Favorecida por Pemex con un contrato de ensueño para su proyecto Etileno XXI, la empresa Braskem, filial de Odebrecht, reclama el cumplimiento de las condiciones aceptadas por el gobierno de Felipe Calderón: el cuantioso pago de penalizaciones por no recibir de la petrolera la cantidad establecida de etano. Pero además, en un informe ante el regulador del mercado de valores estadunidense, se queja de que el contrato está en peligro y amaga con exigir en tribunales la aplicación de otra cláusula, que obligaría a Pemex a comprar la fallida planta y sus deudas.
La inversión más grande en un sexenio, de la cual se ufana el expresidente Felipe Calderón Hinojosa, correspondiente al complejo Etileno XXI, tiene en jaque a Pemex, acusada ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC) por incumplimiento de contrato y con la amenaza de obligarla a adquirir esa planta.
En su reporte ante la SEC, la empresa Braskem –filial de Odebrecht– advierte que podría iniciar acciones legales contra Pemex, pero también alerta sobre una posible expropiación o nacionalización por parte de la administración de Andrés Manuel López Obrador.
El 19 de febrero de 2010 el gobierno de Felipe Calderón firmó un contrato de venta de etano por 20 años para suministrar diariamente 66 mil barriles a Braskem, la cual se alió con la mexicana Idesa; ambas formaron Etileno XXI para procesar
polietileno.
Las multas que hoy le imputa Braskem a Pemex por la disminución de la cuota diaria que está obligada a entregar sumaron durante el año pasado 39 millones de dólares. Al tipo de cambio de hoy (21.27 pesos por dólar) representan 829 millones 530 mil pesos.
Desde que Etileno XXI entró en funcionamiento (julio de 2016) Pemex no pudo cumplir con la cuota total de etano a la que se comprometió la administración de Calderón. Sin embargo, el gobierno de Enrique Peña Nieto pagó puntualmente las multas, que hasta 2018 sumaron cerca de 3 mil millones de pesos, según la Auditoría Superior de la Federación.
El gobierno actual se ha negado a entregar las notas de crédito que respaldan la multa de 39 millones de dólares, por considerarlo “un contrato leonino”. Eso basta para que Braskem demande que se cumpla otra cláusula del contrato, mediante la cual se obliga a Pemex a adquirir el complejo petroquímico.
Si Odebrecht se va a los tribunales, México tendría que pagarle en el presente año mil 211 millones de dólares (26 mil 302 millones 920 mil pesos), según el anexo IX del contrato y su tabla 1 de valores de capital.
Pero además el contrato obliga a la petrolera mexicana a “pagar las deudas” que Braskem tenga en el momento de la demanda y las de “sus filiales”. Tiene cuatro en el país.
Durante la firma de ese contrato desventajoso para el país, la secretaria de Energía era Georgina Kessel; el de Hacienda, Agustín Carstens; dirigía Pemex Petroquímica –la filial que firmó el contrato– Jordi Herrera, y el director general era Juan José Suárez Coppel. Héctor Rangel Domene, quien estaba a la cabeza de Nafin y Bancomext, autorizó un préstamo de 400 millones de dólares para el consorcio brasileño.
Dobletea ofrecimiento
Durante la discusión de las bases de la subasta de etano, el gobierno de Calderón ofreció que el contrato fuera a 15 años con dos periodos más y un suministro de 33 mil barriles diarios de etano. Esto, de acuerdo con el documento en poder de Proceso, con fecha del 8 de febrero de 2008. Sin embargo, en julio de ese año el compromiso ascendió a 66 mil barriles diarios de etano y a 20 años de entrega, con 15 años adicionales.
El contrato nunca pasó por el Consejo de Administración de Pemex. El 25 de febrero de 2010, después de firmado el contrato, el Comité de Estrategia de Inversiones de Pemex Petroquímica se preguntó cuál fue el análisis de los escenarios de disponibilidad de gas y cuáles serían las previsiones para no caer en los supuestos relativos a las posibles sanciones económicas estimadas en el contrato.
Nunca se dio respuesta a dicho planteamiento. Un año después, el 29 de abril de 2011, el entonces presidente del Consejo de Administración de Pemex, José Antonio Meade Kuribreña –ya entonces secretario de Hacienda–, dijo que existía obligación de presentar el contrato al consejo, por lo que “se había desahogado en los términos de la normatividad vigente”.
El entonces consejero independiente Rogelio Gasca Neri advirtió que “se compromete a Pemex Exploración y Producción a un suministro de gas, que no está basado en la producción actual sino en posibles futuros descubrimientos, que son inciertos”.
Hoy esos “descubrimientos inciertos” no han podido hacer que Pemex cumpla con la entrega de 66 mil millones de barriles diarios de gas etano a Braskem-Idesa, lo que ha generado multas desde el momento mismo de su arranque, en julio de 2016, hasta el presente.
En su informe ante la SEC, Braskem establece: “Con respecto a los daños liquidados debido al contrato de suministro de etano, durante el cuarto trimestre de 2019 y el primer trimestre de 2020, Pemex debió habernos entregado notas de crédito relativas al primer trimestre de 2019 por 26 millones de dólares…y el segundo trimestre de 2019 por un monto de alrededor de 13 millones de dólares…
“A la fecha de este informe anual, Pemex aún no ha entregado dichas notas de crédito y por lo tanto no ha cumplido con su obligación contractual de manera oportuna”, se lee en el informe entregado el 15 de junio de 2020 ante la SEC por Braskem.
