El empresario hidalguense Juan Carlos Tapia Vargas, quien se adjudicó varios contratos con Petróleos Mexicanos cuando Emilio Lozoya la dirigía, vive tiempos de incertidumbre y busca deslindarse a toda costa de ese pasado. Es probable que conforme avance la investigación complementaria en el proceso que se le sigue al exdirector de Pemex, el nombre de Juan Carlos y su hermana Fabiola salgan a relucir. Si eso sucede, es factible también que las declaraciones sesgadas del imputado cobren otro giro.
Juan Carlos Tapia Vargas es un empresario hidalguense y contratista de Pemex que va a jugar un papel crucial en el caso Odebrecht y en torno a la credibilidad del testigo Emilio Ricardo Lozoya Austin en el proceso penal que se avecina para investigar y sancionar el financiamiento ilícito a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012.
Socio mayoritario de Construcciones Industriales Tapia (Citapia), Tapia Vargas niega su cercanía con el senador priista Miguel Ángel Osorio Chong, pero en su oficina tiene un retrato de él junto a las fotografías de los gobernadores hidalguenses de 1998 a la fecha.
Y aun cuando dice que es apartidista, una lista de cientos de contratos firmados por su empresa con particulares y dependencias gubernamentales indica que su constructora obtuvo su primer contrato directo con Pemex en 2011 y que la mayoría de ellos le fueron entregados tras el triunfo de Peña Nieto en 2012.
Hasta agosto de 2017 Citapia obtuvo licitaciones públicas y adjudicaciones directas con Pemex por un monto de 517 millones de pesos y 72 millones de dólares, cifras a las que se suman las obras en las que la constructora ha sido subcontratada.
El empresario ha intentado ser discreto desde que su nombre apareció por primera vez en el caso Odebrecht, el 14 de agosto de 2017, cuando se dio a conocer el fragmento de una declaración judicial de Luis Alberto de Meneses Weyll ante la fiscalía de Brasil.
De Meneses fungió como superintendente o director de Odebrecht en México y sus revelaciones señalan que la alianza de la empresa brasileña con Citapia se firmó por una recomendación de Lozoya Austin para “complementar” sus oportunidades de negocios en nuestro país.
Su alianza como subcontratista de la constructora de Norberto Odebrecht le generó a Citapia dos contratos por 628 millones 262 mil pesos, según los datos reportados por la propia compañía.
La asociación no llegó a buenos términos, por lo que ahora ambos consorcios sostienen un juicio ordinario mercantil radicado en el Juzgado Primero Civil de Tula por un adeudo que Citapia le reclama a Odebrecht por 36 millones de pesos, según el expediente 1566/2017, del que Proceso tiene copia.
La demanda de Citapia contra el consorcio brasileño fue presentada en noviembre de 2017, cuatro meses después de que se revelara el nexo de la constructora de Tapia Vargas con Odebrecht y los sobornos entregados por la compañía brasileña a Lozoya Austin.
Otra línea argumentativa que Citapia ha utilizado para justificar su alianza con Odebrecht es la cláusula sexta de Desarrollo Regional que Pemex incluye con empresas extranjeras, un requisito que obliga al contratista a otorgar 50% de la obra asignada a proveedores locales mediante la subcontratación.
Imputaciones y deslindes
Una llamada filtrada del caso OHL (y que se puede consultar en el portal YouTube), constructora de la que Citapia ha sido socia en al menos dos proyectos, revela que Tapia Vargas fue incluido junto a los grandes empresarios del sector energético del sexenio pasado.
La llamada revela que Tapia Vargas, De Meneses y Alonso Ancira –actualmente detenido en España por los presuntos sobornos que le entregó a Lozoya en el caso Agronitrogenados– acudieron el 1 de septiembre de 2014 como invitados de Pemex al segundo informe de Enrique Peña Nieto.
Esa conversación, divulgada en marzo de 2016, cuando todavía no eran públicos los sobornos en los expedientes de Odebrecht y Agronitrogenados, fue para compartir la agenda oficial del entonces presidente Peña Nieto.
La charla es entre un antiguo directivo de OHL México, Pablo Wallentin, y el entonces director general adjunto de Eventos Presidenciales, Ignacio Bobadilla Reyes.
