Ya se tenían noticias de los manejos corruptos del erario chihuahuense por el priista César Duarte cuando aún era gobernador y se confirmaron cuando el panista Javier Corral asumió el poder. Pero ahora, con al menos un centenar de investigaciones abiertas, la Unidad de Inteligencia Financiera federal y las autoridades de la entidad están revelando la verdadera dimensión del saqueo perpetrado por ese personaje.
CHIHUAHUA, CHIH.- La Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua, la Secretaría de la Función Pública estatal y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda tienen por lo menos 100 investigaciones pendientes contra las redes de corrupción y protección creadas por el exgobernador César Horacio Duarte Jáquez.
Las investigaciones incluyen a su esposa, hijo e hijas y otros familiares, a paisanos, políticos de diferentes partidos, un obispo, notarios, medios de comunicación, empresarios y exfuncionarios de los gobiernos de Chihuahua, Aguascalientes, Quintana Roo, Nayarit, Ciudad de México y Estado de México.
Hasta ahora han sido procesados 39 exfuncionarios y empresarios cercanos a Duarte, de los cuales 16 recibieron sentencias condenatorias.
Después de casi tres años de permanecer prófugo, Duarte fue capturado el pasado 8 de julio en Miami, donde se encuentra preso.
Su captura desató una serie de amparos de sus familiares. Una vez que lo detuvieron, la FGE dio a conocer que ubicó al menos otras 50 propiedades de Duarte, de su familia y de prestanombres en Texas, Florida y Nuevo México.
Según la información de la FGE y de la Secretaría de la Función Pública de Chihuahua, las carpetas de investigación que tienen órdenes de aprehensión y procedimientos administrativos pendientes corresponden a las áreas de Obras Públicas, Desarrollo Rural, DIF, Pensiones Civiles, Secretaría de Economía, Junta Central de Agua y Saneamiento, Secretaría de Gobierno, Comunicación Social y la Secretaría de Salud, por un asunto de medicamentos, entre otros.
Saqueo desde el gobierno
La titular de la Secretaría de la Función Pública estatal, Mónica Vargas Ruiz, detalló que la mayor parte de las denuncias del sexenio pasado se elaboraron en esa dependencia desde octubre de 2016, cuando se inició la actual administración.
En las investigaciones ubicaron el modus operandi de varias dependencias, como las adjudicaciones directas irregulares, compras sin comprobación, otorgamiento indebido de subsidios, casos de conflicto de interés y cantidades millonarias desviadas a través de la Unión Ganadera Regional División del Norte y de la Financiera División del Norte.
La representante legal de la Unión Ganadera, Guadalupe Medina Aragón, está detenida, así como Mayra Julieta Urbina, viuda de Carlos Hermosillo Arteaga, principal socio de Duarte en el organismo y en otros negocios, quien murió en un accidente en marzo de 2017, cuando ya estaban en marcha varias investigaciones contra él.
También se emitieron órdenes de aprehensión para Bertha Gómez Fong, esposa de César Duarte; entre otras, una por el presunto desvío de 250 millones de pesos por conducto de Mayra Urbina, su colaboradora cercana en el DIF estatal.
La Unión Ganadera División del Norte fue creada por Duarte desde que fue diputado; la Financiera en 2011, cuando ya era gobernador. El ahora exmandatario era fundador, accionista, socio y presidente del consejo directivo.
La SFP de la entidad presentó 82 denuncias penales derivadas de esa asociación. Dicha dependencia tiene 34 expedientes más con denuncias administrativas y penales. Con base en las indagaciones que hicieron en esa área, estima que se desviaron del erario de Chihuahua 2 mil 650 millones 985 mil pesos.
Vargas Ruiz dio a conocer que se tienen 122 procedimientos administrativos contra 250 servidores públicos, de los cuales 73 procedimientos corresponden al Operativo Justicia para Chihuahua, es decir, de las investigaciones sobre la red de corrupción duartista, que abarca a 285 funcionarios de la administración pasada.
Vargas agregó que aplicaron procedimientos disciplinarios dentro del Operativo Justicia para Chihuahua, y en cinco de ellos, que también pueden ser constitutivos de delitos, se implica a César Duarte.
Por su parte, el fiscal estatal César Augusto Peniche Espejel observa, en entrevista telefónica, que desintegrar las redes de corrupción dentro de las dependencias es difícil y tardado, porque se deben efectuar investigaciones amplias con información financiera y fiscal, cuyos tiempos dependen de la Comisión Nacional Bancaria y de los bancos para que brinden la información, porque deben apegarse al Código de Procedimientos Penales y Código Penal del Estado.
