En medio del ruido mediático por la extradición de Emilio Lozoya, el gobierno federal se ha concentrado en crear expectativas por las revelaciones sobre los casos Agronitrogenados y Odebrecht. Sin embargo, guarda silencio sobre Fertinal, cuya compra fraudulenta costó al erario 635 millones de dólares, equivalentes a tres aviones presidenciales. En esta operación –en la que el exdirector de Pemex jugó un papel clave– no sólo están implicados funcionarios del primer círculo de Peña Nieto, sino también un empresario cercano al presidente López Obrador: el multimillonario Ricardo Salinas Pliego.
Hasta el momento, ni la Fiscalía General de la República (FGR) ni el presidente Andrés Manuel López Obrador han expresado interés en que Emilio Lozoya Austin revele los detalles de la adquisición de Grupo Fertinal, la última operación de su gestión al frente de Pemex y que implicó al primer círculo del expresidente Enrique Peña Nieto, así como al multimillonario Ricardo Salinas Pliego y su socio, Fabio Massimo Covarrubias Piffer.
La compra de Fertinal costó 635 millones de dólares a Pemex, equivalentes a tres aviones presidenciales. Este monto contempló la compra de acciones con un sobreprecio de 193 millones de dólares y el reembolso de 406 millones de dólares en créditos que la empresa debía a dos compañías de Salinas Pliego, los cuales incluían un dividendo de 50 millones de dólares, decretado dos meses antes de la compra, cuando aquella firma estaba en quiebra y no tenía fondos.
Pese a que la Auditoría Superior de la Federación, Pemex, la FGR, la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Unidad de Inteligencia Financiera han investigado el caso, detectado irregularidades e incluso acreditado actos de corrupción, el tema de Fertinal no destaca entre las prioridades de la Cuarta Transformación en el contexto de la extradición de Lozoya.
Todo lo contrario: en reiteradas ocasiones la administración se ha negado a entregar documentos sobre la compra de Fertinal, solicitados mediante la Plataforma Nacional de Transparencia.
Apenas el pasado 2 de julio Proceso recibió una resolución del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), la cual confirmaba que la Unidad de Responsabilidad en Pemex –que depende de la SFP– reservó los expedientes de investigación que derivaron en las inhabilitaciones y multas multimillonarias contra Édgar Torres Garrido, amigo y exasesor de Lozoya en Pemex.
Proceso había solicitado estos expedientes para incluirlos entre las decenas de evidencias que presentó ante la demanda por “daño moral” que Salinas Pliego y Banco Azteca interpusieron contra este semanario y tres de sus integrantes en septiembre de 2019.
Los abogados del magnate y su banco interpusieron la demanda como reacción a un reportaje que acreditó que, mediante las sociedades de papel NPK Holding AB y Base Rock, BVBA –incorporadas en Bélgica y Suecia, respectivamente– Salinas Pliego controlaba 29% de las acciones de Grupo Fertinal en el momento de su venta a Pemex, en diciembre de 2015.
La investigación también resaltó que el magnate tenía en prenda todas las demás acciones de Fertinal –que pertenecían formalmente a Covarrubias– en un fideicomiso de Banco Azteca; sus abogados manejaban las cuentas bancarias de la empresa y sus filiales, así como el consejo de administración de la empresa, y dos de sus firmas –Banco Azteca y Arrendadora Internacional Azteca– eran acreedoras de Fertinal.
Además, en los últimos meses Pemex reservó durante cinco años la información sobre la adquisición de la empresa, mientras que Nafin y Bancomext se negaron en ocho ocasiones a entregar información sobre los créditos otorgados para comprar Fertinal mediante una serie de amparos contra órdenes del Inai.
