Alonso Ancira, expresidente de Altos Hornos de México, ha dedicado las últimas semanas a impedir su extradición, luego de que el 27 de mayo pasado la Audiencia Nacional de España dio luz verde a su entrega a México. En sus alegatos, el empresario se dice perseguido por el gobierno, víctima de delitos fabulados… En México se espera su llegada para que responda a los cargos que se le imputan, ahora que el exdirector de Pemex ya negoció.
MADRID.- A diferencia de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, quien allanó su extradición a México con la promesa de revelar datos sobre la corrupción del gobierno de Enrique Peña Nieto, el empresario Alonso Ancira Elizondo, uno de los coacusados en la compraventa de la planta de Agronitrogenados, baraja todas las posibilidades jurídicas para evitar su extradición.
Una de sus últimas cartas aquí es el “recurso de súplica” (así se llama a esta controversia en el sistema español), mediante el que cual pide que se revoque la resolución de la Sala Penal Sección Primera de la Audiencia Nacional del 27 de mayo pasado que da luz verde a su entrega a México.
Ancira Elizondo se presenta ante el tribunal español como víctima de una “persecución política” emprendida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, así como se dice ser objeto de un presunto “daño colateral” en la guerra del Ejecutivo mexicano contra sus antecesores.
Este es parte del extenso alegato que, mediante su abogado Manuel Ollé, presentó Ancira con fecha 15 de julio de 2020 a la Sala de lo Penal Sección Primera, instancia a la que pide elevar su caso al Pleno de la Sala Penal de la Audiencia Nacional para que la extradición a México se declare “improcedente” y se anule debido a las “violaciones a los derechos fundamentales” del defendido.
Fuentes jurídicas en España confirmaron la presentación del recurso –del cual Proceso obtuvo una copia– que aún no se resuelve.
En caso de ser extraditado, Ancira cuenta con una suspensión contra la orden de aprehensión y su ejecución, lo que le permitiría no pisar la cárcel, según la suspensión dictada el 20 de junio de 2019 por Rosa María Cervantes Mejía, jueza décimo segunda de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México.
El 6 de agosto de 2019 el Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal confirmó el incidente de suspensión cuando el reclamado llegue a territorio mexicano de manera voluntaria o extraditado.
Esto a pesar de que el pasado 21 de julio la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó el pedido de atracción que solicitó el inculpado, para que estudiara el amparo que interpuso contra la orden de aprehensión en su contra por el presunto caso de corrupción en el que se le relaciona con Lozoya Austin, según confirmaron fuentes jurídicas en México.
Acosado
Pese a esas contingencias en España, la semana pasada el expresidente de Altos Hornos de México (AHMSA) fue vinculado a proceso por un juez en la Ciudad de México, por lo que la Fiscalía General de la República prepara la extradición del empresario coahuilense.
A su vez, el presidente López Obrador informó que los nuevos dueños de AHMSA –Grupo Villacero– están dispuestos a devolver 200 millones de dólares por la venta a sobreprecio de la planta de Agronitrogenados, que provocó una de las dos órdenes de aprehensión contra Lozoya y Ancira, el llamado Rey del Acero.
Según las instancias investigadoras en México, el empresario coahuilense mantiene estrechos vínculos con el expresidente Carlos Salinas de Gortari, quien durante la administración de Enrique Peña Nieto supo aprovechar sus influencias para vertebrar algunos de los negocios más controvertidos en Pemex. Y lo hizo durante los periodos de Lozoya y José Antonio González Anaya –su concuño, pues está casado con Gabriela Gerard Rivero, hermana de Ana Paula, la segunda esposa del expresidente– al frente de la paraestatal.
Salinas de Gortari es quizá el mayor adversario político del presidente López Obrador, quien lo saca a colación a la menor oportunidad. Hasta ahora, el mandatario ha mantenido un bajo perfil y no ha respondido a ninguna de las alusiones.
A mediados de julio, en una cena en Madrid, Cecilia Salinas Occelli comentó a un grupo de asistentes que su padre, Carlos Salinas de Gortari, había decidido tener un bajo perfil desde el inicio del actual gobierno y mantenerse en el extranjero, según algunos de los asistentes al convivio.
