Uno de los capítulos pendientes de la agenda de diversidad de la Ciudad de México culminó el 24 de julio cuando el Congreso local prohibió las llamadas terapias de conversión, aplicadas sobre todo por instituciones religiosas y seudomédicas que mediante torturas pretenden violentar la orientación sexual de los ciudadanos. Y si bien la capital del país ya avanzó en ese sentido, falta aún que el Legislativo federal haga algo similar.
Por ser un delito “contra el libre desarrollo de la personalidad y la identidad sexual”, en el Código Penal de la Ciudad de México acaban de prohibirse las llamadas terapias de conversión, que son los tratamientos cuyo objetivo es anular o modificar la orientación sexual de las personas, valiéndose de la violencia física, moral y emocional.
El pasado 24 de julio, el Congreso de la Ciudad de México aprobó esa reforma, con la cual ya se sancionan con penas de dos a cinco años de prisión estas prácticas de tortura, promovidas principalmente por instituciones eclesiásticas, educativas y seudomédicas, que desde hace varios años afectan a la comunidad LGBTTTI.
El diputado morenista Temístocles Villanueva, principal impulsor de esta iniciativa en el Congreso capitalino, asegura: “Esta reforma es un avance muy importante en favor de los derechos de las personas de la diversidad sexual. Sólo es comparable con el reconocimiento del matrimonio igualitario implementado hace 11 años, en 2009, también en la Ciudad de México”.
–¿Qué implicaciones podría traer esta reforma?
–Estas prácticas de tortura ya se convirtieron formalmente en un delito y, por lo tanto, pueden ser denunciadas penalmente o incluso ser perseguidas de oficio cuando las víctimas sean menores de edad.
Por su parte, Iván Tagle, director de Yaaj, asociación civil que atiende a víctimas de terapias de conversión, comenta: “Con la reforma por fin se hará justicia a los sobrevivientes de todas estas horrorosas prácticas, basadas en concepciones religiosas y seudocientíficas que consideran a la homosexualidad una enfermedad que debe curarse.
“Ahora ya podemos denunciar a los ministros de culto, profesores y psicólogos que están promoviendo las terapias de conversión en la Ciudad de México. Incluso, la ley nos da herramientas para obligar al Estado a prevenir estas prácticas delictivas.”
Incluida en el apartado sobre los delitos “contra el libre desarrollo de la personalidad y la identidad sexual”, la reforma quedó asentada en el artículo 190 Quater del Código Penal, que dice textualmente: “A quien imparta u obligue a otro a recibir una terapia de conversión se le impondrán de dos a cinco años de prisión y de cincuenta a cien horas de trabajo en favor de la comunidad. Este delito se persigue por querella.
“Se entiende por terapias de conversión aquellas prácticas consistentes en sesiones psicológicas, psiquiátricas, métodos o tratamientos que tengan por objeto anular, obstaculizar, modificar o menoscabar la expresión o identidad de género, así como la orientación sexual de la persona, en las que se emplea violencia física, moral o psicoemocional, mediante tratos crueles, inhumanos o degradantes que atenten contra la dignidad humana.
“Si la terapia de conversión se hiciere en un menor de dieciocho años de edad o persona que no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o persona que no tenga la capacidad de resistir la conducta, la pena se aumentará en una mitad y se perseguirá de oficio.”
Con 12 años de atender a sobrevivientes de terapias de conversión, Tagle menciona que éstas se valen de la privación de la libertad, violaciones sexuales, electrochoques, medicación forzada, ayunos, prácticas de repulsión, exorcismos y otros métodos encaminados a desterrar la homosexualidad de las personas.
Y agrega: “La discriminación y los atropellos generalmente comienzan dentro del hogar; siempre hay alguien que aconseja a los padres de familia que se puede curar la homosexualidad de su hijo o el lesbianismo de su hija. Y al quererlos rescatar de su supuesto extravío sexual, los mismos padres propician que sean víctimas de los delitos más atroces”.
A partir de ahí, refiere, se puede optar por una “terapia individual” con un psicólogo, o bien por una de las tantas “terapias colectivas” que se realizan en el país.
