La detención de Gerardo Sosa Castelán por presuntos movimientos ilícitos a través de empresas fachada y de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo pone fin, en apariencia, a la impunidad de la que gozó desde sus tiempos como dirigente de la organización porril de esa casa de estudios. Aunque los cargos son por probables delitos financieros, los manejos ilícitos del cacique de la UAEH datan de hace cuatro décadas y algunos están documentados en los archivos de los macabros cuerpos de seguridad del régimen priista que lo protegió.
El exrector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) Gerardo Sosa Castelán, detenido por presunto lavado de dinero, peculado y defraudación fiscal, tuvo dos padres políticos: Jorge Rojo Lugo, gobernador que subsidió el porrismo en dicha institución educativa para usar a los estudiantes como grupo de choque, y José Antonio Zorrilla Pérez, sentenciado por el asesinato del periodista Manuel Buendía.
La formación del grupo La Sosa Nostra –como lo llamó el fallecido periodista Miguel Ángel Granados Chapa en alusión a la mafia siciliana La Cosa Nostra, por la corrupción desde la entraña de la universidad, que Gerardo Sosa ha controlado durante más de cuatro décadas–, así como la violencia impune de este personaje fue documentada por los servicios de espionaje del viejo régimen priista, en dos expedientes de las extintas direcciones Federal de Seguridad (DFS) y de Investigaciones Políticas y Sociales (DIPS).
El primer perfil político que la DIPS elaboró sobre él, en 1980, refiere sus nexos con Rojo, quien, narra, solapó la violencia de los integrantes de la extinta Federación de Estudiantes Universitarios de Hidalgo (FEUH) –origen de La Sosa Nostra–, y con Zorrilla, también acusado de brindar protección a Rafael Caro Quintero, Ernesto Fonseca Don Neto y Miguel Ángel Félix Gallardo, líderes del Cártel de Guadalajara, quienes portaban placas de la DFS.
Sosa nació en 1955 en Acaxochitlán, Hidalgo, poblado rural en el que su parentela mantiene control político y donde en 2008 la Procuraduría General de la República aseguró dos ranchos de Jesús Reynaldo El Rey Zambada, hermano del capo del Cártel de Sinaloa Ismael El Mayo Zambada.
En el mismo municipio de sólo 238 kilómetros cuadrados, donde se refugió El Rey, Sosa tiene una finca, Yemila, de 27 hectáreas, según uno de sus parientes que pidió no ser identificado. Su hermano Damián, actual candidato de Morena a la presidencia de Tulancingo, tiene ahí otra propiedad de cuatro hectáreas, en tanto que Agustín, el menor de los hermanos y actual secretario general de la UAEH, posee otra de aproximadamente tres hectáreas.
La DIPS sólo documentaba una propiedad de Sosa: un automóvil Valiant Súper Bee, modelo 1980. Hoy la Unidad de Inteligencia Financiera imputa movimientos ilícitos por 151 millones de dólares a través de empresas fachada y universitarias, bajo el control de Gerardo Sosa.
El congelamiento de cuentas de la UAEH data del 27 de abril de 2019 y ocurrió tras un requerimiento de la estadunidense DEA, que además de presunto lavado señala posible relación con un cártel del narcotráfico y el huachicol. La universidad tiene una gasolinera: Servi Garza, que forma parte de la investigación.
El origen, la violencia, la impunidad
Fichas de la DFS que se encuentran en resguardo del Archivo General de la Nación, consultadas por Proceso, consignan episodios violentos en los que estuvo involucrado Gerardo Sosa.
Un informe del sector especial, elaborado el 6 de julio de 1983, narra que Sosa y tres personas más agredieron a dos empleados del restaurante Alex Steak, ubicado en el Rancho Luna, sobre la carretera a Ciudad Sahagún, cuando “se negaron a servirles más alcohol por el estado inconveniente en el que se encontraban”.
Entonces Sosa Castelán era diputado local por el V Distrito Electoral con cabecera en Tulancingo y secretario general del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado. Los agentes de la DFS añadieron que uno de los acompañantes de Sosa amenazó al encargado del negocio con una pistola.
La DIPS da cuenta de otra agresión y destrozo de mobiliario en el hotel La Joya por parte del exlíder de la FEUH, debido a que los empleados no le rentaron dos cabañas que solicitaba, porque no había ninguna disponible. Por este caso, según los agentes, se integró la averiguación previa 912/984, que, como las 170 iniciadas sólo entre 1987 y 1988 contra miembros de la Federación de Estudiantes por robo, lesiones y secuestro, no procedieron por la protección con la que contaba Sosa.
El joven del municipio rural de Acaxochitlán, estudiante de la licenciatura en derecho, había llegado en 1977 a la presidencia de la FEUH, organización porril que, según la DFS, Rojo Lugo empleó contra políticos como Manuel Sánchez Vite, su antecesor en el gobierno de Hidalgo. Pero la carrera de Sosa despuntó con la diputación que le otorgó el PRI y su nombramiento como líder del sindicato de burócratas en un proceso simulado, como lo revela el informe 26-04-80 de la DFS.
Los agentes relataron que la asamblea en la que se formaría el sindicato y elegirían a sus líderes –Sosa no era funcionario– se efectuaría en el teatro Efrén Rebolledo, de Pachuca, pero nunca se realizó porque ahí había una reunión de campesinos con funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad.
“Posteriormente se informó que ya se había celebrado la asamblea en otro lugar, sin especificar dónde, en la que había resultado electo como secretario general del sindicato Gerardo Sosa, junto con 13 personas más que integrarían el comité”, entre los que se encontraba, como secretario de organización, Sabás Arturo Salinas, uno de sus incondicionales, al que hizo diputado local por Jacala –distrito en el que Salinas nunca vivió– y después fue desaforado tras asesinar a tiros a una mujer en el bar Porkis de Pachuca.
