En Querétaro la élite política se entrelaza con vínculos familiares y partidistas. Quien esté bien relacionado puede obtener privilegios, como lo muestra el caso del exdirigente de la Coparmex en la entidad, Luis Alfonso García Alcocer, primo del exgobernador Mariano Palacios Alcocer y quien logró multiplicar el valor de 10 hectáreas unas 30 veces al modificar el uso de suelo con el apoyo del gobierno estatal y del ayuntamiento de Corregidora.
Corregidora, Qro.- El empresario Luis Alfonso García Alcocer, primo hermano del exgobernador priista Mariano Palacios Alcocer, logró el cambio de uso de suelo para edificar un desarrollo habitacional para 3 mil personas en un predio de 10 hectáreas llamado El Batán, que hace siete años fue decretado Zona de Reserva Ecológica.
El presidente municipal de Corregidora, el panista Roberto Sosa Pichardo, ha intentado justificar esa acción señalando que la familia Alcocer logró el cambio de uso de suelo en El Batán desde 1991, sólo 11 días antes de que Palacios Alcocer concluyera su mandato en el estado.
Sin embargo, fue en la actual administración municipal cuando se aprobó un nuevo cambio de uso de suelo que autoriza construir en esos predios inmuebles de hasta cuatro niveles y con una población por hectárea siete veces mayor que la recomendada en 1991.
“En ese momento lo que aprobó el ayuntamiento fue el cambio de uso de suelo, de forestal, que se tenía anteriormente, en 1991 cambiaron a campestre habitacional (…). Lo tenían ellos en habitacional campestre, ahora nosotros lo pusimos en medio, en habitacional, que es como marca el código”, reconoció el alcalde.
Sobre el incremento de habitantes por hectárea, Sosa Pichardo se excusa: no conocía la densidad aprobada antes porque no se localizó toda la información. Por eso, afirma, sólo se homologaron los “términos” y el pasado 9 de julio el municipio aprobó 300 habitantes por hectárea.
En el periódico oficial del estado La Sombra de Arteaga se publicó, el 27 de septiembre de 1991, que en el cambio de uso de suelo se recomendaba una densidad de sólo 40 habitantes por hectárea: “Se considera viable destinar el predio para desarrollo campestre, sugiriendo, en caso de aprobarse la petición, una densidad de población de 40 Hab/Ha”. Eso se dictamina “con base en que el predio en referencia no tiene posibilidad de desarrollo agrícola”.
El ayuntamiento de Corregidora aprobó el cambio de uso de suelo en tres polígonos que suman las 10 hectáreas: uno de comercio y servicios para 304 viviendas y giros compatibles; el segundo, habitacional para 105 viviendas y giros compatibles; y el tercero, habitacional para 185 viviendas. Los 594 inmuebles podrán alcanzar un máximo de cuatro niveles de construcción, tendrán 40% de área libre y una densidad de población media.
Aunque Sosa Pichardo reconoció el valor ecológico de esas 10 hectáreas, al preguntarle si lamentaba que se desincorporaran de la zona protegida, respondió: “Pues la verdad es que no, así como tú me comentas. Yo te comparto: fue un tema de 1991”.
Parentescos y complicidades
La instancia de la alcaldía responsable de facilitar documentos y expedientes a sus integrantes está a cargo del secretario del ayuntamiento, Samuel Cárdenas Palacios, sobrino de Palacios Alcocer y yerno de Rogelio Vega Vázquez Mellado, jefe del gabinete del gobernador panista Francisco Domínguez Servién.
El ayuntamiento aprobó el cambio de uso de suelo con la totalidad de los votos del PAN, encabezados por su alcalde Sosa Pichardo e incluida la regidora Laura Angélica Dorantes Castillo, pareja de Agustín Dorantes Lámbarri, el actual presidente de comité estatal panista de la entidad.
También votó a favor la única regidora del PRI, Lennyz Meléndez Chacón, sobrina política de Mariano Palacios Alcocer, pues está casada con Roberto de Los Cobos Palacios, expresidente del comité municipal del PRI en Corregidora.
Ese cambio de uso de suelo generó inconformidad. Por ejemplo, el abogado Lizardo Cubillas Herrera, quien tiene 10 hectáreas con aguas abajo de El Batán, en el rancho La Joya, dice que el agua del drenaje de un desarrollo habitacional de esa magnitud contaminará irremediablemente el río El Pueblito, que los pobladores protegen desde hace años.
Añade que contactó al coordinador de los senadores del PAN, Mauricio Kuri González, para que frene esa medida, pero el legislador guardó silencio.
“Si la amistad, los compadrazgos, van a ser mayores que el beneficio social o que lo que se pretende hacer por Querétaro, o en este caso por Corregidora, pues que lo piensen, porque no nos vamos a dejar. En lo personal, voy a defender que por aquí no pase ninguna canaleta de El Batán”, dice Cubillas Herrera.
El abogado admite que son evidentes los intereses detrás de un cambio de uso de suelo que incrementó 30 veces el valor de la tierra.
“Si los van a apoyar los políticos y los amigos y todo eso, bueno, el costo político va a ser grande. Pretendes ayudar; ¿sacas un beneficio económico?… es posible, pero vas a tener consecuencia política”, advierte.
