La falta de coordinación de las autoridades de salud estatales y federal, así como la reducción de personal sanitario y la ausencia de apoyo económico orillaron a las comunidades indígenas de Chiapas a protegerse como pueden. Sellan los accesos a sus poblados, protestan por el abandono oficial y, lamentablemente, incurren en agresiones al personal médico o causan destrozos en clínicas y hospitales. En tan triste panorama, son las organizaciones civiles las que se encargan de informar y capacitar a la gente para prevenir los contagios y atender a los enfermos.
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.- Colapsado el sistema estatal de salud pública, Chiapas vive un doble escenario: el que reflejan las cifras de las autoridades sanitarias y el que viven los chiapanecos todos los días.
En las 13 clínicas covid ya no se reciben pacientes, las pruebas ya no pasan de 50 o 60 al día. Como la mayoría son clínicas y no hospitales, no entran en las cifras oficiales, los familiares de los pacientes tardan en encontrar medicamentos en las farmacias, recurren a la reventa y hacen largas filas para adquirir tanques de oxígeno.
En los dos panteones principales de la capital del estado ya no hay espacio para quienes se resisten a cremar a sus fallecidos. El ayuntamiento mandó a construir las primeras criptas con 52 gavetas de cuatro pisos.
Las funerarias encarecieron sus servicios por los riesgos del manejo de cadáveres fallecidos por covid, dice el propietario de uno de esos negocios en la Sierra Madre de Chiapas; pocos empleados quieren hacer ese servicio y hay que contratarlos con un seguro de vida. El equipo de protección también se renueva en cada servicio, entre otros gastos adicionales.
En Chiapas tuvieron que pasar más de 120 días para que muchas personas empezaran a creer en la peligrosidad de los contagios, hasta que vieron fallecer a gente cercana y familiares. Para el viernes 16 la Secretaría de Salud reportaba 373 chiapanecos fallecidos por covid-19, mientras el gobierno federal registraba 827.
En una conferencia de prensa, cuando le preguntaron al secretario de Salud estatal, José Manuel Cruz Castellanos, por la discordancia de esas cifras, contestó que a lo mejor eran chiapanecos muertos en otros estados.
Aun con la crisis que padece Chiapas, el subsecretario de Salud federal, Hugo López-Gatell, elogió la labor el gobierno local en el combate a la pandemia.
Sin estímulos fiscales ni subsidios, cientos de negocios cerraron con la consiguiente pérdida de empleos. Manuel Pardo, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana en el estado, no ve cercana la recuperación económica.
Muchas comunidades rurales indígenas, como las zapatistas, implantaron sus propias medidas sanitarias, dice Marcos Arana, quien desde 1982 dirige el Centro de Capacitación en Ecología y Salud para Campesinos en Chiapas. Una de ellas es no dejar entrar a sus comunidades a los jóvenes que regresaban de otro lugar, sino después de 14 días en cuarentena.
María de Jesús Espinosa de los Santos, líder de la Sección 50 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, opina que Chiapas enfrentó la pandemia sin un plan estratégico, o al menos a ellos nunca se los presentaron.
Afirma que no hubo una campaña previa de información masiva en las nueve lenguas indígenas y que cuando se desplegó, ya era tarde: la pandemia estaba en su pico más alto y había ataques contra el personal médico y las Brigadas de Fumigación contra el dengue, zika y chikungunya, así como destrozos en hospitales y clínicas.
Prejuicios mortales
Los prejuicios y mentiras sobre la enfermedad, como la versión de que el virus fue inventado por el gobierno o empresas trasnacionales, provocó disturbios, saqueos y el incendio de las casas del presidente municipal, de sus padres y sus suegros en el municipio de Venustiano Carranza.
Otro grupo de pobladores quemó ambulancias y patrullas fumigadoras contra el mosquito en el hospital rural de Villa Las Rosas y San Andrés Larráinzar. Ataques similares contra la fumigación y el personal de salud se realizaron en Totolapa, Simojovel, Tenejapa, Teopisca, Arriaga y Tuxtla Gutiérrez.