Estos créditos, suscritos con Nafin, Bancomext y Banco Azteca, resultaron clave en el caso Fertinal, pues sin ellos Pemex Fertilizantes no hubiera tenido los recursos para la compra; sin embargo, en su denuncia de marzo del año pasado, Pemex sostuvo que la empresa estaba “en quiebra” y que por lo tanto “no era sujeto de crédito”, situación que los bancos de desarrollo conocían de antemano.
Para autorizar el crédito Nafin aprobó una “excepción normativa” –pues se supone que no puede otorgar préstamo para refinanciar pasivos o comprar acciones– y obligó a Pemex a hacerse garante del préstamo, pues el plan de negocios ya adelantaba que la adquisición de la empresa era insostenible.
Banco Azteca resultó ganador: con la seguridad de que Pemex pagaría, prestó dinero para reembolsar créditos que Fertinal debía pagar a la brevedad a empresas de Grupo Salinas y no tenía recursos para hacerlo. En otras palabras: transformó créditos incobrables en deuda pública, que la sociedad mexicana pagará durante la próxima década.
Testigo silencioso
La FGR le imputa a Lozoya diversos delitos derivados de los casos Odebrecht y Agronitrogenados; en las audiencias que se llevaron a cabo a puerta cerrada la semana pasada, la Fiscalía señaló los supuestos sobornos millonarios que cobró el exdirector de Pemex a cambio de sus favores.
Él se declaró inocente de todos los cargos y reiteró su disposición a colaborar con las autoridades mediante un “criterio de oportunidad”; prometió que sus pruebas desnudarían a las “altas autoridades del Estado” en tiempos de Peña Nieto.
Según las filtraciones publicadas hasta el momento en la prensa, el tema Fertinal no forma parte de la información que Lozoya ofreció al gobierno federal cuando negoció las condiciones de su extradición. El exfuncionario ha obtenido un trato de favor, pues no ha pisado la cárcel en México y ha logrado seguir su proceso en libertad condicional, con un brazalete electrónico, a pesar de que estuvo prófugo de la justicia nueve meses, escondido en un fraccionamiento exclusivo de Málaga.
En sus conferencias matutinas de la semana pasada López Obrador señaló que la colaboración de Lozoya le da derecho a gozar de “ciertas consideraciones” por parte de las autoridades. El mandatario pidió a la sociedad que concentre su atención en las confesiones del exdirector de Pemex respecto a los pagos de Odebrecht a las campañas electorales del PRI y a los presuntos sobornos pagados a legisladores –hizo énfasis en el PAN– a cambio de su aprobación de la reforma energética.
El interés del mandatario se enfoca en temas partidistas; no se ha indicado que Lozoya colaborará con las autoridades sobre otros sonados casos de corrupción –como el de Fertinal o el de la constructora española OHL, por ejemplo– de los cuales el exfuncionario conoce cada detalle, pues jugó un papel central en ellos.
Para concretarse, la operación de Fertinal implicó la movilización de todo el primer círculo de Peña Nieto, incluyendo al propio exmandatario: fue impulsada desde Los Pinos, diseñada y defendida por el equipo de Lozoya, aprobada por el Consejo de Administración de Pemex y su presidente, Pedro Joaquín Coldwell, y financiada con los créditos de Nafin y Bancomext, presididos ambos por el exsecretario de Hacienda Luis Videgaray Caso.
Proceso documentó los engranajes de esta mecánica desde hace año y medio y mostró que estos funcionarios avalaron el inexplicable dividendo de 50 millones de dólares –que, según una denuncia interpuesta ante la Comisión de Bolsa y Valores estadunidense, fueron usados como soborno a Peña Nieto–; también supieron que la empresa estaba en pésimas condiciones financieras, que el avalúo inflaba el valor real de los activos y que la operación resultaría en un mal negocio para Pemex.
