Una revisión del voluminoso expediente del caso Odebrecht muestra preocupantes omisiones de la FGR, como la falta de seguimiento a funcionarios de Pemex frecuentados por el director de la firma brasileña en México y la ausencia de indagatorias sobre poderosos socios mexicanos de su filial Braskem (como ICA e Idesa) y de sus subcontratistas.
La carpeta de investigación del caso Odebrecht en México suma más de 72 tomos, de los cuales 57 corresponden a información documental que la Fiscalía General de la República (FGR) ha solicitado a instancias nacionales e internacionales y 15 más a declaraciones y otras diligencias ordenadas por la primera fiscal del caso, Silvia Nathalie García Ocampo, relevada por órdenes del fiscal general Alejandro Gertz Manero en enero de 2019.
Con un promedio de mil 500 fojas por tomo, la indagatoria –de la que Proceso tiene copia– se abrió el 26 de enero de 2017 a las 18:58 horas con motivo de la denuncia que presentó la entonces apoderada legal de Pemex y Pemex Transformación Industrial (Pemex PTI), Araceli Cortés Hernández. Hasta finales de 2019 sumaba más de 100 mil páginas.
Sin embargo, en la indagatoria FED/SEIDF/CGI-CDMX/0000117/2017 todavía son evidentes los cabos sueltos, como el papel que desempeñaron cuatro funcionarios clave que estuvieron estrechamente ligados a los grandes contratos de obra pública que Pemex adjudicó de manera directa a la constructora brasileña de Norberto Odebrecht.
Se trata del exdirector general de Pemex Refinación, Miguel Tame Domínguez; el exdirector de Pemex Gas y Petroquímica, Alejandro Martínez Sibaja; el excoordinador Ejecutivo de Pemex, Froylán Gracia Galicia, y el actual subdirector de Proyectos de Pemex Refinación, Leonardo Cornejo Serrano.
Gracia Galicia ha sido señalado como uno de los principales operadores del entonces director de Pemex, Emilio Ricardo Lozoya Austin, actualmente vinculado a proceso por operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho, derivado de los 10.5 millones de dólares que recibió en sus cuentas bancarias mediante un entramado que buscaba ocultar el origen de presuntos sobornos.
Además, estos mismos cuatro funcionarios aparecen como los más visitados en la Torre de Pemex por quien fuera director o superintendente de Odebrecht en México, Luis Alberto de Meneses Weyll, entre 2012 y 2017, según un informe entregado por Pemex a la FGR el 10 de noviembre de 2017.
En el citado informe se advierte que De Meneses programó 152 visitas a la sede principal de Pemex (en Marina Nacional 329, colonia Verónica Anzures, Ciudad de México), de las cuales sólo se comprobaron 129, de acuerdo con la Subgerencia de Seguridad de Pemex.
El documento que obra en la carpeta de investigación indica que la cabeza principal de Odebrecht se reunió 46 veces con Leonardo Cornejo, quien fungió entre 2010 y 2014 como gerente y coordinador de Proyectos de Ampliación de Capacidad en Pemex Refinación, respectivamente (Proceso 2220).
Actualmente Cornejo se desempeña como subdirector de Proyectos de Pemex Refinación y es el principal responsable de la construcción de la refinería de Dos Bocas, señala una nota del portal Animal Político publicada el 25 de febrero del 2019. Sigue en el cargo pese a sus vínculos con los contratos de Odebrecht.
Le sigue en la lista Alejandro Martínez Sibaja, que recibió 25 visitas de Luis Alberto Meneses en la Torre Corporativa de Pemex, mientras que Miguel Tame en 19 ocasiones y Froylán Gracia 15 veces.
No obstante, sólo en el caso de Cornejo Serrano se solicitó una indagación sobre su situación patrimonial y las operaciones bancarias que ha realizado en los últimos años.
El último encargado de la Procuraduría General de la República, Alberto Elías Beltrán, no se preocupó por ordenar una investigación a fondo de Gracia Galicia, pese a su evidente cercanía con Emilio Lozoya ni sobre las denuncias de empresarios sobre presuntos actos de extorsión para facilitar reuniones con el propio Lozoya.
Una revisión realizada por Proceso a los primeros 72 tomos del caso Odebrecht revela que el nombre de Froylán Gracia Galicia apenas aparece en seis de ellos.
Por lo que se refiere a Tame Domínguez y Martínez Sibaja, se reconoce su intervención en los procesos de análisis y adjudicación de los contratos a Odebrecht en las refinerías de Tula y Salamanca, así como en el caso de las condiciones preferenciales que recibió el consorcio Braskem-Idesa para el abastecimiento de gas etano para la planta de Etileno XXI.
