Las especialistas en lucha contra la corrupción Edna Jaime y Rosa María Cruz Lesbros manifiestan, en sendas entrevistas, sus dudas sobre la capacidad de la FGR para procesar a Emilio Lozoya de manera autónoma y apegada a derecho, de manera que se le sancione y se repare el daño. Las malas señales: la falta de transparencia en la primera audiencia del exdirector de Pemex, la politización del caso en el discurso presidencial, el trato deferente al imputado en comparación con el que se da a Rosario Robles…
Una vez que el exdirector de Pemex Emilio Lozoya Austin libró la cárcel por dos ocasiones consecutivas, los jueces y el equipo de la Fiscalía General de la República (FGR) lo convirtieron en el gran ganador de este proceso judicial.
La promesa de Lozoya es colaborar con la FGR y entregar, a cambio de estos privilegios, información que le ayudará a probar que es “inocente” y actuó presionado por personajes que lo obligaron a cometer los delitos contra la petrolera.
El 31 de julio, en el programa de radio de Ciro Gómez Leyva, el que fuera abogado defensor de Lozoya, Javier Coello Trejo, dijo dudar que el exfuncionario contara con las pruebas que asegura tener. Por lo pronto, está en libertad.
Entrevistadas por Proceso, las especialistas en anticorrupción señalan la falta de transparencia en el juicio, ya que no se transmitió la audiencia de manera simultánea, así como la falta de equidad en la aplicación de la justicia y el afán del presidente Andrés Manuel López Obrador por administrar y aprovechar el proceso jurídico de Lozoya con fines político-electorales rumbo al proceso electoral de 2021.
También ponen en duda la capacidad de la FGR para conducir de manera exitosa este complejo caso.
Entrevistada al respecto, Edna Jaime, presidenta de la organización México Evalúa, señala:
“Los criterios caprichosos de los jueces para dictar una medida cautelar son de llamar la atención. Creo que deben valorar las circunstancias, porque en el caso de Emilio Lozoya tenemos un ejemplo de que la justicia y los criterios de la justicia en México se aplican a modo, como en el caso de Rosario Robles, a quien se le encarceló por un delito menor mientras que a Lozoya los jueces y la FGR lo dejan llevar su proceso en libertad, a pesar de que ya tenía un antecedente de fuga”.
El caso, agrega, “está lleno de contenidos políticos y el presidente Andrés Manuel López Obrador puede perfectamente explotarlo políticamente con miras a las próximas elecciones. Lo ha hecho en las conferencias matutinas. Necesita de este caso porque lo que tiene enfrente es una crisis pavorosa en términos económicos y sanitarios. A través del caso Lozoya quizá coseche frutos en el proceso electoral de 2021”.
Para ella, “esto es secundario, si al final la FGR puede llevar a cabo una investigación hasta sus últimas consecuencias y realmente se descubren esas redes de macrocriminalidad que han estado medrando de este país durante años. El problema es que quién sabe si la fiscalía tenga las capacidades para desentrañar un caso como éste”.
Jaime no es partidaria de la prisión preventiva oficiosa: “Creo que hay distintas medidas cautelares para que los inculpados puedan llevar su proceso fuera de prisión; sin embargo, en el caso de Emilio Lozoya vamos a ver de qué tamaño es lo que realmente hay detrás de esta negociación”.
Lo ideal, abunda, sería que por primera vez la justicia mexicana pudiera plantear un caso donde se puedan investigar redes de macrocriminalidad, sin chivos expiatorios, como considera que han sido hasta hoy los casos relacionados con la corrupción que se han investigado.
“El presidente insiste en que las instituciones anticorrupción con las que contamos en este país no hicieron bien su trabajo. Aquí (con el caso Lozoya) hay más municiones para el presidente para decir que un sistema nacional anticorrupción no dio resultado”, afirma.
“La pregunta es qué nos queda a los mexicanos. ¿Vamos a tener un chivo expiatorio más, como lo hemos tenido en cada administración, o vamos a tener un caso que se va a investigar profundamente y va a marcar un antes y un después en la justicia en este país en el tema de la corrupción? Porque todavía no encuentro los elementos para pensar que vamos a llevar este caso hasta sus últimas consecuencias. Si lo hacen, entonces creeré en la palabra del presidente acerca de que está dispuesto a promover una transformación importantísima para este país.”
Para la presidenta de México Evalúa es fundamental que haya reparación del daño; eso sería “profundamente transformador para este país”:
Llevar este caso hasta las últimas consecuencias, opina, requiere voluntad pero también recursos jurídicos. Por eso se pregunta “si la justicia mexicana cuenta con esos instrumentos, si el fiscal –Alejandro Gertz Manero– realmente va a poder sostener casos de gran envergadura con pruebas suficientes, con evidencia, para que a quien lleve a la justicia lo haga con verdadero sustento y no tengamos más de lo que hemos tenido, como una revancha política y utilización política del aparato de persecución criminal”.
Y recuerda que “mientras festejábamos la aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción, presuntamente Lozoya hacía operaciones para obtener recursos de manera ilícita”.
El pacto con la FGR
El inicio de los juicios penales contra Lozoya Austin por los presuntos sobornos que recibió de las compañías Altos Hornos de México y Odebrecht evidenció el pacto del exdirector de Pemex con la FGR para exponer el financiamiento ilícito en la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012 y otros actos de corrupción atribuibles al antiguo régimen.
Mientras la FGR construye los casos para imputar a excolaboradores de Peña Nieto en hechos delictivos, Lozoya gozará de libertad condicional con restricciones mínimas en el momento que decida abandonar el hospital Ángeles del Pedregal, la única instalación bajo resguardo policial que va a pisar en México.