Hasta las avionetas que fumigan contra la mosca del Mediterráneo tuvieron que cesar sus sobrevuelos. Un empleado de la Secretaría de Agricultura federal casi fue linchado cuando colocaba trampas contra esos insectos en Aguacatenango, Venustiano Carranza.
El martes 7, en Las Margaritas, unos 2 mil indígenas tzeltales y tojolabales de la Organización Luz y Fuerza del Pueblo de Chiapas marcharon para protestar contra la mala situación económica que viven en sus comunidades a raíz de la pandemia.
Según ellos, la pandemia fue provocada por los gobernantes, mientras que el covid-19 “fue inventado y financiado por la fundación Melinda Gates y la empresa Johnson & Johnson, en laboratorios de Inglaterra.
“Fue hecho para matar a los mayores de 60 años (estorban al capitalismo porque ya no producen y significan una carga en asistencia social) o a los que ya están enfermos…”, se dijo en el mitin.
Tras informar que más de 700 trabajadores del sector Salud se han contagiado de covid-19 y 41 de ellos han fallecido, Espinosa de los Santos señala que la desinformación no es culpa de los indígenas sino del gobierno por no proveerles todos los datos confiables y las formas de prevención.
Marcos Arana, quien desde 1982 dirige el Centro de Capacitación en Ecología y Salud para Campesinos en Chiapas, se muestra muy preocupado de que la situación rebase a las autoridades estatal y federal. Dice que en los pueblos indígenas se viven los extremos, pues los zapatistas sellaron los accesos a sus comunidades, mientras los habitantes de otras “no creen” en el coronavirus y prosiguen su rutina sin cambiar sus hábitos.
Investigador del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, Arana indica que junto a una red de organizaciones civiles que apoyan a parteras, como el Comité por una Maternidad Segura, pidió a las autoridades sanitarias apoyo para fortalecer la partería tradicional indígena y evitar que las mujeres embarazadas salgan a hospitales que, además de estar colapsados, pueden constituir un serio riesgo de contagio.
La misma petición hizo el Movimiento de Parteras de Chiapas Nich Ixim, formado por más de 500 representantes de 30 municipios. Agregaron que requieren de apoyo porque en sus comunidades carecen de insumos básicos, como alcohol, cubrebocas, guantes, gel de alcohol y jabón líquido.
Arana también se dice preocupado por el retorno de cientos de indígenas migrantes, que podría detonar casos de contagio en muchas localidades.
Sociedad civil al rescate
El gobierno estatal empezó su campaña de prevención en los centros urbanos de mayor densidad poblacional y dejó al final a los pueblos y comunidades rurales indígenas, a donde hasta ahora no ha bajado toda la información referente al coronavirus.
El abogado Leonel Rivero, del bufete Rivero & Asociados, Defensa Estratégica en Derechos Humanos, por medio de cuatro miembros del Movimiento Campesino Regional Independiente, integrante de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, Movimiento Nacional –que hablan distintas lenguas–, obtuvo el pasado 6 de abril un amparo ante un juez federal para exigir que los tres niveles de gobierno bajen una campaña de información preventiva en las lenguas de los pueblos originarios.
En su demanda solicitaron garantizar “el acceso a la información y dar a conocer las medidas y acciones sanitarias efectivas de contención, prevención y combate de la pandemia provocada por el coronavirus covid-19 en las lenguas maternas de los pueblos tzotzil, tzeltal, zoque y chol. “La información deberá difundirse a través de los medios masivos de comunicación (audiovisuales, orales y gráficos), respetando las especificidades culturales de cada pueblo”.
Dice Arana que en muchas comunidades la gente todavía no sabe qué hacer en caso de sospecha de covid-19. Son las organizaciones civiles las que les han dado información y capacitación, como lo hizo desde Palenque el doctor Joel Heredia, coordinador de Salud y Desarrollo Comunitario (Sadec).