Por lo pronto, en la primera comparecencia ante el juez José Artemio Zúñiga Mendoza, en la que Lozoya denunció que ha sido “intimidado, presionado e instrumentalizado” de manera sistemática, para realizar la operación con AHMSA, ya apareció el papel central que tuvo Ancira en la operación ilegal objeto de esta causa contra la corrupción.
Los malsanos negocios
En diciembre de 1991 Alonso Ancira y Xavier D. Autrey Maza tomaron el control de AHMSA en el proceso de privatización realizado por el gobierno de Salinas de Gortari. A través del Grupo Acerero del Norte, ambos empresarios consentidos del salinismo adquirieron la compañía en una subasta y pagaron 141 millones de dólares, muy por debajo de su valor.
AHMSA se convirtió en una de las mayores productoras nacionales de acero. Sin embargo, en mayo de 1999 la empresa se declaró en suspensión de pagos, lo que permitió a sus dueños, mediante recovecos legales, cancelar el pago de intereses y del capital de una deuda millonaria.
El gobierno de Vicente Fox salió en auxilio de los empresarios y rescató AHMSA, cuya deuda había escalado a 3 mil millones de dólares, lo que ponía en entredicho sus capacidades al frente del emporio acerero. Ancira y Autrey permanecieron prófugos. Entonces como ahora, Ancira se dijo “perseguido” por el gobierno (Proceso 1434).
Autrey, expresidente del consejo de administración de AHMSA, fue detenido en julio de 2004 por la Guardia Civil en la isla de Menorca. Pero de acuerdo con la legislación española alcanzó la libertad bajo fianza durante el juicio de extradición.
Autrey y Ancira habían abandonado furtivamente México en marzo de ese año, cuando trascendió que la Procuraduría General de la República había solicitado órdenes de aprehensión en su contra por el presunto delito de defraudación fiscal por unos 25 millones de pesos, denunciado por la Secretaría de Hacienda, según informó en aquel momento el diario La Jornada.
Ancira se refugió en Israel, donde consiguió el permiso de aquel gobierno para volver a explotar las históricas minas de cobre del desierto del Neguev, según relató el empresario a la periodista Bárbara Anderson para un reportaje publicado en la revista Expansión en septiembre de 2008.
Y en 2012 Ancira y Lozoya se vinculan en la trama corrupta que dio origen a la orden de aprehensión por el caso Agronitrogenados, que Pemex compró en 2014.
Junto con Autrey, Ancira consiguió que durante la gestión de Lozoya en Pemex la paraestatal recomprara Agronitrogenados en 475 millones de dólares, 10 veces más de lo que marcó la evaluación de esa planta, que tenía 14 años sin funcionar.
En esa transacción participó también Arturo Henríquez Autrey –tío de Autrey Maza–, quien al día siguiente de la operación asumió la Dirección Corporativa y de Procura y Abastecimiento de Pemex, cargo al que renunció un año y ocho meses después, el 16 de septiembre de 2015 (Proceso 2088).
El pataleo
Ancira fue detenido por agentes de la Policía Nacional el 28 de mayo de 2019 en el aeropuerto Son Sant Joan, en Palma de Mallorca, cuando pretendía viajar a Canadá, de acuerdo con el auto de prisión preventiva que le dictó el juez de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, magistrado Santiago Pedraz.
Un mes después el juez modificó la medida cautelar y le otorgó la libertad provisional a cambio del pago de una fianza de 1 millón de euros (alrededor de 26 millones de pesos) y el retiro de los pasaportes (mexicano y estadunidense); también le ordenó no abandonar el territorio español y comparecer ante un juzgado cada dos días.
En la vista de extradición del 10 de marzo pasado, el empresario rechazó esa medida. Al comparecer ante el tribunal español, Ancira expuso que México es “un país que no tiene leyes”; incluso se dijo víctima de una “persecución política” del gobierno de López Obrador, a quien llamó un “mitómano del tamaño de Hitler”; “un sujeto que no está en su cordura”.