Tras dos días seguidos de audiencia, primero para el caso de Agronitrogenados y luego para el caso Odebrecht, la FGR cumplió con su primera parte del trato al no solicitar la prisión preventiva justificada para Lozoya ni tampoco el resguardo domiciliario, medidas cautelares que los jueces le habrían concedido ante el planteamiento de que existe un riesgo justificado de fuga.
Una vez que Lozoya abandone el hospital, la vigilancia policial a su persona habrá concluido y sólo tendrá la obligación de portar un brazalete electrónico que ayudará a las autoridades a su geolocalización en tiempo real.
Incluso a pesar de que la defensa de Lozoya planteó ante los jueces de control que están buscando construir un criterio de oportunidad para revelar nuevos hechos delictivos y más personajes involucrados, la FGR se abstuvo de hablar de la reparación del daño y hasta el momento se desconoce si las dos residencias que Lozoya adquirió con presuntos sobornos serán entregadas a la FGR para cumplir con este requisito que contempla el artículo 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Rosa María Cruz Lesbros, presidenta del Comité de Participación Ciudadana y del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, coincide con Edna Jaime en cuanto a que el presidente López Obrador está aprovechando y administrando políticamente el proceso de Lozoya con miras a la elección del próximo año.
“Recién llegado Lozoya a México, en el comité de participación ciudadana veíamos varios riesgos en el proceso mismo del caso. Hay muchas cosas que dice el presidente en las que obviamente coincidimos, en el sentido de que es un caso emblemático y va a ser un parteaguas en el combate a la corrupción, en donde se tiene que llegar a las últimas consecuencias.”
Sin embargo expresa su inquietud: “No podemos permitir que este caso camine con un uso político, que vayan manejando los tiempos con un provecho coyuntural de los avances o las noticias que el caso vaya dando.
“Resulta que tenemos que esperar seis meses, cuando ya sabemos que tanto los abogados de Lozoya como el propio presidente quieren utilizar el criterio de oportunidad en su beneficio, y le están dando margen de seis meses para que pueda dar información, pueda recibir pruebas, documentos y demás, a fin de que pueda involucrar a personas en delitos mayores a los que se le imputan a él.
“Está esto muy confuso, porque (Lozoya) no llega a México bajo el artículo 21, sino detenido bajo una orden de aprehensión, en donde tenía que comparecer al Reclusorio Norte, pero en lugar de eso se da esta excepción por condiciones de salud, que por principio no sabemos si eran las adecuadas o no.”
Añade: “Observamos un trato muy distinto al que se le dio a Rosario Robles. A Lozoya se le dan una serie de consideraciones, inclusive lo pondrían como un colaborador informante, una cuestión que a Rosario Robles nunca se le presentó ni se le ofreció. Hay una percepción de un trato distinto. Nosotros lo que planteamos es que el procedimiento jurídico se aplique independientemente de cualquier cosa”.
Igual que para Jaime, para Cruz Lesbros también es muy importante probar la autonomía de la FGR en este nuevo esquema, a fin de que investigue sin ninguna presión y realmente llegue a la verdad.
Señala que en el sistema anticorrupción también les inquieta que, bajo el argumento de la salud de Lozoya y la pandemia, tanto la FGR como el juez manejen el proceso de forma distinta a la norma, ya que la audiencia debió ser pública. “Ahora sólo recibimos a través del WhatsApp (información sobre) cómo va avanzando; no es lo transparente que uno desearía.
“En lo que sí coincidimos con el presidente es en que debe desenmascarar el modus operandi para generar las condiciones de no repetición. Aquí estamos esperando que realmente se obtenga la información y la documentación que nos explique cómo actuaban estas redes de corrupción, en caso de probarse, para que se generen nuevos esquemas. Lo que se daba en Pemex, derivado de la reforma energética, es una cuestión de excepción a todo tipo de licitaciones. No les aplica la Ley de Obra Pública ni la Ley de Adquisiciones por esa excepción que da la propia Ley de Pemex.”
Cruz Lesbros sostiene que las circunstancias que generaron los posibles hechos de corrupción siguen vigentes. “Inclusive estamos preocupados por la aprobación del artículo primero de la Ley de Adquisiciones del 29 de julio, que permite condiciones de excepción para comprar medicamentos. Esto abre zonas en donde la arbitrariedad pudiera dar pauta a hechos de corrupción”.
–¿Estamos frente a acciones contradictorias del Estado, frente a una simulación? –se le plantea.
–Estamos frente a un discurso con el cual coincidimos, pero que en los hechos no vemos tan palpable. Hay una inquietud de que pueda politizarse el asunto, que no sea del todo transparente y no se encuentren realmente las pautas ni haya una voluntad de cambiar el entorno jurídico que pudiera prevenir hechos de corrupción. Y no se están dando las apuestas a las nuevas fórmulas para el combate a la corrupción.
–Pero el asunto ya está contaminado políticamente desde el momento en que a Rosario Robles la mantienen en la cárcel por un delito mucho menor, que no ameritaba prisión preventiva, y a Lozoya lo mandan a su casa…
–Nos deja la duda de que en el caso Lozoya no vaya a haber corrupción.
–¿Hasta el momento el gran ganador ha sido Lozoya?
–Efectivamente. Lozoya y los que estén con él, porque otra cosa muy importante es que él no es un actor solitario, él mismo dice que fue sujeto a una red en donde fue coaccionado y orillado a hacer lo que hizo. Una red que tiene que probar.
