En su informe de seguimiento sobre México –que será presentado en Ginebra el martes 15–, Léo Heller, relator de la ONU sobre el derecho humano al agua, advierte que el país ha dado una atención nula a sus recomendaciones sobre la materia. Pese a ello, el experto pide al gobierno de la 4T actualizar las normas de calidad del agua potable y ejercer una vigilancia más estricta de la calidad del líquido orientada a la protección de la salud.
GINEBRA.- A tres años de su visita a México, el relator especial de la ONU sobre el derecho humano al agua potable y el saneamiento, Léo Heller, ve muy pocos avances en el acceso a la justicia de las personas cuyos derechos en la materia han sido vulnerados.
En un informe de seguimiento sobre su visita a México, Heller hace una evaluación en la que destaca la falta de información por parte del gobierno y concluye que prácticamente no ha habido un progreso importante en la atención a sus recomendaciones.
Tras su visita del 2 al 12 de mayo de 2017, Heller pidió “asegurar los derechos de todas las personas y grupos a protestar libremente por cuestiones relativas a sus derechos al agua y su saneamiento, sin temor a ser víctimas de hostigamiento o detención, y garantizar su seguridad y su protección con arreglo a la ley y en la práctica”.
Según el seguimiento, consultado por la reportera, la Ley de Aguas Nacionales indica que toda persona u organización puede recurrir a la denuncia cuando se cometan actos que puedan producir daños a los recursos hídricos o a sus bienes inherentes, en los términos de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.
“El gobierno también ha indicado que, según el artículo 9 de la Constitución, no se considera ilegal, ni puede ser disuelta, una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta, si no se profieren injurias contra ésta ni se hace uso de violencia o amenazas”, observa Heller en el documento que será presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el martes 15 en Ginebra.
El experto de la ONU se queja porque, dice, “el gobierno no ha proporcionado información sobre medidas concretas para garantizar el derecho a la protesta por cuestiones relativas a los derechos al agua y el saneamiento”.
Y puntualiza: “El derecho a la protesta, aunque consagrado en la Constitución, no está plenamente garantizado en la práctica. Los y las defensores de derechos ambientales y humanos, incluidos los de agua y saneamiento, son objeto de ataques, agresiones, persecuciones e incluso encarcelamiento”.
Los obstáculos
El relator especial “urge al gobierno a adoptar medidas concretas para asegurar que las personas puedan manifestarse libremente por cuestiones relativas de sus derechos al agua y el saneamiento, sin temor a ser víctimas de hostigamiento o detención”.
Le pide también “fortalecer la capacidad de acceso de todas las personas afectadas a remedios por vulneraciones de los derechos humanos al agua y el saneamiento, incluidas medidas para prevenir su repetición, mediante mecanismos judiciales y procedimientos no judiciales de reclamación que sean accesibles, transparentes y sujetos a rendición de cuentas”.
En su informe de seguimiento, que abarca de octubre de 2018 a agosto de 2020, Heller también recomienda “velar por que la información sobre esos mecanismos esté a disposición de todos y, de ser necesario, se proporcione asistencia jurídica o de otro tipo”.
E insiste: “El gobierno no ha informado de medidas que fortalezcan el acceso a remedios, judiciales o no, de personas afectadas por vulneraciones de los derechos al agua y el saneamiento”.
Le preocupan, dice, los “obstáculos para la justiciabilidad en relación con el juicio de amparo, como limitaciones de admisibilidad y efectividad, falta de remediación del daño e inejecución de sentencias”.
Heller destaca que durante su visita no se le proporcionó información suficiente “para evaluar si el gobierno ha tomado medidas que permitan fortalecer el acceso a la justicia de las personas afectadas por vulneraciones de los derechos humanos al agua y el saneamiento”.
Comenta que realizó una investigación documental sobre la aplicación de las recomendaciones proporcionadas al gobierno en el informe de misión, con el fin de capturar las acciones, inacciones y progreso de las autoridades mexicanas.