En el marco de la extradición de Lozoya a México, Proceso buscó al socio mayoritario de Citapia para solicitarle una entrevista sobre el tema. No obstante, debido a las reservas de su equipo legal, el encuentro no se concretó.
Sin embargo el reportero logró un acercamiento fuera de grabadoras con la cabeza principal de Construcciones Industriales Tapia.
Las fuentes lamentaron que la Secretaría de la Función Pública haya inhabilitado a la empresa hidalguense, lo que le impide participar en licitaciones públicas de Pemex; también comentaron que está en curso una impugnación para que un tribunal federal revoque esa sanción administrativa.
Tapia Vargas busca deslindarse por completo del caso Odebrecht. Su equipo de prensa niega cualquier relación con los sobornos entregados por la constructora brasileña y minimiza la alianza comercial que ambas compañías tuvieron en las obras para remodelar la refinería Miguel Hidalgo en Tula.
A pesar de sus múltiples aclaraciones a la prensa para dar cuenta de esta relación, el empresario no pudo evitar el entramado judicial y tuvo que declarar ante la Procuraduría General de la República (PGR) el 31 de enero de 2018, según confirmaron fuentes cercanas al caso.
Además, con las revelaciones periodísticas de los diarios Reforma y El País –que involucran a su hermana Fabiola Tapia Vargas, fallecida en mayo de 2014– en la trama de los sobornos entregados a Lozoya Austin, las explicaciones del empresario hidalguense se han quedado cortas.
Reforma señala que en el tramo final del sexenio de Peña Nieto, el encargado de la PGR, Alberto Elías Beltrán, intentó cerrar el caso Odebrecht, dándole valor a la versión de que los presuntos sobornos recibidos por Lozoya entre 2012 y 2014 eran en realidad recursos provenientes de Fabiola Tapia.
Según el diario, la maniobra que otorgaba a Lozoya una coartada para ser exculpado de cualquier imputación penal fue desechada en 2018 por el entonces candidato del PRI a la Presidencia de la República, José Antonio Meade, quien no quiso avalar el carpetazo del caso Odebrecht.
Los dilemas de Tapia Vargas
Fabiola Tapia era administradora de Citapia. El abogado Javier Coello intentó construir la versión de que los pagos por 10.5 millones de dólares que Odebrecht le entregó a Lozoya en las cuentas bancarias de las empresas Zecapan y Latin America Asia Holdings, eran una inversión de la hermana de Juan Carlos Tapia con el empresario alemán Willi Artur Gerhard Henze.
A pesar de que se presentaron contratos de un convenio supuestamente firmado por Fabiola Tapia con Henze en 2012, al final Lozoya desconoció esta versión en la audiencia de la causa penal 261/2019, celebrada el pasado 29 de julio mediante la videoconferencia presidida por un juez de control del Reclusorio Norte.
Durante la audiencia en que fue vinculado a proceso por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho, Lozoya y su nueva defensa no refutaron a los fiscales de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre el pago de sobornos y la compra de una residencia de lujo en Ixtapa, por lo que quedaron asentados como hechos ciertos.
Por el contrario, el exdirector de Pemex denunció presiones e intimidaciones desde el poder para ser “instrumento no doloso” de hechos delictivos, al tiempo que la fiscalía narró que parte de los sobornos recibidos por Lozoya fueron utilizados para financiar la campaña presidencial de Peña Nieto en 2012.
Los señalamientos sobre su hermana Fabiola y el cambio en la defensa de Lozoya ponen en duda la versión que ha sostenido Juan Carlos Tapia sobre el caso Odebrecht y su relación con Lozoya Austin.
Su equipo jurídico sostiene que se trata de una suplantación de identidad y que la fabricación de la coartada pudo ser obra de personajes ligados a Odebrecht, puesto que su alianza con la compañía brasileña le permitió tener acceso a los papeles personales de Fabiola Tapia, quien murió en 2014.
Tras esta nueva versión, Juan Carlos Tapia se enfrenta a la disyuntiva de volver a declarar en el expediente Odebrecht por iniciativa propia o esperar a que sea requerido por la FGR para aclarar las revelaciones que involucran a su hermana, quien fungió como su mano derecha desde la fundación de Citapia en 1997.