No obstante, no se profundiza en sus nexos con contratistas ni tampoco en las acciones u omisiones que pudieron haber cometido en el desempeño de su cargo.
Otros socios de Odebrecht
La declaración de Luis Alberto de Meneses sobre la “recomendación” de Emilio Lozoya para que la constructora brasileña se “aliara” con la empresa Construcciones Industriales Tapia en las obras para la refinería de Tula de Allende, Hidalgo, provocó que la opinión pública se enfocara en la compañía del empresario hidalguense Juan Carlos Tapia Vargas.
Sin embargo el resto de los socios y aliados o subcontratistas de Odebrecht en México tampoco han sido investigados, a pesar de que grandes empresas como Grupo Idesa, ICA Fluor Daniel y Fluor Enterprises, Arendal y Technip también se vieron beneficiadas por algunos de los contratos que han sido cuestionados en el caso de la constructora brasileña.
En el caso de las obras en la refinería de Salamanca, cuyo costo fue superior a 85 millones de dólares, Odebrecht se asoció con ICA Fluor Daniel y Fluor Enterprises para la reconfiguración de esa planta industrial, con el fin de aumentar la producción de crudo ligero y reducir el combustóleo como producto residual de la refinación.
El contrato fue firmado por Pemex Refinación, posteriormente Pemex PTI, con Odebrecht y sus dos socios el 6 de noviembre de 2014, cuando uno de los consejeros “independientes” del Consejo de Administración de Pemex era Jorge Borja Navarrete, exdirectivo del Grupo ICA y de ICA Fluor Daniel.
Antes de la firma del contrato, el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios (CAAOS) de Pemex Refinación había autorizado la adjudicación directa en una sesión extraordinaria que tuvo lugar el 31 de octubre de 2014.
El nombramiento de Borja Navarrete como consejero “independiente” de Pemex había ocurrido apenas un mes antes, en septiembre de 2014.
Borja Navarrete se integró al Comité de Adquisiciones de Pemex como vocal suplente y a partir de noviembre de 2014 comenzó a presidir las sesiones de ese órgano deliberativo, encargado de programar, analizar y autorizar los contratos de obra pública que serán licitados, adjudicados u otorgados por la empresa productiva del Estado.
Ingeniero civil por la UNAM, Borja Navarrete fue miembro de la Junta de Gobierno de la casa de estudios y en Pemex fungió como director corporativo de Ingeniería y Desarrollo de Proyectos entre diciembre de 2007 y 2011.
Previamente se desempeñó como director general de ICA Fluor Daniel y consejero en el Grupo ICA, constructora mexicana para la que trabajó entre 1993 y 2007.
En su currículum destaca que desde la iniciativa privada participó en proyectos de obra pública para la reconfiguración de varias refinerías de Pemex y la construcción de sus terminales de producción.
Ya como presidente del CAAOS de Pemex durante 2015 participó en una sesión para aprobar los contratos adjudicados de manera directa por Pemex a Odebrecht para la reconfiguración de la refinería en Tula.
En la carpeta de investigación del caso Odebrecht hay sólo tres documentos donde aparece el nombre de Borja Navarrete como parte del CAAOS de Pemex, pero no hay ninguna indagatoria sobre un posible conflicto de interés. Los fiscales del caso tampoco abundan en la relación contractual entre ICA Fluor Daniel y la constructora brasileña para las obras en la refinería de Salamanca.
Relación que nadie investigó
Etileno XXI es un proyecto conjunto entre la empresa Braskem, filial de Odebrecht, y el consorcio mexicano Grupo Idesa, para generar etileno y sus derivados, pero Pemex se obliga a abastecer el complejo petroquímico con gas etano y a precios preferenciales, además de incluir una cláusula que castiga a la petrolera mexicana en caso de que no se entregue el combustible.
El pasado 23 de agosto el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el contrato para suministrar gas etano a bajo costo a las plantas de Etileno XXI le ha costado a Pemex alrededor de 15 mil millones de pesos, equivalente a 683 millones de dólares.
El mandatario añadió que esa cifra es producto de la fórmula de gas etano que favoreció a Braskem-Idesa, aunado a los costos de transporte y el pago de multas, por lo que acusó a Odebrecht de haberse beneficiado con un contrato abusivo mediante actos de corrupción que se han comprobado en otras operaciones que la constructora brasileña desarrolló en México.