Para apoyarla, añade, se enviaron cuestionarios al gobierno y a otras partes interesadas el 5 de octubre de 2018; las respuestas le llegaron en diciembre de ese año.
Teniendo en cuenta que un nuevo gobierno de México –el de Andrés Manuel López Obrador– asumió durante la preparación del análisis de seguimiento, el relator especial envió un nuevo cuestionario al gobierno de la 4T el 2 de mayo de 2019.
En él, Heller solicitó información sobre los planes e iniciativas administrativas para atender sus recomendaciones. Recibió las respuestas el 31 de mayo y el 4 de agosto de 2019.
Y aun cuando la información llegó en tiempo y forma, muestra su decepción porque aún no se aprueba la nueva Ley General de Aguas, según la propuesta de reforma constitucional de 2012. Heller pide al Congreso y al gobierno adoptar diligentemente una ley que garantice los derechos humanos al agua y el saneamiento acorde con los estándares internacionales, mediante una consulta pública en la que participen todos los sectores de la población.
Con respecto a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el relator observa el ligero cambio de tendencia en las asignaciones presupuestarias destinadas a los servicios para los pueblos y comunidades indígenas: 133 mil 300 millones de pesos en 2017; 124 mil 200 millones en 2018; 77 mil 7 millones en 2019 y 112 mil 900 millones en 2020.
Sin embargo, señala que “los recortes presupuestarios de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la cual depende la Conagua, disminuyeron de 37 mil 581 millones de pesos en 2018 a 29 mil 869 millones en 2020.
Las recomendaciones
Es probable que los recortes provoquen una disminución en el financiamiento y apoyo a los municipios que ya presentan dificultades a la hora de proveer servicios de agua y saneamiento, obstaculizando así la realización progresiva de los derechos relativos, advierte Heller.
Por eso anima a la 4T a intensificar sus esfuerzos para mejorar el financiamiento del sector de agua potable y saneamiento, en especial los programas federales centrados en la provisión y mejoramiento de los servicios en las comunidades indígenas y rurales dispersas.
Urge, dice, establecer entidades reguladoras independientes, con las facultades necesarias para garantizar que los proveedores de servicios respeten plenamente los derechos humanos y cumplan las obligaciones y normas impuestas por la ley.
De igual forma, reitera la necesidad de establecer mecanismos de intervención rápida de las autoridades estatales o federales para hacer frente a fallos en los sistemas municipales de agua y saneamiento, así como fortalecer el apoyo técnico y financiero a los municipios en su mandato respectivo.
Heller recomienda “tomar todas las medidas posibles para asegurar el acceso universal al agua y el saneamiento para las poblaciones marginadas que viven en las circunstancias más vulnerables, incluidos los pueblos indígenas, las poblaciones rurales, las personas sin hogar y los residentes de zonas urbanas periféricas con servicios deficientes”.
En el plano positivo, el relator aplaude los programas adoptados para asegurar el acceso al agua potable y saneamiento a comunidades rurales dispersas e indígenas, pero advierte “que la disminución de los recursos asignados pone en riesgo el progreso realizado hacia el acceso universal y podría constituir una medida regresiva”, prohibida por el derecho internacional y contraria a los derechos humanos.
En otras de las recomendaciones que serán discutidas en el Consejo de Derechos Humanos el martes 15, con presencia de la delegación de México, Heller insta a actualizar con urgencia las normas de calidad del agua potable, siguiendo las guías y recomendaciones de la OMS, así como a ejercer una vigilancia más estricta de la calidad del agua, orientada a la protección de la salud.
Respecto al establecimiento de disposiciones jurídicas que prohíben la interrupción del servicio a los usuarios sin capacidad económica para el pago de las facturas por este servicio, el experto de la ONU recalca que no se ve progreso en este aspecto.
Y reitera la necesidad de revisar las legislaciones federal y estatales; también recomienda “prohibir claramente” la suspensión del servicio a las personas que no pueden pagar.