Estas últimas, añade, actualmente se realizan en “anexos” o “granjas” donde también se trata a personas con problemas de drogadicción y alcoholismo, en supuestas clínicas que trabajan de manera clandestina o en reuniones grupales disfrazadas de “retiros espirituales” que son promovidos por distintas Iglesias e instituciones educativas.
“En todos estos casos siempre hay un discurso religioso de trasfondo. Todos los sobrevivientes de estas prácticas nos comentan que siempre estuvo presente esta parte religiosa y espiritual”, apunta Tagle.
Torturas
–¿Tienen alguna peculiaridad las terapias de conversión realizadas en los anexos? –se le pregunta a Tagle.
–Sí, claro. En los anexos ya hay de entrada una privación de la libertad. Y junto con la drogadicción y el alcoholismo, ahí se trata la homosexualidad como una enfermedad más. La violencia física es muy fuerte en esos espacios. A las lesbianas, por ejemplo, se les somete a lo que ahí llaman “violaciones correctivas”, que son violaciones sexuales realizadas con el propósito de que sientan atracción por los hombres. De los gays, ahí se dice que padecen “descoyuntamiento sexual”, debido una experiencia traumática que padecieron siendo niños.
“Ahí también se dan mucho los golpes, el dejar a los internos sin comer y sin dormir, el bañarlos con agua fría para dizque curarlos. Por si fuera poco, el crimen organizado está muy ligado a estos espacios, como lo acabamos de ver en el multihomicidio en un anexo de Irapuato. Por desgracia, este tipo de casos son los que más atendemos.”
–¿Cómo son las terapias en las llamadas clínicas?
–Es muy difícil seguir los movimientos de las clínicas, precisamente porque no hay quien las denuncie. Se mueven mucho en la clandestinidad. Incluso suelen cambiar su discurso de “curar la homosexualidad” por el de “desarrollar la heterosexualidad”.
“Pero algunas se publicitan, como una clínica en Jalisco manejada por un tal doctor Everardo Martínez, que promete desarrollar la heterosexualidad en sólo cuatro meses. Yo me pregunto si ya hay padres de familia que le hayan dicho: ‘Doctor, devuélvame mi dinero, mi hijo sigue siendo gay después de cuatro meses’. Estos centros de tratamiento son un gran negocio para los charlatanes”.
Según algunos reportes, indica, la “medicación forzada” es común en estas clínicas, muy dadas a utilizar Ludomil y Dogmatil, medicamentos destinados a tratar desórdenes neurológicos. Lo mismo utilizan “prácticas de repulsión”, consistentes en provocar estímulos negativos que contrarresten el apetito sexual.
Por otro lado, dice, Vencer es una organización que se mueve a escala nacional y que presume de tener la cura para la homosexualidad. Y hasta en algunas sesiones denominadas de coaching –muy de moda actualmente– se dan “terapias de choque” encaminadas al mismo objetivo, añade Tagle.
–¿Qué características tienen las terapias promovidas por las Iglesias?
–Las Iglesias realizan las terapias de conversión camufladas generalmente como retiros espirituales. En éstos se aplica una violencia más psicológica y emocional. Ahí llegan a afirmar incluso que el demonio provoca la homosexualidad, por lo que de pronto recurren a exorcismos, que también son una violación a los derechos humanos.
Hay incluso instituciones educativas ligadas a la Iglesia, dice, que realizan estos retiros espirituales. Menciona concretamente a la Universidad Anáhuac, de los Legionarios de Cristo, congregación católica fundada por el sacerdote pederasta Marcial Maciel.
“Estudiantes de la Universidad Anáhuac nos comentan que en estos retiros se considera a la homosexualidad como un pecado que hay que desterrar. Aquí ya hay un maltrato psicológico”, dice el entrevistado.
Agrega que el Frente Nacional por la Familia, que aglutina a cientos de organizaciones de laicos católicos, “también viene manejando el discurso de que la naturaleza humana es ser heterosexual, por lo que debe ayudarse a los homosexuales a salir de su problema”.
“Renunciar a los demonios”
De dos terapias de exorcismo fue víctima Jazz Bustamante Hernández por el hecho de ser mujer transgénero.