Otro informe, del 3 de abril de 1981, narra que Gerardo fue el probable autor intelectual de una agresión en la preparatoria 2 de Tulancingo contra el entonces presidente de la FEUH, José Francisco Olvera Ruiz, que él colocó en el cargo, pero con quien ya tenía diferencias. El porro que lideró el ataque en el que supuestamente hubo armas fue Zenaido Meneses, el brazo violento de los Sosa Castelán.
En su libro Política y gobierno de Hidalgo, escrito en la década de 1980 y que permaneció inédito cerca de 30 años, el fallecido historiador Arturo Herrera Cabañas –padre del actual secretario de Hacienda– relató que, por la violencia con la que se conducían los porros, provistos de armas presuntamente por la DFS, Zenaido Meneses “estuvo a punto de matar” a Gerardo Sosa, su líder e impulsor político, “en una ocasión en la que le disparó a quemarropa en el edificio central de la universidad” tras una discusión; sin embargo, “alguien levantó la mano de Zenaido en el último momento. El enfrentamiento le costó que su precandidatura a diputado fuera retirada”.
Sosa hizo diputado local a Olvera Ruiz, el primer líder del grupo porril de la FEUH que fue gobernador del estado (2011-2016). Fue una de las 14 curules otorgadas por el PRI como cuota política para La Sosa Nostra de 1975 a 2011. El PAN otorgó una más –para Damián Sosa (2011-2013)– y Movimiento Ciudadano otra –para Miguel Ángel de la Fuente López (2016-2019)–, con las cuales el grupo de Sosa suma 45 años en el Poder Legislativo local.
En febrero de 2019 Sosa renunció al PRI tras buscar en tres ocasiones la candidatura a gobernador y se alió a Morena, por el cual su grupo tiene nueve diputaciones locales y dos más en el Congreso federal: Lidia García Anaya, exsecretaria general del Sindicato de Personal Académico de la UAEH, y María Marivel Solís Barrera, académica de la universidad con licencia.
Las bases de Morena han protestado la intromisión de La Sosa Nostra en Morena por las prácticas que ejercen, como condicionar iniciativas a cambio de prebendas.
“Es difícil que un grupo de personas que se desarrolló con prácticas políticas añejas aceptara renovarse y adoptar estilos de política más igualitarios, democráticos y dignos”, dice a Proceso Susana Ángeles, actual candidata a la Presidencia Municipal de Tizayuca y diputada local con licencia, quien tuvo diferencias públicas con los integrantes de la bancada que responden a Sosa.
Tras la detención del controvertido político, Ángeles considera que los miembros de su grupo “deberán decidir si se quitan el yugo de la disciplina vertical, el pensamiento acrítico y su política de choque para responder a la confianza otorgada por su electorado o circunscribir su papel a ser los engranajes de una obsoleta maquinaria que esperan siga funcionando”.
Por el mismo proceso, el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal adscrito al penal de máxima seguridad del Altiplano, Gregorio Salazar Hernández, también ordenó la captura de dos hijas de Sosa Castelán (Adriana y Ana Carmen Sosa Cravioto) y cinco operadores más, incluidos en la acusación por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por 58 millones 200 mil pesos.
Según la causa penal 264/2020, ese dinero pertenecía a fondos de la UAEH obtenidos mediante aportaciones federales y estatales que fueron triangulados, mediante la empresa fachada Contabilidad del Siglo XXI, a Inmobiliaria, Constructora y Arrendadora Yolo, SA de CV; Contabilidad Automatizada de Hidalgo, SC, y Eficiencia en Negocios y Asociados, SC, todas controladas por el exrector de la UAEH.
Dos homicidios
El 21 de noviembre de 2000, Juan Pablo de Tavira Noriega, quien fue el primer director del penal de máxima seguridad de Almoloya de Juárez, donde ahora está Sosa, fue asesinado a tiros en el comedor del Centro de Extensión Universitaria de la UAEH. El homicida huyó.
Una fuente de la universidad dijo a Proceso que De Tavira había sido citado en ese lugar, que no es público y cuya entrada es restringida, con el pretexto de hacerle una propuesta para incorporarse a la institución como catedrático.
El también exdirector de la Policía Judicial Federal había entregado semanas antes al equipo de transición del entonces presidente electo Vicente Fox un plan de seguridad que competía con el de Genaro García Luna, que con Fox ascendió del Centro de Investigación y Seguridad Nacional a la Policía Federal Preventiva y hoy está detenido en Estados Unidos, acusado de proteger al Cártel de Sinaloa.
El segundo homicidio en el entorno del Grupo Universidad es el de Gerardo Sosa Cravioto, hijo del exrector, que ocurrió el 23 de febrero de 2019 en Tulancingo. Un año después, la Procuraduría de Hidalgo detuvo a Fernando R. M., trabajador de confianza de los Sosa en la finca Yemila, a quien presentó como supuesto responsable.
Érick R. M., hermano del imputado, aseguró que el Ministerio Público no presentó pruebas objetivas y razonables que establezcan la probabilidad de que Fernando, quien era amigo de Sosa Cravioto, haya cometido el homicidio. Por ese motivo acusó a la procuraduría de violaciones al debido proceso, supuestamente por el peso político del presidente del patronato de la UAEH.
Dos días después del homicidio, el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, aseguró que el líder del Grupo Universidad logró hablar con su hijo en el hospital al que había sido trasladado tras recibir disparos, por lo que, consideró, pudo obtener información del asesinato.
Como sus hermanas, Gerardo Sosa Cravioto también está incluido, como accionista, en las constructoras de la familia con las que presuntamente se cometió fraude y lavó dinero.