Algunas medidas oficiales son contraproducentes. Por ejemplo, señala Arana, al prohibirse el consumo de alcohol y disminuir la distribución de cerveza se incrementó la venta de refrescos hasta el punto de que la Coca Cola contrató más personal.
Advierte que la diabetes y la obesidad, en gran medida causados por el excesivo consumo de refrescos, complican los casos de covid-19 y lo vuelven mortal. Por eso lamenta que en muchas comunidades, incluidas las zapatistas, el único vehículo que siempre pasa los retenes civiles y filtros sanitarios es el repartidor de refrescos para las tiendas.
Aunado a eso, tras la sequía que se acentúa en la primavera, se agudizó la falta de agua en barrios y colonias de San Cristóbal de Las Casas y muchos municipios de Los Altos de Chiapas. “No hay agua ni para lavarse las manos”, dice Arana.
El investigador añade que si bien toda la población indígena está en riesgo ante la pandemia, debido a que la pobreza y la marginación la exponen a la desnutrición y la anemia, el grupo más vulnerable son las mujeres.
“Cocinar con humo de leña tanto tiempo –apunta Arana– hace que las mujeres de más de 35 años tengan ya una enfermedad crónica llamada epoc (enfermedad pulmonar obstructiva crónica). Se la pasan todo el día en el fogón y tienen problemas pulmonares como si fueran fumadores compulsivos, aunque nunca haya fumado un cigarro.
“Este fenómeno de que más hombres están muriendo en otros países y en México, en las comunidades indígenas podría invertirse, porque las mujeres son más frágiles en su sistema inmunológico”, agrega.
A su vez Heredia destaca que Sadec tiene presencia en al menos cinco clínicas autónomas zapatistas, pero tras el cierre por la pandemia sólo se le permite ingresar a una de ellas, en la comunidad Las Tazas. Ahí la organización trabaja con mujeres embarazadas, hipertensos y diabéticos, además de capacitar a los pobladores para establecer un blindaje sanitario.
Sadec les ha enseñado, entre otras cosas, cómo aplicar cercos epidemiológicos, habilitar espacios en las iglesias o casas ejidales para aislar enfermos y después sanitizar esos lugares.
Refiere Heredia que la gente de muchas comunidades se queja de que el personal médico de las clínicas IMSS-Bienestar llegan el lunes, trabajan de martes a jueves y el viernes se van.
Además, mucho personal de la Secretaría de Salud y del IMSS-Bienestar fue enviado a sus casas por ser población de alto riesgo, ya sea a causa de su edad u otra condición. Heredia lamenta: “El sistema estatal de salud pública no tiene forma de monitorear qué pasa en las comunidades”.
Las regiones tzeltal y chol son las más abandonadas por el sector Salud. Tila, Tumbalá, Yajalón y otros 40 municipios están en situación crítica.
Hilda Argüello, doctora que coordina el Observatorio de Mortalidad Materna en México y el organismo local Por una Maternidad Segura y Voluntaria de Chiapas, indica que sellar los accesos a las comunidades tiene la desventaja de que no se puede monitorear lo que ahí pasa.
Advierte que en las comunidades indígenas no hay agua, por lo que se complican medidas de higiene, como el lavado de manos. Además “hay temor entre las comunidades, pues ven a sus familiares entrando contagiados caminando y en pocas horas se enteran que ya fallecieron. Esos les da desconfianza. Han corrido el rumor de que no hay que acudir a los hospitales porque están matando a la gente”.
Por otra parte, dice, la población indígena está desconcertada porque, al dar prioridad a la lucha contra la pandemia, en los hospitales y clínicas han suspendido otros servicios médicos. Y sin embargo, ni en lengua originaria ni “en castilla” les llega la información de lo que está pasando respecto del covid-19.
Argüello coincide con Heredia en que una parte importante del personal de salud está de baja temporal. En todo el estado se apartó de sus labores a 35% de empleados del sector por estar en riesgo. Pero en hospitales como el de la Mujer y el de las Culturas, en San Cristóbal, falta hasta 50% del personal.
