Con el pretexto de reducir gastos operativos ante la emergencia por el covid-19, el gobierno federal desapareció o redujo programas para promover el empoderamiento y la igualdad de las mujeres, así como para combatir la violencia de género, cuyas ominosas cifras siguen en aumento.
La tarde del jueves 6, los 500 diputados y diputadas federales almacenaban en sus correos electrónicos institucionales más de 4 mil 250 mensajes enviados por conducto de la oficina en México de Amnistía Internacional (AI) con una sola exigencia: “¡No a la reducción de presupuestos para las mujeres!”.
La campaña de la organización internacional, iniciada el 22 de julio, pretende llegar al menos a 6 mil firmas, que se traducen en el mismo número de mensajes dirigidos a los diputados federales ante la preocupación por las reducciones presupuestales etiquetadas “para instituciones y programas que garantizan el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia” (conocido como Anexo 13: Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres), bajo el pretexto de la contingencia sanitaria del covid-19, ordenados por un decreto presidencial del 23 de abril que obliga a entidades de la administración federal a reducir 75% los gastos de operación.
Tras la renuncia a 151.9 millones de pesos del presupuesto del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) el 15 de abril, AI se preguntó: “¿Dónde está ese dinero? Porque sabemos que el presupuesto del Anexo 13 está sujeto a una cláusula muy importante que es producto de la lucha de muchas mujeres en este país, que es que no se puede tocar sin la aprobación de la Cámara de Diputados; es un monto presupuestario que no se puede reducir, sólo se puede reasignar”, dice en entrevista Tania Reneaum, directora ejecutiva de AI.
Ante “el silencio del contrapeso natural del Poder Ejecutivo, que tiene que ser la Cámara de Diputados”, AI lanzó la campaña Queremos Nuestro Presupuesto, por la que exigen el cumplimiento de la legislación que blinda los recursos dirigidos a disminuir las desigualdades entre hombres y mujeres y abatir las violencias contra ellas.
“Lo que se le pide a los diputados es que hagan comparecer al secretario de Hacienda (Arturo Herrera) para que explique cómo se van a manejar estos reajustes presupuestarios, y que la Cámara de Diputados haga su trabajo, ser contrapeso, de preguntarle al Ejecutivo y de ponerle frenos si es que no estuviera haciendo bien su labor”, sostiene Reneaum.
A esa exigencia se han sumado otras organizaciones civiles, integradas en el colectivo Nosotras Tenemos Otros Datos, así como legisladoras que forman parte del Grupo de Trabajo Plural por la Igualdad Sustantiva.
Las inquietudes de la activista y de los miles de firmantes se sustenta en las ominosas cifras oficiales sobre la violencia contra las mujeres que reporta el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública correspondientes al primer semestre de 2020: mil 916 asesinatos, 473 clasificados como feminicidios, es decir casi 11 muertes violentas de mujeres al día; 104 mil 331 carpetas de investigación por delitos de violencia familiar; mil 800 denuncias por delitos de violencia de género, y 7 mil 887 denuncias por violación.
Aun con las limitaciones que implica el confinamiento por la pandemia de covid-19, cifras oficiales advierten que en el primer semestre del año el número de emergencia 911 recibió 352 mil 526 llamadas por violencia familiar; 118 mil 136, por violencia de pareja, y 131 mil, por violencia contra la mujer.
Ante las expresiones contra los recortes presupuestales en la atención a mujeres, el 29 de julio la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, acompañada de la presidenta del Inmujeres, Nadine Gasman, presentó un informe sobre los recursos canalizados para la atención de mujeres durante el primer semestre de 2020, equivalentes a 554 millones de pesos invertidos en los Programas de Apoyo a Instancias de Mujeres de las Entidades Federativas, y 88 refugios y centros externos, así como 16.5 millones en Casas de la Mujer Indígena y Afromexicana (Camis), en tanto que de los 20 millones 983 mil 55 beneficiarios de los programas insignia de esta administración (Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida, Pensión para Adultos Mayores, Apoyo a Niñas y Niños de Madres Trabajadoras, Pensión para Personas con Discapacidad, Becas Benito Juárez y Becas para Educación Media Superior) 52% de ellos son mujeres, es decir, 10 millones 974 mil 24.
Para Wendy Figueroa, coordinadora de la Red Nacional de Refugios (RNR), los anuncios de las funcionarias federales refleja “una visión contable en la que dejamos de ver a las personas, sus derechos y necesidades… es una numeralia transformada en la entrega de recursos de manera directa, que se vuelve clientelar, que no va dirigida a disminuir las brechas de desigualdad y discriminación”.
En entrevista, Figueroa alerta que la presunción de que esta administración ha incrementado considerablemente los fondos para el Anexo 13, a 103.47 millones de pesos presupuestados para este año, reside en que a ese presupuesto se agregaron los programas insignia.