La UIF, a cargo de Santiago Nieto Castillo, ya tiene en trámite otras carpetas de investigación que la Fiscalía de Chihuahua está apoyando, agregó.
Una de las dependencias en las que desviaron cantidades importantes del erario son la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS), así como las juntas municipales y rurales. Dos de los titulares de esa dependencia fueron operadores estratégicos de Duarte: el exdiputado Carlos Hermosillo y Raúl Javalera Leal, también familiar de Duarte.
Javalera y Carlos Daniel Alonso, exdirector de la JCAS, fueron inhabilitados dos años para ejercer cargos públicos por cometer actos administrativos ilícitos: ordenaron una obra pública en la ciudad de Camargo sin licitación previa y adjudicaron el contrato sin cumplir con la legislación estatal.
En entrevista con Proceso, el titular actual de la JCAS, Óscar Ibáñez, informa que la dependencia interpuso cuatro denuncias administrativas y ocho penales. Las que ya fueron sancionadas por la SFP fueron impugnadas y están en proceso de revisión.
Ibáñez detalla que encontraron anomalías, desde cajeros que no entregaban el dinero hasta presuntos desvíos mayores, que se encuentran en denuncias penales, como la retención de sueldos a empleados de la Junta Municipal de Agua en Ciudad Juárez para entregar cuotas al PRI. Esos procesos están pendientes.
Precisamente esa denuncia fue interpuesta desde el sexenio pasado ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), e involucra a la exdiputada y dirigente municipal del PRI en Juárez, Mayra Chávez Jiménez, quien es ahora la encargada de vinculación del programa Jóvenes Construyendo Futuro del gobierno federal.
En ese caso la Fepade también investigaba a la exdiputada federal y local, expresidenta del PRI estatal y operadora duartista Karina Velázquez Ramírez, a quien no se pudo procesar porque tenía fuero.
Quienes presuntamente autorizaron los depósitos ilícitos son los extitulares de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez, Carlos Bernardo Silveyra Sayto y Antonio Andreu Rodríguez, también exdiputado local en el primer trienio de Duarte.
Además, Duarte simuló la entrega de plantas tratadoras en Parral y Madera, pero no existe ninguna de ellas, agrega Ibánez, y confirma que a través de la JCAS se pagó a varios medios de comunicación e incluso algunos empresarios de ese rubro aseguraron que se les debía dinero:
“Se asumían deudas sin contrato de por medio, no había producto revisable. Los proveedores se negaron a denunciar y en gran parte de los casos sólo se canceló el adeudo.”
Una extensa red
Las dependencias señaladas por los desvíos del erario hacia otros estados que gobernaba el PRI entre 2010 y 2016 y hacia familiares de César Duarte son principalmente las secretarías de Desarrollo Rural, de Salud y de Obras Públicas, así como el DIF estatal.
La de Desarrollo Rural presuntamente fue utilizada para bajar recursos del programa social para repoblamiento de vaquillas importadas de Nueva Zelanda. El exgobernador utilizó a la Unión Ganadera Regional División del Norte para beneficiarse a sí mismo y, entre otros, a familiares del exgobernador de Nayarit Roberto Sandoval Castañeda en 2015.
En Quintana Roo operó presuntamente su hijo César Adrián Duarte Gómez, con su empresa Inmobiliarios y Pavimentos de Chetumal, SA de CV, constituida en Cancún en 2013 durante el gobierno de Roberto Borge Angulo.
De acuerdo con el periódico Luces del Siglo, la torre Ynfinity Residences, cuya construcción en el malecón Tajamar de Cancún fue suspendida por irregularidades en 2017, fue adquirida por la accionista principal María Luisa Tagle Jiménez, beneficiada en el mandato de Duarte.
Peniche dio a conocer que las transacciones en Quintana Roo son investigadas por la FGE.
Otras empresas mencionadas por Luces del Siglo, relacionadas con Tagle Jiménez, son Administración y Comercialización de Franquicias Internacional, SA de CV, de Eduardo Almeida Navarro, el principal beneficiario de farmacéuticas en el sexenio de César Duarte y compadre del actual gobernador, Javier Corral Jurado.
Pedro Hernández Flores, cercano a la esposa de Duarte, Bertha Olga Gómez Fong, encabezó la Secretaría de Salud, de la que se desviaron cantidades millonarias y hubo mal uso de medicamentos.
