Aun cuando hay abundante información sobre los sobornos de la constructora Odebrecht a campañas del PRI durante 2009-2015, es factible que sólo se investigue y sancione a los presuntos implicados en las del último año, en virtud de que, según la sentencia del tribunal colegiado emitida el lunes 7, los ilícitos electorales de los años previos ya prescribieron. Ello fue posible por el tortuguismo de las indagatorias y la actuación del encargado de despacho de la Procuraduría General de la República en las postrimerías del sexenio de Peña Nieto, Alberto Elías Beltrán, quien por cierto ya está sujeto a una investigación interna.
Los 15 tomos del expediente Odebrecht incluyen declaraciones ministeriales de funcionarios de la compañía brasileña y otros indicios que confirman el financiamiento ilegal a cuatro campañas electorales del Partido Revolucionario Institucional (PRI) entre 2009 y 2015, entre ellas la presidencial de 2012, cuyo candidato fue Enrique Peña Nieto (EPN).
En la declaración ministerial que Marcelo Bahia Odebrecht, expresidente de la constructora Norberto Odebrecht, rindió ante funcionarios de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) en mayo de 2017, incluso se narra cómo el empresario brasileño se encontró con Emilio Lozoya Austin cuando EPN ya era presidente electo.
De acuerdo con el sexto tomo de la indagatoria, de la que Proceso tiene copia, el entonces coordinador de Asuntos Internacionales de Peña Nieto le agradeció el apoyo que la constructora brasileña había destinado a la campaña presidencial del PRI, poco antes de que EPN rindiera protesta como presidente de la República.
“Marcelo, yo te quería agradecer el apoyo que me dieron”, le habría dicho Lozoya para sellar la alianza del financiamiento ilícito que Odebrecht aportó a la candidatura del mexiquense.
El entonces director general de Odebrecht en México, Luis Alberto de Meneses Weyll, también reconoció el financiamiento ilícito a tres campañas electorales del PRI entre 2009 y 2012, delitos que podrían quedarse sin castigo debido a que ya prescribieron.
Por lo que atañe a las aportaciones ilegales que el consorcio sudamericano aportó al PRI entre 2014 y 2015, se trata de las imputaciones que Lozoya Austin formuló en la denuncia de hechos presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR) el pasado 11 de agosto.
Una sentencia del tribunal colegiado emitida el lunes 7 resolvió que el financiamiento ilegal a las campañas del PRI para las elecciones federales de 2015 aún puede ser investigado por la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEPADE) de la FGR, sin importar que en los otros tres casos el delito haya prescrito.
Al resolver de forma definitiva un juicio de amparo, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal en la Ciudad de México concluyó que, aun cuando los 10.5 millones de dólares fueron depositados por Odebrecht en cuentas de Lozoya Austin durante 2014, se trata de recursos que se gastaron en las campañas electorales de 2015, por lo que todavía no ha prescrito el delito electoral derivado de esos hechos.
Por lo anterior, se autorizó a la FEPADE continuar con la indagatoria sobre el financiamiento ilícito a las campañas electorales del PRI entre 2014 y 2015.
Sin embargo, las nuevas investigaciones deberán excluir la campaña presidencial de EPN en 2012 y los comicios para gobernador que tuvieron lugar en 2010 en los estados de Tamaulipas y Veracruz.
El tortuguismo de las indagatorias y la actuación del encargado de despacho de la FGR, Alberto Elías Beltrán –sujeto a una investigación interna de la propia fiscalía– fueron determinantes para que los procesos penales por el financiamiento ilegal de Odebrecht a las campañas electorales del PRI hayan prescrito sin mayores diligencias.
Por los sobornos de Michoacán
En presencia de dos funcionarios de la extinta PGR, Marcelo Bahía Odebrecht y Luis Alberto de Meneses Weyll rindieron su declaración ministerial el 15 y 16 de mayo de 2017 en Brasilia y Salvador de Bahía, de acuerdo con el expediente en poder de Proceso.
En la diligencia participaron, por parte de México, Felipe de Jesús Muñoz Vázquez y Carlos Enrique Hernández Azuara, subprocurador especializado en Investigación de Delitos Federales de la PGR y el director general de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales en esa época.
Ambos funcionarios dejaron la fiscalía en 2019, cuando parecía lejana la extradición de Lozoya Austin a México y la investigación se encontraba estancada.
En el expediente constan declaraciones de De Meneses Weyll en las que se reconoce que la empresa sudamericana aceptó “cooperar” con las campañas de Javier Duarte de Ochoa en Veracruz y de Rodolfo Torre Cantú en Tamaulipas, además de que se proporcionan los nombres de sus “socios” y aliados en cada entidad.
El propio Marcelo Odebrecht admitió que en el caso de la construcción de una presa en Michoacán, obra que su empresa ejecutó entre 2008 y 2010, había complicidad de los directivos de la constructora con “el cliente”; es decir, con el gobierno estatal.
En octubre de 2018, el periodista Raúl Olmos, de la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, logró identificar al director de Infraestructura Hidroagrícola del gobierno de Michoacán, Víctor Guerra Reyes, como el beneficiario final de un depósito por 50 mil dólares de parte de Odebrecht, soborno que la constructora etiquetó en su contabilidad interna como uno más de sus “gastos no contabilizados”.
