las diferencias afloraron casi de inmediato, sobre todo por la injerencia de Estrada, quien “asume que su papel en la CNDH es defender los intereses de López Obrador, no dar armas a la derecha, a los conservadores”.
Nombrados en enero responsables de las visitadurías, uno de los primeros roces que Sánchez y Martínez tuvieron con Piedra y Estrada fue su resistencia a despedir personal, como una “línea de la Presidencia de la República”, así como para deshacerse de empleados cercanos a la administración de Luis Raúl González.
Una de las discusiones más fuertes fue la relacionada con el Ejército, en concreto por el “Acuerdo por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”, emitido por López Obrador y publicado el 11 de mayo pasado.
“José y yo recibimos comunicaciones de organizaciones pidiéndonos que interviniéramos ante Rosario para que pusiera una acción de inconstitucionalidad; ella nos dijo que eso no procedía porque no era una ley. Nosotros le dijimos que con más razón, la CNDH tenía que tomar una acción más firme, porque habíamos peleado contra la militarización todo el tiempo, pero su respuesta final fue: ‘Tú no eres abogado y no sabes, no le vamos a dar argumentos a la derecha’. Sólo accedió a emitir un boletín tibio de que va a estar vigilante de la actuación del Ejército”, apunta.
Otro punto de confrontación entre Sánchez y Estrada fue el intento del primero por darle seguimiento a la recomendación 1/2020, del 6 de febrero, relacionada con la violación al derecho al agua en el Valle de Mexicali, en la que, sin mencionarla, se pronuncia contra la construcción de la cervecera Constellation Brands.
La recomendación, no fue aceptada por la Comisión Nacional del Agua, en tanto que el gobernador Jaime Bonilla expuso algunas objeciones al documento, dejándolo prácticamente sin efecto.
Un motivo más de encono fue el caso de la detención de la abogada Susana Prieto, defensora de derechos de trabajadores de maquiladoras en la frontera, el 8 de junio en Matamoros. Por ese caso Sánchez pidió a Rosario que ejerciera la facultad de atracción, a lo que Estrada recomendó a la presidenta dejar el caso en manos de la comisión estatal.
En busca de apoyo, familiares de Prieto y sindicalistas se entrevistaron con Piedra Ibarra el 26 de junio. “Mientras esperaban que saliera la familia y la abogada de Susana, los sindicalistas hicieron un mitin afuera. No pudieron arrancarle la firma de atracción y Paco me acusó de haber organizado la movilización”, cuenta Sánchez.
El exfuncionario de la CNDH resalta que las visitadurías dirigidas por Javier López Sánchez, “afín al Tren Maya”, y Elizabeth Lara, son usadas para desvanecer los casos complicados, como la represión y desapariciones forzadas durante las manifestaciones del 4, 5 y 6 de junio en Guadalajara, por la muerte del joven Giovanni López, ocurrida un mes antes, que inicialmente había sido tomado por José Martínez y que le fue reasignado a Lara.
Un punto culminante del rompimiento está relacionado con la conferencia de prensa del 5 de julio en la que Piedra Ibarra informó haber recibido amenazas de muerte, anuncio que fue alentado por José Martínez y Edgard Sánchez, luego de que el 2 de julio la ombudsperson les notificó que interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República tras haber recibido “cientos de mensajes” agresivos.
Entre el 18 y el 22 de julio, Sánchez fue víctima de un asalto, de suplantación de identidad, de jaqueo de su cuenta de Facebook y de ataques cibernéticos, además de que se le cortó su línea telefónica.
“Por la forma coordinada en que se gestó todo, por las dificultades para tumbar los perfiles falsos que se crearon a mí y a algunos de mis contactos, entre ellos los exintegrantes del PRT, y Carlos Fazio, quien por cierto no tenía cuenta de Facebook, amigas abogadas y programadoras consideraron que había detrás de esas acciones un equipo muy organizado. Por la pandemia, sólo pude poner una denuncia vía internet.
“Hablé con Rosario, le expliqué lo que sucedía y que consideraba que lo ocurrido no podía desvincularse de su denuncia del 5 de julio, de ahí que le pedí un pronunciamiento público. Me ayudó a interponer una denuncia personalmente, pero el pronunciamiento lo sigo esperando”, refiere Sánchez, quien en el contexto del movimiento poselectoral de 1988 fue víctima de hostigamiento y amenazas, cuando formaba parte de la comisión especial para esclarecer la desaparición forzada del perretista José Ramón García Gómez.
No obstante, advierte, Piedra Ibarra puso la institución a disposición de Estrada Correa para demandar penalmente a la exdirectora de Comunicación Social, Alejandra Ezeta, por la filtración a medios, hecha el 21 de julio, de conversaciones de WhatsApp que Estrada y Ezeta sostuvieron, y en las que hacen referencias soeces de Martínez, Sánchez y Fazio, al tiempo que el secretario ejecutivo manifiesta su preocupación por la presunta intención de los dos primeros de que la ombudsperson “rompa” con López Obrador.
El miércoles 26 de agosto, arguyendo pérdida de confianza y falta de respeto a su investidura, Piedra pidió a José Martínez y a Edgard Sánchez su renuncia. El miércoles 2 la presidenta de la CNDH transmitió un video en la cuenta de Twitter del organismo para acusar a sus exaliados de traidores, ineficientes y misóginos.
Un día después, cerca de 200 activistas y más de 40 organizaciones y colectivos difundieron una carta de apoyo a Martínez y Sánchez.
El documento fue combatido por una carta del Comité Eureka, el viernes 4, acompañada de 30 firmas encabezadas por Rosario Ibarra, sus hijos Claudia y Carlos, y su yerno Jorge Gálvez. La carta replica el discurso de Piedra Ibarra, los acusa de traición, “ineptitud, incumplimiento y falta de interés” en las labores encomendadas, actitudes que “sólo abonan y contribuyen a las nefastas intenciones de esa derecha que siempre han afirmado combatir”.
Edgard Sánchez dice estar convencido de que Rosario Ibarra de Piedra no firmó ese documento.
Fuera del organismo, Sánchez desea que Piedra Ibarra retome el compromiso de hacer de la CNDH un organismo autónomo. “Ojalá Rosario resista a la presión y corrija; de lo contrario creo que va a llevar al fracaso el intento de darle independencia y autonomía a la CNDH”, concluye.
El nombre del Comité Eureka fue usado ese mismo viernes para defender a Piedra Ibarra, descalificando a las mujeres que ocuparon sus oficinas y repitiendo el discurso del presidente López Obrador:
“No nos queda duda de que intereses oscuros mueven a estas personas que hoy toman las instalaciones de este organismo (…) ahora que la CNDH sí está actuando como una auténtica defensoría del pueblo y no como cuando estuvo en manos de la derecha en sexenios anteriores”, dice el comunicado de la comisión.