Existen indicios de que la Unión Ganadera Regional División del Norte transfería recursos a la empresa Pavimientos y Servicios de Parral, que tiene relación con Gómez Fong y con la compañía Finca Ingeniería Integral, SA de CV, propiedad de Javalera Leal, exdirector de la JCAS y exsecretario de Obras Públicas.
Finca participó en la construcción de la plataforma y la pista del aeropuerto regional de Creel, Bocoyna, cuando Javalera era funcionario.
Las dos hijas de Duarte, Bertha Isabel y Olga Sofía Duarte Gómez, están señaladas como directivas de la Ganadera El Saucito Balleza, SA de CV, que se dedicaba a la comercialización de ganado, explotación forestal y perforación de pozos. Sus padres también son socios.
El hijo, César Adrián Duarte, obtuvo el título de concesión minera 244074 expedido por la Secretaría de Economía federal durante el sexenio de su papá, en 2015, para explotarlo durante 50 años. La mina se llama El Saucito y está en el municipio de Balleza.
El Saucito es también el nombre del principal rancho de Duarte, en Balleza, donde la nueva administración estatal localizó animales exóticos, joyas y obras de arte, entre otras evidencias de presunto desvío de recursos.
Otros cercanos a Duarte que ocuparon puestos clave en dependencias señaladas por desvíos son: Enrique Antonio García Tarín (procesado), Sixto Duarte Jáquez (estaba a cargo de aeronaves del estado), Federico Duarte Fafutis (primo del exgobernador, involucrado en la Unión Ganadera Regional División del Norte y como accionista del Banco Unión Progreso), Alejandro Duarte Jáquez (hermano dedicado a empresas constructoras).
Asimismo se investiga a Gerardo Villegas Madriles (sobrino del exmandatario, procesado como exfuncionario de Hacienda), Cresencio Duarte Jáquez, Everardo Medina (primo y exfuncionario encargado de obras cuestionadas por desvío de dinero, como la Ciudad Judicial y los hospitales de Oncología e Infantil de Ciudad Juárez, entre otros).
Es también el caso de Sergio Medina Jurado (primo, procesado por peculado agravado); Horacio Medina Ibarra (sobrino y exdirector administrativo de la Universidad Autónoma de Chihuahua, señalado por irregularidades por 27 millones de pesos, según la Auditoría Superior de la Federación).
A su vez, la esposa de Duarte era accionista, junto con él, de Unión Progreso, la institución financiera que estaba a un paso de convertirse en banco con la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y a la que el entonces gobernador “inyectó” más de 80 mil millones de pesos en un año, según datos obtenidos en 2015 a través del Sistema de Transparencia.
En esa asociación financiera también estuvo involucrada Patricia Berjes, esposa del empresario Jaime Galván Guerrero. Éste es dueño de la empresa Prometeo Proyectos Ejecutivos, que durante 15 años recibió adjudicaciones directas a través del DIF estatal, según acusaciones de la administración actual de esa dependencia.
Los diputados de las dos legislaturas que abarcó el gobierno de Duarte aprobaron reformas estratégicas, tanto hacendarias como de seguridad, igual que deudas y bursatilización que le permitieron al exgobernador operar con total impunidad. La mayoría de esas iniciativas fue impulsada desde la Consejería Jurídica, a cargo de Mario Trevizo Salazar, quien después fue nombrado secretario general.
En la primera legislatura Duarte logró colocar a varios de sus alfiles en puestos clave. Impulsó como magistrados a los priistas Gabriel Sepúlveda Reyes y Jorge Abraham Ramírez, ahora investigados en el Tribunal Superior del Estado y en la FGE. Ramírez fue detenido, pero un amparo federal lo regresó a su cargo.
En la primera legislatura estuvo Alex Lebarón, quien posteriormente fue diputado federal y como delegado de la Conagua en Chihuahua está señalado por varias irregularidades en esta dependencia. Brenda Ríos, quien era diputada por el PVEM, contrajo matrimonio con Lebarón cuando ambos eran legisladores y ella se cambió al PRI. Posteriormente fue nombrada delegada de la Semarnat, cuando su esposo era titular de la Conagua en la entidad.
Además, exdiputados del PAN, PRI, PVEM, PT y Movimiento Ciudadano son parte de la nómina secreta localizada en una de las propiedades de Duarte Jáquez, por lo que se presume que intentó comprar su protección y la aprobación de sus iniciativas.