En Querétaro las cúpulas del PRI y del PAN tienen fuertes vínculos familiares. Por ejemplo, Humberto Palacios Alcocer, hermano de Mariano, exgobernador y expresidente del PRI, se casó con la hermana de Mauricio Kuri González, actual coordinador de los senadores del PAN.
Uno de los hijos de ese matrimonio, Humberto Palacios Kuri –sobrino de Mariano Palacios Alcocer y de Mauricio Kuri González, quien procreó un hijo con Alejandra Fernández de Cevallos, sobrina del panista Diego Fernández de Cevallos–, fue designado titular de la Notaría Pública 27 en enero pasado por el gobernador Domínguez Servién.
Votaron a favor de ello los priistas, los panistas y el presidente del Partido Verde Ecologista de México, Ricardo Astudillo Suárez.
Cuando el regidor independiente Zacarías Ávila Corona le pidió a Astudillo que se opusiera a esa medida, recuerda, “él me dijo que eran intereses muy fuertes, que él no quería bronquearse con esa gente”.
También votó a favor la regidora del PT, Gabriela Moreno Mayorga. Los dirigentes de su partido se deslindaron de su decisión.
La otra regidora que votó en contra fue Paola Balostro Sauzo, de Morena.
En 2002 Luis Alfonso García Alcocer se asoció en la empresa Inmobiliaria La Palma, S.A. de C.V., con José Eduardo Calzada Rovirosa, el gobernador que emitió el decreto de área natural protegida de El Batán en 2013.
Lejos de perjudicarlo, ese decreto favoreció a García Alcocer, pues el empresario promovió un juicio de nulidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ésta resolvió a su favor y, además de evadir el decreto, ahora su propiedad está rodeada por una zona de reserva ecológica y cuenta con permiso para edificar inmuebles de hasta cuatro niveles.
La amistad del empresario y la familia Calzada tampoco se dañó. En 2017 García Alcocer constituyó una nueva empresa para ejecutar obras de ingeniería y arquitectura: Monte Alce Inmobiliaria, S.A. de C.V. Esta vez lo hizo con José Ramón Calzada Albarrán, hijo del exgobernador.
En gran parte de su sexenio, Calzada Rovirosa tuvo como secretario particular a Carlos Hale Palacios –otro sobrino de Mariano Palacios Alcocer–, quien continúo en esa función cuando Calzada fue nombrado titular de la Sagarpa por el entonces presidente Enrique Peña Nieto.
La carretera, “un pretexto”
Además de contar con la buena voluntad del gobierno municipal, el expresidente de la Coparmex y del Club de Industriales en Querétaro, Luis Alfonso García Alcocer, es favorecido por Domínguez Servién, quien impulsa la ampliación de una carretera a un lado de El Batán.
El regidor síndico panista Carlos Jiménez Rodríguez revela que el alcalde les pidió votar a favor del cambio de uso de suelo porque la obra estatal afectaba la tierra del empresario y el cambio de uso de suelo compensaría esa afectación. De lo contrario, les dijo, la carretera que beneficiaría a la zona podría detenerse.
“Sé bien que por estas decisiones que tomamos se afecta en gran medida el tema ecológico en esta reserva que tenemos y esta maravilla natural que es el río. Sin embargo, son parte de las negociaciones que están pidiendo los propietarios de esos predios afectados para que se pueda completar esta obra”, aseguró.
Al exponerle a Jiménez Rodríguez que el alcalde negó lo anterior, sostiene su versión: que el alcalde panista les pidió aprobar el cambio de uso de suelo en una reunión. En su caso, el regidor síndico justificó su voto a favor por ser originario de El Jaral, comunidad por donde pasa la carretera de cuatro carriles que cruza parte de las tierras de los Alcocer.
Para el regidor independiente Zacarías Ávila Corona, se usó el pretexto de que se “tocó un poco de sus tierras” para autorizarle a García Alcocer el cambio de uso de suelo a modo.
“Es un acto de corrupción disfrazado de modernidad, engañando a la población de Corregidora, en especial a las comunidades, de llevar a la modernidad”, dice Ávila, y advierte que las aguas residuales del complejo habitacional terminarán en el río El Pueblito.
El regidor independiente no tiene dudas: “Las familias que se entrelazan ahí entre la secretaría del ayuntamiento, la Dirección de Desarrollo Urbano, incluido el jefe de gabinete actual en Querétaro, arreglaron todo para que eso se les diera de esa manera”.
De la carretera –que junto con otras dos vialidades costará 390 millones de pesos– todavía no se construye el tramo donde está la propiedad de García
Alcocer.
Durante un recorrido por el lugar, Ávila Corona mostró el área ecológica de El Batán con indignación porque, dice, se privilegia el dinero sobre la importancia de proteger el pulmón más importante de Corregidora.
Hasta ahora el gobierno municipal no ha publicado los acuerdos en la gaceta municipal y el secretario del ayuntamiento, Samuel Cárdenas Palacios, no atendió la petición de entrevista que este reportero le formuló por escrito.
A su vez Luis Alfonso García Alcocer respondió, por conducto de su asistente Malena Lugo, que no otorgaba la entrevista porque saldría del país.
