Desde el inicio de la emergencia sanitaria por covid-19 en la capital mexicana, en marzo, y hasta finales de julio, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) recibió 125 quejas relacionadas con la falta de atención médica u omisión en los servicios de salud públicos en cárceles y hospitales del gobierno local.
De ese total, 75 quejas fueron interpuestas en la Segunda Visitaduría de la comisión por personas privadas de su libertad, es decir, quienes están recluidas en los 13 centros de readaptación social varoniles y femeniles de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, dirigido por Antonio Hazael Ruiz, y dependiente de la Secretaría de Gobierno de la CDMX, ahora bajo el mando de José Alfonso Suárez del Real.
En entrevista con Proceso, la presidenta de la CDHCM, Nashieli Ramírez Hernández, explica que, entre marzo y mayo pasados, el mayor número de quejas las recibieron del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, el más poblado del Sistema, con sus poco más de 8 mil 500 internos, de los 26 mil que hay en total. En tanto, para junio y julio las quejas se concentraron en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur, que resguarda a poco más de 4 mil 200 reos.
Estas últimas fechas coinciden con la decisión del gobierno capitalino, en acuerdo con el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, de enviar a ese centro, en Xochimilco, a todas las personas de nuevo ingreso como medida de control legal y sanitario y para llevar una mejor organización en la aplicación de pruebas por coronavirus, así como el aislamiento obligatorio de 14 días para evitar contagios entre internos.
Al lado de ese reclusorio se encuentra el Hospital General Torre Médica Tepepan, donde se atiende por diversos problemas de salud a la mayoría de las personas privadas de la libertad y ahora también las que presentan síntomas de coronavirus.
De la población interna femenil, la CDHCM no había recibido quejas al principio de la pandemia, pero en julio comenzaron a llegar desde el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha, donde están internas alrededor de mil 200 mujeres.
A unos meses de la declaración de la pandemia, la prensa difundió quejas de familiares de internos porque no podían pasar a verlos a causa de restricciones sanitarias, como la reducción de hasta 75% de las visitas. También alegaban que estaban incomunicados durante el periodo de aislamiento.
Desde adentro también surgieron voces que acusaban falta de limpieza en algunas áreas de confinamiento; además de que personal de seguridad, identificados como “estafetas”, no portaban bien los cubrebocas y emitían gotas de saliva a la hora de llamarlos por su nombre y en voz alta. Incluso se reportaron casos de custodios que acusaban falta de equipo de protección sanitaria o que, pese a tener síntomas de la enfermedad, presuntamente no les daban permiso para aislarse o ausentarse de sus turnos.
“No son graves”
Nashieli Ramírez reconoce: “Ninguna de las quejas, la verdad, con excepción de una, son quejas de algo grave. La mayoría son sobre falta de atención o cuestiones de cómo pasaron la cuarentena, pues la estrategia que se siguió fue que los nuevos ingresos se quedaban en cuarentena antes de pasar al centro. De hecho, esa medida sigue presente. Se quejaban porque se quedaban más tiempo, decían que ya tenían que salir de la cuarentena”.
Asegura: “Buena parte de estas quejas las estamos ya cerrando porque se fueron resolviendo durante el trámite. Lo que en la comisión hemos pedido hacer durante toda la pandemia, más que privilegiar el realizar investigaciones que nos lleven mucho tiempo, es el poder resolver cosas de manera inmediata. Y como no han sido cosas graves, por lo menos en el tema penitenciario no hay, la mayoría de éstas ya están a punto de cerrar”.
El pasado 13 de julio, Rosa Icela Rodríguez, entonces secretaria de Gobierno capitalina y ahora coordinadora nacional de Puertos y Marina Mercante, informó que en lo que iba de la pandemia, 54 internos de los 13 reclusorios habían fallecido por el virus. Agregó que para entonces había 73 casos positivos activos y destacó que desde tres semanas atrás no se habían registrado nuevos contagios ni decesos.
En videoconferencia, la funcionaria agregó que hasta entonces tenían registrados mil 40 casos positivos acumulados entre personas privadas de su libertad, contagiados por sus familiares, otros visitantes, personal de seguridad o por las personas de nuevo ingreso. Y a partir del 6 de abril, dijo, se habían aplicado 4 mil 607 pruebas a personas de reciente ingreso.
Sobre los 73 casos activos, la funcionaria local explicó que uno estaba en el Centro Especializado para Adolescentes, cuatro en el reclusorio Norte, ocho en el Femenil de Santa Martha, cuatro en el Oriente, uno en la Penitenciaría, cinco en el reclusorio Oriente y 50 en el Sur.
La entonces secretaria de Gobierno capitalina también informó que, con la adquisición de computadoras, se habían realizado 8 mil videollamadas entre presos y sus familias, que 148 habían sido preliberados por razones humanitarias o vulnerabilidad y cinco más esperaban el pago de la reparación del daño para obtener su libertad condicional y salir para resguardarse del virus en su casa.
Destacó que, desde el 1 de mayo, personal de las comisiones nacional y local de Derechos Humanos supervisa y certifica las medidas aplicadas a la población penitenciaria y aseguró que éstas habían reconocido la labor del gobierno capitalino para contener la pandemia entre la población carcelaria.
Entre las 125 quejas recibidas por la CDHCM relacionadas con el covid-19 se cuentan también 32 atendidas por la Tercera Visitaduría entre el 20 de marzo y el 31 de julio, que señalan como principal violación el derecho humano a la salud, de acuerdo con Nashieli Ramírez.
Estas quejas tienen que ver, dice, con falta de medicamentos, inaccesibilidad a los servicios o carencia de materiales quirúrgicos en los diferentes hospitales y centros de salud que dependen de la Secretaría de Salud de la ciudad, a cargo de Oliva López Arellano.
En las reclamaciones de los ciudadanos, agrega, hay tres elementos constantes: el primero es la falta de información sobre el estado de salud de los pacientes con covid-19 o sospecha del mismo, así como del tratamiento y la atención médica recibida.
El segundo versa sobre la “deficiente atención médica: dilación, maltrato y negligencia”; y el tercero responde a la “inaccesibilidad a los servicios públicos de salud por saturación de las instalaciones o que éstas son destinadas exclusivamente para atención de casos covid-19”.