De acuerdo con un análisis del Anexo 13 realizado por la RNR, tan sólo los recursos asignados a la Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores, en la que están inscritas 4 millones 492 mil 176 mujeres, “representan 30% del Anexo, mientras que los programas para promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres (E015 Gobernación ) y para atender la salud materna, sexual y reproductiva (P920 Salud) apenas representan 2% del Anexo”.
El documento agrega que en cuanto a los refugios y centros de atención externa para mujeres víctimas de violencia, “se le asignaron 405 millones de pesos, monto que apenas representa 0.3% del total del Anexo 13”, en tanto que para las Camis se asignó 0.07% de los fondos totales, pese a que ese programa “también ha sido impactado con los recortes, retrasos y retenciones del presupuesto”.
Ante el anuncio del 29 de julio, Figueroa recuerda que falta entregar al menos 14 millones de los fondos etiquetados a las Camis y que aún no se ha esclarecido qué pasará con 37 millones de pesos destinados a subsidiar el mecanismo de Alerta de Violencia de Género en ocho entidades.
“El peor de los escenarios”
Martha Tagle Martínez, diputada federal por Movimiento Ciudadano, alerta que “el sello” de la administración de Andrés Manuel López Obrador es que “se han visto reducidos en monto y en número de programas dirigidos a los temas de reducir brechas de desigualdad y atender situaciones de violencia contra las mujeres, lo cual ha sido mucho más claro durante la emergencia por todo el tema de los recortes y las reservas que tiene la Secretaría de Hacienda, pero ha sido desde el inicio de la administración”.
El señalamiento de Tagle está sustentado en informes del Centro de Estudios para las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados sobre el Anexo 13.
En uno de ellos se resalta que en este 2020 desaparecieron 23 programas del Anexo 13, tomando en cuenta que en 2008 hubo “programas específicos que promovían el empoderamiento de las mujeres”, sobre todo del área rural e indígena.
Los documentos de la Cámara de Diputados alertan sobre la tendencia en la reducción de montos en programas presupuestarios destinados a las mujeres, 19 en el Presupuesto de Egresos de la Federación en 2019, y 15 en el de 2020.
El año pasado, de acuerdo al Desagregado General del Anexo 13, de las “443 acciones que promueven la igualdad entre mujeres y hombres, la erradicación de la violencia de género y la no discriminación (…) 268 acciones tuvieron una disminución de recursos”.
En tanto que se han eliminado programas que promueven el empoderamiento de las mujeres, el CEFP destaca que en 2019, de los recursos destinados a atender las brechas de desigualdad y la violencia, 62.9% se concentraban en las entregas de dinero en la Pensión para el Bienestar para las Personas Adultas Mayores.
En un informe sobre los recortes presupuestarios de este año, el CEFP documenta que si bien la Cámara de Diputados aprobó un presupuesto de 103 mil 475 millones de pesos para el Anexo 13, “durante el primer semestre del año se redujo en 2 mil 163.9 millones de pesos, en el presupuesto autorizado anual”, afectando programas como Producción para el Bienestar, Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos, Salud Materna, Sexual y Reproductiva, y Sembrando Vida.
Ante el decreto de austeridad, para el primer semestre del año la Secretaría de Hacienda autorizó el ejercicio de 65 mil 139.7 millones de pesos del Anexo, pero solamente se han erogado 49 mil 857 millones, por lo que hay un rezago de 15 mil 283.3 millones, del cual 86.6% corresponde al programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.
Para Tagle la concentración de recursos del Anexo 13 en los programas insignia de López Obrador “está relacionado con la representación de las mujeres en la población; no tienen, de ninguna manera, como propósito disminuir las brechas de desigualdad”.
Alerta que pese a la existencia de recursos públicos, así como de legislación destinada a prevenir y sancionar las violencias contra las mujeres, “no ha habido resultados ni en las anteriores administraciones ni mucho menos en ésta”.
Tagle sostiene que durante la administración de López Obrador “estamos en el peor de los escenarios”, porque los datos oficiales evidencian que “las violencias contra las mujeres van en aumento en distintos tipos y modalidad”, mientras el presidente mantiene un discurso que encasilla a las mujeres como responsables de realizar trabajo en casa y de cuidados.
La legisladora alerta que la “visión errónea y atrasada” del presidente explica por qué considera que entregando dinero se resuelven los problemas de las mujeres, “simple y sencillamente significa bajar recursos a la población con una visión neutra, que está integrada por mujeres y por hombres, pero por igual, como si no hubiera desigualdades”.
La legisladora de MC considera que mientras no se modifique esa perspectiva de atención a las mujeres, las exigencias y las protestas por una atención seria van a continuar.
“Hay un cambio cultural y generacional que están empujando muy duro por el reconocimiento de los derechos de las mujeres, que no están dispuestas a vivir con miedo, a que las violenten en la calle; hablamos de un movimiento de mujeres y feministas que puede convertirse en la piedrita en el zapato del presidente, hasta que no atienda de manera seria las violencias contra las mujeres”, puntualiza.