Cuenta su experiencia: “En 2008, cuando tenía 17 años, por primera vez fui sometida a una terapia de exorcismo que me realizaban cada semana, durante cuatro meses, en el templo evangélico pentecostés El Buen Pastor, ubicado en Valle de Chalco, Estado de México. Los exorcistas le pedían a Dios que sacara de mi cuerpo los demonios de la homosexualidad.
“La segunda ocasión fue en 2012, en un retiro espiritual de tres días, en la Hacienda de Mina; un área con cabañas en el municipio de Minatitlán. A ese retiro asistieron unas 300 personas que llegaron de distintos puntos del país. También fue organizado por evangélicos.
“Todos estuvimos en ayuno y penitencia, tomando solamente líquidos. Nos hicieron escribir un inventario moral de nuestra vida. En esos rituales –hincados y con antorchas encendidas a los lados– nos hacían repetir: ‘Renuncio al demonio del homosexualismo’, ‘renuncio al demonio del lesbianismo’. Nos pedían vivir en celibato durante un año para purgar nuestros pecados y, después de ese tiempo, llevar una vida heterosexual.
“Intentaron cortarme el cabello para tener apariencia masculina. Yo me negué. Para mí fue una experiencia traumática. Regresé a casa con ataques de ansiedad y dolores de cabeza, pensaba incluso en suicidarme. Afortunadamente ya todo eso quedó atrás. Hoy asumo plenamente mi identidad de mujer trans. Vivo en la ciudad de Veracruz, donde fundé la asociación civil Soy Humano para apoyar a las personas de la diversidad sexual.”
Tanto la OMS como la Asociación Psiquiátrica Americana descartan que la homosexualidad sea una enfermedad. Por lo tanto, descalifican las terapias de conversión porque no hay nada que curar.
Comenta Villanueva: “Las terapias de conversión no tienen nada de terapia, sino al contrario, constituyen delitos que deben perseguirse porque ejercen los tres tipos de violencia estipulados en el Código Penal: la física, la psicoemocional y la moral, atentando contra el libre desarrollo de la personalidad”.
Cuenta el legislador que fueron precisamente las víctimas aglutinadas en Yaaj, respaldadas por la ONU y por algunas embajadas de países europeos, quienes se acercaron a él para ver la posibilidad de tipificar como delito las terapias de conversión.
A partir de ahí, dice, “se inició de nuestra parte un proceso de revisión” para ver la posibilidad de sancionarlas en el Código Penal de la Ciudad de México. Hubo foros y pláticas con miembros del Poder Judicial, del Consejo para Prevenir la Discriminación y de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, para elaborar una iniciativa de avanzada.
Villanueva presentó la iniciativa en septiembre de 2018 –“fue la primera iniciativa que yo presenté como diputado”–, y finalmente fue aprobada el pasado 24 de julio, con 49 votos a favor, nueve en contra y cinco abstenciones.
“Tuvimos la ventaja de que el libre desarrollo de la personalidad es un derecho que ya estaba acreditado en la Constitución de la Ciudad de México”, dice.
–Sin embargo, es sólo en la capital del país donde se sancionan estas prácticas…
–Así es, falta sancionarlas a nivel federal. Con ese objetivo ya hay una iniciativa en el Senado para reformar el Código Penal Federal y además la Ley General de Salud, para que en esta última se castigue a los profesionales de la salud que pudieran estar involucrados en estos actos delictivos.
En efecto, estas reformas en la Cámara Alta son impulsadas por tres senadoras de distintos partidos: Patricia Mercado, de Movimiento Ciudadano; Alejandra Lagunes, del Partido Verde, y Citlalli Hernández, de Morena. Su iniciativa ya se dictaminó en comisiones, falta someterla a votación en el pleno.
Concluye Villanueva: “Tengo confianza en que en todo el país se prohibirán estas prácticas, porque además esa es la tendencia mundial. Facebook e Instagram, por ejemplo, acaban de prohibir la promoción de las terapias de conversión en sus redes sociales. Por nuestra parte, seguiremos impulsando la defensa de los derechos humanos con perspectiva de género”.