Hasta la fecha no existe una investigación más profunda sobre el soborno que recibió Guerra Reyes, por lo que el funcionario de los gobiernos perredistas de Lázaro Cárdenas Batel y Leonel Godoy Rangel ni siquiera ha presentado juicios de amparo para su defensa.
La campaña de EPN
En mayo de 2017 Marcelo Bahia Odebrecht consideraba que la construcción de la planta Etileno XXI en Minatitlán, Veracruz, era uno de los mayores proyectos de inversión que la empresa brasileña había concretado en el extranjero por un monto aproximado de 4 mil millones de dólares.
Ese proyecto, sostiene Bahía Odebrecht en su declaración ministerial, provocó su “mayor involucramiento con México” y le facilitó el trato con Lozoya Austin, a quien conocía de manera previa por su trabajo en el Foro Económico Mundial.
“Emilio era responsable de la Coordinación en América Latina. Entonces, en ese proceso tuve la oportunidad de interactuar mucho con él y, a partir de ello, creé una relación con él; tanto así, que yo tuve, cuando él participó en apoyo a la campaña del actual presidente, Enrique Peña Nieto, la oportunidad de presentarle a mis directores allá, para que lo conocieran, aun en la época de la campaña, y cuando él asumió la presidencia de Pemex, visitó conmigo ese proyecto de Braskem–Idesa, para ver el proyecto que estaba siendo realizado y yo tuve la oportunidad de estar, tal vez, una o dos veces con él, en la oficina de Pemex”, según la declaración del empresario brasileño.
Agregó que el encargado de “los pagos no contabilizados de cualquier naturaleza” era Hilberto Mascarenhas, a quien le correspondía entregar los sobornos a personas políticamente expuestas.
En el caso de México, esos recursos se enviaban a empresas offshore fuera del país, pero no a nombre de Odebrecht, sino a nombre de otras empresas fachada y con apoyo de intermediarios o “cambistas”. Para Bahia Odebrecht, los pagos a políticos “tienen sus razones”, a pesar de que pudieran cometerse delitos electorales como sucedió en el caso de México.
“Ahora, ¿cuál es la razón por la que se paga a un político? Uno, muchas veces uno tiene a aquellos políticos que uno apoya. Todo empresario suele apoyar a los políticos que van a defender el interés de su sector –digamos así, es el famoso golpe–; entonces, es normal que cada empresario, que cada grupo de empresarios, tenga políticos de interés”, señala la declaración del empresario.
A partir de esta justificación, Marcelo Odebrecht revela en su declaración que la constructora sudamericana destinó dinero a la campaña presidencial de EPN en 2012, pero también a la del candidato priista a la gubernatura en Veracruz en 2010.
“Lo único que sé, es que nosotros, con seguridad, apoyamos, si me pregunta, las elecciones de Veracruz; con seguridad nuestras empresas apoyaron a los candidatos y si uno tiene una presencia fuerte allá, es obvio que nosotros apoyamos a los candidatos y, en general, no sólo a uno, porque uno quiere tener relación con todos ellos. También, con seguridad, las elecciones presidenciales, con toda seguridad, hasta por la dimensión nuestra, empezó a haber participación”, señala el escrito de su comparecencia.
El conducto para la entrega de esos apoyos, admitió el empresario, era Emilio Lozoya. Sin embargo, afirmó que toda la operación estaba a cargo del exdirector de Odebrecht en México, Luis Alberto de Meneses Weyll, cuyas declaraciones sobre los pagos a la campaña de Peña Nieto ya son conocidas.
En este marco, el propio Marcelo Odebrecht afirmó que antes de tomar posesión como director de Pemex, Emilio Lozoya le agradeció los apoyos de su constructora a la campaña presidencial de EPN.
“En una de las oportunidades que tuve allá, antes de que el presidente asumiera su cargo, me agradeció el apoyo que le dimos en su candidatura. No sé cómo se dio ese apoyo, pero él me agradeció el apoyo.
“Entonces, yo sé que fue dado ese apoyo. Ahora, los pagos ilícitos, los nuestros, a esas personas allá, que Luis Weyll, él puede indicarnos quiénes son, ellos pueden indicarnos los pagos que hubo y esos registros van a estar en las pruebas de colaboración de ellos, que proviene del equipo de Hilberto”, remata en su declaración.
Los fallidos apoyos a Tamaulipas
Luis Alberto de Meneses Weyll afirma que en septiembre de 2009 –cuando recién había tomado posesión como director de Odebrecht en México– conoció al empresario tamaulipeco Jorge Eduardo Rivera Schotte, quien le comentó que tenía buena relación con el gobierno de esa entidad.
Accionista de la empresa Petrochem, México, Rivera Schotte pidió asociarse con Odebrecht para futuros proyectos en la región y le planteó que en el marco del proceso de la renovación del gobierno estatal existía “una oportunidad de desarrollar proyectos en los sectores hídrico, energético y de transporte”, por lo que acordaron una reunión en Ciudad Victoria.