Lozoya conoce a la perfección la compraventa de Fertinal. Esta operación se extendió durante los últimos ocho meses de su gestión: el exfuncionario renunció a la dirección de Pemex el 8 de febrero de 2016, apenas 11 días después de la asamblea general de Grupo Fertinal que oficializó el traspaso de acciones a Pemex Fertilizantes –con la toma de posesión del nuevo Consejo de Administración y de la nueva dirección, a cargo respectivamente de Carlos Roa Rodríguez y Édgar Torres Garrido, dos asesores de Lozoya–, y concretó el pago a las empresas de Salinas Pliego y el reparto del dividendo.
En julio de 2019, antes de huir, Lozoya advirtió que se defendería de las acusaciones en su contra –entre ellas en los casos de Odebrecht, Agronitrogenados y Fertinal–, evidenciando el papel de Videgaray en estas operaciones. Sin embargo, desde que la policía española lo detuvo en febrero pasado el tema de Fertinal ya no salió a flote.
Trato preferencial
La historia de Fertinal está íntimamente ligada a la de Agronitrogenados. Ambas nacieron de la privatización de la paraestatal Fertimex, en 1992 –por Jacques Rogozinski Schtulman, entonces director de la Unidad de Desincorporación de Entidades Paraestatales– y se degradaron a lo largo de las últimas dos décadas y media.
Ambas empresas fueron compradas –con precios inflados y sospechas de corrupción de por medio– de acuerdo con una estrategia nacional de producción de fertilizantes lanzada por Peña Nieto, incorporadas a Pemex durante la gestión de Lozoya y financiadas con créditos de Nafin, dirigido por el mismo Rogozinski.
La diferencia principal entre ambos casos reside en sus protagonistas principales: Agronitrogenados fue vendida a Pemex por Altos Hornos de México, SA (AHMSA), propiedad de Alonso Ancira Elizondo, un viejo amigo del expresidente Carlos Salinas de Gortari y enemigo de López Obrador. El gobierno federal está operando para que AHMSA pase a manos del empresario regiomontano Julio César Villarreal Guajardo, aliado y mecenas del tabasqueño.
En el caso Fertinal, si bien el director y rostro oficial de la empresa era el empresario de origen italiano Fabio Massimo Covarrubias Piffer, desde 2006 su verdadero dueño era Salinas Pliego, aunque él siempre lo negó.
Sentado en la segunda mayor fortuna del país –con más de 11 mil 700 millones de dólares–, Salinas Pliego ha recibido un evidente trato preferencial por parte del gobierno de la llamada Cuarta Transformación, y sobre todo de su líder, quien en dos ocasiones tomó su defensa en su conferencia matutina, al aseverar que en el caso Fertinal no existía ninguna denuncia contra el magnate.
Es más: en septiembre de 2019, cuando una periodista preguntó al mandatario sobre un texto del Wall Street Journal que confirmó los vínculos entre Salinas Pliego y las sociedades europeas –revelado semanas antes por Proceso–, el tabasqueño desestimó el señalamiento y lanzó una crítica contra el periódico estadunidense.
Desde el arranque de su administración López Obrador nombró a allegados de Salinas Pliego en puestos estratégicos, como Esteban Moctezuma Barragán en la SEP o Jorge Mendoza Sánchez en Banobras –este último, hijo del político priista Jorge Mendoza Garza, socio y amigo del magnate–; aparte, el mandatario entregó a Banco Azteca la operación de las tarjetas del Bienestar para distribuir los recursos de los programas sociales federales.
En meses recientes López Obrador perdonó públicamente los ataques virulentos propinados por TV Azteca contra el subsecretario Hugo López-Gatell y las medidas sanitarias implementadas por el gobierno ante la pandemia de covid-19, además de que cerró los ojos ante el rechazo de Grupo Salinas a seguir la política gubernamental.
Estos ataques no erosionaron la confianza que el presidente deposita en el magnate: el pasado 8 de julio lo invitó a formar parte de la comitiva de 11 empresarios mexicanos que acudió a la cena organizada en Washington para celebrar el primer encuentro entre López Obrador y el presidente estadunidense Donald Trump.