El 27 de mayo la Sala de lo Penal Sección Primera de la Audiencia Nacional, presidida por la jueza María Riera Ocariz, dio luz verde a la extradición a Ancira.
La defensa del empresario coahuilense presentó el “recurso de súplica” por considerar que viola “la legalidad constitucional” pues, según argumentó, “la extradición se interesa por un delito de naturaleza común, blanqueo, pero encubre una persecución espuria contra el señor Ancira”. Y añadió: “Existe un grave riesgo de que se produzca una violación de sus derechos fundamentales”, como a la libertad personal, a un proceso justo, a la tutela judicial y al de defensa.
En su análisis destaca que el gobierno mexicano no se centró en denunciar la compraventa de Agronitrogenados, sino hasta 2017, “pocos meses antes de postularse (López Obrador) a la Presidencia de México”.
“Los ataques se incrementaron extraordinariamente en periodo de precampaña y campaña electoral, como se comprueba en los documentos aportados y en el análisis de los mensajes publicados”, que son medios de comunicación mexicanos y extranjeros y redes sociales, según la defensa española de Ancira.
E infiere que con todo ello “se estrecha el cerco sobre el expresidente Peña Nieto, quien sería el objetivo último de (Andrés) Manuel López Obrador”.
Sobre este particular, la Sala Penal Sección Primera, que componen la presidenta magistrada María Riera Ocariz y los magistrados Jesús Gutiérrez Gómez y Fermín Echarri Casi, argumentó en su auto del 27 de mayo último que “el interés de los medios de comunicación de México por los hechos de la extradición, incluso el interés de los políticos por esta cuestión, comenzando por el presidente de la República, no diluye la apariencia delictiva de los hechos analizados”.
Un delito presuntamente fabulado
Para la defensa de Ancira, la sala “sobrepasó el límite de la propia demanda de extradición”, porque supuestamente incluyó “elementos fácticos” que la demanda no contenía y “así poder concluir que había un delito de blanqueo de capitales”.
Asegura que la demanda de México no refería la “actividad delictiva previa”; es decir, la procedencia del dinero o los bienes blanqueados. Esa actividad , dice, “nunca existió”; es una “impostada suposición” de México fundada en una “persecución política”.
Arguye también que la fiscalía mexicana “fabuló un delito y olvidó asentar correctamente los elementos” en la querella para solicitar la extradición, “aprovechando los días de vacaciones” de Ancira en España; incluso solicitó la detención internacional “de prisa y corriendo” y por ello no se preocupó por “fingir correctamente” la supuesta actividad delictiva previa.
Los hechos por los que se acusa a su defendido, insiste, no son constitutivos de delito en el Código Penal español; tampoco en el mexicano.
Asimismo menciona que el 14 de noviembre de 2012 Lozoya Austin compró un inmueble en Lomas de Bezares, en la Ciudad de México, por un valor de 38 millones de pesos –el “pretendido acto de enmascaramiento”– con el producto de las cinco transferencias bancarias que se realizaron desde AHMSA, una “empresa siderúrgica mexicana que obviamente posee dinero producto de la actividad empresarial, no de procedencia ilícita”.
Según los abogados españoles, esas transferencias bancarias, por 3 millones 400 mil dólares, se hicieron el 12 junio, así como el 1, 9 16 y 28 de noviembre de 2012. Por tanto, sostienen, como la vivienda se compró el 14 de noviembre, las dos últimas transferencias no pueden tener una “relación causal (porque) no se puede blanquear un dinero que, por un lado, es de procedencia lícita y, por otro, todavía no se ha recibido”.
Alegan que tampoco es delito la venta de la planta de Agronitrogenados, porque “se produce un año después de las transferencias”; con esa actividad, puntualizan, “no se blanquea nada”.
Además, dice, la prescripción del delito de blanqueo de capitales se cumplió en 2015, tres años después de las operaciones, y no termina el 15 de noviembre de 2022, como argumenta la fiscalía mexicana.