Sin embargo, el mandatario omitió señalar que su extitular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Javier Jiménez Espriú, estaba vinculado con Grupo Idesa, compañía asociada con Braskem en Etileno XXI, mediante las acciones que su esposa, Elisa Margarita Gutiérrez Saldívar, posee en la compañía mexicana.
Fundada en 1956 por Pascual Gutiérrez Roldán, Margarita Gutiérrez heredó casi 6% de las acciones del grupo cuando falleció su papá, suegro de Jiménez Espriú.
La esposa de Jiménez Espriú formaba parte del Consejo de Administración de Idesa, puesto que el extitular de la SCT ocupaba como suplente. Además, un sobrino de la pareja, Patricio Gutiérrez Fernández, es el actual director general de Idesa.
La FGR no investigó la participación de Idesa en la alianza con Odebrecht ni el tipo de intervención que tuvo Jiménez Espriú en el proyecto.
Tampoco indagó a ningún directivo de la compañía mexicana para tratar de esclarecer si hay relación o no con el caso Odebrecht, por lo que se trata de otro de los cabos sueltos de la investigación.
El pasado 27 de agosto Braskem-Idesa emitió un comunicado en el que se deslinda de cualquier presunto soborno entregado por directivos de Odebrecht a funcionarios de Pemex, como declaró Emilio Lozoya. Incluso el consorcio aseguró que la fecha de los actos ilícitos reconocidos por exdirectivos de la constructora brasileña fue posterior a la firma y negociación de los contratos (2008-2009) para la planta Etileno XXI y la firma de contrato con Pemex que se dio en 2010.
GAECA: la regla era la excepción
En los contratos otorgados por Pemex a Odebrecht para la reconfiguración de la refinería de Tula se advierte que los procesos de adjudicación directa recibieron el visto bueno del Grupo de Autorización de la Excepción al Concurso Abierto (GAECA) y posteriormente ratificados por el comité de administración.
En las sesiones del Consejo de Administración el único funcionario que puso en duda el costo de las obras fue el director de Pemex PTI, Carlos Murrieta Cummings, quien advirtió que la justificación para exceptuar de la licitación las obras en Tula no tomaba en cuenta costos adicionales.
En contraste, el subdirector de Proyectos de Pemex Refinación, Leonardo Cornejo Serrano, aseguró que la primera parte de las obras en la refinería de Tula costaría 165 millones de dólares.
En la declaración ministerial que Cornejo Serrano rindió el 5 de abril de 2017, rechazó que la autorización final de la obra haya dependido de él y advirtió que previamente, la adjudicación directa había sido autorizada por el GAECA.
“En el caso del contrato que nos ocupa, el procedimiento de contratación fue por adjudicación directa, toda vez que por la premura con la que eran requeridas las obras se justificó la necesidad de realizar la contratación directa, contemplándose en el artículo 78 fracción VI de la Ley de Pemex, la cual fue justificada con el documento de justificación a la excepción de la Licitación Pública, Análisis de Mercado por la Dirección de Procura y Abastecimiento, y se somete a aprobación del GAECA”, respondió el funcionario ante la FGR.
“¿Usted sabe las razones por la que la licitación pública no se consideró para este proyecto”, reviraron los fiscales.
“Por la necesidad de contratar con las obras para continuar con el proyecto integral, lo cual retrasaría la ejecución del proyecto, ya que el procedimiento de licitación lleva de 90 a 150 días, ya que de acuerdo al artículo 78 de la Ley de Pemex, ya que si no se realizaba la obra se retrasaría el proyecto, generando costos y pérdidas económicas; es por eso que se decide realizar la adjudicación directa”, contestó el actual encargado de Dos Bocas.
Al final el costo de las obras en la refinería de Tula se elevó hasta rebasar los 2 mil millones de pesos, por lo que el supuesto ahorro generado por la autorización del GAECA se esfumó por completo.
A pesar de estas revelaciones, el Ministerio Público federal no realizó ninguna diligencia para profundizar en la actuación de los funcionarios que eran parte de ese órgano deliberativo de Pemex.
En febrero de 2016 Lozoya fue relevado al frente de Pemex y en su lugar fue designado José Antonio González Anaya, quien casi de inmediato convocó al Consejo de Administración para suspender el contrato con Odebrecht.
El 7 de marzo de 2016, un mes después de que asumiera la titularidad de Pemex, la compañía que presuntamente entregó a Lozoya 10.5 millones perdió el contrato en Tula, pero el caso Odebrecht sigue abierto.