Tiempos de incertidumbre
La extradición de Emilio Lozoya a México puso en estado de alerta al socio mayoritario de Citapia y su equipo jurídico ante una posible imputación en la audiencia del caso Odebrecht celebrada el pasado 29 de julio.
Desde agosto de 2017, cuando salió a colación el nombre de Juan Carlos Tapia y el de su empresa, su equipo se puso a trabajar en una estrategia para deslindarse de Odebrecht y de Lozoya, pero sin aclarar los señalamientos específicos de Luis Alberto de Meneses.
En cartas enviadas a medios de comunicación, Tapia Vargas afirma que conoció a Lozoya en 2015 y no en 2011, como sostiene De Meneses.
“Con Emilio Ricardo Lozoya Austin, mi representada sólo tuvo contacto eventual en el año 2015 por su carácter de director de Pemex en la administración federal del sexenio pasado, para quien mi representada ha ejecutado obra pública como subcontratista fundamentalmente, y con quien se tuvieron un par de entrevistas en relación a obras ejecutadas en años previos por el adeudo de Pemex a nuestra empresa”, sostiene la oficina de Comunicación Social de Citapia en una carta enviada a Aristegui Noticias el pasado 26 de febrero.
Sin embargo, según la entrevista videograbada por De Meneses Weyll, la relación entre Odebrecht y Citapia se inició en 2011, cuando Lozoya le presentó a Juan Carlos Tapia para la futura alianza de ambas compañías en las obras de la refinería de Tula, Hidalgo.
El exdirectivo de Odebrecht señala que el consorcio estaba interesado en las obras que iba a licitar para ampliar la refinería de Tula.
“Comenté con Emilio Lozoya que teníamos interés en ese proyecto de gran magnitud en todo el estado de Hidalgo referente a la construcción de la refinería que generaría muchos contratos”, afirma De Meneses en su declaración judicial.
Agrega que se reunió con Lozoya, en ese momento coordinador de asuntos internacionales en la campaña presidencial de Peña Nieto, en el restaurante del hotel Four Seasons. Ahí le comentó que Odebrecht llevaba a cabo “una estrategia de posicionamiento” para ser partícipe de ese megaproyecto.
En su declaración del 16 de diciembre de 2016 ante la fiscalía brasileña De Meneses expuso: “Lozoya, al saber de nuestro interés en el proyecto, me recomendó asociarnos a un empresario local que complementara nuestras capacidades. En este caso nos recomendó a la empresa llamada Tapia Construcciones y después nos presentó al empresario, dueño y director general de esta empresa: Juan Carlos Tapia. Nos pareció adecuada la indicación de Emilio Lozoya y nos reunimos con Juan Carlos Tapia, acordamos que la asociación no se limitaría a la refinería sino a cualquier obra en el estado de Hidalgo”.
Sobre este punto, si bien las oficinas de Comunicación Social de la constructora del empresario hidalguense niegan cualquier contacto con Lozoya antes de 2015, aún no aclaran cómo se dio la relación entre Odebrecht y Citapia para comenzar a trabajar de manera conjunta en proyectos de obra pública.
Además, durante la audiencia en la que se vinculó a proceso a Lozoya por el caso Odebrecht, la FGR narró que el imputado de iniciales ERLA (siglas de Emilio Ricardo Lozoya Austin) le presentó a De Meneses a “empresarios mexicanos para que hiciera alianzas”.
Ante el juez de causa la FGR expuso: “Las declaraciones de Luis Alberto de M. son unas de las más importantes en contra de ERLA, ya que como representante de Odebrecht en México diseñó infinidad de planes irregulares junto con ERLA, quien muchas veces le argumentó conocer a la perfección a varios empresarios, con quienes pretendía aumentar sus acciones, junto con la empresa brasileña”.
Y aun cuando los nombres de los hermanos Juan Carlos y Fabiola Tapia Vargas y la empresa Citapia todavía no han salido a relucir ante los jueces mexicanos en el caso Odebrecht, el empresario hidalguense seguirá inmerso en la incertidumbre durante los próximos seis meses, mientras avanza la investigación complementaria.