Durante el encuentro, Rivera Schotte le comentó a De Meneses Weyll que estaba apoyando al candidato Rodolfo Torre Cantú, de la coalición Todos Somos Tamaulipas, formada por el PRl, PVEM y Panal, que iba adelante en las encuestas electorales y que sería importante que Odebrecht “realizara aportaciones financieras para la campaña del candidato Rodolfo Torre”.
El entonces director de Odebrecht en México aceptó contribuir como “una forma de posicionarse” y para hacer negocios con el futuro gobierno, al tiempo que pidió ser incluido en las reuniones de empresarios con Torre Cantú. En marzo de 2010 se dio el primer contacto con el candidato priista.
En él participaron diversos empresarios y De Meneses presentó algunos proyectos relacionados con agua y transporte que, dijo, “podrían ser viables en el estado”. Durante la reunión, Rivera Schotte le dijo a Torre Cantú que la constructora brasileña “contribuiría a la campaña en la expectativa de que sus proyectos prosperaran a lo largo del futuro”.
De Meneses agregó en su declaración que participó como invitado en dos encuentros más y que después de ambos eventos Rivera Schotte “solicitó el pago de 500 mil dólares” con el pretexto de una aportación financiera a la campaña de Torre Cantú.
Debido a que el monto le pareció excesivo, De Meneses le respondió que lo iba a evaluar y que le daría una respuesta en breve. Al final decidió aportar 350 mil dólares.
Posteriormente, el superintendente de Odebrecht contactó a su superior directo, Luiz Mameri, quien finalmente le autorizó el soborno. Para hacer el pago, De Meneses se reunió con Rivera Schotte en su oficina, por lo que el empresario le proporcionó los datos de la cuenta bancaria para hacer el depósito.
“Que tales pagos se realizaron en el primer semestre de 2010, a través del área de operaciones estructuradas de la compañía dirigida por Hilberto Silva. (Datos de las transferencias bancarias, que los pagos se realizaron por transferencias a la cuenta de la empresa Blunderbuss Company de México S.A. de C.V., con cuenta en el Banco Mercantil del Norte; que el candidato beneficiado por la aportación, Rodolfo Torre Cantú, fue asesinado el 28 de junio de 2010 y sustituido por su hermano Egidio Torre Cantú, quien resultó el vencedor de la campaña y se convirtió en el gobernador a finales de 2010).”
El entonces funcionario de Odebrecht se reunió con el equipo de Egidio Torre en el segundo semestre de 2011 para presentarle algunos proyectos de la compañía. Sin embargo, estos contactos “no produjeron adjudicaciones de contratos para Odebrecht”, según la declaración de De Meneses.
Buen tino en Veracruz
En Veracruz, los contactos se hicieron en 2010 con el candidato del PRI, Javier Duarte de Ochoa, por medio del empresario Juan Felipe Ruiz Ortiz y su hijo Juan Felipe Ruiz Sosa, accionistas de la empresa Construcciones Ruso. La aportación fue de 500 mil dólares y el contacto entre mexicanos y brasileños fue Emilio Lozoya.
“Que en relación con el estado de Veracruz, Emilio Lozoya sugirió un acercamiento con los empresarios Felipe Ruiz y Felipe Ruiz hijo, con quienes mantenía una relación estrecha; que en función de eso, en enero de 2010 Emilio Lozoya programó una comida en el restaurante La Parroquia, en Veracruz, para las presentaciones, en las cuales participaron el colaborador, Emilio Lozoya, Felipe Ruiz y Felipe Ruiz hijo; que durante la comida se destacó que en julio de aquel año habría elecciones estatales y que el entonces gobernador Fidel Herrera, con un enorme índice de popularidad, se encargaría de designar como su sucesor a Javier Duarte, quien había fungido como secretario de Finanzas de su gobierno”, según otra declaración de De Meneses.
En los meses subsecuentes, el directivo de Odebrecht se reunió con los empresarios veracruzanos y con el propio Lozoya hasta que Felipe Ruiz le presentó al entonces gobernador de Veracruz, Fidel Herrera, en Poza Rica, durante la inauguración del Centro Cultural El Tajín.
“El colaborador fue al evento en una aeronave particular, cuyo propietario era el mismo Felipe Ruiz y, en aquella ocasión, fue recibido por Fidel Herrera en un tráiler que utilizaba para sus eventos; que aproximadamente 15 días después de esa reunión con el gobernador, durante una reunión celebrada en la oficina de la compañía en la Ciudad de México, Felipe Ruiz y Felipe Ruiz hijo le solicitaron al colaborador que la compañía efectuara una aportación de 1 millón de dólares para la campaña del candidato del PRI, Javier Duarte, y que dicho pago sería el pasaporte para que la compañía obtuviera un buen posicionamiento con el futuro gobierno”, sostiene De Meneses.
Tras una negociación, el pago se redujo a 500 mil dólares y se efectuó a través del área de operaciones estructuradas de la compañía, dirigida por Hilberto Silva. Al contrario de Tamaulipas, el apoyo a la campaña sí se tradujo en un contrato de obra pública para Odebrecht. El soborno tuvo frutos.