Luego detalla que está en pláticas con Pemex sobre la falta de entrega de los volúmenes totales y de pago, para luego advertir: “No podemos garantizar el resultado de dichas discusiones y en cualquier momento podríamos iniciar acciones legales contra Pemex por sus incumplimientos en virtud del contrato de suministro de etano, como procedimiento de arbitraje contra Pemex luego del incumplimiento y notificaciones generadas como resultado del mismo”.
En la página 38 del contrato, del cual este semanario tiene copia íntegra, se establecen las multas por incumplimiento: Pemex tiene que compensar a Braskem en los siguientes seis meses y, si no lo hace, “deberá pagar al comprador una suma por daños, perjuicios y pérdidas equivalentes a 200% del precio promedio del etano…hasta un máximo de 300 millones de dólares por año”.
Braskem hizo valer esta cláusula, ya que, desde que arrancó Etileno XXI, Pemex no ha podido cumplir. Así, el gobierno de Enrique Peña Nieto pagó 283 millones 35 mil 800 pesos en 2016; en 2017 fueron 810 millones 155 mil 400 y en 2018 el pago fue de mil 720 millones 352 mil 100 pesos. En total, cerca de 3 mil millones.
Pero el gobierno de López Obrador no ha pagado lo que corresponde a 2019.
En el informe, Braskem notifica que lo anterior afectaría sus ingresos y dice: “Además, el acuerdo de suministro de etano podría ser modificado por medios regulatorios, terminado o puesto en peligro por Pemex Transformación Industrial como resultado de la presión política para no cumplir con el acuerdo, cambiar los términos del acuerdo, iniciar medidas de expropiación o un cambio en las leyes o regulaciones por el gobierno mexicano”.
En dicho informe la filial de Odebrecht aclara que no tiene control sobre Pemex y que aún así no pretende adquirir un seguro contra cualquier movimiento del gobierno mexicano:
“No podemos predecir el impacto que tendrán las condiciones políticas en la economía mexicana. No podemos garantizar que los cambios en las políticas del gobierno federal mexicano no afecten negativamente nuestro negocio, situación financiera, resultado de operación y perspectivas. Actualmente no tenemos ni tenemos la intención de obtener un seguro de riesgo político.”
Destaca que su principal proveedor de etano es Pemex y que la política de austeridad podría afectar inversiones en la empresa productiva del Estado y por ende su capacidad para suministrarles el gas. Pero también aclara que Braskem podría ser considerado “responsable de actividades corruptas e ilegales de nuestros empleados, representantes, contratistas, socios y agentes, incluso si no autorizamos explícitamente tales actividades. Detectar e investigar puede requerir una desviación significativa de tiempo”.
Y advierten: “Además, ha habido denuncias publicadas en los medios de comunicación de Brasil y México sobre corrupción en Pemex que involucra sus procesos de adquisiciones como asunto general. No podemos garantizar que esas acusaciones no se extiendan al proceso de adquisición con respecto al acuerdo de suministro de etano”, se indica en el informe del 15 de junio pasado.
Dos meses después, el 11 de agosto, el exdirector general de Pemex, Emilio Lozoya Austin, convirtió en realidad la preocupación de Braskem al denunciar ante la Fiscalía General de la República graves irregularidades en dicho contrato de Etileno XXI.
A la medida de Odebrecht
Mientras a Pemex se le multa con 200% sobre el valor del etano cuando no lo entrega en su totalidad, la cláusula 13.2 establece que si Braskem-Idesa rechaza el etano sólo pagará 30% sobre el precio del mismo y puede ser hasta por 200 millones de dólares al año, mientras que para Pemex el límite anual es de 300 millones de dólares.
Cuando no se entrega el etano o se hacen modificaciones a las normas y leyes, la cláusula 10.3.2 dice que “el vendedor o la persona que éste designe deberá, a elección del comprador, comprar las instalaciones del proyecto a un precio determinado de conformidad con los procedimientos estipulados en la cláusula 3.1 del anexo IX”.
Y el anexo IX señala que se deberá pagar “la deuda si existiera pendiente a la fecha”, intereses vencidos o devengados, todos los costos de terminación y “toda la deuda debida por el comprador a sus accionistas y sus filiales”.
Según el reporte ante la SEC, para Etileno XXI se pagaron 5 mil 200 millones de dólares, de los cuales Braskem sólo cubrió 38%, es decir mil 976 millones. Además México le prestó a través de su banca de desarrollo 400 millones de dólares; el resto (2 mil 824 millones) se obtuvo mediante un crédito sindicado con 15 bancos extranjeros.
Esta deuda de 2 mil 824 millones de dólares la tendría que asumir el gobierno mexicano. Se desconoce cuánto de ese monto ha pagado Braskem.
El contrato que impulsó, confeccionó y avaló el gobierno de Felipe Calderón, a pesar de no tener la certeza sobre la producción de etano a futuro, base central del contrato, implicará para el Estado mexicano miles y miles de millones de pesos en deuda en caso de que Braskem quiera hacer valer el contrato ante su incumplimiento.
Si Braskem litiga y gana, México tendría que pagarle los 2 mil 824 millones de dólares arriba mencionados y los 829 millones 530 mil de multas por 2019, además de pagar todo lo que, en su caso, se adeude a sus filiales, que en México son: Braskem-Idesa Servicios, Braskem México, Braskem México Servicios y Braskem México Sofom.
